sábado, 30 de abril de 2011

Nuestro futuro está en nuestras manos. ¡Y entre todos lo vamos a ganar!


Desde esta tribuna nos vemos comprometidos a hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los empleados públicos de Andalucía, y pedir la urgente actuación en este momento crucial que, directa o indirectamente, nos obliga a todos si realmente nos importan el sector público, al que nos debemos, nuestros derechos, nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones.


Los años 2010 y 2011, en España, serán históricamente recordados por el acontecimiento de varios hechos cruciales. Y entre ellos, por su singularidad, ha de destacarse la movilización y protesta de un numeroso grupo de empleados públicos de la Administración Pública Andaluza, que, por ser pionera y casi unánime, supondrá un hito en la Historia de este país.


Este movimiento surgió como consecuencia de un proceso perverso de deterioro de nuestra Administración Pública y de una clara vulneración del orden constitucional ejecutada por los gobernantes andaluces del PSOE, con la colaboración silenciosa de los gobernantes de IU, la participación de los dirigentes sindicales de UGT y CCOO, y de la complicidad, en el necesario proceso de aprobación de las normas, de asesores jurídicos de la misma Administración y del Consejo Consultivo.


Nuestra actuación, inimaginable hace unos años, ha sorprendido a muchos sectores de nuestra sociedad: empleados públicos, medios de comunicación, grupos políticos, sindicatos, profesionales de otras administraciones, colegios oficiales, etcétera.


Han significado meses de reivindicaciones de sagrados derechos fundamentales, de lucha contra las inmunidades del poder público, de pretensiones de restablecimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho y de defensa de lo público.


Han sido días de asambleas y de reuniones interminables, jornadas de movilizaciones y protestas en la calle, bajo la lluvia y el frío, semanas soportando las mentiras e insultos de dirigentes sindicales y políticos, meses de sufrir el rodillo del poder político con denuncias policiales y expedientes disciplinarios infundados, tiempos de sufrir el inexplicable abandono por parte de instituciones básicas como los Defensores del Pueblo Andaluz y Estatal, el Ministerio Fiscal, la Cámara y el Tribunal de Cuentas.


Han sido días para digerir la irresponsabilidad y la falta de solidaridad de algunos compañeros nuestros, conocedores de las consecuencias nefastas de este proceso, semanas de manipulaciones y de padecimiento de la presión mediática de medios de comunicación afines al gobierno andaluz, meses de compañeros que han dado mucho de su tiempo y de sí mismos y de otros que se han quedado en el camino (nuestro agradecimiento a todos), dando ejemplo de tenacidad, coraje y valor, para conseguir la única salida que tiene este proceso absurdo e insensato que nada tiene que ver con los objetivos que nuestros gobernantes dicen perseguir de ahorro económico, disminución del déficit público y eficacia del sector público: la derogación de todas las normas relacionadas con este proceso de reordenación del sector público andaluz.


Pero, y es lo realmente importante, existe también un lado valiosamente positivo en todo este movimiento: la consecución de la información, de la sensibilización y de la concienciación de muchos sectores de nuestra sociedad que desconocían los oscuros objetivos de los gobernantes políticos. En este sentido, hemos contado con el apoyo de asociaciones, sindicatos, grupos políticos y de la ciudadanía en general, que han abierto los ojos y descubierto las verdaderas pretensiones de estos figurantes sindicales y gobernantes de pacotilla.


Hemos recorrido mucho camino juntos, y aunque nos han puesto demasiadas piedras en el camino, nos encontramos en el preciso lugar y en el momento trascendental en los que hemos de activar los resortes del único poder público que puede poner freno a este proceso destructivo del gobierno andaluz: el Poder Judicial. Y tenemos fundadas esperanzas de que lo vamos a conseguir.


Como sabéis, está en marcha la presentación de varios recursos judiciales para conseguir la suspensión y anulación de los Decretos que aprueban los Estatutos de las Agencias, publicados en el BOJA el viernes, 29 de abril. Para ello, y con el fin de aumentar las probabilidades de éxito, vamos a contar con dos prestigiosos bufetes de abogados, cuyos honorarios debemos sufragar entre todos.


En el brevísimo plazo de 10 días han de presentarse los recursos por vía de protección de derechos fundamentales, por lo que la actuación urgente de todos resulta fundamental. En estos días se darán a conocer datos de las cuentas bancarias donde ingresar nuestra módica aportación, de las que se hará la correspondiente publicidad de los ingresos y gastos, para que no haya lugar a dudas.


