El apoyo de los compañeros de Castilla y León

Parece que no estamos solos. Hoy, Cristina, una compañera funcionaria de la Junta de Castilla y León, nos ha hecho llegar sus impresiones.

En todos lados cuecen habas y entre todos haremos mejor las cosas. Al menos allí, como Cristina comenta, “los grandes sindicatos ya están empezando a mover sus hilos y a movilizar a sus masas”, aunque tal reflexión sólo indique puro sectarismo por parte de los protagonistas. Allí, sí y aquí no; depende del color del cristal con que se mire o, mejor, del importe de la subvención que se reciba. ¡Claro que estaremos en contacto!

Buenos días,

Mi nombre es Cristina y soy una compañera funcionaria “no enchufada” de la Junta de Castilla y León y lo primero que quería deciros es que sepáis que aquí tenéis gente que os apoya con todo lo que está pasando con el Decretazo, que ya es Ley parlamentaria ¿no?. Y también quería consultaros algo:

Desde hace unos 7 años aquí en Castilla y León estamos intentando sacar hacia delante una asociación de funcionarios que se llama FAUXAD: nuestro blog es: http://fauxad.blogspot.com/, no somos muchos, pero esperamos que la cosa vaya creciendo. El caso es que siempre que presentamos los estatutos para constituir la asociación nos los echan para atrás y quería preguntaros ¿a vosotros os pasó lo mismo?¿podéis darnos algún consejillo?.

Aparte de esto, nosotros estamos haciendo cosas por nuestra cuenta, y habíamos pensado en sumarnos a la campaña del lazo naranja, nos pareció una idea estupendísima y muy sencilla de hacer, porque aquí en Castilla y León mover una montaña es más fácil que movilizar a la gente. Y quería no estar equivocada, que luego los malentendidos juegan muy malas pasadas, ¿significa de verdad “no soy un enchufado del PSOE”? porque aquí lo trasladaríamos con el lema: “no soy un enchufado”, independientemente de partidos políticos, sindicatos, empresas públicas o lo que sea que gobierne en cada comunidad, básicamente que somos funcionarios de carrera, por oposición en base a los criterios de igualdad, mérito y capacidad. ¿Os parece buena idea que nos sumemos a esto?

Porque en Castilla y León está pasando exactamente lo mismo que en Andalucía, sólo que el color reinante aquí es el del PP, y ya estamos hartos igual que vosotros, no tenemos decretazo todavía, pero los grandes sindicatos ya están empezando a mover sus hilos y a movilizar a sus masas. Es como una inundación silenciosa, no estamos con el agua al cuello, pero tenemos los pies mojados, los enchufados de empresas públicas han ocupado posiciones y estamos contra la pared. Como pequeña anécdota os contaré que una “bendecida” pasó de una gran empresa que realiza asistencias técnicas para la administración (como si no hubiera funcionarios técnicos suficientes) a la administración pública por el artículo “33” y le respetaron las vacaciones que no había disfrutado en la privada!!! Esto es de locura.

En fin, no me enrollo más, reiteraros nuestro más sincero apoyo, y me gustaría que estuviésemos en contacto, por si en algún momento pudiéramos llegar a aunar causas.

Un saludo y muchísimo ánimo.

Cristina.

Las opiniones difundidas son de la exclusiva responsabilidad de sus autores

Crónica de un desamparo: Andalucía para mí, mi familia y mis amiguetes

"Si se metió en un callejón sin salida, no sea tonto, salga por donde entró”. Así concluía nuestro compañero el excelente trabajo “Reflexiones sobre el plan de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía – Informe Escribano”, donde, además, se recogen suficientes motivos que lo invalidan. Creemos, por ello, que esa es la mejor y la única salida que pueden tener el Decreto-Ley 5/2010, el 6/2010 y el proyecto de ley de “reordenación”.

Los empleados públicos no somos el problema, sí lo son la duplicidad de organismos, de funciones… la “administración paralela”, en una palabra. Nada hemos tenido que ver en la creación de ese monstruo; al contrario hemos sufrido y estamos sufriendo las consecuencias de tanto nepotismo, de tanta ineptitud, de tanta incompetencia.

Ya está bien de mirar siempre afuera. Los empleados públicos somos un colectivo bien formado, suficientemente capacitado, muy experimentado e independiente. Y es por ello por lo que queremos sentirnos útiles. Nunca nos hemos conformado con la estabilidad en el empleo y el sueldo y siempre hemos aspirado –hoy con más ahínco- a ofrecer una mejor prestación del servicio público y, para ello, es preciso que ésta se realice en las mejores condiciones técnicas, materiales y profesionales posibles y con el necesario apoyo de una legislación en materia de función pública ayuna de muchas mejoras para dignificar la carrera del empleado público.

