Y sigue, sigue y sigue... y tiro porque me toca. Salta a la palestra otro caso que atufa, esta vez en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que es la “comidilla” de las Intervenciones y que corre de boca en boca entre los empleados de la Junta de Andalucía:
Se trataría de expedientes de pago a empresas -Delphi, ¿Santana Motor?, ¿alguna otra?- de unos 2.000.000 de euros cada uno, donde figuran como beneficiarios de “indemnizaciones” (45.000 euros de media por cabeza) personas que no cumplen los requisitos exigidos, con lo que, además de suponer un claro fraude, perjudicarían al resto de legítimos beneficiarios que sí los cumplen. Y es que en determinados casos no se correspondería la documentación aportada en los expedientes con los datos recabados de distintos sistemas de información.
Al parecer, a la vista de tales hechos, la Intervención Delegada puso objeciones para la fiscalización de los expedientes. A resultas de ello el Viceconsejero le habría comunicado al Interventor que esas objeciones resultaban inadmisibles, “recomendándole” que las retirara. El estado actual de los citados expedientes sería el de “fiscalización condicionada”.
Con los datos apuntados desconocemos si se trata de alguna irregularidad o ilegalidad, o si, por el contrario, todo es legal y sólo está mal documentado; así no sabemos si las indemnizaciones serían todas procedentes o, en algunos casos, improcedentes.
Lo que sí parece cierto es que, en relación con estos expedientes -lo que corrobora el tufillo que desprenden y con motivo de la presión recibida- el Interventor Delegado de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia habría presentado su renuncia al cargo.
La renuncia, en principio, parece no haber sido aceptada por la Interventora General y se desconoce al día de hoy la decisión final del referido Interventor Delegado.
¿El fin, otra vez, justifica los medios? ¿El tiempo podrá a cada uno en su lugar o nos levantaremos cada día con la incertidumbre de un nuevo escándalo?
Sin la permisividad porque todo lo sabian, autorización cuando se requería, connivencia en muchos casos, y ocultismo de la Consejería de Hacienda; no habríamos llegado a este desvarío. Están pringadas todas las Direcciones Generales pero la peor, por no ejercer sus funciones y mirar para otro lado (incluidos los funcionarios de "elite"/PLD), es la Intervención General. Y lo peor está por venir. Solo espero que más pronto que tarde estos sinverguenzas y ladrones, junto con sus consentidores, paguen alguna vez por estas fechorias. Eso o plantar cara a esta desverguenza. Mientras tanto algunos "chorizos" están encantados con la situación, ellos siguen, y siguen, y siguen trincando y robando. Y que dure.
ResponderEliminarEstoy deseando que se vayan a la mierda, el problema es que es allí donde nos van a dejar a nosotros. Lamentablemente la Intervención ha desparecido como tal, ya no existe en la mayoría de los casos fiscalización previa, se han inventado el rollo del control financiero permanente, justifican su función con un informe al año que se queda sobre una mesa y que nadie lee, mientras tanto los gestores gastan el dinero público como si fura el propio, vamos que " en España el que no roba es porque no quiere" porque más fácil que se lo han puesto ahora imposible y en Andalucía no digamos, son los mismos los que aplauden a Griñán que los que están en la Intervención.
ResponderEliminarTodos los que estamos en la Administración sabemos de que va la Jungla de Andalucía. Queda poco tiempo para que muchos rindan cuentas. Porque supongo que alguien, alguna vez, les exigirá la rendición.
ResponderEliminarNo soportaría que, con un cambio de Gobierno, todo siguiese igual.