La movida continúa (I)

Fieles a dar publicidad a todas cuantas movilizaciones se produzcan, vengan de donde vengan, en pos de la derogación del Decreto Ley 5/2010, o como quiera que la engañifa se denomine en el futuro, a continuación se relacionan los actos previstos para las próximos días:

PRÓXIMAS MOVILIZACIONES

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

A partir de las 12:00 horas.

MANIFESTACIÓN en todas las provincias andaluzas.

Falta confirmación de Córdoba.

Cada provincia en su solicitud ha establecido su propio itinerario:

Desde Almería:
SALIDA: PLAZA "PUERTA PURCHENA"
LLEGADA: PLAZA CIRCULAR"

Desde Cádiz:
SALIDA: PLAZA ESPAÑA (desde el monumento a la PEPA)
LLEGADA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (puerta-tierra)

Desde Granada:
SALIDA: PLAZA ISABEL LA CATOLICA
LLEGADA: DELEGACION GOBIERNO JUNTA ANDALUCIA

Desde Huelva:
SALIDA: DELEGACION DE GOBIERNO DE LA JUNTA ANDALUCIA - SAN LUCAR DE BARRAMEDA "PLAZA 12 DEOCTUBRE"
LLEGADA: PLAZA DE LAS MONJAS

Desde Jaén:
SALIDA: PUERTA DE DIPUTACIÓN
LLEGADA: PARQUE DE "LA VICTORIA"

Desde Málaga:
SALIDA: EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES (Edificio Negro) AVD. DE LA AURORA 47
LLEGADA: DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN ALAMEDA PRINCIPAL

Desde Sevilla:
SALIDA: PLAZA NUEVA
LLEGADA: JARDINES DEL PALACIO DE SAN TELMO

http://plataformaaguapublica.blogspot.com/p/proximas-movilizaciones.html

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

A partir de las 17:00 horas.

SEVILLA: DONACIÓN DE SANGRE: Nos vemos en el Banco de España, un lugar genial para que se visualice nuestro gesto, un lugar privilegiado para informar a la ciudadanía.

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

A partir de las 19:00 horas.

LA ALGABA: ACTO PÚBLICO "La Algaba socialista, ¡¡funciona!!" ASISTIRÁ LA CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Allí estará el resto:

El ejemplo democrático de una manifestación I

Artículo de Antonio Guerra, responsable de "El Socialista" en tiempos predemocráticos

"Por razones más personales que objetivas hace años que prometí no volver al periodismo, un oficio que ha ocupado más de cuarenta años de mi vida. Sin embargo, este prolongado exilio se interrumpió hace poco por causa de mi buen amigo y compañero Paco Rosell. El director de este periódico me pidió unas líneas a la muerte de José María Javierre, algo a lo que no podía negarme por motivos de amistad y agradecimiento. Hoy vuelvo por un motivo familiar: Tengo dos hijos funcionarios, uno en la Junta de Andalucía y otro en el Ayuntamiento.

A los dos los he visto trabajar durante años, hasta altas horas de la madrugada, en la preparación de las oposiciones; los he visto insistir con esfuerzo y entusiasmo en las distintas convocatorias, hasta conseguir el puesto, después de renunciar a muchas horas de sueño y a diversiones propias de su edad.

Uno de ellos, tras terminar la carrera de Derecho, con un aceptable expediente, ha insistido en nuevas oposiciones hasta alcanzar el nivel máximo en su dedicación a la Función Pública. Le gusta (o más bien le gustaba) su trabajo como funcionario y era feliz en ese interesante rompecabezas que por lo visto presenta la Administración en su faceta ejecutiva. Me lo he encontrado el otro día en plena protesta de los funcionarios. Ya saben que los padres leemos en los gestos de los hijos su estado de ánimo. Estaba hecho polvo.

No hay peor cosa que ver a una persona honrada y cumplidora tratada injustamente, humillada por los sinvergüenzas de turno que han hecho de la política un régimen sectario y prevaricador en beneficio de un partido. Un régimen político que empieza a considerarse vergonzoso por muchos miles de andaluces. Más vale tarde que nunca.