Durante años nos han vaciado de competencias, encomendándolas al personal externo. Hoy exigimos recuperar las funciones que nos fueron usurpadas, queremos recuperar la ilusión, la motivación y el espíritu de trabajo. Sin embargo, nos ponen de pantalla a “esos” externos que están haciendo las funciones que siempre hemos hecho nosotros. Nos quieren enfrentar.

Los trabajadores de los entes instrumentales no son nuestros enemigos, no son responsables de la situación. La mayoría ejerce su función con rigor y responsabilidad. No tenemos ninguna duda. Tampoco son el problema. Pero es cierto que el acceso a la condición de empleado público debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, conforme a los artículos 14 y 23.2, en relación con el 103, de la Constitución Española. Y sólo conforme a ellos deberían ofertarse esas plazas. Es cierto que no han tenido la oportunidad de consolidar sus puestos y eso es lo que deberían exigir a los responsables del desaguisado. ¡Sólo con la antigüedad y experiencia acreditadas, la mayoría tendrían sus puestos asegurados... ! ¡Y no le deberían nada a nadie!

Todos sabemos quiénes son los culpables, y tienen nombres: los actuales dirigentes políticos de la Administración andaluza que, con la “reordenación”, no buscan defender los derechos de los trabajadores de los entes instrumentales, sino que lo único que pretenden, temiendo la debacle electoral que pronostican los sondeos, es asegurarse su futuro, el de ellos –ex altos cargos, eventuales, sindicalistas, etc.- y el de los suyos –familiares, afines política y sindicalmente, y demás allegados-. Si esto no fuera así, ¿por qué esa obsesión por contratar desaforadamente? ¿A cuento de qué, y a lo sumo, sólo los puestos directivos de las nuevas Agencias que impliquen el ejercicio de potestades públicas serán ocupados por funcionarios de carrera? ¿Y el resto? ¿Cuantos puestos innecesarios se van a volver a crear para dar cobijo a tamaña desvergüenza? ¿Dónde dejan el pregonado ahorro?

Tampoco, al contrario de lo que propagan, están diseñando la Administración de los próximos 30 años. En realidad, lo que están es hipotecando el futuro de Andalucía, de nuestros hijos y de hasta nuestros nietos, probablemente para más allá de los próximos seis lustros.

Tampoco buscan el ahorro, que supone la eficacia y eficiencia en la gestión. Además del blanqueo de empleo negro y del blindaje de sus puestos, lo que buscan desvergonzadamente es seguir saltándose los controles legales y reglamentarios a que están sometidos los órganos de la Administración Pública. En una palabra, quieren seguir disponiendo de los “fondos de reptiles, o de anfibios”, como hasta ahora y, para conseguirlo, se convierten en sujetos peligrosos, en una “especie” destructiva que obvia o desecha a los órganos fiscalizadores, aniquilando de ese modo a los únicos garantes de la legalidad, la imparcialidad y la objetividad y fomentando la ausencia de regulación de los procedimientos de concurrencia competitiva en la concesión de ayudas para usar la subvención excepcional de forma ilegal, como ha denunciado la Cámara de Cuentas, para, de ese modo, eternizar el reparto del dinero público entre sus allegados, sin ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de concurrir. A modo de ejemplo, y como se apunta en algunos medios, ¿pudieran convertirse en empleados públicos al grupo de trabajadores de FAFFE, o de Empleo, nativos -¡qué casualidad!- de El Pedroso? Llegado el caso, ¿pudiera entenderse que existe alguna relación con los responsables de la trama de los E.R.E.?

Queda claro, pues, que los empleados públicos, cuando nos manifestamos, lo hacemos contra una norma que vulnera nuestros derechos. No buscamos manifestar hostilidad alguna contra el gobierno andaluz y tampoco estamos, necesariamente, en una posición política contraria; lo hacemos desde todos los enfoques políticos y sindicales posibles.

Tampoco buscamos desgastar al gobierno de la Comunidad que, para ello, se basta y se sobra él solito. Lisa y llanamente, defendemos nuestra dignidad. El desgaste que dicen sufrir es un problema que tienen dentro, sin solución posible, que se llama ineptitud e incompetencia manifiesta para gestionar la crisis económica y resolver los problemas que afectan a todos los andaluces.

