jueves, 30 de diciembre de 2010

La reforma de la administración publica andaluza: ¿convertimos las amenazas en oportunidades?


En este escrito se pretende analizar el conflicto desatado a raíz de la aprobación del Decreto Ley 5/2010 y proponer una serie de actuaciones concretas que faciliten una salida al problema generado, desde una perspectiva leal, crítica y constructiva.


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Cuatro claves para entender el conflicto

1) Reforma necesaria, planteada de forma desastrosa

El objetivo político del Decreto Ley 5/2010 ha sido la reducción del gasto y la racionalización de las entidades instrumentales de la Junta, cuestión necesaria tras una etapa de crecimiento desordenado y heterogéneo, en el marco de un ciclo económico expansivo.

Sin embargo, la elaboración y aplicación del Decreto es un ejemplo paradigmático de prepotencia, soberbia e ignorancia sobre el funcionamiento del “negocio” de la administración.

El Decreto se aprobó inicialmente sin apenas polémica. A medida que el colectivo de empleados públicos (funcionarios y laborales) fue tomando conciencia de las repercusiones prácticas (muchas de ellas no previstas por los propios redactores de la norma) que la aplicación del Decreto iba a tener sobre el modelo de administración y sobre la función pública andaluza, el nivel de la protesta fue incrementándose. ¿Cómo fue la respuesta de la Junta a estas inquietudes?

En la respuesta se utilizó un tono crispado, despectivo y altanero: se hablaba del inmovilismo de los funcionarios, la conspiración oculta de la oposición, incluso se propició a través de algunas declaraciones un cierto clima de enfrentamiento entre empleados de la administración y empleados de las entidades instrumentales.

Ese tono despectivo (en realidad, no podían/no sabían responder a unas consecuencias que no habían previsto) ha sido una las causas de la “explosión reivindicativa” y ha multiplicado el efecto de la protesta: el Decreto se ha percibido como una agresión en toda regla hacía la dignidad personal y profesional de los empleados públicos.

La razón de fondo de la oposición al Decreto radica en que se ha utilizado de forma irreflexiva e ignorante una reforma de la estructura orgánica de la administración (reforma de la ley 9/2007) para modificar sustancialmente la función publica andaluza (las personas), sin conocimiento ni análisis de las consecuencias funcionales que la reforma suponía en el conjunto de la Junta de Andalucía.

Adicionalmente, el debate público, político y sindical generado alrededor de la aplicación del Decreto se ha apoyado en argumentos simples, en ocasiones rayando la demagogia: el enchufismo, la conspiración oculta, las acusaciones cruzadas de manipulación, el corporativismo, han acaparado los titulares sobre el conflicto.


2) Degradación progresiva del clima de trabajo en la Administración: el Decreto como detonante de un clima de crispación.

La discusión sobre la aplicación del Decreto está degradando de forma notable y progresiva el ambiente de trabajo en muchos de los órganos dependientes de la Junta de Andalucía. La convivencia diaria entre funcionarios y laborales de la administración general con los empleados de las entidades instrumentales de la propia Junta (no olvidemos que en muchas ocasiones empleados públicos y personal de empresas publicas y similares comparten tanto el mismo espacio físico de trabajo y como las tareas cotidianas de gestión) empieza a degradarse o ya se ha degradado de forma importante: las continúas alusiones al “enchufismo” acaban generando roces personales que deterioran el clima y dificultan el trabajo diario.

Esta situación de crispación también afecta muy especialmente a los puestos de libre designación y altos cargos (una proporción no despreciable de ellos, funcionarios que tarde o temprano, deberán retornar a su condición de “trabajadores de base”), que tienen que gestionar situaciones tensas y violentas, para las que no están preparados, que les desbordan emocionalmente en muchas ocasiones y que les roba dedicación respecto a sus responsabilidades de servicio público.

El Decreto ya ha supuesto una pérdida económica muy importante, por el “simple” hecho de degradar de forma muy notable el ambiente de trabajo. Las consideraciones sobre clima laboral, difíciles de cuantificar (se basan en gran medida en factores subjetivos, asociados a estados emocionales) tienden a despreciarse, pero suponen el primer factor de fracaso en los procesos de cambio y reforma.

Se está consumiendo una cantidad ingente de tiempo, esfuerzo y creatividad de los empleados públicos en el seguimiento y participación en el conflicto: discusiones, generación de documentos de todo tipo y condición, envío y lectura de decenas de miles de correos electrónicos, etc., distraen inevitablemente a las personas de su objetivo de servicio al ciudadano.

Una pequeña estimación de estas pérdidas: si suponemos un colectivo afectado de 40.000 personas (20.000 funcionarios y 20.000 empleados en entidades instrumentales), que ha empleado media hora diaria de trabajo, durante 50 días, para tratar asuntos relacionados con el Decreto y un coste horario medio por trabajador de 20 euros, la elaboración del Decreto “ha costado” la friolera de 20 millones de euros antes de su entrada en vigor, lo que supone una cantidad similar al ahorro anual previsto por su aplicación (39 millones).