Somos conscientes que, para muchos de nosotros, supone un sacrificio económico importante, pero entendemos que no es el momento de ponerse a pensar si debo o puedo colaborar, porque ¡están en juego nuestro más inmediato presente y nuestro futuro laboral y económico, además del de nuestros hijos!


Si actuáramos individualmente, supondría una ruina cierta. Nos guste o no, hemos de actuar unidos, sin fisuras, contando con el apoyo económico de todos. No nos queda otra salida, si tenemos un mínimo de sensatez y responsabilidad. Las movilizaciones son importantes, pero, como hemos visto, no son suficientes para el poder arbitrario, soberbio, prepotente, altanero y aplastante de nuestros gobernantes, que no han dudado ni un instante en seguir adelante, aún pisoteando nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, con una total irresponsabilidad y falta de respeto a la ciudadanía, algo inconcebible para el que dispone de un mínimo de valores y de ética.


¡AHORA, EN ESTE TRASCENDENTAL MOMENTO, TODOS UNIDOS!

¡NO ES MOMENTO DE DUDAS, SINO DE ACCIÓN!

¡NO ES MOMENTO DE SER AVESTRUCES, SINO VALIENTES Y TENACES, COMO LOS COMPAÑEROS QUE NO HAN PARADO DE TRABAJAR POR

TODOS NOSOTROS Y LOS QUE PERDIMOS EN EL CAMINO!

¡NO VACILEMOS EN SACRIFICAR ALGÚN GASTO PERSONAL!

¡SEAMOS RESPONSABLES!


viernes, 15 de abril de 2011

Mal gobierno, despilfarro y corrupción. ¿Sin orden ni concierto, o batuta ejecutora?


Diríase que la situación económica no está bien: hay que reducir el déficit público por imperativo de la U.E. y tenemos que cumplir como sea con los criterios de convergencia. Además, las comunidades autónomas también tienen que ajustar sus presupuestos y reducir el gasto. Esta es la justificación que utilizan nuestros gobernantes para limitar nuestros derechos.


Centrándonos en los nuestros, los de la Junta de Andalucía: siguen despilfarrando y se muestran incapaces de gestionar el dinero público; han demostrado ser unos golfos, además de carecer de vergüenza y siguen dando sobradas muestras de su irresponsabilidad manifiesta. Tanta que ni les importa el despilfarro que, con la aplicación de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, supondrá para la Administración Autonómica la creación de las Agencias que en ella se prevén. Reforman para empeorar. ¿Qué clase de políticos y personas son, que anteponen el interés propio al general?


Con la reordenación del sector público planteada se deja sin trabajo a muchos funcionarios y se aumenta el gasto público exponencial e innecesariamente. Como ejemplo de ello, aunque extrapolable a todas, nos centraremos en la futura Agencia de Régimen Especial SAE, en la se integrará el personal de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE), dependiente de la Consejería de Empleo, que se constituyó en 2004 para un objetivo concreto ya superado en el tiempo, y en cuya creación participaron activamente los actuales y futuros -judicialmente- protagonistas de los famosos EREs:


- Actualmente, la nómina de FAFFE asciende a un importe considerable, comparable con la propia nómina del SAE, que -es necesario recordar- está centralizada y comprende al personal de los servicios centrales, las direcciones provinciales y las oficinas de empleo del SAE de toda Andalucía... unos cuantos millones de euros todos los meses.


- La mayoría de los contratos del personal de la FAFFE lo son por obras y servicios. Estos contratos, la mayoría innecesarios, están financiados con cargo a programas y fondos europeos. Por su parte, los contratos del personal de las UTEDLT -que también se integrarán en la futura Agencia- están financiados con cargo a subvenciones finalistas del Estado.


- En el momento de la aprobación de sus estatutos como Agencia de Régimen Especial, todo el personal de la FAFFE y de las UTEDLT se integrarán en el SAE y a partir de ese momento dichos contratos dejarán de estar financiados por la Unión Europea y por el Estado, respectivamente, y sus retribuciones serán con cargo al capítulo I -Personal- del Presupuesto de Gastos de la Comunidad, asumiendo la Junta de Andalucía el coste de los mismos, ya sin financiación externa. No cabe otra fórmula porque ¿no sucederá que el SAE se vaya a conceder subvenciones a sí mismo para financiar a este personal que ya es de la propia Agencia? Esto, además de ilegal, no cuela. Y, paralelamente, los fondos europeos con que se financiaban estos contratos se utilizarán para otros fines, lo que conlleva una evidente duplicación del gasto. Sensu contrario, se tendrán que devolver si no se justifican adecuadamente.