Son tan ignorantes, tan inútiles, que han conseguido con suma facilidad algo tremendamente arduo de alcanzar: la unión del colectivo de empleados públicos. Esa unión y movilización no es debida a intereses ocultos como proclaman; al contrario, sólo han florecido gracias a sus decisiones arbitrarias, interesadas y partidistas. Sin ellas, la respuesta conjunta, unánime y contundente –concentraciones, manifestaciones- no hubiera sido posible.

Y porque “todos unidos” lo conseguiremos, tenemos claro que seguiremos luchando contra las injusticias que vulneren nuestros derechos y en defensa de nuestra dignidad. Y para ello continuaremos denunciando públicamente –ahora parece que sí tienen repercusión- todo acto alegal y arbitrario; en nuestras concentraciones y manifestaciones seguiremos con nuestros eslóganes: “por unos servicios públicos de calidad, no a la privatización, no al enchufismo”; seguiremos utilizando nuestros “silbatos, bombos, vuvuzelas y camisetas”; seguiremos insistiendo con nuestros estribillos que “la actual Junta es su cortijo y que con él se derrumba no sólo la nave de aperos, sino todos sus privilegios por tanto tiempo acumulados” y dejaremos claro, una vez más, que la realidad la distorsionan quienes se preocupan sólo de su propio interés particular y no del general, aún yendo contra los ideales centenarios de la formación que los cobija.

Quizás por ello, con añoranza, algunos todavía recuerdan que hubo un tiempo en que las personas que integraban el PSOE e IU, que hoy apoyan el proyecto de ley de “reordenación”, eran admiradas por su honradez y determinación, plantando cara a las injusticias. Eran otros tiempos, también otros los nombres. Hoy hacen frente a las injusticias promovidas desde el poder, acordando con éste, o desde éste, otras “soluciones” igualmente injustas.

Los empleados públicos sabemos lo que está en juego y por ello, pese a todo, vamos a conseguir, más pronto que tarde, la derogación de los decretos-leyes 5 y 6/2010, de la Ley de “reordenación” y de toda la batería de medidas que se les ocurra a los que, velando únicamente por sus particulares intereses –“¡Currito, dale al botoncito!”- las van a aprobar el próximo día 16, eso sí, y que quede claro, de manera provisional. Tiempo al tiempo porque... ahí vamos a estar.

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16 DE FEBRERO: MOVILIZACIONES EN TODA ANDALUCÍA CONVOCADAS POR SINDICATOS, PLATAFORMAS Y ASOCIACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS

EL 16 DE FEBRERO SE APROBARÁ LA LEY QUE DESTRUIRÁ EL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ Y TENEMOS QUE ACUDIR DE RIGUROSO LUTO A ESTE ENTIERRO Y CON UNA VELA.

LA FAMILIA DE SEVILLA acudirá al Parlamento-Velorio desde los puestos de trabajo cuando termine la jornada

DE LA FAMILIA DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN Y MÁLAGA, unos acudirán al velorio desde la mañana; otros irán llegando a lo largo de la tarde. El resto se quedará en sus ciudades, guardando también luto. Y estaremos, sin duda, juntos en la distancia.

Puntos de velorios simultáneos y legalizados:

Almería: Acto: Concentración – Manifestación: Hora de Inicio: 17 horas

Lugar: Delegación del Gobierno. ( Paseo de Almería) Después habrá una marcha hasta La Plaza de las Velas , terminando el acto a las 19 horas.

Cádiz: 17 horas concentración en la Plaza de España, con posterior manifestación hasta la Plaza de S. Antonio, hasta las 19 horas.

Córdoba: Concentración en la Delegación del Gobierno, C/ San Felipe 5, de 17 a 18:30 horas.

Granada: Concentración en la Delegación del Gobierno, en Gran Vía de Colón (Edificio de la Normal ), de 17 a 18:30 horas

Huelva: concentración a las 17 horas en la Delegación del Gobierno,

C/ Sanlucar de Barrameda, con una duración aproximada de 60 minutos.
Jaén: concentración de 17 a 18:30 horas en la Plaza de la Batallas, Delegación del Gobierno.

Málaga: concentración de 17 a 18:00 horas en la Alameda Principal 18, Delegación del Gobierno

EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, donde se estará debatiendo y votando,

A LO LARGO DE LA TARDE, DISTINTAS ORGANIZACIONES CONVOCANTES NOS DIRIGIRÁN UNAS PALABRAS, PERO TODO SE IRÁ ORIENTANDO A LA HORA CLAVE, LA HORA DEL ENTIERRO, LAS 19.00 HORAS...