3) Irrupción de la nuevas tecnologías en el conflicto: un ejemplo de la digitalización de la administración

Un elemento destacable en la gestación y desarrollo de este conflicto es la perplejidad mostrada por muchos responsables políticos y sindicales: ¿qué pasa, por qué protestan tanto los funcionarios? El grado de movilización y de implicación de los empleados públicos ha sobrepasado y desbordado tanto a los altos cargos de la Junta como a los representantes sindicales, que presenciaban entre atónitos y alterados cómo surgía un movimiento reivindicativo de la nada, al margen de los cauces habituales de la negociación laboral.

A pesar de las acusaciones sobre conspiraciones más o menos ocultas, la realidad objetiva es que ninguna organización ha liderado la protesta (los sindicatos corporativos se han unido al movimiento, pero en ningún caso lo han dirigido). La pregunta sigue siendo: ¿qué ha pasado?

Para intentar comprender la gestación y desarrollo de la conflicto, es necesario tener en cuenta el papel clave de Internet como elemento de organización y vertebración de la protesta: De forma absolutamente espontánea, han surgido una serie de blogs, que se han ido nutriendo de contenidos y enlaces suministrados por personas cuyo único elemento común ha sido el rechazo al Decreto, independientemente de sus simpatías políticas o militancia sindical: videos en Youtube que permitían ver en tiempo real los actos de protesta en cualquier punto de Andalucía, documentos de toda clase y condición que circulaban a toda velocidad a través de lo enlaces y correos electrónicos. Así, sin el apoyo explicito de grupos políticos o sindicales, ha sido posible articular un movimiento de protesta que se ha desarrollado en la práctica totalidad de las consejerías y de las provincias andaluzas.

No deja de ser paradójico que el objetivo político declarado de digitalizar la administración se está consiguiendo: los empleados públicos estamos utilizando las nuevas tecnologías que la organización nos ha proporcionado, expresando nuestra opinión en torno a cuestiones concretas y desarrollando foros participativos en tiempo real.


4) Ausencia de modelo de organización e imposibilidad práctica de gestionar los cambios planteados para las nuevas estructuras orgánicas que crea el Decreto 5/2010-

Un observador externo que se haya devanado los sesos buscando una lógica interna al modelo de organización que propone el Decreto es probable que fracase rotundamente en su intento. ¿La razón? Simplemente, el Decreto no plantea ningún modelo de organización. Se limita a reorganizar el instrumento (los entes instrumentales) sin dedicarle ni un renglón a la “cabeza pensante” (la administración general) que tiene que manejarlos.

Esta ausencia de coherencia interna provoca que la reorganización se parezca a la carta de un restaurante, donde cada consejería ha elegido un tipo de ente instrumental a su libre albedrío (yo quiero agencia pública, a mí apuntame una agencia especial...), sin que exista una relación clara entre competencias, funciones y figura jurídica elegida.

Veamos un ejemplo concreto: la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) tiene previsto según el Decreto asumir competencias, personal y presupuesto de determinadas Direcciones Generales procedentes de la Consejería de Agricultura y Pesca (imposible establecer un criterio de porqué esas y no otras). Como consecuencia de esa distribución, tanto la Agencia como la Consejería van a tramitar simultáneamente procedimientos administrativos similares (expedientes sancionadores, de subvenciones, tareas de inspección y control, etc.) ¿De verdad esto supone una mejora de la eficiencia en la administración?

La aplicación práctica del Decreto implica cambios radicales de gestión como consecuencia del paso de un número considerable de organizaciones del ámbito jurídico privado al público y del público al privado, que rara vez se mencionan. En concreto, los sistemas de gestión interna de la Junta (las aplicaciones Sirhus, para gestión de recursos humanos y Júpiter, para la gestión contable son dos buenos ejemplos) bastante rígidos y poco flexibles y cualquier modificación de calado implica largos periodos de tiempo e inversiones importantes.

Y un problema añadido: los presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía para el año 2011 responden a la estructura anterior a la aprobación del Decreto, por los cambios aprobados no tienen respaldo presupuestario en la actualidad. Los cambios presupuestarios que sería necesario acometer para adaptar la estructura del presupuesto 2011 a la nueva estructura orgánica supondría una enorme carga de trabajo (de nuevo hablamos de procedimientos complejos y herramientas rígidas) y consumiría largos periodos de tiempo.

La consecuencia de esta situación es que durante el año 2011 la ejecución presupuestaria en los órganos afectados por el Decreto podría paralizarse durante muchos meses, con el consiguiente perjuicio a la ciudadanía (por no hablar del desgaste político en año electoral).


Un ejemplo de las consecuencias del cambio del Derecho administrativo al ámbito privado

En el Decreto se preveía el paso de un número importante de empleados públicos a las entidades instrumentales. El paso es obligatorio en el caso de las agencias especiales y voluntario en el caso de las agencias públicas empresariales. La indefinición y la ausencia de información creíble sobre la carrera profesional en las agencias públicas provocarán que la práctica totalidad de los empleados públicos que puedan elegir, se mantengan en la administración general.

