Adiós a nuestro amigo Félix

Hoy hemos despedido a Feliciano José Galán Merino, nuestro amigo Félix, víctima de una cruel enfermedad que en apenas dos meses nos lo ha arrebatado.

Hablar bien de quien ya no está es lo socialmente correcto y no deja de ser una buena práctica. Pero es que de Félix solo puede hablarse bien: de su bondad, de su perenne sonrisa, de su afecto en los momentos de apuros… de su entrañable compañía en las celebraciones, que de todo hubo durante 33 años.

Vicepresidente de “El Tercer Lado”, se convirtió en el principal impulsor de la asociación y, sin duda, en el más tenaz en la irrenunciable búsqueda de una administración pública y profesional al servicio del ciudadano. De casta le viene al galgo…

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
qu'es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
e consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
e más chicos,
allegados, son iguales
los que viven por sus manos
e los ricos

A los que, antes de desembocar en esa mar donde ya descansa Félix junto a su padre, navegamos aún por los cauces de agua dulce, ora tranquilos ora bravos, nos quedará siempre su amistad aunque echaremos en falta sus serenas reflexiones, lo que nos debe servir de acicate en nuestro empeño (sueño cada vez más lejano) de profundizar en ese debate sereno sobre el presente y el futuro de la administración pública en el que tanto nos jugamos.

Valga este “hasta luego” para rememorar el último artículo publicado en www.eltercerlado.com, dos días antes de las últimas elecciones generales. Descansa en paz, AMIGO:

26-J: To es pa ná

El próximo domingo 26-J se celebran elecciones generales y los españoles estamos llamados a votar, que no decidir.

Votar, lo que se dice “votar”, votaremos mayoritariamente, tal y como hicimos el pasado 20-D, a favor del “cambio” y de la “estabilidad”. De eso no tengo dudas. Ahora bien, decidir, lo que se dice “decidir”, lo harán los mismos “políticos” que en los últimos meses se han preocupado más de sus intereses personales y partidistas que del interés general.

El PP sigue cansinamente instalado en el alarmismo y el catastrofismo (sin nosotros España “caerá”). Para los que componen esa formación prima la pasividad frente a la corrupción y entienden que la estrategia que supone el inmovilismo y el tacticismo de su cabeza de cartel “es una jugada maestra”. Cualquier cosa les vale, ya sea por acción u omisión, mientras ello suponga “rédito electoral”.

El PSOE no se encuentra. Para ellos no se debería haber llegado a esta situación. Su cabeza de cartel estaba (y así sigue) cuestionado dentro de su partido y sólo el paso atrás de Rajoy en la investidura pasada le revitalizó. Vio su oportunidad y la aprovechó. Pero no es un problema de programa ni de propuestas, que no le faltan ni uno ni otras, es más bien un problema de liderazgo. Y es que su líder no convence, no emociona, no ilusiona, to es pa ná.

Ciudadanos se mojó (y continúa). Y no es fácil. España necesita un Gobierno y por ello han trabajado y deben seguir trabajando. Pero sin ambigüedades y sin afán de protagonismo. Demostrando cintura política (Andalucía, Madrid) pero buscando un pacto de investidura, sin más.

Podemos (que no Unidos) es como Dr. Jekyll (prepotente, soberbio, insolente y soez) y Mr. Hyde (humilde, dialogante, comedido y respetuoso). La ocasión lo manda. Más pareciera que se toman la situación política actual como una temporada de “Juego de Tronos”, y como tal actúan. Aunque desde fuera parece que lo hacen (y mal) para una película con argumentos de ciencia ficción.

Hay que acometer una serie de reformas, algunas en profundidad (Constitución, ley electoral, ley de educación, reforma laboral, reforma fiscal); hay que legislar para acabar con la politización de la justicia, para que los políticos corruptos acaben todos en la cárcel y acabar también con las puertas giratorias; hay que poner en marcha una serie de planes necesarios y urgentes contra el paro, la pobreza, la exclusión social...

El PP debe presentar otro candidato. El actual, ni está ni se le espera. Sigue empeñado en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Dice que “él no es ningún obstáculo, son los otros, que algo tendrán que hacer”. No acepta que los españoles queremos cambios, y que lo que el rodillo aprobó no se puede mantener. Se necesita alguien capaz de entender que ha llegado el momento de la responsabilidad, de la generosidad, y de aceptar los sacrificios y renuncias que sean necesarios.

En el PSOE, si queda por detrás de Unidos Podemos, la noche del 26-J se espera la dimisión de su Secretario General. Después, en primer lugar debería ofrecer un pacto de investidura a dicha formación en cuestiones fundamentales con una sola condición previa a la negociación: la renuncia expresa por parte de Unidos Podemos al referéndum de independencia en Cataluña. En segundo lugar, si es rechazada esta condición, debería ofrecer un pacto de investidura al PP y C’s (con una corta legislatura) que ponga en marcha las reformas que la ciudadanía demanda.

Ciudadanos debe insistir en su mensaje y trabajar por el diálogo, el consenso y el acuerdo. Su función de partido bisagra es fundamental para facilitar la formación de un gobierno necesario, un gobierno honesto, un gobierno sin corrupción. Pero siempre teniendo en cuenta las reformas y cambios que tan necesarios son. Todo ello sin cambiar, manteniendo su identidad.

