martes, 2 de febrero de 2016

Una opinión más



 

En las pasadas elecciones generales del 20-D los españoles dijimos clara y rotundamente NO a la “continuidad” pero también NO a la “ruptura”. Votamos por el “cambio” pero también por la “estabilidad”. Lo que queremos mayoritariamente es “Cambios con Estabilidad”.

Hay que acometer una serie de reformas, algunas en profundidad (Constitución, ley electoral, ley de Educación, reforma laboral, reforma fiscal); hay que buscar una utilidad real y práctica al Senado cambiando sus funciones o, en su caso, proceder a su eliminación; hay que legislar para acabar con la politización de la justicia, para que los políticos corruptos acaben todos en la cárcel y acabar también con las puertas giratorias; hay que poner en marcha una serie de planes necesarios y urgentes contra el paro, la pobreza, la exclusión social…

Todo esto que es tarea de nuestros políticos sólo se puede conseguir con consenso, con acuerdos y siempre desde el diálogo. Y difícil está porque a día de hoy en lo único que coinciden es que todos “están dispuestos a jugar con la vida, el futuro y la tranquilidad de los españoles”.

Todo vale: desde el alarmismo y el catastrofismo en el que lleva instalado el PP estos últimos cuatro años (y sigue), al populismo y la actitud prepotente de los representantes de Podemos, pasando por la no concreción en hechos reales de los acuerdos y pactos planteados por Ciudadanos (y su manifiesta indefinición) hasta los desacuerdos internos del PSOE, olvidando que se presentaron “para cambiar las cosas”.

Y todo este proceso de cambio y regeneración requiere de quienes deben llevarlo a cabo grandes dosis de responsabilidad y capacidad. No es tarea fácil y “quizás sean necesarios sacrificios y renuncias”. Para empezar el PP debe valorar la posibilidad de presentar otro candidato, no es de recibo que el actual presidente en funciones ande instalado en la estrategia y el tacticismo, con el desprecio que esto supone para los ciudadanos. El PSOE tiene que dejar de parecer un patio de vecinos, gritando todos a la vez, y hacerlo con una sola voz, clara y rotunda, sin importar si se gobierna o no se gobierna, sino que sirva para cambiar las cosas. Podemos debe participar de los cambios que se demandan; no se entendería si así no fuera, pero dejando atrás los insultos, la soberbia y la insolencia. Y Ciudadanos debe “mojarse”, es el galán de moda pero tiene que decidirse por una de sus novias, no puede contentar a todas a la vez.

Para poner en marcha las necesarias reformas tiene que haber un Gobierno, y es obligación de los políticos conseguirlo, “con sacrificios, los que hagan falta; concesiones, las que sean necesarias”. El reto soberanista y la necesidad de poner en marcha las reformas que la ciudadanía demanda son las dos cuestiones fundamentales que sin demora deben afrontar los dirigentes políticos en este momento de una manera prioritaria.

Como muchos, tengo miedos, pero también esperanza de que por fin prime el interés general por encima del interés partidista o personal. Con todo ello creo que queda claro que para mí la actual situación no es un problema, es una oportunidad que no se puede desaprovechar.

PD. “En la vida y la política, que forma parte de la vida, no vale todo”. Mariano Rajoy. (Córdoba 23/01/2016).

Feliciano José Galán Merino, vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.



Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"


jueves, 26 de noviembre de 2015

¿Plan? ¿Qué plan?






Hablo, claro está, de la Administración de la Junta de Andalucía, donde no hay plan, ni nunca lo hubo, sencillamente porque no hay capacidad para elaborarlo.

Planificación requiere, sobretodo, organización y tampoco hay talento para ello. En la Junta de Andalucía no se ha visto nunca. Se ha ido siempre “a salto de mata”.

El día a día nos muestra una administración desnortada, sin objetivos, ni metas concretas y sin una estrategia definida. Una administración donde no hay visión ni a medio ni a largo plazo, donde cada consejería funciona como un reino de taifa independiente, donde las reglas son mudables, donde los programas, o no se ponen en marcha, o se incumplen al aplicarlos y donde los procedimientos, o no existen, o no son uniformes en su aplicación.