En el caso concreto de la Agencia Andaluza del Agua, las competencias relativas a la gestión del agua (asunto estrella en la anterior legislatura), pasarán a una agencia pública empresarial denominada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, sin los empleados públicos que disponen del conocimiento y la experiencia en gestión (que quedarán en la Consejería de Medio Ambiente a la espera de su reubicación). ¿Y el presupuesto asignado para el año 2011 para desarrollar estas competencias? Pues vaya usted a saber…


Y otro ejemplo de las repercusiones del cambio del ámbito privado al Derecho administrativo

El Decreto prevé la creación de dos agencias especiales (AGAPA y SAE). Este tipo de ente instrumental, definido en la Ley de la Administración de Andalucía de 2007, puede desarrollar su actividad de forma simultanea en el ámbito privado (como ente prestador de servicios) y en el ámbito público (asumiendo potestades propias de la administración general). Esta figura únicamente había sido utilizada hasta la fecha para la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía.

En el caso concreto de la organización de sus recursos humanos, las agencias cuentan con una relación de puestos de trabajo (para personal funcionario) y un catalogo de puestos de trabajo (para personal laboral, elaborado y aprobado por la propia Agencia).

El catalogo de puestos de trabajo de la Agencia, publicado en diciembre de 2009 (BOJA 253), se limita a crear once puestos directivos, con un tratamiento equivalente a los puestos de libre designación, existentes en la administración general, con una singularidad: la cuantía del complemento de productividad, que será la establecida por la Agencia.

Con estos escasos mimbres, la dos agencias especiales que se crean en el Decreto, se embarcan en la compleja (por no decir imposible) aventura de integrar a miles de funcionarios y personal laboral, de todas las categorías y situaciones contractuales imaginables , transvasar puestos de la relación de puestos de trabajo al catálogo de puestos de trabajo (con un mensaje muy claro en el borrador de estatutos del SAE: si quieres ser personal directivo, debes renunciar a tu condición de funcionario), compatibilizar sistemas informáticos de gestión de personal, contable financiera y de control públicos (que no se caracterizan precisamente por su flexibilidad, como se ha señalado anteriormente) con herramientas propias de la gestión privada. Y además, pretenden realizar tan ingente tarea en un plazo de pocos meses…

Seis propuestas para abordar una salida al conflicto

1) Mejorar la comunicación interna y la participación activa de todos los implicados en el proceso de reformas.

Se detectan síntomas evidentes de un cambio de estrategia por parte del Gobierno de la Junta respecto a la aplicación del Decreto (reconocimiento generalizado de errores en la tramitación del Decreto, cese fulminante de casi todos los altos cargos directamente implicados en su elaboración, disposición a introducir cambios y paralización de la entrada en vigor del Decreto durante su tramitación parlamentaria, etc.). Sin embargo, el grueso de los empleados públicos sigue manteniendo la misma percepción sobre el desarrollo y aplicación del Decreto y el malestar y la desconfianza se mantienen latentes.

El desafío actual consiste en encauzar de forma constructiva y participativa ese inmenso caudal de voluntad y esfuerzo por mejorar la administración pública que han demostrado los empleados públicos durante los últimos meses. Y para ello es necesario que los responsables políticos ofrezcan una respuesta a la altura de las circunstancias, con una reflexión seria y razonada y sobre todo, respetuosa con las inquietudes profesionales de los empleados públicos y con las demandas de la ciudadanía.

De la misma forma que Internet ha sido una de las claves del conflicto, puede ser una llave para su solución. Cada vez más se habla por parte de los responsables políticos de la necesidad de utilizar los nuevos cauces de participación ciudadana (open government) que brindan estas herramientas.

Para abordar esta cuestión, deberían de tener en cuanta que las tecnologías de la comunicación y la información no son neutras: afectan profundamente a la forma de relacionarse y organizarse de las personas y eso obliga a establecer nuevas reglas de juego para abordar esta interlocución. La sinceridad, la transparencia, la coherencia y el razonamiento deberían sustituir al mensaje publicitario, monótono y repetitivo hasta la saciedad que se ha venido utilizando.

Es posible superar la desconfianza y mejorar el clima de trabajo actual, en primer lugar, estableciendo un mensaje claro, honesto y sincero respecto a como solucionar el conflicto desatado (los nuevos responsables de Administración Pública seguro que están trabajando esa dirección, pero el colectivo de empleados públicos y la ciudadanía no lo percibe). Y en segundo lugar, utilizando las nuevas tecnologías: sería una magnifica experiencia que alguno de los actuales responsables de la Administración Pública creara un blog, donde fuera narrando en primera persona las discusiones, los borradores, las dudas y los interrogantes que van surgiendo al hilo de la reforma de la administración pública andaluza, abriendo espacios de debate y participación para todas aquellas personas interesadas en aportar ideas y experiencias, escuchando las inquietudes de los afectados y dando respuestas convincentes.


2) Convertir la amenaza en oportunidad: pacto por la profesionalización, racionalización y eficacia de la administración de la Junta de Andalucía.

La razón fundamental por la que no se ha abordado una reforma en profundidad de la administración pública andaluza es que no ha supuesto una prioridad política durante los últimos años: requería mucho esfuerzo organizativo y suponía una gran complejidad técnica a cambio de generar muy pocos réditos políticos a corto plazo.