- ¿Que ocurrirá después con estos contratos por obras y servicios cuando finalice el objeto de los mismos? ¿se extinguirán? ¿se procederá al despido de los contratados? Nada de ello, hoy la pretensión de los directivos de FAFFE es que todos estos contratos se reconviertan en indefinidos antes de su integración en la Agencia, blindando de antemano su estabilidad, situación que ha sido denunciada por el Tribunal de Cuentas del Estado (Resolución de 27 de octubre de 2010, en BOE de 18/01/2011). ¿Lo conseguirán? Posiblemente, sí. Políticos para ordenar una irregularidad o una ilegalidad más, sobran. Si aún no lo han hecho es por la opinión contraria y los informes negativos de los funcionarios responsables, y quizás también ante el temor de una previsible denuncia por prevaricación.


- El coste en arrendamientos de las sedes de la FAFFE supone más de 4 millones de euros anuales, según respuesta parlamentaria referida a 37 sedes. Pero, curiosamente, en la página Web de FAFFE el número de sedes asciende a 52.


- Nadie sabe con seguridad la deuda que arrastra la FAFFE. Cuando se produzca su integración en el SAE, éste se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la FAFFE. No sabemos de ningún informe ni estudio sobre la citada deuda; tampoco del resto de fundaciones y empresas públicas a integrar. A lo peor, ni existen, y si los hay, son secretos. Pero, al parecer, no importa hipotecar aún más el futuro de Andalucía. Nuestros dirigentes políticos siguen adelante, erre que erre (ere que ere, más bien). Parece que tuvieran otro macabro objetivo en el horizonte: el enriquecimiento de unos pocos que nos conduzca irremisiblemente al rescate por parte de Europa.


- En la futura Agencia SAE tampoco quieren funcionarios: en la Relación de Puestos de Trabajo no piensan crear una estructura de Secretaría General (Presupuestos, Contratación, Administración General, Personal, etc.). Está muy claro, y así lo manifiestan todos los días, que “sobran externos para hacer dicho trabajo”. Y, además, tampoco quieren tener controles -de legalidad, hablamos-. Les estorbamos.


- Huir de los controles, insistimos, es otro de los objetivos perseguidos, puesto que en la futura Agencia de Régimen Especial SAE, con la que está cayendo, tampoco existirá una Intervención Delegada que fiscalice el gasto a priori, habiendo optado por el Control Financiero Permanente. Y, lo que es peor, dicho light-control lo efectuará la Intervención General -la “nuestra”, la que no sabe lo que es intervenir, ni controlar, ni auditar, “ni ordenar planes de actuación”, aunque sí podar, y muy bien, los informes anuales; ¡prohibido molestar a los políticos, aunque éstos se salten la legalidad!,- a través de muestreos “aleatorios”. Parece evidente que lo que buscan es seguir saltándose los controles legales y reglamentarios a que están sometidos los órganos de la Administración Pública.


- Por tener, la FAFFE tiene hasta una Brigada “X” o “Fantasma”; como otras de quienes todos hemos oído hablar. No sabíamos quienes eran, no les poníamos cara, sólo aparecían en ocasiones especiales como, por ejemplo, a la hora de recoger la cartilla militar (el día de la licencia). En la FAFFE la componen ex altos cargos y otros políticamente jubilados que sólo aparecen para cobrar su sueldo de Director General -generalmente por no hacer nada, y algunos hasta con despacho-. Los trabajadores de la fundación, los que “curran” de verdad, tampoco los conocen, no saben quienes son, sólo saben que existen. Algunos ya los han sufrido, por ejemplo al serles renovado el contrato viendo cómo sus retribuciones han sido disminuidas, porque -como el trabajo tiene que salir, y cada vez hay más gorrones- hay que apretarse el cinturón y siempre les toca a los mismos.