EN ESE MOMENTO, TODOS NOS QUEDAREMOS EN SILENCIO, ENCENDEREMOS NUESTRAS VELAS Y COMENZAREMOS NUESTRO CORTEJO FÚNEBRE DE UN LADO A OTRO DEL PARLAMENTO, RECITANDO CON AYUDA DE LA MEGAFONÍA NUESTRO RECITAL FÚNEBRE...

PERO... ¡¡¡NO VAMOS A CONSENTIR QUE ENTIERREN AL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ!!! ¡¡AL SERVICIO PÚBLICO!!! ¡¡A LA FUNCIÓN PÚBLICA!!! ¡¡¡NOOOOO!!!

ASÍ ES QUE DESPUÉS DE UNA MEDIA HORA DE ENTIERRO, NOS RASGAREMOS NUESTRAS NEGRAS VESTIDURAS (recomendamos bolsas negras de plástico) Y APARECERÁN NUESTRAS CAMISETAS MULTICOLORES, símbolo de que la Administración Pública sobrevivirá con las movilizaciones (al son de la canción "SOBREVIVIRÉ" -Mónica Naranjo)

PARA FINALIZAR EL ACTO GRITAREMOS QUE SEGUIREMOS EN LA LUCHA Y EN LAS MOVILIZACIONES EN CONTRA DE LOS DERECTOS, LA LEY Y LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LA MISMA.

Y, COMO NO, CANTAREMOS NUESTRO HIMNO

...Y, PARA QUE SE ENTERE TODA LA CIUDADANÍA, DEJAREMOS UNA VELITA ENCENDIDA EN LA ACERA AL MARCHARNOS....

¡¡¡NO OLVIDES TU VELA
PARA QUE NO SE OLVIDE NUESTRA LUCHA!!

También se ha lanzado la propuesta, a través de los foros, de llevar reptiles de plástico y lanzarlos al final tras la vallas del Parlamento.

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Un susurro al oído de los andaluces: mentiras y gordas

Proclaman que con la “reordenación” del sector público andaluz se persigue una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Y, entre otros, lo afirma, sin sonrojarse, la Consejera de Hacienda y Administración Pública, cuyos órganos adscritos no ofrecen, precisamente, ese ejemplo de eficacia y eficiencia que proclama su titular; donde, o no se controla el gasto, o no interesa controlarlo o, cuando se hacen los controles, resultan absolutamente lights. El informe anual de la Intervención General –órgano político, obediente y dócil, faltaría más...-, no se poda... directamente se tala. Del grado de ejecución del Presupuesto ni hablamos. De las ilegales y vergonzantes autorizaciones de prórrogas y nuevas contrataciones pergeñadas por los entes instrumentales, mejor no decir nada. ¡Si no saben ni el número de trabajadores que prestan servicios en el sector público, ni las cargas de trabajo de las unidades administrativas y entes afectados, algo básico para acometer cualquier tipo de “reordenación”... !

Bla, bla, bla... proclaman que con la “reordenación” se busca mejorar los servicios públicos con un menor coste; apuntalar la sostenibilidad de las finanzas públicas; luchar contra la crisis y amortizar puestos directivos, con un motivo fundamental: la lucha contra la crisis y el ahorro... Pues bien, todo mentira. ¿Qué ahorro puede obtenerse si de los 182 puestos directivos que se suprimen ninguno de ellos saldrá de las nóminas de la Junta, sólo cambiarán de sitio?. ¿De qué ahorro hablan si no se van a producir despidos?. ¿Qué ahorro ofrecen si no eliminan y reducen las funciones y gastos de los entes instrumentales que son deficitarios, además de innecesarios la mayoría? ¡Si hasta el Observatorio Económico de Andalucía ha reconocido que en la Administración existe un “sobrepeso” de lo público, especialmente en términos de empleo, y ha expedido, además, unas recetas, bastante amargas por cierto... ! Pero ni quieren, ni les importa y tampoco les interesa. Están hipotecando el futuro de Andalucía, y lo saben. Con la “reordenación” planteada –a estas alturas está manifiestamente claro- tienen un objetivo y sólo uno: blindar los puestos de ellos y de los suyos.