Pero esa situación ha cambiado radicalmente en los últimos meses: la reforma de la administración pública se ha situado como un tema central en el debate político de Andalucía ¿por qué no aprovechar esta circunstancia no prevista inicialmente para abordar una reforma necesaria?

Así, el presente conflicto podría ser el punto de partida para consolidar una administración eficiente, productiva y sobre todo, al servicio del ciudadano

Dilapidar tiempo, esfuerzo, recursos y energía en la situación actual de crisis resta credibilidad tanto a los responsables políticos como a los empleados públicos de cara al ciudadano, al que se supone debemos servir.

A primera vista puede parecer casi imposible alcanzar un acuerdo político de esta magnitud con un escenario electoral inminente. Sin embargo, creo que existen razones de peso que permitirían alcanzar un acuerdo:

· el reciente mensaje navideño del Jefe del Estado ha resaltado la necesidad de trabajar conjuntamente en el proceso de reformas estructurales que es necesario abordar.

· Transmitiría un mensaje de responsabilidad institucional de los responsables políticos hacia la ciudadanía.

· El acuerdo político le daría a esta reforma la prioridad necesaria para alcanzar sus objetivos.

· El proceso de reforma de la administración requiere de plazos que se miden en años. El pacto permitiría avanzar de forma coherente, independientemente de quién resultase ganador en las próximas elecciones autonómicas.

· Un acuerdo de este tipo permitiría sacar del debate político de las próximas elecciones autonómicas un tema técnico muy complejo, que puede provocar muchos quebraderos de cabeza a costa de pocos réditos electorales.

Este pacto podría concretarse en cuatro aspectos concretos:


3) Modificación del Decreto Ley 5/2010: reducción y racionalización de los entes instrumentales de la Junta

El objetivo político del Decreto ha sido reducir el número de entidades instrumentales y generar un ahorro gracias a esta reorganización. Se propone centrar el contenido del Decreto en la reforma de las entidades instrumentales de la Junta, utilizando exclusivamente la figura de agencia pública empresarial, como ente de derecho privado, incluyendo las fundaciones existentes en el ámbito de la salud y evitando los trasvases de competencias y personal entre derecho publico y privado, fuente de desasosiego y desconfianza hacia la reforma. Estos cambios se podrían resumir en los siguientes puntos:

· Eliminación de las dos agencias especiales inicialmente previstas en el Decreto (Servicio Andaluz de Empleo y Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía), convirtiéndolas en agencias publicas empresariales.

· Conversión de la Agencia Andaluza del Agua en agencia administrativa, manteniendo sus competencias y personal y separándola de forma clara de la actual empresa pública EGMASA, que debería constituirse como agencia publica empresarial.

· Replantear la constitución de la Agencia Andaluza del Conocimiento, de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, de la Agencia Pública Empresarial Costa del Sol, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como entidades instrumentales prestadoras de servicios, separadas nítidamente de las competencias y funciones de la administración.

· Eliminar en el Decreto cualquier referencia a la reforma de la administración de la Junta, que debería abordarse de forma independiente y consensuada, en base a los acuerdos específicos que se desarrollan en los siguientes epígrafes.


4) Acuerdo para la reforma de la función publica andaluza

El marco jurídico estatal (Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007, BOE nº 89) no ha sido desarrollado en nuestra comunidad autónoma (salvo para cuestiones puntuales) y dispone de prácticamente todos los elementos innovadores (carrera profesional horizontal y vertical, sistema retributivo, personal directivo, desarrollo de competencias, evaluación del desempeño, deberes básicos, régimen disciplinario, etc.) que permitirían sentar las bases de una función publica moderna y eficiente.

Estas cuestiones tienen un elevado componente técnico/legal, que las alejan del debate político partidista. Sirva como ejemplo ilustrativo sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos las similitudes existentes entre la ley de la función publica de la Comunidad Valenciana (gobernada por el PP) y el anteproyecto de ley de la función publica de Castilla la Mancha (gobernada por el PSOE): se trata de disposiciones prácticamente idénticas entre sí.

Desde el punto de vista interno, existen experiencias muy interesantes sobre la mejora y cualificación de los recursos humanos en la propia Junta de Andalucía: El Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP) lleva desarrollando desde hace varios años programas de formación del personal directivo de la Junta pioneros en el sector público: más de 300 personas hemos recibido formación y aplicamos técnicas de management en nuestro trabajo diario, que permiten mejorar el clima laboral y el funcionamiento cotidiano de la administración.

En ese sentido, la buena noticia es que la Junta dispone de colectivo muy numeroso de profesionales con motivación y cualificación muy elevadas, experiencia en la gestión, vocación de servicio público, que están a la espera de que alguien quiera utilizar sus ideas y energía para mejorar la administración.


5) Acuerdo para la modernización de la administración autonómica

El documento denominado “Estrategia para la modernización de los servicios públicos de la Junta de Andalucía”, para el periodo 2006-2010 (disponible en la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública) contiene muchas de las líneas maestras (administración próxima, orientación a resultados y compromiso público, gestión del conocimiento, creación de valor a través de las personas y cooperación) básicas para abordar un proceso de modernización de la administración.

Su lectura sorprende agradablemente por el elevado nivel conceptual que utiliza y la visión de futuro que plantea, indicador del elevado nivel de los profesionales encargados de su redacción.

Pasado el periodo de vigencia de la estrategia, resulta sintomático comprobar el casi nulo nivel de desarrollo de la estrategia planteada: el documento no es conocido y su aplicación real en la administración ha sido muy bajo (el manual de simplificación administrativa es un paso importante, pero insuficiente, en la dirección de una administración basada en la gestión de procesos, concepto más amplio que el procedimiento administrativo)

Este análisis permitiría simplificar y racionalizar los procesos utilizados en la Junta, identificando los “cuellos de botella” que existen en los procedimientos administrativos (contratación, subvenciones, etc.) y la duplicidad de procesos en distintos órganos, entre otras cuestiones. La implantación de cuadros de mando permitiría conocer en tiempo real el estado de los recursos humanos y materiales y facilitaría la toma de decisiones en la organización.

La necesidad, el conocimiento y la inquietud para abordar las reformas está presente desde hace tiempo, ¿cuál es la razón para que no se produzca? Probablemente, el escaso interés y por tanto, baja prioridad que los responsables políticos han asignado a estas cuestiones. Un acuerdo político al más alto nivel podría aportar el impulso necesario para abordar en profundidad este tipo de reformas, utilizando el propio conocimiento y experiencia existente en la organización.


6) Acuerdo sobre la reducción de altos cargos en la administración autonómica

Es legítimo y lógico que el partido vencedor en unas elecciones disponga de la facultad de organizar la estructura de la administración de la forma que entienda más eficiente para alcanzar los objetivos de su programa electoral.

En la situación actual de crisis, los principales partidos de Andalucía hacen bandera electoral de la reducción de los altos cargos de la administración. Pero este ajuste necesario no debería convertirse en una subasta a la baja entre los distintos programas electorales.

En ese sentido sería muy deseable consensuar la modificación del capítulo III sobre la organización territorial de la ley 9/2007 de la administración de la Junta de Andalucía, en lo relativo a la supresión de la figura de los delegados provinciales de cada consejería como altos cargos. Esta propuesta ya ha sido formulada por los dos principales partidos políticos de Andalucía.


Marcelino Bilbao

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Las opiniones difundidas son de la exclusiva responsabilidad de sus autores

viernes, 24 de diciembre de 2010

Felices Fiestas


Desde El Tercer Lado os deseamos lo mejor en estas entrañables fiestas y que 2011 venga cargado para todos nuestros amigos de salud, trabajo y condiciones dignas para su ejercicio.

Esperemos también que los responsables políticos vean llegado el momento de la responsabilidad, de la moralidad y de la legalidad en la gestión pública. Todo ello ha de venir de la mano de la derogación de los decretazos que, todos juntos, vamos a conseguir, sí o sí.

jueves, 2 de diciembre de 2010

Reflexiones sobre el plan de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía

La reforma del sector público no es un tema novedoso en España. Durante años, han sido varios los intentos de “modernización” de las Administraciones Públicas por parte de los poderes legislativos y ejecutivos, especialmente por los del Estado, que tiene atribuida la competencia de la legislación básica en esta materia.


El problema que han planteado todas las reformas radica en intentar modificar un modelo político-administrativo que tiene una tradición significativa y que actualmente viene definido por nuestra Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación administrativa. Cualquier reforma legislativa tiene el límite del bloque de constitucionalidad, y mientras este no se modifique, es muy complejo acometer reformas como las planteadas en estos últimos años, frecuentemente importadas de sistemas diferentes, como el anglosajón, o de ámbitos como el empresarial –privado-, que lo que están provocando son disfunciones en nuestro modelo, y por añadidura, mucha inseguridad jurídica acompañada de una huida del Derecho Administrativo con fines que, en muchos caso, se alejan de la defensa de los intereses generales, a la vista de la jurisprudencia (los jueces tienen la difícil labor de reinterpretar normas y actos) y de los informes de los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas. Y Andalucía no se queda al margen de este problema.


No es un tema baladí lo que está en juego. Es un mandato de la Constitución Española garantizar la neutralidad, imparcialidad y objetividad en las actuaciones de las Administraciones Públicas, y establecer para ello un régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 1.3.e del Estatuto Básico:Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera”). ¿O es que se prefiere un sistema donde los dirigentes políticos pudieran utilizar los exorbitantes poderes de la Administración, como la expropiación, las sanciones, las subvenciones, la imposición de tributos, etc., de forma arbitraria, o no actuaran cuando debieran, como en los sistemas políticos dictatoriales o absolutistas, totalmente corruptos?


El Gobierno andaluz, con el apoyo “condicionado” de los sindicatos UGT y CCOO, con claros signos de dependencia de la “patronal”, que sin necesidad los riega con ayudas y subvenciones, se ha empeñado en sacar adelante un batiburrillo de medidas, fundamentadas en más que dudosas motivaciones, como queda probado en el documento que se presenta en este editorial, que no resuelven los actuales problemas del sector público, y ni por asomo contribuyen a disminuir el déficit público.