Y Unidos Podemos es la estrella, el actor protagonista (de una gran obra de teatro) que está llamado a emocionar a un público ansioso que asiste a la función convencido de que su actuación colmará todas las expectativas. No se entendería, pues, que con el público totalmente entregado abandone la obra antes de que baje el telón. Lo importante: las personas, sus problemas, sus necesidades.

Con todo esto quiero volver a manifestar que para mí la actual situación no es un problema, sigue siendo una oportunidad que no se puede desaprovechar. Es el momento de actuar.

Feliciano José Galán Merino, vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.

Por sus obras los conoceremos: servir vs. servirse

“Violadores por naturaleza (del Estado de Derecho, entiéndase), irresponsables y mentirosos (la mayoría), prevaricadores y malversadores de caudales públicos (algunos), ignorantes, inútiles y carentes de vergüenza... ”

Así los hemos calificado desde El Tercer Lado y así son conocidos porque ese ha sido su comportamiento. Esta ha sido la seña de identidad, la marca partidaria de un no escaso número de dirigentes políticos de la Junta de Andalucía... hasta ayer.

Hoy, novedosas investigaciones científicas y los recientes datos que de ellas se derivan anuncian el fin de tan repugnantes comportamientos. ¿Cuándo ocurrirá el cambio? Desde el mismo momento en que se produzca la previsible investidura de Susana Díaz, actual presidenta en funciones. Todo indica que ésta, con una adecuada “puesta a punto” y tras del “rodaje” de la anterior legislatura “en prácticas”, romperá con todo y con todos... hasta con la herencia recibida. Y para que apreciemos su firme voluntad “política”, naturalmente, a continuación se transcribe el decálogo de medidas que adoptará la Administración de la Junta de Andalucía a partir de ahora:

1.   Para ejercer cargo público no bastará con ser uno de los nuestros, familiar o persona de confianza del partido. Será necesario, además, acreditar que se está en posesión de las competencias y formación adecuadas para ejercer el puesto específico a desempeñar.

2.   Se acabó la ineficacia y con ella el despilfarro que supone. Se primará con la justa “productividad” -que será pública, naturalmente- la buena o mejor gestión. En concreto, la rapidez en la toma de decisiones tendrá especial repercusión (80%) en el montante total de la valoración del rendimiento.

3.   En el área de Personal se procederá a un profundo cambio de las estructuras (RPT y Catálogos), que irá acompañado de la adecuación de los recursos materiales y personales necesarios para ello, porque “nosotros” sí que somos conocedores de su adscripción y número. Es bien sabido que el hecho de que las organizaciones sindicales no hayan podido obtener documentación sobre la situación actual de la Función Pública a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, se debe a que no han sabido expresar con exactitud su demanda de información.

4.   Dado el absoluto desconocimiento que se tiene en el ámbito del Patrimonio, se procederá a elaborar un exhaustivo inventario que recoja tanto el mobiliario en uso, como los cientos y cientos de bienes muebles que actualmente se encuentran dispersos en almacenes guardamuebles, así como en garajes, sótanos, almacenes y otros locales de la propia administración andaluza, los cuales no reúnen las mínimas condiciones para su depósito. Simultáneamente se llevará a cabo una auditoría por personal funcionario dependiente de la Dirección General de Patrimonio, para tratar de averiguar por qué su número disminuye paulatinamente sin explicación alguna, coincidiendo o no con los distintos traslados de organismos que periódicamente se producen. Una vez elaborado este inventario se pondrá especial énfasis en dar un uso adecuado al “mobiliario de gran valor”, adquirido para decorar los despachos de los nuevos altos cargos y que, por “cuestión de gustos”, nunca fue utilizado. Esto mismo se hará con el mobiliario nunca usado y adquirido con el único fin de “ejecutar la totalidad del crédito presupuestado”.

5.   Los intereses generales primarán sobre los de partido y, de acuerdo con lo recogido en el apartado 1 de este decálogo, los dirigentes políticos a partir de ahora tendrán prohibido dar continuas muestras de ausencia de responsabilidad y de absoluta incompetencia. ¡Se acabó el clientelismo, concluyó el nepotismo, desaparecieron por fin los funcionarios desmotivados!

6.    Para la adjudicación de las plazas convocadas por “libre designación” (niveles 28 y 30) se penalizará hasta un 40% la evidenciada (natural o forzada) permisividad, la demostrada sumisión, la manifestada docilidad y el “mirar hacia otro lado” de los futuros solicitantes. Por contra, se primará a los que acrediten haber recurrido actos de la propia Administración de la Junta de Andalucía (1 punto por acto recurrido, hasta un máximo de 30 puntos).

7.   Se paralizará la creación de nuevos “entes” cuya única finalidad consista en emplear políticos en decadencia, amortizados o a punto de jubilarse. Paralelamente se procederá a evaluar, respecto de su posible supresión, los entes “problemáticos” e incontrolados en el gasto que han tenido como única función fagocitar al conjunto de la Administración andaluza. Además, en todos los casos, los órganos responsables cumplirán con la obligación de controlar y evaluar el funcionamiento de las entidades ya creadas, poniéndose especial énfasis en comprobar la ejecución de las políticas y servicios encomendados.