Una Administración donde lo urgente no deja paso a lo importante, donde el día a día lo marcan los titulares de la prensa, donde las tareas están en gran medida condicionadas por la Justicia y donde se está continuamente “apagando fuegos”, ocupados en cometidos que muchas veces nada tienen que ver con los objetivos últimos que se persiguen.

Una administración donde campan a sus anchas la ineficacia y la ineficiencia (ambas enemigas de la buena gestión “económica” del gasto), donde el interés partidista prima sobre el interés general, donde es llamativa, y a veces escandalosa, la tardanza en la toma de decisiones necesarias y urgentes y donde no hay -porque no interesa- una clara definición en las funciones de su personal.

Una administración donde un gran número de funcionarios que no sirven, sí que “se sirven”, ocupando puestos de confianza (PLD) en su beneficio personal, para, al grito de “lo manda el alto cargo”, servir al político de turno. Para ellos todo vale, lo fundamental es perpetuarse.

Una administración donde queda en entredicho permanente la integridad personal de muchos de sus dirigentes políticos, donde la mayoría de estos, inoperantes, también “se sirven”, donde muchos son los llamados y pocos los elegidos por su demostrada formación y capacidad, primándose una (in)competencia de saldo y donde diariamente queda cuestionada la profesionalidad de todos ellos porque, o no saben, o no quieren, o, lo que es peor, no les dejan hacer nada que sea sinónimo de organización, dirección, gestión o motivación.

Pues bien, parece ser que, felizmente, todo ello se acabó, o tiene fecha próxima de caducidad. Y es que para acallar a los maliciosos que puedan pensar que todo lo anteriormente dicho ha sido programado y no sobrevenido, y disipar cualquier tipo de duda, la Presidenta de la Junta de Andalucía ha decidido dedicar esta legislatura a resolver estos “pequeños inconvenientes” y, al parecer, ya está manos a la obra; incluso ha reconocido que todo ello le servirá para ampliar y mejorar su currículum personal. Y, lo que es mejor, todo ello no lo va a llevar a la práctica con las miras puestas en el Gobierno de la Nación (¡que se preparen!), sino única y exclusivamente en el interés y bienestar generales, desinteresadamente, tal cual es ella.

Nos ha pedido tiempo, más tiempo, porque preparada... ya lo está. ¡Por supuesto: tiempo ha tenido en estos dos últimos años! Y los que confiamos en ella, naturalmente que se lo vamos a dar porque, si no te fías de un animal político de primer orden, a quien “no le gusta perder ni al parchís”, que piensa siempre en los demás, que asume todo el liderazgo político e institucional que se le pida, sobrada de carisma y de integridad personal y con toda la visión de futuro que pueda uno imaginar, ¿en quién vas a confiar?

Y algunos vamos y nos lo creemos pensando, ¿por qué no? Ella es capaz de esto y más.


Feliciano José Galán Merino, vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

miércoles, 21 de octubre de 2015

La culpa fue del cha-cha-cha…




La gestión de personal y, en concreto, la convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna, así como la de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo, materializan entre otros, el derecho a la carrera profesional de los empleados y empleadas de la Junta de Andalucía.

         Este derecho del personal funcionario a la carrera administrativa se encuentra reconocido tanto en la propia Ley 7/2007, de 12 de abril, como en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se desarrolla en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma en el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, configurando un sistema de baremación de méritos que, no exento de controversia, se ha visto notoriamente judicializado durante los últimos años, con la consiguiente repercusión que ello ha tenido en el normal desarrollo de los procedimientos que estaban en curso.

         La antigüedad, como mérito baremable, ha constituido sin duda el centro del debate en los recientes procesos judiciales que han tenido como objeto los procedimientos de promoción interna y provisión de puestos de trabajo convocados en el seno de la Administración General de la Junta de Andalucía, procesos en los que Jueces y Tribunales han llegado a conclusiones contradictorias sobre el tratamiento que en este contexto ha de darse a los servicios prestados por el personal funcionario interino.

         Ni la administración ha encontrado una solución al problema en tiempo (ya que el próximo 15 de marzo del 2016 se cumplirán 5 años sin que se convoque un nuevo concurso de méritos), ni los sindicatos que, en teoría, representan los intereses de los trabajadores de la administración, se ponen de acuerdo en si solicitarán, o no, la suspensión de las posibles convocatorias de los procesos selectivos, tanto si se tienen en cuenta, como si no, los servicios prestados como personal interino.

         La situación descrita afecta a miles de funcionarios, y la parálisis de los procedimientos de gestión y planificación de personal descrita resulta dañina tanto para el normal funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, como para la carrera profesional del conjunto del personal funcionario, motivo por el que se hace necesario un cambio en la regulación existente que permita el reconocimiento de los servicios previos, a efectos de antigüedad, conforme a los principios establecidos en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, y en sintonía con la normativa aprobada por la generalidad de las Administraciones Públicas en España y en la Unión Europea.

         Cuando la administración esperaba solventar el problema con la promulgación por parte del Consejo de Gobierno del Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras medidas urgentes, y por motivos puramente políticos, es cuando se lleva el “batacazo” por parte de Ciudadanos e IU al abstenerse en la votación en la mesa del Parlamento, y votar en contra del Decreto-ley tanto el PP como Podemos, derogándose dicho Decreto-ley e imposibilitando su aplicación.

         Ya no queda más salida que llegar a un entendimiento entre los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria y, si hay voluntad entre ellos, la consecuente tramitación de una Proposición no de Ley de forma urgente para que, tras la presentación de una por parte de Podemos, se tramite  a  través del “procedimiento de lectura única”, lo que permitiría el desbloqueo de la situación jurídica en la que se encuentra la convocatoria del Concurso de Méritos del Personal Funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía, quedando garantizada la seguridad jurídica en su resolución.

Basta ya de utilizar al funcionario como moneda de cambio, ya no vale decir si la culpa es de unos o de otros y si no sale adelante, será porque “la culpa fue del Cha-Cha-Cha…”. Mientras tanto, la Administración debería tomar en consideración que este “árbol no está dejando ver el bosque”, así que lo que debe hacer la Junta ya es una nueva Ley de Función Pública adaptada al Estatuto Básico, tarea que han desarrollado la mayoría de las Comunidades Autónomas y aún en esta no se ha materializado porque la vía de la negociación en las Mesas de la Función Pública no han funcionado. A una de las partes, la Administración, que a su vez actúa de mediadora, le ha importado un "pimiento" llegar a acuerdos con la otra parte, los sindicatos. Y en estos ha primado más el interés individual -pasta y liberados- que el colectivo. No se ha buscado la pacificación del conflicto, y se han olvidado de buscar soluciones que aborde entre otros, la provisión de puestos, la promoción profesional, la movilidad, las retribuciones, el acceso, las potestades administrativas, etc.

Rafael Hinojosa, secretario de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

martes, 9 de junio de 2015

Por sus obras los conoceremos: servir vs. servirse






“Violadores por naturaleza (del Estado de Derecho, entiéndase), irresponsables y mentirosos (la mayoría), prevaricadores y malversadores de caudales públicos (algunos), ignorantes, inútiles y carentes de vergüenza... ”

Así los hemos calificado desde El Tercer Lado y así son conocidos porque ese ha sido su comportamiento. Esta ha sido la seña de identidad, la marca partidaria de un no escaso número de dirigentes políticos de la Junta de Andalucía... hasta ayer.

Hoy, novedosas investigaciones científicas y los recientes datos que de ellas se derivan anuncian el fin de tan repugnantes comportamientos. ¿Cuándo ocurrirá el cambio? Desde el mismo momento en que se produzca la previsible investidura de Susana Díaz, actual presidenta en funciones. Todo indica que ésta, con una adecuada “puesta a punto” y tras del “rodaje” de la anterior legislatura “en prácticas”, romperá con todo y con todos... hasta con la herencia recibida. Y para que apreciemos su firme voluntad “política”, naturalmente, a continuación se transcribe el decálogo de medidas que adoptará la Administración de la Junta de Andalucía a partir de ahora:

1.   Para ejercer cargo público no bastará con ser uno de los nuestros, familiar o persona de confianza del partido. Será necesario, además, acreditar que se está en posesión de las competencias y formación adecuadas para ejercer el puesto específico a desempeñar.

2.   Se acabó la ineficacia y con ella el despilfarro que supone. Se primará con la justa “productividad” -que será pública, naturalmente- la buena o mejor gestión. En concreto, la rapidez en la toma de decisiones tendrá especial repercusión (80%) en el montante total de la valoración del rendimiento.

3.   En el área de Personal se procederá a un profundo cambio de las estructuras (RPT y Catálogos), que irá acompañado de la adecuación de los recursos materiales y personales necesarios para ello, porque “nosotros” sí que somos conocedores de su adscripción y número. Es bien sabido que el hecho de que las organizaciones sindicales no hayan podido obtener documentación sobre la situación actual de la Función Pública a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, se debe a que no han sabido expresar con exactitud su demanda de información.

4.   Dado el absoluto desconocimiento que se tiene en el ámbito del Patrimonio, se procederá a elaborar un exhaustivo inventario que recoja tanto el mobiliario en uso, como los cientos y cientos de bienes muebles que actualmente se encuentran dispersos en almacenes guardamuebles, así como en garajes, sótanos, almacenes y otros locales de la propia administración andaluza, los cuales no reúnen las mínimas condiciones para su depósito. Simultáneamente se llevará a cabo una auditoría por personal funcionario dependiente de la Dirección General de Patrimonio, para tratar de averiguar por qué su número disminuye paulatinamente sin explicación alguna, coincidiendo o no con los distintos traslados de organismos que periódicamente se producen. Una vez elaborado este inventario se pondrá especial énfasis en dar un uso adecuado al “mobiliario de gran valor”, adquirido para decorar los despachos de los nuevos altos cargos y que, por “cuestión de gustos”, nunca fue utilizado. Esto mismo se hará con el mobiliario nunca usado y adquirido con el único fin de “ejecutar la totalidad del crédito presupuestado”.

5.   Los intereses generales primarán sobre los de partido y, de acuerdo con lo recogido en el apartado 1 de este decálogo, los dirigentes políticos a partir de ahora tendrán prohibido dar continuas muestras de ausencia de responsabilidad y de absoluta incompetencia. ¡Se acabó el clientelismo, concluyó el nepotismo, desaparecieron por fin los funcionarios desmotivados!

6.    Para la adjudicación de las plazas convocadas por “libre designación” (niveles 28 y 30) se penalizará hasta un 40% la evidenciada (natural o forzada) permisividad, la demostrada sumisión, la manifestada docilidad y el “mirar hacia otro lado” de los futuros solicitantes. Por contra, se primará a los que acrediten haber recurrido actos de la propia Administración de la Junta de Andalucía (1 punto por acto recurrido, hasta un máximo de 30 puntos).

7.   Se paralizará la creación de nuevos “entes” cuya única finalidad consista en emplear políticos en decadencia, amortizados o a punto de jubilarse. Paralelamente se procederá a evaluar, respecto de su posible supresión, los entes “problemáticos” e incontrolados en el gasto que han tenido como única función fagocitar al conjunto de la Administración andaluza. Además, en todos los casos, los órganos responsables cumplirán con la obligación de controlar y evaluar el funcionamiento de las entidades ya creadas, poniéndose especial énfasis en comprobar la ejecución de las políticas y servicios encomendados.

8.   La transparencia y la lucha contra la corrupción serán la marca de identidad del nuevo gobierno. Para ello, también en línea con la voluntad de incentivar la mejora continua, se procederá a la elaboración de manuales de procedimientos y a la simplificación de los ya existentes, tanto en los servicios generales como en los sectoriales. Se acabaron las islas, islotes y reinos de taifas. La realización de las mismas tareas requerirá la utilización de idénticos procedimientos. Con la implantación y obligatoriedad de utilizar los procedimientos que se establezcan en cada caso, además de prestarse un mejor servicio, conseguiremos un importante ahorro.

9.   Como reconocimiento al buen hacer y profesionalidad de los miles de empleados públicos -gracias a los cuales la Administración de la Junta de Andalucía ha funcionado y funciona todavía con unos mínimos de calidad, incluso con un gobierno en funciones, o quizá por ello- se paralizará, de forma inmediata la contratación de nuevas Asistencias Técnicas y otros tipos de contratos cuyas tareas puedan ser desempeñadas por aquéllos. En esta línea de reducción del despilfarro y como un ejemplo de los cientos que hasta ayer se producían, las tareas relacionadas con la informática y las nuevas tecnologías serán encomendadas a esos miles de funcionarios que, poseyéndola como área funcional, por culpa de la decidida y errónea apuesta por la externalización de los gobiernos anteriores, tienen actualmente pocas o ninguna carga de trabajo.

10.  La formación y capacitación de los empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía serán prioritarias en la nueva legislatura. Para ello se pondrán en marcha las herramientas necesarias que permitan el acceso en modo de teleformación sin excepciones ni agravios comparativos. Bastará solicitar un curso para tener acceso a él, pudiéndose, como ya ocurre en alguna consejería, realizar más de una actividad formativa al mismo tiempo. Igualmente, con la resolución de los concursos de traslados se tendrá acceso a recibir “en línea” el apoyo y formación necesarios para desarrollar las nuevas tareas asignadas. Se crearán “equipos” organizados por materias que serán los responsables del contenido de las actividades formativas que se impartan y también de resolver cuantas cuestiones se planteen respecto de las nuevas tareas asignadas por cambio de puesto del trabajo.

Todo apunta a que éstas no serán las únicas medidas que se adopten por la señora Díaz si, finalmente, es investida Presidenta de la Junta de Andalucía. Ha avanzado muchas más, aunque bien es verdad que no se han podido recoger en este decálogo al precisar de más tiempo para su desarrollo y puesta en marcha. Valgan dos ejemplos: el primero, el sistema GIRO, y es que -según la presidenta en funciones- “adecuar la actual normativa a dicho sistema” lleva mucho tiempo, motivo por el que después ya se decidirá si se emplean más recursos en mejorarlo o se dan los primeros pasos para inaugurar lo que sería “la segunda modernización”: el GIRO 2.0, que necesariamente tendrá en cuenta al ciudadano/administrado cuyas necesidades son las que realmente hay que satisfacer. El segundo, las potestades administrativas, y es que su propósito es acabar con la vorágine de personal que sin ser personal funcionario de la Junta de Andalucía tiene acceso a datos públicos cuya tramitación debiera corresponder tan sólo a quiénes reúnan esa cualidad. Para ello tiene previsto recabar de forma urgente un informe vinculante que será elaborado conjuntamente por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

A la vista de todo ello, desde El Tercer Lado permanecemos tranquilos y esperanzados: si por fin la cabeza (presidenta) funciona bien, es más fácil que las extremidades (consejeros) hagan lo propio.

Para terminar, la duda perenne: ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?

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viernes, 8 de mayo de 2015

¿Habrá vida tras las líneas rojas?



 
Se ha confirmado finalmente la no elección de Susana Díaz como Presidenta de la Junta de Andalucía ni en primera ni en segunda votación. A excepción del propio, todos los partidos representados en el Parlamento Andaluz, le han negado su apoyo al no cumplirse las condiciones que cada uno de ellos planteaba como requisito “sine qua non” para otorgarle su apoyo; y todo parece indicar que, a la vista de las posiciones tan distantes que a día de hoy siguen manteniendo las partes, las siguientes votaciones de investidura tendrán exactamente el mismo resultado. O no, ya veremos, porque las matemáticas y los intereses parlamentarios desconocen la importancia de la palabra dada.



Sin entrar en valoraciones, puede asegurarse sin temor a error que, si antes no lo consigue del Partido Popular, una vez celebradas las elecciones municipales del próximo día 24, la actual presidenta en funciones conseguirá finalmente el apoyo (por acción u omisión) de los dos nuevos partidos políticos que han conseguido representación parlamentaria: Podemos y Ciudadanos.



Y ambos partidos han señalado una serie de condiciones para apoyar su investidura. Una de ellas, llamativa, prometida y reiterada históricamente, es sin duda “la reducción del número de altos cargos y asesores” con el objeto de destinar el ahorro que ello supone a medidas de carácter social. Medida con la que El Tercer Lado está absolutamente de acuerdo, aunque, desconfiados, estamos convencidos de que finalmente no se llevará a cabo. Por otro lado no deja de ser el chocolate del loro.



¿Por qué sospechamos que no se llevará a cabo esta medida? Porque estapresidenta, a su forma y manera, ya “redujo” el número de altos cargos en la pasada legislatura con los resultados que todos sabemos: cambios de nombres y recolocaciones en la administración paralela. En una Administración como la Junta de Andalucía, donde sobra un gran número de profesionales de la política, personas que opíparamente viven de la cosa pública con cargo al presupuesto de la Comunidad, y cuyo número aumenta continuamente, está claro que su presidenta confunde continuamente los intereses de los ciudadanos andaluces, a los que se debe, con los del partido que la sustenta.



¿Por qué es el chocolate del loro? Porque la Junta de Andalucía es una administración sobredimensionada cuyo mantenimiento supone un auténtico despilfarro. Baste señalar que dedica el triple de recursos a pagar nóminas que a prestar servicios básicos. Es una administración que lleva años obligada acometer una reestructuración de sus órganos y sus entes adscritos, sin más demoras ni engaños. Es una administración donde se puede y se debe reducir el número de Consejerías, eliminando los órganos directivos creados sin justificación alguna, que dan continuamente lugar a  duplicidades y solapamientos gravosos e innecesarios. Baste el ejemplo de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral y del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que son solo la punta de un inmenso iceberg de dualidades.



La Junta de Andalucía ha devenido en una administración donde la toma de decisiones se eterniza, donde las ineficiencias que ello supone generan más y más gasto. El mejor, disculpen, el peor ejemplo es la RPT de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que lleva sin modificarse más de 6 años a pesar de estar afectada descomunalmente por la anterior reestructuración de consejerías, a resultas de lo cual todavía los titulares de los puestos de Jefes de Servicio/Coordinadores de la suprimida SGT de la extinta Consejería de Empleo, continúan cobrando como tales, motivo por el que cabe esperar que la “reubicación” del personal afectado por la probable y deseable reestructuración de consejerías que se apruebe, se realice de forma urgente.



En el mismo orden de cosas, El Tercer Lado vuelve a exigir que se aproveche esa misma herramienta para la reversión inmediata a los funcionarios de las competencias y funciones usurpadas que legalmente les corresponde. Actualmente hay cientos, quizá miles, de funcionarios sin tareas asignadas, en algunos casos viendo cómo su trabajo lo realizan externos que cobran dos y tres veces más y que, encima, les reprochan su pasividad y apatía. Lo mismo ha de ocurrir con el 99 % de las Asistencias Técnicas actualmente contratadas con entidades externas, que debieran ser desempeñadas por funcionarios desganados y abúlicos en los que han sido convertidos. La dignificación del empleo público y, con ella, el sustancioso ahorro económico que ello implicaría podría destinarse a atender servicios básicos.



Parece claro que la Junta de Andalucía se ha convertido en una administración donde se “dispersan” y “distraen” los medios que deberían utilizarse para atajar el principal problema de la Comunidad: el paro. Quien resulte elegido/a debe poner de manifiesto de forma clara y rotunda su voluntad para abalanzarse sobre esta enorme traba. Entre otras medidas, en esta materia, entendemos que sería positivo, en la próxima reestructuración orgánica, que el Servicio Andaluz de Empleo, en forma de organismo autónomo, se vincule directamente a la Presidencia y retome las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo, de Políticas Activas de Empleo y en materia de Autónomos, las cuales en la pasada legislatura han permanecido atribuidas a otras Consejerías, obteniendo y sonoro y rotundo fracaso. Debe dotarse de forma urgente de la necesaria estructura de una Secretaría General de la que actualmente adolece y que fue suprimida en 2004 por los mismos -y para lo mismo- que están imputados en el caso de los ERE. Y claro está que todos esos puestos deben ser cubiertos exclusivamente por funcionarios, sin participación alguna de personal “externo”, que junto con las injerencias y los mandatos “divinos” motivados por intereses partidistas sólo han generado en todos estos años escándalos tras escándalos.



Quizá todos los ignominiosos males del pasado que ahora padecemos se deban al hecho de no haber estado a la altura de las circunstancias, de no haber prestado a estas políticas la atención de desarrollo y seguimiento que necesitan.



El Tercer Lado espera de quien ocupe en el futuro la presidencia de la Junta de Andalucía éstas y otras muchas medidas que supongan el comienzo de la necesaria y urgente regeneración de la Administración andaluza. Y de Podemos y de Ciudadanos, nuevos partidos con representación en el Parlamento Andaluz, que no se conviertan en sustitutos de nadie ni lleguen a formar parte de la “casta”.



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