No somos los funcionarios los culpables de esta situación. ¿Acaso lo son los trabajadores de las empresas privadas que quiebran? ¿No serán los cargos directivos los responsables? En la Administración ocurre exactamente igual: son los cargos políticos los únicos responsables de la situación actual. Pero es fácil, demagógico y cobarde inundar a la opinión pública de mensajes tópicos, proclamando, con la ayuda de los medios “dependientes”, que los funcionarios son vagos, incompetentes, incapaces, ineficaces e ineficientes, y que la Administración funcionaría mejor si introducimos parámetros empresariales y otros propios del ámbito del Derecho privado, usando lemas tales como “lo privado funciona mejor que lo público”. No, no es cierto. ¿Acaso no quiebran las empresas privadas? Tenemos un reciente ejemplo con las empresas del que fuera presidente de la CEOE.


El problema se origina con el legislador, que utiliza el Derecho para intereses “partidistas”. Y es que muchos políticos han olvidado que el Derecho es el fundamento de los gobiernos constitucionales, al menos en un Estado de Derecho como el nuestro, y no un instrumento al servicio de los intereses de los partidos políticos y sus allegados.


El Plan de Reordenación del Sector Público que plantea el Gobierno andaluz, así como los Decretos-leyes 5/2010 y 6/2010 son un claro ejemplo de ello. En el documento que se presenta a continuación se aporta más luz sobre este Plan y las dos normas mencionadas, deduciendo su más que dudosa legalidad. Asimismo, desgrana la problemática que conllevan las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz, con la colaboración “cómplice” del Parlamento, y se prueba que los fundamentos de las mismas son diferentes a las que se proclaman en su contenido, y se alejan del principio de “buena administración”. ¿Puede un Acuerdo Gobierno-Sindicatos o un Convenio Colectivo vulnerar el ordenamiento jurídico, acordándose medidas de dudosa aplicación en un futuro? Porque no olvidemos que el trabajador amparado por el Derecho Laboral está más protegido que el funcionario con el Derecho Administrativo, esto último diseñado adrede por los poderes legislativo y ejecutivo para conseguir debilitar a los funcionarios ante las decisiones de sus jefes políticos. En el documento se explica con ejemplos como conseguirlo.


Asimismo, se hace mención a informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, así como de la Comisión Consultiva de Contratación de la Junta de Andalucía, que prueban la ineficacia e ineficiencia de los entes instrumentales que, de cualquier manera, quiere el Gobierno andaluz camuflarlos como “Agencias”, sin medir las consecuencias. Entre otras, multiplicar el gasto público con la problemática que se crearía de “cesión ilegal de trabajadores”, ya denunciada por el Tribunal de Cuentas.


En el mismo documento, por último, se proponen varias medidas que contribuirían definitivamente a la consecución de los fines que se plantean: mejorar la eficacia y eficiencia de nuestra Administración, así como disminuir el elevado déficit público, agravado con la actual situación de crisis económica.


Es fácil congelar pensiones y reducir sueldos a los funcionarios públicos, lo cual por cierto no ha ocurrido con los trabajadores de los entes instrumentales (empresas públicas, fundaciones, etc.), donde se han respetado los sueldos. Se recurre al más débil en el Estado para tapar los despilfarros de una política errática y mediatizada por intereses electorales, es decir, de permanencia en el poder, marginando los verdaderos intereses generales. Y la ciudadanía, cada vez más narcotizada y adormecida, no reacciona hasta que le tocan su bolsillo. Es necesario que despierte de su letargo para actuar responsablemente, si es que les interesa su futuro y el de sus hijos.


Los empresarios necesitan una Administración Pública profesionalizada, que actúe eficaz y eficientemente, con racionalidad, que les ayude en su difícil tarea de ser motores de la economía, sin necesidad de subvenciones y ayudas millonarias, por ejemplo, para formación para el empleo que, a la vista de cómo están las cifras del paro, son de dudosa utilidad.


Y nuestros gobernantes necesitan empacharse de ética, transparencia, democracia, imparcialidad, racionalidad y objetividad, muy ausentes en la vida pública. Esperamos que este documento que se presenta contribuya a inyectarlas a grandes dosis.


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miércoles, 1 de diciembre de 2010

La movida continúa (II)

Fieles a nuestro principio de dar publicidad a todas cuantas movilizaciones se produzcan, vengan de donde vengan, en pos de la derogación del Decreto Ley 5/2010, del 6/2010 o como quiera que la engañifa se denomine en el futuro, a continuación se relacionan los actos previstos para los próximos días:

PRÓXIMAS MOVILIZACIONES

JUEVES 2 DE DICIEMBRE


A partir de las 9:00 horas.
CONVOCADA LA MESA SECTORIAL EN LA SEDE DEL IAAP. (Edif. Nobel en Avda. Ramón y Cajal)

ORDEN DEL DÍA:

Único.- Proyectos de Decretos por los que se aprueban los Estatutos de las siguientes Agencias:

    • Agencia Andaluza del Conocimiento.
    • Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
    • Servicio Andaluz de Empleo.
    • Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
    • Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
    • Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
    • Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

A partir de las 12:00 horas.