8.   La transparencia y la lucha contra la corrupción serán la marca de identidad del nuevo gobierno. Para ello, también en línea con la voluntad de incentivar la mejora continua, se procederá a la elaboración de manuales de procedimientos y a la simplificación de los ya existentes, tanto en los servicios generales como en los sectoriales. Se acabaron las islas, islotes y reinos de taifas. La realización de las mismas tareas requerirá la utilización de idénticos procedimientos. Con la implantación y obligatoriedad de utilizar los procedimientos que se establezcan en cada caso, además de prestarse un mejor servicio, conseguiremos un importante ahorro.

9.   Como reconocimiento al buen hacer y profesionalidad de los miles de empleados públicos -gracias a los cuales la Administración de la Junta de Andalucía ha funcionado y funciona todavía con unos mínimos de calidad, incluso con un gobierno en funciones, o quizá por ello- se paralizará, de forma inmediata la contratación de nuevas Asistencias Técnicas y otros tipos de contratos cuyas tareas puedan ser desempeñadas por aquéllos. En esta línea de reducción del despilfarro y como un ejemplo de los cientos que hasta ayer se producían, las tareas relacionadas con la informática y las nuevas tecnologías serán encomendadas a esos miles de funcionarios que, poseyéndola como área funcional, por culpa de la decidida y errónea apuesta por la externalización de los gobiernos anteriores, tienen actualmente pocas o ninguna carga de trabajo.

10.  La formación y capacitación de los empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía serán prioritarias en la nueva legislatura. Para ello se pondrán en marcha las herramientas necesarias que permitan el acceso en modo de teleformación sin excepciones ni agravios comparativos. Bastará solicitar un curso para tener acceso a él, pudiéndose, como ya ocurre en alguna consejería, realizar más de una actividad formativa al mismo tiempo. Igualmente, con la resolución de los concursos de traslados se tendrá acceso a recibir “en línea” el apoyo y formación necesarios para desarrollar las nuevas tareas asignadas. Se crearán “equipos” organizados por materias que serán los responsables del contenido de las actividades formativas que se impartan y también de resolver cuantas cuestiones se planteen respecto de las nuevas tareas asignadas por cambio de puesto del trabajo.

Todo apunta a que éstas no serán las únicas medidas que se adopten por la señora Díaz si, finalmente, es investida Presidenta de la Junta de Andalucía. Ha avanzado muchas más, aunque bien es verdad que no se han podido recoger en este decálogo al precisar de más tiempo para su desarrollo y puesta en marcha. Valgan dos ejemplos: el primero, el sistema GIRO, y es que -según la presidenta en funciones- “adecuar la actual normativa a dicho sistema” lleva mucho tiempo, motivo por el que después ya se decidirá si se emplean más recursos en mejorarlo o se dan los primeros pasos para inaugurar lo que sería “la segunda modernización”: el GIRO 2.0, que necesariamente tendrá en cuenta al ciudadano/administrado cuyas necesidades son las que realmente hay que satisfacer. El segundo, las potestades administrativas, y es que su propósito es acabar con la vorágine de personal que sin ser personal funcionario de la Junta de Andalucía tiene acceso a datos públicos cuya tramitación debiera corresponder tan sólo a quiénes reúnan esa cualidad. Para ello tiene previsto recabar de forma urgente un informe vinculante que será elaborado conjuntamente por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

A la vista de todo ello, desde El Tercer Lado permanecemos tranquilos y esperanzados: si por fin la cabeza (presidenta) funciona bien, es más fácil que las extremidades (consejeros) hagan lo propio.

Para terminar, la duda perenne: ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?

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¿Habrá vida tras las líneas rojas?

 

Se ha confirmado finalmente la no elección de Susana Díaz como Presidenta de la Junta de Andalucía ni en primera ni en segunda votación. A excepción del propio, todos los partidos representados en el Parlamento Andaluz, le han negado su apoyo al no cumplirse las condiciones que cada uno de ellos planteaba como requisito “sine qua non” para otorgarle su apoyo; y todo parece indicar que, a la vista de las posiciones tan distantes que a día de hoy siguen manteniendo las partes, las siguientes votaciones de investidura tendrán exactamente el mismo resultado. O no, ya veremos, porque las matemáticas y los intereses parlamentarios desconocen la importancia de la palabra dada.

Sin entrar en valoraciones, puede asegurarse sin temor a error que, si antes no lo consigue del Partido Popular, una vez celebradas las elecciones municipales del próximo día 24, la actual presidenta en funciones conseguirá finalmente el apoyo (por acción u omisión) de los dos nuevos partidos políticos que han conseguido representación parlamentaria: Podemos y Ciudadanos.

Y ambos partidos han señalado una serie de condiciones para apoyar su investidura. Una de ellas, llamativa, prometida y reiterada históricamente, es sin duda “la reducción del número de altos cargos y asesores” con el objeto de destinar el ahorro que ello supone a medidas de carácter social. Medida con la que El Tercer Lado está absolutamente de acuerdo, aunque, desconfiados, estamos convencidos de que finalmente no se llevará a cabo. Por otro lado no deja de ser el chocolate del loro.

¿Por qué sospechamos que no se llevará a cabo esta medida? Porque estapresidenta, a su forma y manera, ya “redujo” el número de altos cargos en la pasada legislatura con los resultados que todos sabemos: cambios de nombres y recolocaciones en la administración paralela. En una Administración como la Junta de Andalucía, donde sobra un gran número de profesionales de la política, personas que opíparamente viven de la cosa pública con cargo al presupuesto de la Comunidad, y cuyo número aumenta continuamente, está claro que su presidenta confunde continuamente los intereses de los ciudadanos andaluces, a los que se debe, con los del partido que la sustenta.

¿Por qué es el chocolate del loro? Porque la Junta de Andalucía es una administración sobredimensionada cuyo mantenimiento supone un auténtico despilfarro. Baste señalar que dedica el triple de recursos a pagar nóminas que a prestar servicios básicos. Es una administración que lleva años obligada acometer una reestructuración de sus órganos y sus entes adscritos, sin más demoras ni engaños. Es una administración donde se puede y se debe reducir el número de Consejerías, eliminando los órganos directivos creados sin justificación alguna, que dan continuamente lugar a  duplicidades y solapamientos gravosos e innecesarios. Baste el ejemplo de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral y del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que son solo la punta de un inmenso iceberg de dualidades.

La Junta de Andalucía ha devenido en una administración donde la toma de decisiones se eterniza, donde las ineficiencias que ello supone generan más y más gasto. El mejor, disculpen, el peor ejemplo es la RPT de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que lleva sin modificarse más de 6 años a pesar de estar afectada descomunalmente por la anterior reestructuración de consejerías, a resultas de lo cual todavía los titulares de los puestos de Jefes de Servicio/Coordinadores de la suprimida SGT de la extinta Consejería de Empleo, continúan cobrando como tales, motivo por el que cabe esperar que la “reubicación” del personal afectado por la probable y deseable reestructuración de consejerías que se apruebe, se realice de forma urgente.

En el mismo orden de cosas, El Tercer Lado vuelve a exigir que se aproveche esa misma herramienta para la reversión inmediata a los funcionarios de las competencias y funciones usurpadas que legalmente les corresponde. Actualmente hay cientos, quizá miles, de funcionarios sin tareas asignadas, en algunos casos viendo cómo su trabajo lo realizan externos que cobran dos y tres veces más y que, encima, les reprochan su pasividad y apatía. Lo mismo ha de ocurrir con el 99 % de las Asistencias Técnicas actualmente contratadas con entidades externas, que debieran ser desempeñadas por funcionarios desganados y abúlicos en los que han sido convertidos. La dignificación del empleo público y, con ella, el sustancioso ahorro económico que ello implicaría podría destinarse a atender servicios básicos.

Parece claro que la Junta de Andalucía se ha convertido en una administración donde se “dispersan” y “distraen” los medios que deberían utilizarse para atajar el principal problema de la Comunidad: el paro. Quien resulte elegido/a debe poner de manifiesto de forma clara y rotunda su voluntad para abalanzarse sobre esta enorme traba. Entre otras medidas, en esta materia, entendemos que sería positivo, en la próxima reestructuración orgánica, que el Servicio Andaluz de Empleo, en forma de organismo autónomo, se vincule directamente a la Presidencia y retome las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo, de Políticas Activas de Empleo y en materia de Autónomos, las cuales en la pasada legislatura han permanecido atribuidas a otras Consejerías, obteniendo y sonoro y rotundo fracaso. Debe dotarse de forma urgente de la necesaria estructura de una Secretaría General de la que actualmente adolece y que fue suprimida en 2004 por los mismos -y para lo mismo- que están imputados en el caso de los ERE. Y claro está que todos esos puestos deben ser cubiertos exclusivamente por funcionarios, sin participación alguna de personal “externo”, que junto con las injerencias y los mandatos “divinos” motivados por intereses partidistas sólo han generado en todos estos años escándalos tras escándalos.

Quizá todos los ignominiosos males del pasado que ahora padecemos se deban al hecho de no haber estado a la altura de las circunstancias, de no haber prestado a estas políticas la atención de desarrollo y seguimiento que necesitan.

El Tercer Lado espera de quien ocupe en el futuro la presidencia de la Junta de Andalucía éstas y otras muchas medidas que supongan el comienzo de la necesaria y urgente regeneración de la Administración andaluza. Y de Podemos y de Ciudadanos, nuevos partidos con representación en el Parlamento Andaluz, que no se conviertan en sustitutos de nadie ni lleguen a formar parte de la “casta”.

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Transparencia: una moda, que no un modo

El Tercer Lado, después de un tiempo, camino ya de los dos años, de apatía, abulia y ostracismo tras lo que resultó ser una lucha desgastadora e imposible contra la degeneración y la corrupción, en un quimérico intento de conseguirlo, retoma su contacto con el mundo exterior (¡toc, toc!, ¿hay vida?) coincidiendo con el inicio de la X Legislatura del Parlamento Andaluz.

Susana Díaz, como candidata del partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas se enfrentará en los próximos días a una ceremonia de investidura, más bien de la confusión, en la que no tiene nada claro su nombramiento como presidenta electa de la Junta de Andalucía.

