“No dudes nunca que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos pueden cambiar el mundo”
Decir que la manifestación del pasado día 13 de noviembre fue un éxito es quedarse corto. Podemos confirmar que no se ha conocido nunca en Andalucía, ni en el resto del Estado, una protesta más libre, cívica y antipartidista por la defensa de los derechos de los empleados públicos. Lo mismo puede decirse de las celebradas dos semanas después en las capitales de provincia. Se puso el germen, resplandeció un estado de conciencia contra la agresión sufrida y los empleados públicos acabamos convirtiéndonos en los protagonistas de este hito histórico. Todos pudimos expresarnos libremente y participar con las camisetas, banderas y colores de las distintas plataformas, asociaciones y sindicatos participantes, con un objetivo común y único: la derogación del Decreto-Ley 5/2010. El éxito fue incontestable, abrumador y supuso el triunfo de la rebelión colectiva contra el abuso del poder.
A nuestros sesudos políticos les gritamos claro y fuerte que no estamos desinformados ni manipulados; les hicimos ver que, producto de nuestra formación y libertad, no nos dejamos contaminar; que desde todas las posiciones políticas y sindicales hemos sabido cohabitar y que las consecuencias de nuestras insatisfacciones e inquietudes son, y seguirán siendo, la lucha, las denuncias y las manifestaciones.
Faltan a la verdad los que pregonan que el objetivo del Decreto se centra en la eficacia y en la eficiencia, en la austeridad y en la eliminación de duplicidades. Eso se llama manipulación y cinismo. Nuestros dirigentes no reconocen que son unos pésimos gestores, ayunos de cualificación, de mérito y de talento, ineficaces y en absoluto austeros con los fondos públicos: la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y sus órganos adscritos de des-control del gasto e ir-racionalización de los recursos humanos, no son precisamente el ejemplo de eficacia y eficiencia que proclama su titular, más bien al contrario. En cuanto a la tan cacareada austeridad, lo mismo podría decirse de la socorrida y tenaz reubicación de directivos con el único objetivo de rebañar la percepción del complemento de alto cargo. ¿O será que, por vez primera, se pondrá coto a tamaño dislate? De igual modo, con la “eliminación de duplicidades”, lo único que en este momento pretenden es blindar el futuro de los responsables de este desaguisado, ahora retirados en puestos espectrales en los entes instrumentales.
Para ello han propiciado una negociación fantasmagórica con los sindicatos firmantes recurriendo, desde un gobierno que se proclama a diario progresista, a la conspiración y abusando de infames descalificaciones jaleadas por sus palmeros. Sin embargo, todo ha caído en saco roto; las movilizaciones nada efímeras, han ido en aumento, se ha perdido definitivamente el miedo…
La meta fijada creen haberla alcanzado, finalmente, merced a la indignidad y a la perversión de lo público. Nos hemos habituado a loar la pillería, llegando a valorar la picaresca como el mayor de los méritos. Hemos devenido –y somos, por ello, también responsables- en la dictadura de la desvergüenza política. Ha llegado el momento de regenerar a la Administración para ponerla a salvo de tanto “profesional” arribista, interesado, ocupa y pseudo político que sólo pretende cosechar una renta, “una paguita” de por vida, amén de otros espurios y personalísimos intereses.
Hemos cosechado la degradación de una moral ninguneada por tanto jefecillo oportunista, con tanta política deliberada de “ampliación de derechos” sin el correlativo de funciones públicas. Nos han narcotizado con el único motivo de anularnos, de disuadir cualquier conato de reivindicación.
La campaña sobre la reordenación del sector público andaluz se torna pésima, deplorable. Escasea la información y rebosa el oscurantismo. Postulan la tiranía del resultado coyuntural y utilizan la formula del Decreto-Ley para evitar la impugnación judicial y complicar el trámite parlamentario. ¿Donde está la buena fe? Tiran la piedra y esconden la mano a sabiendas de que tienen un as en la manga, la mayoría parlamentaria, que les servirá más tarde para manipular al mundo mundial.
Responsable subsidiario de todo ello es, sin duda, el PSOE por permitir que, arteramente, unos paniaguados, más que golfos, utilicen la credibilidad de sus siglas para medrar en pos de sus propios intereses.