CONVOCADA LA COMISIÓN DEL CONVENIO. (Edif. Nobel en Avda. Ramón y Cajal)

JUEVES 9 DE DICIEMBRE


A partir de las 14:30 horas.
CIS-F CONVOCA UNA CADENA HUMANA EN SAN TELMO Y EN EDIFICIO EMBLEMÁTICOS DE TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA.

Seguimos con nuestra lucha contra los DECRETAZOS. En esta ocasión, CSI-F convoca una CADENA HUMANA en el Palacio de San Telmo el próximo 9 de diciembre a las 14:30 horas.

Para esta medida de protesta convocamos a todos los empleados públicos, plataformas, sindicatos, etc. Se trata de sumar los máximos apoyos posibles.

"OS TENEMOS RODEADOS, DECRETO DEROGADO"



JUEVES 9 DE DICIEMBRE


Desde las 16:30 a 19:30 horas.
LA PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA (P.E.P.A.) CONVOCA UNA CONCENTRACIÓN ANTE EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN EL QUE SE ESTARÁ DEBATIENDO EL ESPERPENTO EN EL QUE ESTÁ MUTANDO EL DECRETO 5/2010... 6/2010... PROYECTO DE LEY DE UN DECRETO LEY EN VIGOR...

domingo, 28 de noviembre de 2010

El disfraz del domador. Del éxtasis a la sensatez

“No dudes nunca que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos pueden cambiar el mundo”

Decir que la manifestación del pasado día 13 de noviembre fue un éxito es quedarse corto. Podemos confirmar que no se ha conocido nunca en Andalucía, ni en el resto del Estado, una protesta más libre, cívica y antipartidista por la defensa de los derechos de los empleados públicos. Lo mismo puede decirse de las celebradas dos semanas después en las capitales de provincia. Se puso el germen, resplandeció un estado de conciencia contra la agresión sufrida y los empleados públicos acabamos convirtiéndonos en los protagonistas de este hito histórico. Todos pudimos expresarnos libremente y participar con las camisetas, banderas y colores de las distintas plataformas, asociaciones y sindicatos participantes, con un objetivo común y único: la derogación del Decreto-Ley 5/2010. El éxito fue incontestable, abrumador y supuso el triunfo de la rebelión colectiva contra el abuso del poder.


A nuestros sesudos políticos les gritamos claro y fuerte que no estamos desinformados ni manipulados; les hicimos ver que, producto de nuestra formación y libertad, no nos dejamos contaminar; que desde todas las posiciones políticas y sindicales hemos sabido cohabitar y que las consecuencias de nuestras insatisfacciones e inquietudes son, y seguirán siendo, la lucha, las denuncias y las manifestaciones.


Faltan a la verdad los que pregonan que el objetivo del Decreto se centra en la eficacia y en la eficiencia, en la austeridad y en la eliminación de duplicidades. Eso se llama manipulación y cinismo. Nuestros dirigentes no reconocen que son unos pésimos gestores, ayunos de cualificación, de mérito y de talento, ineficaces y en absoluto austeros con los fondos públicos: la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y sus órganos adscritos de des-control del gasto e ir-racionalización de los recursos humanos, no son precisamente el ejemplo de eficacia y eficiencia que proclama su titular, más bien al contrario. En cuanto a la tan cacareada austeridad, lo mismo podría decirse de la socorrida y tenaz reubicación de directivos con el único objetivo de rebañar la percepción del complemento de alto cargo. ¿O será que, por vez primera, se pondrá coto a tamaño dislate? De igual modo, con la “eliminación de duplicidades”, lo único que en este momento pretenden es blindar el futuro de los responsables de este desaguisado, ahora retirados en puestos espectrales en los entes instrumentales.


Para ello han propiciado una negociación fantasmagórica con los sindicatos firmantes recurriendo, desde un gobierno que se proclama a diario progresista, a la conspiración y abusando de infames descalificaciones jaleadas por sus palmeros. Sin embargo, todo ha caído en saco roto; las movilizaciones nada efímeras, han ido en aumento, se ha perdido definitivamente el miedo…


La meta fijada creen haberla alcanzado, finalmente, merced a la indignidad y a la perversión de lo público. Nos hemos habituado a loar la pillería, llegando a valorar la picaresca como el mayor de los méritos. Hemos devenido –y somos, por ello, también responsables- en la dictadura de la desvergüenza política. Ha llegado el momento de regenerar a la Administración para ponerla a salvo de tanto “profesional” arribista, interesado, ocupa y pseudo político que sólo pretende cosechar una renta, “una paguita” de por vida, amén de otros espurios y personalísimos intereses.


Hemos cosechado la degradación de una moral ninguneada por tanto jefecillo oportunista, con tanta política deliberada de “ampliación de derechos” sin el correlativo de funciones públicas. Nos han narcotizado con el único motivo de anularnos, de disuadir cualquier conato de reivindicación.