Si el vocablo estabilidad ha sido la clave durante la precampaña, durante la campaña y tras los comicios las palabras transparencia y justicia, sobretodo la primera, se han convertido en anagramas de su discurso: “la transparencia es fundamental para recuperar el prestigio de la política y la confianza en las instituciones, es el mejor antídoto y la mejor lejía que tiene la corrupción”…  “cuando la gente se salta la ley pasa lo que pasa, y lo que tiene que hacer la Justicia es actuar”… “lo positivo es que se detecte, que se actúe y que los culpables lo paguen cuanto antes”… “cuanta más luz y más transparencia haya en todos los contratos, subvenciones y ayudas, cuanta más transparencia tengan las actuaciones, va a ser mucho más difícil que se den casos de corrupción”…

Parole, parole, parole… porque en seguida nos preguntamos si en su anterior etapa como heredera de la más alta institución de Andalucía, además de serlo, también ejerció como presidenta; si, de igual forma, este tiempo atrás ha estado de invitada, de testigo o de mera observadora del devenir regional. Sus palabras evidencian que, o no se entera del habitual funcionamiento de la Administración Andaluza, o no le interesa admitir, para a continuación enmendar, los graves casos de corrupción, muchos ya judicializados, que se han perpetrado y aún hoy se siguen cometiendo.

Y es que habla y presume de transparencia en una administración donde son mayoría las Asistencias Técnicas, y otros muchos tipos de contratos, cuyas tareas pueden ser realizadas por el personal propio de la administración, sin sobrecoste alguno. ¿Por qué esa decidida apuesta de los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía -qué ocultos intereses los motivan- por la externalización, por el despilfarro y, en definitiva, por el saqueo de las arcas públicas, que es su consecuencia? ¿Por qué son siempre las mismas empresas y personas físicas las que, repetitivamente, figuran como beneficiarias de dichos contratos?

Y es que habla y presume de transparencia en las subvenciones y ayudas en una administración donde se evidencia -mientras se mira para otro lado- que el uso de las cuantías concedidas se utilizan para fines distintos de los que motivaron dicha concesión, lo que viene siendo norma habitual en la mayoría de consejerías y agencias de la Junta de Andalucía, entre las que destaca de forma especial la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y su administración paralela.

Y es que habla y presume de transparencia en las actuaciones en unos departamentos donde se niega el trabajo y también el acceso a la información a sus funcionarios; donde la propia gestión y las justificaciones de las ayudas públicas se verifican contra legem, no por personal funcionario, sino por personal contratado o interino, necesariamente menos instruido y, sobretodo, más maleable, como gustan a los Jefes al Servicio del poder político; donde a algún que otro responsable último de la verificación y control de la legalidad de los procesos se le costea un Master con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía, gastos de desplazamientos quincenales a Madrid incluidos. ¿Por fin se han descongelado las ayudas de Acción Social? En la citada consejería seguro que sí, siquiera parcialmente.

Ya que nunca se produjo, y aún sabedores de que puede convertirse en un enésimo intento, estéril y baldío, desde el Tercer Lado soñamos, ilusos y románticos nosotros, con que este momento de inicio de una nueva legislatura suponga un punto de inflexión que permita corregir y superar los “males” que históricamente asolan a la Administración de la Junta de Andalucía, donde, de verdad, se aplique la transparencia como un modo de funcionar y no como una moda; donde se apruebe de una vez por todas una ley reguladora del ejercicio de altos cargos, en el que la austeridad, los comportamientos ejemplares y la vocación de servicio público sean la norma, la continua exigencia y no la excepción.

Medidas todas ellas que, junto a otras que viene reclamando la ciudadanía, como la aprobación de una Ley del Estatuto Básico del Empleado Público delimitadora de las potestades administrativas, dificultarían y reducirían la podredumbre y la sangría de fondos públicos que supone la corrupción. Eliminarla es una quimera; combatirla, una necesidad.

La implantación de estas medidas no es más que un problema de voluntad. Y hasta ahora ésta no ha existido, ni siquiera a través del Acuerdo por Andalucía PSOE-A e IULV-CA en el que se contemplaba. Ha llegado la hora (ya vamos con enorme retraso) no solo de exigir la responsabilidad que corresponda a los gestores políticos que propicien actuaciones corruptas y a sus colaboradores necesarios, sino también a los que las hayan facilitado en el pasado.

En definitiva, doña Susana: llegado el caso, menos hablar y más actuar.

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Además de más justas, otras medidas son posibles

La grave crisis económica que afecta a todos los países “civilizados”, consecuencia del desplome del sistema financiero internacional, ha dado lugar a un interés desmesurado de los Gobiernos por controlar el déficit público, el gasto y, en definitiva, equilibrar las cuentas públicas.

En España, el Gobierno Central, mediante Acuerdos del Consejo de Ministros y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha revisado los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas Comunidades Autónomas, poniendo un límite de gasto a cada una de ellas. Para cumplir con este objetivo, la Comunidad Autónoma de Andalucía presentó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera un Plan Económico-Financiero de Reequilibrio para los años 2012-2014, que fue aprobado y que se ha materializado en el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Sin entrar en consideraciones de si la cantidad a recortar debiera ser mayor o menor, desde esta Asociación, entendiendo que el objetivo fundamental debe seguir siendo la defensa del servicio público en todos sus ámbitos, considerando el principio de solidaridad que debiera regir en las relaciones entre todos los trabajadores, entendiendo, igualmente, como trabajadores los Altos Cargos, queremos proponer algunas medidas que, a nuestro juicio, serían más equitativas y proporcionales que las recogidas en el citado Decreto-Ley 1/2012:

Gastos de Personal

1ª Eliminación de todas aquellas retribuciones que se abonan una vez destituido un Alto Cargo (complemento de alto cargo, pagas vitalicias, cesantías, etc.). Es un problema de justicia, moralidad y decencia ¿Acaso en tiempos de crisis, en los que cualquier despedido se encuentra con su parca y temporal prestación, puede mantenerse la vigencia de tal blindaje retributivo?