No crean que este comentario sobre la manifestación de 30.000 funcionarios, llegados de todos los rincones de Andalucía sin que nadie les pague el viaje y el bocadillo, es sólo el lamento de un padre dolido, aunque también. Esta protesta ha sido un ejemplo de civismo, y hasta de buen humor, lo queme ha hecho pensar que en Andalucía se empieza a entender lo que es la verdadera democracia. Y, si esto es así, la cuestión deja de ser la queja de un padre para formar parte del periodismo de denuncia, gracias al cual tantos políticos han sido retirados de la circulación por apropiaciones indebidas por parte de ellos o sus señoras.

Volvamos a la manifestación. Ni un insulto. Ni una voz fuera de tono, ni la más mínima alusión a ningún partido político, y ni siquiera la petición de un aumento salarial, a pesar de las injustas rebajas que los manifestantes han sufrido por motivo de la crisis. Sólo se percibía la emoción que contagia el grito de la verdad cuando está respaldado por un comportamiento valiente y cargado de razón. Las personas ajenas al entramado policial de la Administración socialista no pueden imaginar el valor y la entereza que hacen falta para que 30.000 mujeres y hombres se lancen a la calle sin temor a las represalias. Por esta razón, el ejemplar comportamiento democrático de los funcionarios andaluces es posible que vaya más allá de la consecución de sus objetivos, porque significa una nueva dinámica, un despertar en Andalucía que puede acabar con un régimen de treinta años, que se ha servido de trampas y no pocos subterfugios paramantenerse en el poder.

La protesta de los funcionarios se enfrentaba a un decreto –que se comentará en una próxima entrega– por el que se pretende blindar en la Administración Pública autonómica un puesto de trabajo, para toda la vida, a 22.000 sociolistos sin el mínimo esfuerzo ni el reconocimiento de ningún mérito. La única aportación de estos afortunados del favor político por decreto consiste en ser militantes o simpatizantes sumisos del PSOE, o amigos de algún señorito del poder regional. Igual, exactamente igual, que los gañanes de los antiguos cortijos andaluces.

Es lógico que, en un número tan elevado de trabajadores, también los haya competentes. Incluso que no hayan accedido al puesto de trabajo por el indecoroso nepotismo del Puño y de la Rosa (Torres). Pero ninguno de ellos podrá negar en el resto de su historia laboral, que han accedido al puesto de funcionario, o lo que sea, por la puerta falsa y en detrimento de unos empleados que consiguieron su trabajo mediante un gran esfuerzo, que después han continuado con una ejemplar dedicación a los servicios públicos de nuestra región. Por favor, no se confunda –como ya empiezan a hacerlo, miserablemente, algunos beneficiados del enchufe y los mal llamados sindicatos mayoritarios- a este tipo de funcionario honesto y cumplidor con aquellos otros que se unieron al carro dominante del partido político en el poder, y convirtieron su actividad funcionarial en carrera política, haciendo de soplones o sicarios del PSOE, antes de proteger con dignidad la independencia que les confieren las disposiciones estatutarias del funcionariado.

Estuve en la manifestación. No les hablo de oídas. Y miente con mezquindad el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando culpa a los manifestantes de ser transmisores de las propuestas del PP. Estuve allí y puedo afirmar que ni una sola voz ni pancarta aludió a ningún partido político para bien o para mal. Incluso hablé con algunos conocidos manifestantes que militan o simpatizan con la izquierda o están muy cercanos a ella. Sólo reclamaban, con toda dignidad y la fuerza de la razón, la regeneración que merecen por ley los funcionarios públicos, como ha señalado con acierto Javier Caraballo en su artículo Mar de fondo (EL MUNDO 15.11.2010), que no deben perderse los que quieran conocer con propiedad las entrañas del problema.

Las declaraciones de Griñán, politizando arteramente la actitud pública de estos funcionarios, al considerarlos portavoces del PP, muestra la pobreza de un talante político miserable y mentiroso. Cuando en política se recurre a la mentira es porque faltan los argumentos y las razones que terminan sustituyéndose por la demagogia. Una pena. Porque la llegada al poder de Griñán, por un procedimiento poco democrático, supuso un cierto alivio para muchos andaluces ante sus primeras declaraciones, que parecían alejarle de la política sectaria y dictatorial que padece nuestra región desde hace treinta años.