Bla, bla, bla... proclaman que la “reordenación” es signo de transparencia... que la voluntad de diálogo ha imperado desde el primer momento... con garantía plena de los derechos adquiridos... y también que era “urgente”... Tanto que la llevaron al BOJA durante las vacaciones estivales, sin ningún tipo de negociación, por imposición, con un absoluto oscurantismo y, además, para darnos facilidades, mediante Decreto-Ley. Y por eso -porque como empleados públicos entendemos que el sector público andaluz necesita de una profunda transformación, aunque no la propuesta; porque pedimos que se empiece de cero; porque nos manifestamos en defensa de nuestros derechos y porque “no tragamos”- se permiten llamarnos de todo. De todo, todo... ¡oigan!. Y, lo que es más lamentable, los que nos difaman -no ofende quien quiere...- son un sector más o menos numeroso de nuestros servidores públicos, representantes de los poderes ejecutivo y legislativo en Andalucía. Y, estos, hace tiempo que mostraron su ineptitud, su incompetencia, su absoluta falta de escrúpulos y de vergüenza. Oportunistas que, a no tardar mucho -con mucho talante, eso sí- y por la espalda, empezarán a darse de puñaladas para seguir comiendo de una olla que cada vez se hace más pequeña. Eso si no deciden buscar otra más grande... que “listos” sí que son.

Bla, bla, bla... proclaman -don José Antonio Griñán dixit- que “la soberanía expresada en el Parlamento Andaluz” será la que determine cual es el mejor “sistema” para configurar y establecer la futura Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Pero –¿cabe mayor cinismo?-, ¿mejor para quién? A estas alturas, con su aprobación, nadie duda que se dará carta de legalidad al nepotismo instalado en la Junta de Andalucía, que lo único que se pretende es el blindaje de los puestos de ellos y de los suyos y que supondrá la legalización de una injusticia en la que perdemos todos: empleados públicos, opositores y ciudadanía en general.

El animus laedendi es evidente: desmontar lo público ultrajando los derechos de los únicos garantes de la imparcialidad. Sólo pretenden servilismo y sumisión extremos, a saber: “hoy te contrato a ti porque me caes bien, mañana ya veremos... ”; “hoy eres de los míos en el partido/sindicato y si no vas y me votas, ya sabes... ”; “hoy solicito ejercer el derecho de pernada... ”. Quieren recuperar las cesantías para seguir instalados en su paraíso.

Pues a pesar de todo ello, El Tercer Lado proclama a los cuatro vientos que todavía tenemos fe, que todavía creemos en esos políticos honestos que actúan por vocación de servicio público, que se rigen por ideales, que aportan lo mejor de sí mismos sin ningún tipo de interés personal ni económico. En ellos, que sirven y no se sirven, confiamos.

Y tú, empleado público, debes saber que importas y que, con tu acción, puedes contribuir a regenerar el sistema; eso sí, sin medias tintas, que a dos bandas no se puede tocar en este asunto.

Todo ello pasa por la derogación de los decretos-leyes 5 y 6/2010 y la retirada del proyecto de ley de “reordenación”. Ahí vamos a estar.

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El patio de mi casa es muy particular: cuando llueve NO se moja

Cabe preguntarse, a la vista de la situación actual del patio: ¿no se enteran o no quieren reaccionar?, ¿tendremos que plantearnos su incapacitación o, incluso, aunque la economía no admita más dislates, conseguirles una paguita de la Seguridad Social?

A los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía, las críticas les resbalan. Son tan incompetentes que sólo saben imponer normas, incapaces de argumentarlas. Durante años, buscando dulcificar los controles de legalidad de sus actos y pasando de los empleados públicos, han creado un monstruo -la “Administración paralela”- donde hacinar los excedentes de la política: ex altos cargos, pseudosindicalistas, compañeros “del Partido”, familiares y afines.

Con la “reordenación” del sector público andaluz, dadas su falta de competencia y de esfuerzo para superar los procedimientos reglados de concurrencia competitiva, nuestros dirigentes sólo buscan asegurarse su futuro y el de los suyos. Tienen asumido que Andalucía es un cortijo y ellos los manijeros que pretenden seguir imponiendo decisiones arbitrarias y partidistas.

Muestra de que esto es así, y que sólo se preocupan de sí mismos y de los suyos, es el reciente nombramiento del nuevo Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta, Rafael Blanco Perea, premiado con la reubicación, tras su “renuncia” a enfrentarse en primarias al candidato oficial “del Partido” a la alcaldía de Córdoba.

Pero el ejemplo más vergonzante se produce, a diario, en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, donde se autoriza todo, todo y todo, a pesar de la opinión contraria o del informe desfavorable de los funcionarios responsables. Da igual que se trate de una ilegalidad o no. Basta que la solicitud venga apadrinada por “alguien de arriba”.

