Respecto a su editorial del pasado miércoles, en el que se calificaba de "abominación" la condición de fijo de los funcionarios, y se aplaudía la posibilidad de hacer sus puestos inestables y condicionados a las circunstancias, olvida usted hacerse la pregunta más lógica y esencial:
¿Por qué es así? ¿Por qué dicho privilegio?
En primer lugar le diré que el privilegio tiene una razón de ser: los funcionarios no son simples trabajadores por cuenta ajena, como quien fabrica tornillos, o pone puertas a los vehículos en una cadena de montaje. Los funcionarios son guardianes y ejecutores de los derechos e intereses de los ciudadanos en su relación con las administraciones, y garantes de la fe pública, como el notario lo es de la fe notarial (¿Consentiría Vd. que la escritura de su vivienda la elevara y sancionara el charcutero de la esquina?)
En consecuencia, somos presionados incesantemente por aquellos que ostentan el poder para la ejecución y realización de sus intereses privados o políticos. Créame, como funcionario que soy, que el único obstáculo que en numerosas ocasiones ha habido ante la prevaricación y el tráfico de influencias ha sido mi negativa a ejecutar actos manifiestamente ilegales. Negativa que pude ejercer porque, siendo inamovible en el ejercicio de mis funciones, y con la protección de un sistema disciplinario lleno de garantías, mis superiores menos escrupulosos no pudieron recurrir a la presión y la amenaza para la consecución de sus fines. ¿Qué ocurrirá cuando a los políticos simplemente les baste aducir una supuesta falta de productividad para quitarse de en medio al empleado díscolo que se niega, digamos, a conceder una subvención indebida a su cuñado o su compadre, en detrimento de los ciudadanos que sí cumplen las condiciones para recibirla? ¿Quién se interpondrá entre los planes de corrupción y su realización, cuando los únicos que pueden negarse a su tramitación, pierdan el refugio que los pone a salvo de la arbitrariedad y garantiza su independencia? Somos "intocables", por el mismo motivo que lo son policías y jueces: cuando puedan "tocarnos", los primeros en tocarnos serán aquellos que quieren plegar la administración a sus intereses, y los primeros en sufrirlo serán los ciudadanos.
En segundo lugar, dichos "privilegios y prebendas", no se obtienen en la tómbola, ni se regalan –hasta ahora- en las sedes de partidos y sindicatos, ni se compran en mercadillo, ni vienen con los paquetes de cereales. Han sido –en la mayor parte de los casos- conquistados tras largo y penoso esfuerzo, en pruebas objetivas y duras, públicas y de libre concurrencia, donde cualquier ciudadano o ciudadana, dispuesto a afrontar el sacrificio y la frustración del opositor, podía obtener la ansiada plaza como recompensa a miles de horas de estudio y renuncia. Lo que "no es de recibo" es que se equipare la abnegación y dedicación de años sin remuneración, a la simple entrega de un //curriculum// –donde a veces se valora más el parentesco o la sonrisa que el mérito.
En tercer lugar, el especial "privilegio" va unido a limitaciones y condiciones no tan apetecibles: sueldos paupérrimos que cuando suben (es decir, cuando no son congelados o bajan), lo hacen varios puntos por debajo del IPC, perdiendo poder adquisitivo cada año; pagas extra que sólo eran completas (ya no) desde hace un par de años; incompatibilidad para ejercer cualquier otro oficio u empleo que nos permita completar nuestros menguados ingresos; condiciones laborales dictadas "desde arriba", sin derecho a una auténtica negociación colectiva; tener que bregar con una creciente carga laboral con recursos humanos y materiales cada vez más reducidos y mal repartidos... Todo eso sin contar con que nuestro especial carácter como garantes de la legalidad convierte en delitos o faltas actos que son triviales para cualquier otro ciudadano (si no lo cree, pruebe a traerme un jamón, y verá dónde acabamos los dos).
Por último, créame, no hace falta "cometer un asesinato" para perder la condición de funcionario . Basta con cometer alguna falta de las más graves (cohecho, prevaricación, discriminación, etc.) que vienen convenientemente reguladas junto con su sanción, en nuestro angosto sistema disciplinario. Precisa e irónicamente, el tipo de cosas que podríamos vernos obligados a hacer si perdemos nuestra estabilidad, y algún corrupto nos pone en la tesitura de plegarnos a su voluntad o ponernos de patitas en la calle.
Respuesta a editorial de un compañero. buscooposiciones.com 17/11/10
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