2ª Eliminación de las Relaciones de Puestos de Trabajo:

- Del 100% de los Subdirectores Generales y de los Coordinadores. Ya existen, como apoyo al Director, los Jefes de Servicio.

- Del 25 % de las Jefaturas de Servicio.

3ª Reducción, al menos en un tercio, de la estructura de Altos Cargos y de personal eventual. Es una realidad palmaria que sobra un elevado número de “profesionales” de la política.

4ª Disminución de las retribuciones del Presidente de la Junta de Andalucía, Consejeros, Viceconsejeros y personal asimilado, al menos en un 15%, Los políticos son los responsables de la crisis que padecemos, y ellos han de asumir los mayores recortes que la misma supongan.

5ª Eliminación de la práctica totalidad de la Administración Paralela y drástica supresión de las duplicidades de los entes públicos, equiparando las retribuciones de su personal, incluidos los directivos, al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. El ajuste deber ser ejemplar, sólo las entidades competitivas y de ventajosa eficacia probada en su prestación de servicios deben subsistir.

6ª Eliminación del complemento de productividad y asimilables a todo el personal que preste servicios en el ámbito del sector público de la Junta de Andalucía.

7ª Reducción de las horas extraordinarias, que se realizarán sólo para aquellas tareas y servicios imprescindibles, previo acuerdo motivado de su necesidad y urgencia por una Comisión formada por el Órgano Político, la Jefatura del Servicio y el Departamento correspondientes.

8ª Creación de retenes de trabajadores especiales para atender situaciones excepcionales en los distintos Departamentos, con carácter voluntario y con retribuciones superiores.

9ª Reducción en un 50% del número de liberados sindicales.

10ª Reducción a 8 del número de Consejerías. Suprimiendo además los puestos sin contenido que con la reciente, penosa, mentirosa y partidista reestructuración se mantienen.

11ª Reducción del absentismo. Para afrontar la solución, la primera medida sería publicar el que se produce en cada organismo, diferenciando cada tipo de incidencia que repercute en el mismo.

12ª Previo a la autorización por la Dirección General de Presupuestos de la contratación de personal a celebrar por los distintos entes de la Administración Autonómica Andaluza:

- obligatoriedad de informe positivo -disponibilidad económica, publicidad, idoneidad, etc.

- creación de un órgano de control y seguimiento: administración / sindicatos mesa sectorial.

13ª Movilidad funcional. Modificación RPT

- Redefinición de algunos puestos de nivel 25 en niveles 26 (posibilitaría la adscripción de los puestos de nivel 28 removidos y que fueran operativos en la estructuras). Esta creación de puestos iría con cargo a la supresión de puestos de Coordinador anteriormente planteada.

- Movilidad de todos los puestos de una Consejería, a excepción de Jefaturas de Servicio y Secciones, previa resolución de la Dirección General de la Función Publica, oídas las organizaciones sindicales (se eliminarían las bolsas de funcionarios que se forman consecuencia de la supresión de Organismos o ante la inactividad de Unidades Administrativas).

Gastos Corrientes, Subvenciones, Transferencias de Financiación, Capital y otros

1ª Eliminación y reducción de multitud de gastos corrientes absolutamente prescindibles.

2ª Limitación drástica de las ayudas, además de a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales y reconsideración de las subvenciones actuales, en cuanto no se dirijan a sectores productivos de riqueza. ¡Basta ya de utilizar las subvenciones como actividades políticas de propaganda, captoras de votos, o de clientelismo o amiguismo puro y duro! ¡Son cientos las empresas creadas al sólo efecto de percibir la mamandurria!

3ª Absoluta transparencia en las formas de empleo del dinero público, con un mayor control y exigencia de responsabilidad en los contratos públicos, especialmente de los contratos menores que han acabado convertidos en grietas del despilfarro por donde se pierde el dinero.

4ª Eliminación y prohibición de las asistencias técnicas contratadas con personas y empresas que multiplican el coste de las prestaciones si esa labor se realizara por funcionarios, siendo necesario para futuras contrataciones el informe positivo de un órgano de control -de nueva creación- (administración / sindicatos mesa sectorial) que recoja la necesidad de aquellas y siempre que las tareas encomendadas no puedan ser desempeñadas por funcionarios.

5ª Anulación de todos los gastos suntuarios y de representación incompatibles con la situación de crisis que se vive en este momento. Incluidos caprichos particularísimos y regalos -no estamos para dispendios-, por no hablar de facturas que se “cuelan” como dietas o con cargo a protocolo en días festivos o en las que aparecen menús infantiles. El café de los altos cargos, que lo tomen en casa o en el bar (como cualquier hijo de vecino) y, naturalmente -¡qué barbaridad que haya que aclararlo!- a cuenta de su peculio.

6ª Suspensión del uso y disfrute de “coches oficiales” -sólo para viajes con motivos institucionales-. Disponer de una flota de vehículos de incidencias, en lugar de uno por cargo.