La campaña sobre la reordenación del sector público andaluz se torna pésima, deplorable. Escasea la información y rebosa el oscurantismo. Postulan la tiranía del resultado coyuntural y utilizan la formula del Decreto-Ley para evitar la impugnación judicial y complicar el trámite parlamentario. ¿Donde está la buena fe? Tiran la piedra y esconden la mano a sabiendas de que tienen un as en la manga, la mayoría parlamentaria, que les servirá más tarde para manipular al mundo mundial.


Responsable subsidiario de todo ello es, sin duda, el PSOE por permitir que, arteramente, unos paniaguados, más que golfos, utilicen la credibilidad de sus siglas para medrar en pos de sus propios intereses.


De los sindicatos ausentes de la manifestación -CC.OO. y UGT- baste señalar que no han cumplido con su función. Colaboran de facto con la administración a cambio de mantener su posición dominante a base de subvenciones, ayudas, nombramientos, etc. Sus dirigentes se han convertido en meros burócratas aferrados a una estructura alejada del mundo laboral; vulgares y acólitos adocenados a los que sólo les preocupa el poder a la búsqueda del blindaje de los puestos de los suyos -afiliados y familiares-.


Sindicatos que se han extralimitado con su “guiño” al patrón, que han firmado un acuerdo con el Gobierno sin medir las consecuencias, sin consultar a las bases y obviando el debate interno. Y lo peor no es que sean conscientes o no, es que ni siquiera les importa. Sindicatos que han coadyuvado a la constitución de la mayor agencia de colocación de políticos y familiares de dudosa cualificación; al clientelismo descarado que se practica desde la esfera política; al mercadeo de los derechos laborales de los empleados públicos a cambio de parcelas de poder. Sindicatos, en fin, que llaman al enfrentamiento (“bastan dos palmadas para que tres mil se los coman por sopas”) sin medir las consecuencias.


En el otro extremo, ha de reconocerse que el éxito de las manifestaciones es debido sobremanera al trabajo realizado por las distintas asociaciones y plataformas de empleados públicos, así como a los sindicatos contrarios al “decretazo” que pudieron y supieron realizar un ejercicio de responsabilidad.


Pero el objetivo sigue pendiente: la derogación del Decreto-Ley 5/2010. Hoy más que nunca tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la consecución del fin. Estamos obligados a apoyar y a dar publicidad a todos los actos que se convoquen por la derogación del decreto-ley y asistir de forma masiva a los mismos. Debemos ir unidos y caminar en una sola dirección. Todos –sindicatos, asociaciones y plataformas- somos necesarios, sin exclusiones, juntos, con los colores y banderas que cada uno portee. La unidad de acción es fundamental. Luchemos por ella.


Están próximas las elecciones sindicales y es lícito cultivar el movimiento generado, pero hay que esperar al año que viene; aún no estamos en campaña. Hoy toca luchar por la derogación del “decretazo”. No restemos.


En conclusión, desde El Tercer Lado, manifestamos:


Que la pretendida reordenación ha tenido lugar en un escenario sin el necesario decorado, con unos actores “invitados” colados de rondón y sin el inexcusable debate sobre el futuro de la Administración.


Que el intento se salta burdamente las exigencias fundamentales de imparcialidad y objetividad, concediendo el manejo de lo público a criterios partidistas y cortoplacistas.


Que los empleados públicos no somos el problema, sí lo son el entramado organizativo creado y el sobredimensionamiento de cargos directivos.


Que los trabajadores de los entes instrumentales tampoco lo son. No puede ponerse en duda su competencia en el ejercicio de las tareas que tienen encomendadas porque, en la mayoría de los casos ante el oscurantismo en sus contrataciones, desconocemos quienes son. Por ello tenemos claro que no son nuestro objetivo, pese al intento de enfrentarnos.


Que los culpables de la situación son conocidos por todos y sólo a ellos, tanto trabajadores de los entes instrumentales como nosotros, tenemos que exigirles responsabilidades.


Que para acceder al cargo han de continuar vigentes procesos que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.


Que la independencia política del empleado público es la última garantía que les resta a los ciudadanos ante las tropelías del poder.


Que nadie espere nunca imparcialidad de una administración sin funcionarios públicos.


Que reclamamos el retorno de funciones inequívocamente administrativas al lugar del que nunca debieron salir, así como el regreso de las potestades públicas a su titular originario, cual es la autoridad constitucional y legal encarnada en el funcionario público.


Que ha quedado meridianamente claro que, ante la carencia de auténticas propuestas, las agencias, tal y como hoy están concebidas, sólo sirven para, evitando el control del Parlamento, adjudicar todo lo otorgable sin el control de la Intervención, para “colocar” allegados, para blindar sus puestos y, por ende, su futuro.


Que todo pasa por la derogación del Decreto-Ley 5/2010, del 6/2010 y de las subsiguientes iniciativas normativas que desaforadamente engendren, por la búsqueda de las únicas vías por las que caminar en una sola dirección, exigiendo una administración neutral y apolítica para, a continuación, emprender una correcta e ineludible reorganización de la administración paralela.


Que no hay nada que inventar, todo es tan simple como ser escrupulosamente respetuosos y consecuentes con nuestra Carta Magna. Nada más y nada menos.