- Queda claro, pues, que con la reordenación planteada, los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía no pretenden la disminución del déficit público que pregonan. Lo que buscan es el blanqueo de empleo negro y el blindaje de sus puestos. Estamos convencidos de que la decidida -y mañana judicialmente imputable- apuesta que hacen por el despilfarro está motivada únicamente por el nepotismo, la ineptitud y la incompetencia que les adorna. Es más, y aunque no todos así opinan, algunos siguen resistiéndose a creer que la masiva incorporación a la FAFFE y al resto de fundaciones y empresas públicas de los citados ex altos cargos -y otros políticamente jubilados o afines- tenga algo que ver con asuntos de financiación irregular. Y menos aún que ello suponga fraude o malversación alguna.


Por todo ello, nos planteamos los inevitables interrogantes: ¿Estamos, o no, ante un auténtico expolio de la Comunidad? ¿Supone, o no, una “alta traición” a los cimientos del Estado de Derecho y a los ciudadanos? ¿Qué cotas de irresponsabilidad han de alcanzarse para que las instituciones competentes pongan fin a este saqueo del erario público? ¿Ninguna institución pública tiene nada que decir y que hacer? ¿Cuántas subidas de impuestos -directos e indirectos- y de precios tendremos que sufrir de nuevo los ciudadanos para costear esta Andalucía hipotecada y por cuánto tiempo? ¿Cuántas prestaciones sociales más habrán de recortarse? ¿Por qué la ciudadanía sigue sin reaccionar ante la apropiación y despojo de “sus bienes”, los públicos?


Cuesta digerir este latrocinio, y cuesta entender aún más las acciones y omisiones de demasiados políticos, funcionarios y ciudadanos, que participan o colaboran en el proceso.

viernes, 8 de abril de 2011

El "Informe Clavero" vio la luz


Ayer, finalmente, vio la luz el Informe del Profesor Clavero que afirma con total rotundidad la inconstitucionalidad de la Ley 1/2011.


El informe, que ha sido sufragado por más de 3.000 empleados públicos de Andalucía, destaca la vulneración de los derechos y de las garantías constitucionales de la ciudadanía y se convertirá en la piedra angular de los previstos recursos contra los estatutos de las Angecias. Un triunfo de todos: unos entre bambalinas, otros dando la cara ante los medios de comunicación, el resto -los más excelentes- con sus aportaciones económicas.


En la página de pepasevilla está toda la información:


http://www.youtube.com/watch?v=BY-3-jI5p0w

http://www.youtube.com/watch?v=ijwotx_HRw0

http://www.youtube.com/watch?v=PYUxSZvRqnA

http://www.youtube.com/watch?v=KozJbItOWeA


Y así lo han recogido los medios:


EL CORREO DE ANDALUCIA
Funcionarios se arman para llevar la ley del sector público al Constitucional


ABC
Clavero ve inconstitucionales los pilares de la "Ley del enchufismo"


EUROPAPRESS

Empleados públicos piden a Chamizo que inste al Defensor nacional a presentar recurso ante el TC contra la reordenación


QUE
Un informe de Clavero considera “inconstitucional” la Ley de reordenación del sector público
Empleados públicos piden a Chamizo que inste al Defensor nacional a presentar recurso ante el TC contra la reordenación


LA VOZ DIGITAL
Funcionarios pedirán suspensión de agencias públicas tras informe de Clavero


20 MINUTOS
Empleados públicos piden a Chamizo que inste al Defensor nacional a presentar recurso ante el TC contra la reordenación


GENTE DIGITAL
Empleados públicos piden a Chamizo que inste al Defensor nacional a presentar recurso ante el TC contra la reordenación


EL ECONOMISTA
Empleados públicos piden a Chamizo que inste al Defensor nacional a presentar recurso ante el TC contra la reordenación


miércoles, 6 de abril de 2011

2A: Otro éxito por las calles de Córdoba


Superando las previsiones, más de 7.000 empleados públicos y ciudadanos hemos manifestado nuestro rechazo al modelo de Administración Pública que se ha instaurado en Andalucía por el Gobierno andaluz con su próximamente derogada Ley 1/2011.


El modelo conlleva una pérdida irreparable de garantías constitucionales y legales y vulnera principios tan fundamentales como la igualdad, el mérito, la capacidad, la buena administración, la eficiencia y la eficacia, la objetividad, la imparcialidad...


En defensa de lo público y de los derechos de los empleados públicos y de la ciudadanía, la asociación de El Tercer Lado, consciente de la necesaria reforma de la Administración Andaluza en la que todos los implicados sean oídos, no cejará en su empeño de recuperar las funciones y competencias usurpadas mediante esta privatización encubierta. En ello continuamos.


Ver o descargar el Manifiesto del 2 de abril


Imágenes manifestación: