Esperemos también que los responsables políticos vean llegado el momento de la responsabilidad, de la moralidad y de la legalidad en la gestión pública. Todo ello ha de llegar de la mano de la derogación de la Ley 1/2011, lo que, con toda seguridad, todos juntos, vamos a conseguir.
viernes, 23 de diciembre de 2011
Felices Fiestas
Esperemos también que los responsables políticos vean llegado el momento de la responsabilidad, de la moralidad y de la legalidad en la gestión pública. Todo ello ha de llegar de la mano de la derogación de la Ley 1/2011, lo que, con toda seguridad, todos juntos, vamos a conseguir.
sábado, 17 de diciembre de 2011
Pleno en los Tribunales ¡Suma y sigue!
Los empleados públicos de la Junta de Andalucía hemos conseguido paralizar provisionalmente en los Tribunales la pretendida y retorcida integración en las nuevas agencias creadas al amparo de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha sido el último en pronunciarse sobre también la última de las siete agencias recurridas. Con fecha 12 de diciembre, su titular ha anulado el protocolo de integración por el que se permitía a 1.852 empleados laborales desarrollar funciones de empleados públicos en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).
Recordemos que las agencias afectadas por la paralización, bien de los decretos o de los protocolos de las agencias, son siete: La Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya); la de Instituciones Culturales; la del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); la de Dependencia y Servicios Sociales; la de Obra Pública; la Agencia del Conocimiento y, la última, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). En todos los casos, a excepción de la Agencia del Conocimiento, la Justicia se ha pronunciado por la vía especial de derechos fundamentales.
Consulta aquí el Auto o descárgatelo.
sábado, 3 de diciembre de 2011
Funcionarios andaluces, un éxito judicial
El Tribunal de Justicia de Andalucía dictó el día 2 de noviembre una sentencia notable que afecta a la función pública en el marco del procedimiento de protección de los derechos fundamentales. Se trata de un hito relevante en una polémica que viene de antiguo: la incorporación de personal en las nóminas de las Administraciones sin respetar el principio de mérito y capacidad. El asunto en el que se inscribe el pleito -muy bien llevado a mi entender por los abogados que han intervenido en él- había suscitado un gran revuelo. Tanto que llegó a la calle en forma de manifestaciones de funcionarios en Sevilla y a los medios de comunicación pues se publicaron artículos y análisis despiezando sus distintos elementos.