7ª Restricción general de las llamadas de fijo a móvil -previo control, reducción del número y restricción de los móviles corporativos-. Y supresión de los “kits de bienvenida” de altos cargos.

8ª Supresión inmediata del Acuerdo que establece la concesión de indemnización específica por gastos de vivienda y alojamiento y del Decreto de indemnización por traslado y pagos de alquiler a altos cargos. Cuando, además, se generan gastos por desplazamientos de estos a su localidad de origen: dietas de conductores, gastos de gasolina, etc.

9ª Rapidez en la toma de decisiones. Incluida la reubicación del personal afectado por la citada reestructuración de Consejerías. Las ineficiencias producen más gasto.

10ª Reversión inmediata a los funcionarios de las competencias y funciones usurpadas que legalmente les corresponde. El mantenimiento de una Administración sobredimensionada supone despilfarro. Y este es inaceptable cuando se piden sacrificios.

Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público

- Definición y enumeración, con carácter básico y de modo exhaustivo y preciso, de aquellas funciones y tareas que, por implicar la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos; asimismo, enumeración de las funciones que, con carácter excepcional puedan ser ejercidas por el personal laboral de las mismas.

Evidentemente, en estas medidas no se recogen todas las que debieran ser ni son todas las que debieran estar, por lo que apelamos al espíritu constructivo de todos los empleados públicos para que pongan de manifiesto las aportaciones oportunas al respecto.

Con ellas, El Tercer Lado proclama que las retribuciones de los empleados públicos se pueden mantener, que existen otros conceptos y partidas absolutamente prescindibles donde recortar, en la mayoría de los casos de forma definitiva, en algunos otros de forma provisional hasta que se produzca -¡ojalá más pronto que tarde!- una reversión de la situación económica, y ello sin merma en la calidad de los servicios públicos.

Todo ello sin olvidar que la ética y la profesionalidad han de estar siempre presente en el desempeño del servicio público, tanto a nivel de dirigente como de prestador del mismo. La exigencia de responsabilidades por su defectuoso desempeño, incluso penales, debiera convertirse en una reivindicación colectiva, también nuestra.

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Desvergüenza: recortes y despilfarro

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado viernes día 22 de junio publicaba el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. De su aprobación hay un único y exclusivo responsable: el Gobierno Andaluz. Además, las medidas aprobadas recogidas en el citado Decreto-Ley podrían haber sido más equitativas y proporcionales -motivo de nuestro próximo editorial- y debieran haberse tomado hace tiempo atendiendo a la situación de extrema gravedad que padece nuestra Comunidad Autónoma.

En relación con los recortes de derechos aprobados, El Tercer Lado quiere hablar hoy de despilfarro. Para vergüenza propia y ajena quiere dar a conocer someramente, que queda mucho, la nómina de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que con la aprobación de la Ley de reordenación del sector público de Andalucía se integró en la Agencia de Régimen Especial Servicio Andaluz de Empleo, con efectos de 3 de mayo de 2011.

Antes de pasar a su análisis y como apunte previo, tres observaciones: 1ª) La cúpula y la mayoría de directivos de la extinta FAFFE fueron despedidos e indemnizados en el verano del pasado año 2011. Desde entonces no ha habido más despidos. 2ª) A continuación, en un segundo escalón se encontraban los mandos superiores, los cuales tenían asumido su previsto despido para, como muy tarde, el otoño del pasado año 2011. 3ª) Desde su integración en el Servicio Andaluz de Empleo, los contratos vinculados a programas que han ido finalizando no han sido ejecutados.

La nómina de la FAFFE, además de una desvergüenza, es un auténtico despilfarro, donde:

- Se recogen salarios netos mensuales por encima de los 3.200 euros (por ejemplo, Marcial Cañadilla Gómez y Aurelio Crespo Mérida, antiguos directores de FAFFE que desde hace muchos años mantienen sueldos de Director sin las correspondientes responsabilidades del cargo, o Antonio Torres García, paseante y ex alcalde de Lebrija, con sueldo de Director aunque nunca haya ejercido como tal, o Anna Vals Roc, nombrada liquidadora de la fundación, y que meses después de su liquidación sigue cobrando como si continuara vigente, etc.).

- El sueldo neto mensual de los “mantenidos” mandos superiores (un total de 55) se sitúa entre los 2.200 y 2.800 euros. Para entenderlo baste saber que se trata de personas con una filiación y cercanía determinadas (por ejemplo, ex gerentes -Granada y Sevilla-, subdirectoras, sobrino de ex consejero de Gobernación, esposas de ex Directores Generales, asesor de Gabinete electoral de candidato socialista, etc., etc., etc.).

- El sueldo neto mensual de los mandos intermedios supera, en todos los casos, los 1.800 euros (Con honrosas excepciones, que las hay, la mayoría lo son gracias a determinados “apoyos”, que no por su formación y aptitudes profesionales).