Después, José Antonio (¡presente!) Griñán está haciendo buena a la satrapía chaviana que lo puso a dedo en donde está, hasta que ha superado con creces todos los niveles de incompetencia muy por encima del principio de Peter. El pobre Griñán no acierta nunca, en medio de una ristra interminable de errores y torpezas. Lo único que falta, ante su fracaso político y su total inutilidad como presidente de la Junta, es que ahora quiera quitarse de encima las graves consecuencias de su decretazo culpando a los funcionarios de ser mensajeros del PP.

¿Les cortará también las manos, como en las antiguas tiranías, por no traerle buenas noticias a su Palacio de San Telmo?"

Antonio Guerra. porandalucialibre.com 18/11/10

Privilegios y prebendas

RESPUESTA A UNA EDITORIAL PUBLICADA EN LA PRENSA DE CÁDIZ:

Respecto a su editorial del pasado miércoles, en el que se calificaba de "abominación" la condición de fijo de los funcionarios, y se aplaudía la posibilidad de hacer sus puestos inestables y condicionados a las circunstancias, olvida usted hacerse la pregunta más lógica y esencial:

¿Por qué es así? ¿Por qué dicho privilegio?

En primer lugar le diré que el privilegio tiene una razón de ser: los funcionarios no son simples trabajadores por cuenta ajena, como quien fabrica tornillos, o pone puertas a los vehículos en una cadena de montaje. Los funcionarios son guardianes y ejecutores de los derechos e intereses de los ciudadanos en su relación con las administraciones, y garantes de la fe pública, como el notario lo es de la fe notarial (¿Consentiría Vd. que la escritura de su vivienda la elevara y sancionara el charcutero de la esquina?)

En consecuencia, somos presionados incesantemente por aquellos que ostentan el poder para la ejecución y realización de sus intereses privados o políticos. Créame, como funcionario que soy, que el único obstáculo que en numerosas ocasiones ha habido ante la prevaricación y el tráfico de influencias ha sido mi negativa a ejecutar actos manifiestamente ilegales. Negativa que pude ejercer porque, siendo inamovible en el ejercicio de mis funciones, y con la protección de un sistema disciplinario lleno de garantías, mis superiores menos escrupulosos no pudieron recurrir a la presión y la amenaza para la consecución de sus fines. ¿Qué ocurrirá cuando a los políticos simplemente les baste aducir una supuesta falta de productividad para quitarse de en medio al empleado díscolo que se niega, digamos, a conceder una subvención indebida a su cuñado o su compadre, en detrimento de los ciudadanos que sí cumplen las condiciones para recibirla? ¿Quién se interpondrá entre los planes de corrupción y su realización, cuando los únicos que pueden negarse a su tramitación, pierdan el refugio que los pone a salvo de la arbitrariedad y garantiza su independencia? Somos "intocables", por el mismo motivo que lo son policías y jueces: cuando puedan "tocarnos", los primeros en tocarnos serán aquellos que quieren plegar la administración a sus intereses, y los primeros en sufrirlo serán los ciudadanos.

En segundo lugar, dichos "privilegios y prebendas", no se obtienen en la tómbola, ni se regalan –hasta ahora- en las sedes de partidos y sindicatos, ni se compran en mercadillo, ni vienen con los paquetes de cereales. Han sido –en la mayor parte de los casos- conquistados tras largo y penoso esfuerzo, en pruebas objetivas y duras, públicas y de libre concurrencia, donde cualquier ciudadano o ciudadana, dispuesto a afrontar el sacrificio y la frustración del opositor, podía obtener la ansiada plaza como recompensa a miles de horas de estudio y renuncia. Lo que "no es de recibo" es que se equipare la abnegación y dedicación de años sin remuneración, a la simple entrega de un //curriculum// –donde a veces se valora más el parentesco o la sonrisa que el mérito.

En tercer lugar, el especial "privilegio" va unido a limitaciones y condiciones no tan apetecibles: sueldos paupérrimos que cuando suben (es decir, cuando no son congelados o bajan), lo hacen varios puntos por debajo del IPC, perdiendo poder adquisitivo cada año; pagas extra que sólo eran completas (ya no) desde hace un par de años; incompatibilidad para ejercer cualquier otro oficio u empleo que nos permita completar nuestros menguados ingresos; condiciones laborales dictadas "desde arriba", sin derecho a una auténtica negociación colectiva; tener que bregar con una creciente carga laboral con recursos humanos y materiales cada vez más reducidos y mal repartidos... Todo eso sin contar con que nuestro especial carácter como garantes de la legalidad convierte en delitos o faltas actos que son triviales para cualquier otro ciudadano (si no lo cree, pruebe a traerme un jamón, y verá dónde acabamos los dos).

