viernes, 8 de mayo de 2015

¿Habrá vida tras las líneas rojas?



 
Se ha confirmado finalmente la no elección de Susana Díaz como Presidenta de la Junta de Andalucía ni en primera ni en segunda votación. A excepción del propio, todos los partidos representados en el Parlamento Andaluz, le han negado su apoyo al no cumplirse las condiciones que cada uno de ellos planteaba como requisito “sine qua non” para otorgarle su apoyo; y todo parece indicar que, a la vista de las posiciones tan distantes que a día de hoy siguen manteniendo las partes, las siguientes votaciones de investidura tendrán exactamente el mismo resultado. O no, ya veremos, porque las matemáticas y los intereses parlamentarios desconocen la importancia de la palabra dada.



Sin entrar en valoraciones, puede asegurarse sin temor a error que, si antes no lo consigue del Partido Popular, una vez celebradas las elecciones municipales del próximo día 24, la actual presidenta en funciones conseguirá finalmente el apoyo (por acción u omisión) de los dos nuevos partidos políticos que han conseguido representación parlamentaria: Podemos y Ciudadanos.



Y ambos partidos han señalado una serie de condiciones para apoyar su investidura. Una de ellas, llamativa, prometida y reiterada históricamente, es sin duda “la reducción del número de altos cargos y asesores” con el objeto de destinar el ahorro que ello supone a medidas de carácter social. Medida con la que El Tercer Lado está absolutamente de acuerdo, aunque, desconfiados, estamos convencidos de que finalmente no se llevará a cabo. Por otro lado no deja de ser el chocolate del loro.



¿Por qué sospechamos que no se llevará a cabo esta medida? Porque estapresidenta, a su forma y manera, ya “redujo” el número de altos cargos en la pasada legislatura con los resultados que todos sabemos: cambios de nombres y recolocaciones en la administración paralela. En una Administración como la Junta de Andalucía, donde sobra un gran número de profesionales de la política, personas que opíparamente viven de la cosa pública con cargo al presupuesto de la Comunidad, y cuyo número aumenta continuamente, está claro que su presidenta confunde continuamente los intereses de los ciudadanos andaluces, a los que se debe, con los del partido que la sustenta.



¿Por qué es el chocolate del loro? Porque la Junta de Andalucía es una administración sobredimensionada cuyo mantenimiento supone un auténtico despilfarro. Baste señalar que dedica el triple de recursos a pagar nóminas que a prestar servicios básicos. Es una administración que lleva años obligada acometer una reestructuración de sus órganos y sus entes adscritos, sin más demoras ni engaños. Es una administración donde se puede y se debe reducir el número de Consejerías, eliminando los órganos directivos creados sin justificación alguna, que dan continuamente lugar a  duplicidades y solapamientos gravosos e innecesarios. Baste el ejemplo de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral y del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que son solo la punta de un inmenso iceberg de dualidades.



La Junta de Andalucía ha devenido en una administración donde la toma de decisiones se eterniza, donde las ineficiencias que ello supone generan más y más gasto. El mejor, disculpen, el peor ejemplo es la RPT de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que lleva sin modificarse más de 6 años a pesar de estar afectada descomunalmente por la anterior reestructuración de consejerías, a resultas de lo cual todavía los titulares de los puestos de Jefes de Servicio/Coordinadores de la suprimida SGT de la extinta Consejería de Empleo, continúan cobrando como tales, motivo por el que cabe esperar que la “reubicación” del personal afectado por la probable y deseable reestructuración de consejerías que se apruebe, se realice de forma urgente.



En el mismo orden de cosas, El Tercer Lado vuelve a exigir que se aproveche esa misma herramienta para la reversión inmediata a los funcionarios de las competencias y funciones usurpadas que legalmente les corresponde. Actualmente hay cientos, quizá miles, de funcionarios sin tareas asignadas, en algunos casos viendo cómo su trabajo lo realizan externos que cobran dos y tres veces más y que, encima, les reprochan su pasividad y apatía. Lo mismo ha de ocurrir con el 99 % de las Asistencias Técnicas actualmente contratadas con entidades externas, que debieran ser desempeñadas por funcionarios desganados y abúlicos en los que han sido convertidos. La dignificación del empleo público y, con ella, el sustancioso ahorro económico que ello implicaría podría destinarse a atender servicios básicos.



Parece claro que la Junta de Andalucía se ha convertido en una administración donde se “dispersan” y “distraen” los medios que deberían utilizarse para atajar el principal problema de la Comunidad: el paro. Quien resulte elegido/a debe poner de manifiesto de forma clara y rotunda su voluntad para abalanzarse sobre esta enorme traba. Entre otras medidas, en esta materia, entendemos que sería positivo, en la próxima reestructuración orgánica, que el Servicio Andaluz de Empleo, en forma de organismo autónomo, se vincule directamente a la Presidencia y retome las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo, de Políticas Activas de Empleo y en materia de Autónomos, las cuales en la pasada legislatura han permanecido atribuidas a otras Consejerías, obteniendo y sonoro y rotundo fracaso. Debe dotarse de forma urgente de la necesaria estructura de una Secretaría General de la que actualmente adolece y que fue suprimida en 2004 por los mismos -y para lo mismo- que están imputados en el caso de los ERE. Y claro está que todos esos puestos deben ser cubiertos exclusivamente por funcionarios, sin participación alguna de personal “externo”, que junto con las injerencias y los mandatos “divinos” motivados por intereses partidistas sólo han generado en todos estos años escándalos tras escándalos.



Quizá todos los ignominiosos males del pasado que ahora padecemos se deban al hecho de no haber estado a la altura de las circunstancias, de no haber prestado a estas políticas la atención de desarrollo y seguimiento que necesitan.



El Tercer Lado espera de quien ocupe en el futuro la presidencia de la Junta de Andalucía éstas y otras muchas medidas que supongan el comienzo de la necesaria y urgente regeneración de la Administración andaluza. Y de Podemos y de Ciudadanos, nuevos partidos con representación en el Parlamento Andaluz, que no se conviertan en sustitutos de nadie ni lleguen a formar parte de la “casta”.



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lunes, 27 de abril de 2015

Transparencia: una moda, que no un modo



El Tercer Lado, después de un tiempo, camino ya de los dos años, de apatía, abulia y ostracismo tras lo que resultó ser una lucha desgastadora e imposible contra la degeneración y la corrupción, en un quimérico intento de conseguirlo, retoma su contacto con el mundo exterior (¡toc, toc!, ¿hay vida?) coincidiendo con el inicio de la X Legislatura del Parlamento Andaluz.

Susana Díaz, como candidata del partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas se enfrentará en los próximos días a una ceremonia de investidura, más bien de la confusión, en la que no tiene nada claro su nombramiento como presidenta electa de la Junta de Andalucía.

Si el vocablo estabilidad ha sido la clave durante la precampaña, durante la campaña y tras los comicios las palabras transparencia y justicia, sobretodo la primera, se han convertido en anagramas de su discurso: “la transparencia es fundamental para recuperar el prestigio de la política y la confianza en las instituciones, es el mejor antídoto y la mejor lejía que tiene la corrupción”…  “cuando la gente se salta la ley pasa lo que pasa, y lo que tiene que hacer la Justicia es actuar”… “lo positivo es que se detecte, que se actúe y que los culpables lo paguen cuanto antes”… “cuanta más luz y más transparencia haya en todos los contratos, subvenciones y ayudas, cuanta más transparencia tengan las actuaciones, va a ser mucho más difícil que se den casos de corrupción”…

Parole, parole, parole… porque en seguida nos preguntamos si en su anterior etapa como heredera de la más alta institución de Andalucía, además de serlo, también ejerció como presidenta; si, de igual forma, este tiempo atrás ha estado de invitada, de testigo o de mera observadora del devenir regional. Sus palabras evidencian que, o no se entera del habitual funcionamiento de la Administración Andaluza, o no le interesa admitir, para a continuación enmendar, los graves casos de corrupción, muchos ya judicializados, que se han perpetrado y aún hoy se siguen cometiendo.

Y es que habla y presume de transparencia en una administración donde son mayoría las Asistencias Técnicas, y otros muchos tipos de contratos, cuyas tareas pueden ser realizadas por el personal propio de la administración, sin sobrecoste alguno. ¿Por qué esa decidida apuesta de los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía -qué ocultos intereses los motivan- por la externalización, por el despilfarro y, en definitiva, por el saqueo de las arcas públicas, que es su consecuencia? ¿Por qué son siempre las mismas empresas y personas físicas las que, repetitivamente, figuran como beneficiarias de dichos contratos?

Y es que habla y presume de transparencia en las subvenciones y ayudas en una administración donde se evidencia -mientras se mira para otro lado- que el uso de las cuantías concedidas se utilizan para fines distintos de los que motivaron dicha concesión, lo que viene siendo norma habitual en la mayoría de consejerías y agencias de la Junta de Andalucía, entre las que destaca de forma especial la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y su administración paralela.