- Pero lo mejor son los “complementos” y “sobresueldos” -de 1.000 euros en muchos casos- que tienen asignados, por mandato del cargo político de turno, un elevado número de personal que con la categoría de “técnico” o de inferior categoría, sin más trabajo que poner la mano a fin de mes, llega a cobrar un sueldo neto mensual superior a los 2.000 euros. Hablamos de ex alcaldes (Montellano, Coria del Río); ex concejales (Guadix, Adamuz, Palma del Río, Aguilar de la Frontera); ex miembros de distintas ejecutivas provinciales del PSOE y la UGT, y de toda la parentela -hijos, hermanos, sobrinos, primos, cuñados y conocidos- de la alta alcurnia psoeística, cuya relación próximamente publicaremos junto a sus respectivos padrinos. En este apartado incluimos el personal que bajo una cesión ilegal de trabajadores han estado prestando servicios en el Gabinete del ex Consejero de Empleo y otros, que mantienen las mismas retribuciones que tenían anteriormente. Estos “complementos” y “sobresueldos” claro está que no se recogen en sus contratos.

- La plantilla actual en nómina de la extinta FAFFE asciende aproximadamente a 1.200 personas. El personal fijo de “estructura” no supera los 350 (para comprender el porqué de esta diferencia y el que no se haya ejecutado ningún contrato finalizado vinculado a programas, baste saber que en la mayoría de sus titulares existe una relación afectiva y familiar, paterno/materno/filial, con jefes/as de servicio, coordinadores/as, directores/as generales, consejeros/as, etc., cuando no con representativos dirigentes sindicales y políticos).

Necesariamente surgen las preguntas: ¿La nómina de la FAFFE que se contabiliza mensualmente por la Intervención, se fiscaliza con documentación adjunta o sin ella? En cualquier caso, ¿de quién es la responsabilidad de que haya infinidad de personas embolsándose “complementos” o “sobresueldos” al margen de los contratos? Si el personal de la FAFFE no está integrado -que no lo está-, ¿cómo es que se incumple lo recogido en el Convenio de aplicación? ¿Aparecerá algún responsable o, como siempre, se continuará mirando para otro lado? ¿Ni siquiera la Intervención General ha tenido jamás conocimiento de estos hechos? ¿Para qué está entonces?

Si con motivo de distintas resoluciones judiciales, la integración del personal de la FAFFE no se ha podido llevar a efecto, no pudiendo ejercer funciones que supongan ejercicio de potestades administrativas -estando la mayoría a verlas venir-: ¿Cuánto cuesta mantener los puestos de los mandos superiores absolutamente innecesarios? ¿Cuánto cuestan los sueldos del personal cuyos contratos han finalizado y no han sido despedidos? ¿Cuánto cuesta la no adecuación de los exagerados sueldos a la responsabilidad actual? ¿A esta situación se ha llegado a través de decisiones irresponsables o ha sido por falta de decisión? Con seguridad no lo sabemos, pero nos tememos que, si hay algún responsable, que naturalmente lo hay, será… “el Gobierno de España”.

Lo que sí es cierto que ha habido, y continúa habiéndolo, es un absoluto despilfarro. Y éste, en el caso de la FAFFE (sólo desde la aprobación del Decreto-Ley 5/2010) se puede cuantificar en varias decenas de millones de euros -más de 50-, que se habría ahorrado la Comunidad Autónoma simplemente tomando las decisiones adecuadas y no demorando su aplicación.

Extrapolando este oprobio de la extinta FAFFE, a todas las fundaciones y empresas públicas que se han integrado en las distintas Agencias creadas a raíz de la aprobación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía, y al resto de entes instrumentales de la Administración Autónoma Andaluza, afirmamos rotundamente que el despilfarro en gastos de personal, sólo en los dos últimos años, supera con creces el recorte efectuado a los derechos de los empleados públicos a través del Decreto-Ley 1/2012.

El Tercer Lado, una vez más, rechaza y denuncia el despilfarro público. Basándose en él se piden sacrificios por quienes son los únicos responsables de una Administración pública que dedica el triple de recursos a pagar nóminas que a prestar servicios básicos. Dirigentes que, saltándose a la torera sus promesas electorales, imponen el sacrificio a los de siempre. Dirigentes que no deberían demorar la toma de decisiones necesarias y urgentes, y asumir la responsabilidad de los despidos que ya debieran haberse producido. Su obligación pasa por gestionar los escasos recursos públicos con austeridad y, además, hacerlo bien.

Los empleados públicos somos trabajadores de la Administración, no somos Administración. Somos tan trabajadores por cuenta ajena como los del sector privado. ¿Por qué tenemos que pagar por los errores y desmanes de los políticos? ¿Por qué tenemos que sufrir los recortes provocados por el nepotismo y el partidismo en la Junta de Andalucía? ¿Por qué el rescate financiero no puede ir a los hombros de los trabajadores y los recortes del des-gobierno andaluz sí? ¿Por qué las líneas cambian de color según el gobierno que las traspase? En todo caso, siguen con el chocolate del loro.

En Andalucía es verdad que hay mucho empleo público pero no muchos empleados públicos. Lo que sobra es un elevado número de personas dedicadas exclusivamente a la política a la que han convertido en su profesión, que sólo viven de ella, cobrando con cargo al presupuesto de la Comunidad. Lo que sobran son los dirigentes políticos responsables de la actual situación. Lo que sobra es una estructura insostenible, creada de modo arbitrario y con fines espurios, que necesariamente tiene que desaparecer para mantener en la medida de lo posible el Estado del Bienestar. Su mantenimiento en estos tiempos críticos supone un auténtico despilfarro que no hay presupuesto público ni deuda pública que lo resista.

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