Por último, créame, no hace falta "cometer un asesinato" para perder la condición de funcionario . Basta con cometer alguna falta de las más graves (cohecho, prevaricación, discriminación, etc.) que vienen convenientemente reguladas junto con su sanción, en nuestro angosto sistema disciplinario. Precisa e irónicamente, el tipo de cosas que podríamos vernos obligados a hacer si perdemos nuestra estabilidad, y algún corrupto nos pone en la tesitura de plegarnos a su voluntad o ponernos de patitas en la calle.

Respuesta a editorial de un compañero. buscooposiciones.com 17/11/10

La productividad de los políticos

¿Qué productividad política tiene Leire Pajín, con tres sueldos en la buchaca y menos currículo que Homer Simpson?

Debe ser que el siroco político que sopla desde El Aaiún le ha obturado las meninges y la arena sepulta la visión de las cosas porque, de otra forma, difícilmente es explicable que una cabeza tan sobresaliente como la de Manuel Chaves proponga cosas como las que ha propuesto. Repito: no me creo nada. No me creo que desde la tercera cabeza vicepresidencial del país se puedan pedir cosas tan inconsistentes, a no ser que el Gobierno busque desesperadamente refugios artificiales para protegerse de las varias tormentas que descargan sobre su esperanza de vida política. Chaves ha sacado el paraguas porque les está cayendo la mundial. Y el paraguas se llama productividad del funcionario.

Quieren poner a prueba la productividad del funcionario y, ¡¡Dios!!, qué cabeza más mala la de Chaves, pasa por alto que hace más de veinte años fueron ellos mismos los que pusieron en práctica la productividad funcionarial. Curiosamente para que la cobraran los de su pandilla, aquellos que echaron raíces en las fértiles tierras de la administración de Hacienda. Así que Chaves ha tirado del viejo paraguas, de un paraguas de hace más de veinte años, para capear el temporal pero estimo que se ha equivocado de paraguas. ¿Medir la productividad del funcionario? No es esa de las mejores ideas que salieron del nido del cuco socialista. Sobre todo, ya digo, porque desde hace veinte años está vigente. ¿Se puede presentar como nuevo algo que tiene ya veinte años de existencia? Parece que han perdido no solo el sentido de la medida. También el del tiempo.

Seamos comprensivos. Están tan presionados por los frentes políticos que mantienen abiertos que pueden estar sintiendo lo que sintió Napoleón cuando invadió Rusia. Mucho frío. No solo frío térmico. Sino ese frío insoportable que anticipa el fracaso colectivo, la derrota absoluta. Chaves, con su mala cabeza, acaba de ponérselo a huevo a la función pública española, que no vive precisamente con el Gobierno sus mejores días de vinos y rosas. ¿Se imaginan ustedes a los funcionarios exigiendo productividad a los políticos? A ver, a ver esos chicos de las plataformas indomables de la función pública. Me los puedo imaginar pasando lista, públicamente y en voz alta, sobre la productividad de los políticos. ¿Qué productividad tiene la ex Bibiana Aído, una señora que fue ministra gracias al compás flamenco de la agencia que presidía? ¿Y Leire Pajín, con tres sueldos directos para la buchaca y un currículo más corto que el de Homer Simpson?

Pero no es cuestión de perder el estilo y sacarle punta a las individualidades. Hallemos la productividad política en general. ¿Qué le ha producido a España la asimetría estatutaria? ¿Y la puesta en libertad de abominables terroristas convertidos a la fe democrática por el manual de Zapatero? ¿Y cómo medir la productividad política en unas leyes garantistas que compadecen más al delincuente que a las víctimas? ¿Es posible alcanzar el daño productivo ocasionado en nuestra economía cuando negaron la crisis más brutal, evidente e incuestionable que hemos vivido en los últimos cien años? ¿Podemos medir la productividad política del paulatino abandono de Ceuta y Melilla, sin dudas las ciudades más españolas de España? ¿Cuánto hemos de pagarle en productividad a una clase política que, a base de subvenciones, desnutre las arcas del Estado para pagar a su aristocracia afín? No sigo. Pero prométame, señor Chaves, que usted tampoco. Y no hable de productividad, no sea que ponga en peligro su retiro y el de alguna empresa muy familiar.