Y es que habla y presume de transparencia en las actuaciones en unos departamentos donde se niega el trabajo y también el acceso a la información a sus funcionarios; donde la propia gestión y las justificaciones de las ayudas públicas se verifican contra legem, no por personal funcionario, sino por personal contratado o interino, necesariamente menos instruido y, sobretodo, más maleable, como gustan a los Jefes al Servicio del poder político; donde a algún que otro responsable último de la verificación y control de la legalidad de los procesos se le costea un Master con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía, gastos de desplazamientos quincenales a Madrid incluidos. ¿Por fin se han descongelado las ayudas de Acción Social? En la citada consejería seguro que sí, siquiera parcialmente.

Ya que nunca se produjo, y aún sabedores de que puede convertirse en un enésimo intento, estéril y baldío, desde el Tercer Lado soñamos, ilusos y románticos nosotros, con que este momento de inicio de una nueva legislatura suponga un punto de inflexión que permita corregir y superar los “males” que históricamente asolan a la Administración de la Junta de Andalucía, donde, de verdad, se aplique la transparencia como un modo de funcionar y no como una moda; donde se apruebe de una vez por todas una ley reguladora del ejercicio de altos cargos, en el que la austeridad, los comportamientos ejemplares y la vocación de servicio público sean la norma, la continua exigencia y no la excepción.

Medidas todas ellas que, junto a otras que viene reclamando la ciudadanía, como la aprobación de una Ley del Estatuto Básico del Empleado Público delimitadora de las potestades administrativas, dificultarían y reducirían la podredumbre y la sangría de fondos públicos que supone la corrupción. Eliminarla es una quimera; combatirla, una necesidad.

La implantación de estas medidas no es más que un problema de voluntad. Y hasta ahora ésta no ha existido, ni siquiera a través del Acuerdo por Andalucía PSOE-A e IULV-CA en el que se contemplaba. Ha llegado la hora (ya vamos con enorme retraso) no solo de exigir la responsabilidad que corresponda a los gestores políticos que propicien actuaciones corruptas y a sus colaboradores necesarios, sino también a los que las hayan facilitado en el pasado.

En definitiva, doña Susana: llegado el caso, menos hablar y más actuar.


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viernes, 14 de junio de 2013

Bomberos-toreros y golfos



Que la corrupción es una práctica arraigada en nuestra sociedad a nadie cabe duda; que se aferra a todos los niveles de las distintas administraciones, tampoco; que afecta en mayor o menor medida a TODAS las personas ya comienza a discutirse. Para demostrarlo basta un hecho absolutamente repugnante que publica Andalucía Información: “El Juez cita a declarar a nueve imputados por un “amaño” de oposiciones a bombero entre 2008 y 2009”.

Desde el desdén más absoluto, a causa de prácticas cada vez más generalizadas sin el correspondiente reproche penal de los tribunales, la noticia -que se valora por sí sola- al tiempo que define a todos y cada uno de los asquerosos protagonistas, dice así:

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto una investigación a raíz de una querella criminal que denuncia que las oposiciones al Cuerpo de Bomberos de Córdoba celebradas entre los años 2008 y 2009 "estaban amañadas", al tiempo que han sido citados a declarar en calidad de imputados un total de nueve de los presuntos "ilegalmente beneficiados", que comparecerán el próximo 16 de septiembre.

Así se recoge en la querella, el auto y la citación, documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, y que detallan que el proceso selectivo, convocado en noviembre de 2007, contó con "irregularidades" y las preguntas se redactaron "de forma arbitraria", entre otras cuestiones. Dicho proceso selectivo ya fue llevado ante los tribunales de lo Contencioso en el año 2010, que se pronunciaron a favor de los recurrentes, anulando el nombramiento de tres miembros del tribunal. Esta causa, recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por no haberse ejecutado su resolución, se encuentra paralizada ante las pesquisas que se han abierto por la vía penal.

En concreto, la querella, adelantada por el diario 'ABC', se dirige contra cinco bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba y un funcionario del Consistorio. Todos formaron parte del tribunal encargado de seleccionar a los 25 aspirantes a entrar en la plantilla del cuerpo.

Según mantiene la denuncia, "determinados opositores, muchos de ellos hijos de los querellados, conocían las preguntas de la prueba teórica con antelación y se pergeñó un sistema ciertamente ingenioso para identificar sus exámenes y eludir así el anonimato en el que los mismos debieron ser corregidos". Aunque el escrito reconoce la dificultad para demostrar las acusaciones, alude a una serie de circunstancias "que permiten hacer una imputación sólida".

PREGUNTAS CON "RESPUESTAS IMPOSIBLES"
En este sentido, señala que muchas de las preguntas "fueron ya planteadas y redactadas con enunciados equívocos, respuestas imposibles o directamente erróneas. Era el presupuesto necesario para que el éxito del examen no dependiera de los conocimientos de los opositores", a ello se añade que dos de los querellados, miembros de un sindicato, se integraron en el tribunal "como representantes de la junta de personal, en contra de lo previsto en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público".