De los sindicatos ausentes de la manifestación -CC.OO. y UGT- baste señalar que no han cumplido con su función. Colaboran de facto con la administración a cambio de mantener su posición dominante a base de subvenciones, ayudas, nombramientos, etc. Sus dirigentes se han convertido en meros burócratas aferrados a una estructura alejada del mundo laboral; vulgares y acólitos adocenados a los que sólo les preocupa el poder a la búsqueda del blindaje de los puestos de los suyos -afiliados y familiares-.
Sindicatos que se han extralimitado con su “guiño” al patrón, que han firmado un acuerdo con el Gobierno sin medir las consecuencias, sin consultar a las bases y obviando el debate interno. Y lo peor no es que sean conscientes o no, es que ni siquiera les importa. Sindicatos que han coadyuvado a la constitución de la mayor agencia de colocación de políticos y familiares de dudosa cualificación; al clientelismo descarado que se practica desde la esfera política; al mercadeo de los derechos laborales de los empleados públicos a cambio de parcelas de poder. Sindicatos, en fin, que llaman al enfrentamiento (“bastan dos palmadas para que tres mil se los coman por sopas”) sin medir las consecuencias.
En el otro extremo, ha de reconocerse que el éxito de las manifestaciones es debido sobremanera al trabajo realizado por las distintas asociaciones y plataformas de empleados públicos, así como a los sindicatos contrarios al “decretazo” que pudieron y supieron realizar un ejercicio de responsabilidad.
Pero el objetivo sigue pendiente: la derogación del Decreto-Ley 5/2010. Hoy más que nunca tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la consecución del fin. Estamos obligados a apoyar y a dar publicidad a todos los actos que se convoquen por la derogación del decreto-ley y asistir de forma masiva a los mismos. Debemos ir unidos y caminar en una sola dirección. Todos –sindicatos, asociaciones y plataformas- somos necesarios, sin exclusiones, juntos, con los colores y banderas que cada uno portee. La unidad de acción es fundamental. Luchemos por ella.
Están próximas las elecciones sindicales y es lícito cultivar el movimiento generado, pero hay que esperar al año que viene; aún no estamos en campaña. Hoy toca luchar por la derogación del “decretazo”. No restemos.
En conclusión, desde El Tercer Lado, manifestamos:
Que la pretendida reordenación ha tenido lugar en un escenario sin el necesario decorado, con unos actores “invitados” colados de rondón y sin el inexcusable debate sobre el futuro de la Administración.
Que el intento se salta burdamente las exigencias fundamentales de imparcialidad y objetividad, concediendo el manejo de lo público a criterios partidistas y cortoplacistas.
Que los empleados públicos no somos el problema, sí lo son el entramado organizativo creado y el sobredimensionamiento de cargos directivos.
Que los trabajadores de los entes instrumentales tampoco lo son. No puede ponerse en duda su competencia en el ejercicio de las tareas que tienen encomendadas porque, en la mayoría de los casos ante el oscurantismo en sus contrataciones, desconocemos quienes son. Por ello tenemos claro que no son nuestro objetivo, pese al intento de enfrentarnos.
Que los culpables de la situación son conocidos por todos y sólo a ellos, tanto trabajadores de los entes instrumentales como nosotros, tenemos que exigirles responsabilidades.
Que para acceder al cargo han de continuar vigentes procesos que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Que la independencia política del empleado público es la última garantía que les resta a los ciudadanos ante las tropelías del poder.
Que nadie espere nunca imparcialidad de una administración sin funcionarios públicos.
Que reclamamos el retorno de funciones inequívocamente administrativas al lugar del que nunca debieron salir, así como el regreso de las potestades públicas a su titular originario, cual es la autoridad constitucional y legal encarnada en el funcionario público.
Que ha quedado meridianamente claro que, ante la carencia de auténticas propuestas, las agencias, tal y como hoy están concebidas, sólo sirven para, evitando el control del Parlamento, adjudicar todo lo otorgable sin el control de la Intervención, para “colocar” allegados, para blindar sus puestos y, por ende, su futuro.
Que todo pasa por la derogación del Decreto-Ley 5/2010, del 6/2010 y de las subsiguientes iniciativas normativas que desaforadamente engendren, por la búsqueda de las únicas vías por las que caminar en una sola dirección, exigiendo una administración neutral y apolítica para, a continuación, emprender una correcta e ineludible reorganización de la administración paralela.
Que no hay nada que inventar, todo es tan simple como ser escrupulosamente respetuosos y consecuentes con nuestra Carta Magna. Nada más y nada menos.
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