J. Felix Mahuca. ABC 17/11/10

Andalucía como síntoma

Debemos aprovechar la ocasión que brinda la manifestación que ha tenido lugar en Andalucía de miles de funcionarios pidiendo una Administración neutral y apolítica para recordar principios básicos que parecen eclipsarse. Lo de Andalucía no es además un fenómeno aislado. Antes al contrario, a mí me llegan desde todos los rincones de España denuncias graves que ponen de relieve hasta qué punto se está desmoronando nuestra función pública.

La alegría -y la ignorancia- con la que algunos empiezan a defender el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos produce escalofríos. Era lo único que nos faltaba. Pero más alarma produce defenderla y luego escamotearla a través de la creación de sociedades, fundaciones, organismos y otras miasmas que convierten al personal de las Administraciones en rehén de quienes ostentan el poder político.

Ha sido muy difícil históricamente llegar a disponer de personal técnicamente cualificado.

De la venta de oficios, propia del Antiguo Régimen, se pasó a un sistema de elección en los comienzos de la revolución liberal. Los empleos municipales fueron precisamente un ejemplo de ello a partir de la obra de los doceañistas. El esfuerzo de algunas mentes lúcidas, ya en el siglo XIX, fue construyendo el camino hacia la profesionalidad entre los servidores del Estado. Nombres como los de José Posada Herrera, quien se lamentaba de que el ministro tuviera que vivir aherrojado “entre el expediente y el pretendiente”, o el de Juan Bravo Murillo han de ser inscritos entre los defensores de una Administración pública edificada sobre la neutralidad de la técnica y la imparcialidad de los conocimientos. Aunque pocos logros consiguieron.

Ya en el siglo XX es Antonio Maura quien instaura prácticas tímidas destinadas a obstaculizar el recurso al “cese” fulminante cuando había un cambio político. En la inolvidable novela de Pérez Galdós “Miau” se hace un retrato demoledor de esa sociedad en la que el empleado público vivía atemorizado por los vaivenes de la política, por pequeños que estos fueran.

La II República, que algunos tanto añoran en la actualidad, apenas si se ocupó de la función pública y fueron precisamente los secretarios e interventores quienes sufrieron sucesivas y gravísimas “depuraciones” al hilo de las mudanzas que propiciaron, primero las elecciones de 1933 (con un Partido Radical ávido de cargos en pueblos y villas) y luego las de febrero de 1936 (con un Frente popular dispuesto a la revancha sin contemplaciones). En mi libro “Juristas en la Segunda República” (2009) he tratado de probar estas afirmaciones.

En la dictadura de Franco se pasa de la politización extrema (depuraciones y fusilamientos) a lo que se ha llamado el “enfriamiento tecnocrático”, esto es, un intento de despolitización y profesionalización, en parte logrado.

La democracia no ha sabido dar con su propio modelo, llenos como estaban algunos partidos políticos y no digamos los sindicatos de prejuicios hacia los funcionarios. Se abre entonces la vía -pronto generalizada- de la laboralización que permitió contratar sin pruebas públicas a miles de empleados. Tenemos un Estatuto aprobado por ley y se nos ha amenazado con 17 leyes de funcionarios, una por Comunidad autónoma. Mayor festín legal es imposible.

Pero la perversión más peligrosa viene ahora por el camino de los entes instrumentales al servicio de las Administraciones y al servicio del clientelismo descarado que se practica desde la esfera política.

La bandera a levantar es muy clara y está fijada en la Constitución: principio de mérito y capacidad. Reglados los ingresos, los ascensos, las retribuciones...

Cuanto menor sea la discrecionalidad en este ámbito, mejor. Y la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a un puesto público en el frontispicio.

No hay nada que inventar. Todo consiste en ser consecuente con los principios constitucionales. Algo tan simple pero, a lo que se ve, tan difícil...

Francisco Sosa Wagner. administracionpublica.com 16/11/10, Catedrático de Derecho Administrativo, eminente jurista y eurodiputado por UPyD.