Además, también se excluyeron del proceso requisitos habituales en el acceso a plazas de bomberos que "no concurrían en algunos de los hijos de los querellados". Al respecto, la querella se refiere a la exigencia del carné de conducir tipo C, que permite el manejo de camiones, "pero que era incompatible con la joven edad de alguno de los hijos, sobrinos de bomberos, opositores en el proceso, que tenían recién cumplidos los 18 años o frisaban los 19".

Igualmente, según la querella, "se articuló un sistema para identificar los exámenes de esos candidatos de la casa", como es que "dejarían en blanco una pregunta en concreto, la 23, que era de desarrollo, elemental y muy fácil, y quedaba, además, integrada en la parte de la prueba en la que los errores no penalizaban; por eso es lógico pensar que, incluso sin conocer a fondo el temario, merecía la pena cualquier tipo de respuesta". Así, "siete opositores con notas más altas dejaron esa cuestión sin contestar, y todo ellos están entre los aspirantes llamados de la casa".

"VACANTES PARA FAMILIARES" Y DELITO DE PREVARICACIÓN
Asimismo, el escrito apunta que de las 25 plazas que se convocaron, "en al menos diez de esos candidatos se observa un patrón común de respuestas; tanto en aciertos, errores y preguntas en blanco", al tiempo que "cinco de esas vacantes fueron a parar a familiares directos de sargentos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento".

Por todo ello, la querella señala que los hechos serían constitutivos de un delito de prevaricación que "se cometería en la conformación y corrección de los exámenes", redactados "intencionadamente de manera arbitraria y con la intención de alterar de forma irregular el resultado de la selección para beneficiar a algunos", además de que el conocimiento por parte de los opositores del contenido de las prueba.

Y todavía, en casos como éste, dirán algunos, hay que respetar la presunción de inocencia.


Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

viernes, 15 de marzo de 2013

¡Verdaderos disparates!

En el recuerdo mi profesora de Francés en el Instituto San Fernando de Constantina, hace la friolera de 40 largos años, cuando doña Robledo -que así se llamaba- rebatió con esas palabras la reclamación sobre mis primeras incursiones en la lengua de Victor Hugo.

De antemano, siempre es bueno preguntarse qué se pretende, cuáles son los oscuros intereses que se ocultan tras conocerse la “antología del disparate” que -en el apartado de cultura general de las oposiciones al Cuerpo de Maestros correspondientes a 2011- ha hecho pública la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid:
Sean cuales sean, siempre habrá quien afirme que no puede generalizarse, que se trata de casos aislados, que de todo hay en la Viña del Señor, que todo el monte no es orégano... pero -¡ojo!- que el índice de aprobados se situó en un paupérrimo 13%, lo que evidencia, sin posible discusión, que un sistema educativo capaz de "cosechar" aunque fuese un solo titulado universitario capaz de tamaños dislates, merece una profunda revisión y que mejorarlo no debe convertirse en una misión imposible.

Claro, siempre que ese esfuerzo común no se vea “lastrado” con la siempre recurrente referencia a la dictadura que, de modo caduco, “enseñaba y preguntaba” por dónde pasaban los ríos e, incluso, -¡qué barbaridad!- sus lugares de nacimiento y desembocadura, como, sin ruborizarse, afirma la ex ministra Trujillo en su twitter a resultas de la noticia: "En España, a diferencia de otros países, todavía se sigue enseñando y preguntando x donde pasan los ríos... como en la dictadura franquista" [sic].

El futuro de las generaciones actuales y venideras está en juego: Doña Robledo se encontró con un atrevido preadolescente, la Inspección Educativa madrileña con titulados universitarios dispuestos a coger la tiza o, mejor, el puntero de la pizarra electrónica. ¡Qué repelús!

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.


Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

domingo, 24 de febrero de 2013

De la Idea de Platón a la IDEA de Griñán - SOS Vigilancia Intensiva - Se vende Junta; por piezas



¡En cinco días, tres nuevos vídeos!

¡Desde el pasado domingo, el primero; el martes, otro, y el viernes, el último, están en You Tube los últimos vídeos de Eduardo Maestre (De la Idea de Platón a la IDEA de Griñán – SOS Vigilancia Intensiva – Se vende Junta; por piezas)!

De la Filosofía Clásica a lo clásico de la Junta, el necesario control de los fondos europeos y la privatización encubierta de los servicios públicos en Andalucía, son el centro de la atención de las tres nuevas entrevistas a nuestro compañero Luis Escribano, vocal de El Tercer Lado.


DE LA IDEA DE PLATÓN A LA IDEA DE GRIÑÁN



SOS VIGILANCIA INTENSIVA

  


SE VENDE JUNTA; POR PIEZAS