En tal sentido, con la aprobación de dicha Consejería, de forma irregular, ilegal -¿e ilícita?-, ¿pudiera ser que se estén promoviendo traspasos de personal externo, de unos entes instrumentales a otros? ¿de DAPSA a EXTENDA, acaso? ¿algunos otros, quizá… ?

¿Por qué se continúan autorizando ilegalmente prórrogas de contratos de obras y servicios y de otros tipos, así como nuevas contrataciones? Esto sólo se entiende si los que mandan ahora también quieren encajar a los suyos. ¿Qué buscan? Lo mismo de siempre, el blindaje de esos puestos una vez se integren en las Agencias.

Especialmente sangrante es el caso de la FAFFE. ¿Tendrá algo que ver la originaria relación con dicha Fundación de la actual Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo?

En alguna otra fundación, dependiente de Igualdad, los nuevos contratos se materializan en base a los “extraordinarios” currículos que, sin publicidad, aportan los “bien informados” aspirantes, hijos/as, sobrinos/as y demás afines de dirigentes “del Partido”, sindicatos y cargos de la propia Consejería. Es de suponer que si ocurre en este caso, sucederá lo mismo en todos los entes instrumentales y, por añadidura, en todas las Consejerías.

De una vez y para siempre, hemos de dignificar la condición de empleado público denunciando todas las decisiones arbitrarias que vulneren la legalidad. Plantemos cara a quienes sólo buscan su interés, a estos pancistas que sólo se preocupan de sí mismos y de los suyos. No podemos seguir mirando para otro lado, tenemos que hacer frente a los que, con sus decisiones, de forma partidista, vulneran la legalidad establecida. No hacerlo significaría convertirnos en cómplices, compinches por resignación y dejación, de algo que buscan denodadamente, cual carroñeros: acabar con los únicos garantes de la legalidad, esa especie en extinción que conforman los funcionarios.

En defensa de nuestra dignidad y de nuestra Comunidad, gritemos alto y claro: ¡Andalucía, de los andaluces!

Todo ello pasa por la derogación de los decretos-leyes 5 y 6/2010 y la retirada del proyecto de ley de “reordenación”. Ahí vamos a estar.

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Mensaje en una botella: Aguayo, cuéntame un cuento

Con la “reordenación” del sector público andaluz lo que se intenta es legalizar situaciones irregulares. Pretenden que las potestades administrativas sean ejercidas por personas dependientes, sumisas y en defensa de un interés propio. Convierten directamente en Administración Pública a fundaciones, consorcios y empresas mercantiles, cuyos directivos pasarán a ser altos cargos o jefes de las Agencias creadas, produciendo una consecuencia inmediata y no menos deseada: la adquisición, al igual que todo su personal, de la condición de empleado público. Este hecho que conculca los principios de acceso a la Función Pública de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, conforme al artículo 23.2 de la Constitución Española, vuelve a reafirmar, para estos dirigentes, que el fin justifica los medios.

Calificando esta actitud de inmoral e irresponsable, quizás nos quedemos cortos. No es más que una nueva prueba de anteponer el interés propio al interés general. Nada les importa: ni los ciudadanos, ni los ideales de la formación que los acoge. Solo se quieren a sí mismos.

¿Y cómo se regulará después de la integración? Pues los Estatutos de las Agencias recogerán como requisitos de acceso el de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Sí, exactamente, hablamos de los mismos principios constitucionales que ahora no se quieren respetar. ¿Cuántos ciudadanos han tenido conocimiento previo de las contrataciones de personal que se han hecho en las empresas y fundaciones públicas, y con qué méritos, y si los “elegidos” contaban siquiera con la titulación necesaria? Falta transparencia y sobra oscurantismo.

En conclusión el “decretazo” es un coladero se mire por donde se mire. ¿Quién manipula entonces? ¿A quién quieren engañar? Dicho de otra manera: una vez que los privilegiados adquieran estabilidad, se cierra la puerta y se establece condiciones restrictivas y limitativas para el futuro acceso, para los opositores.

Y esto del blindaje no lo decimos nosotros, que “estamos mal informados y manipulados”, lo dice Mario Jiménez, portavoz del PSOE-A en el Parlamento Andaluz: “tenemos que defender a todos los trabajadores que están en la administración, tengan la condición de funcionario o no”. Lo asegura también Pedro Vaquero, portavoz adjunto de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, al proponer la agrupación de las empresas públicas en un único tipo de agencia que se rija por el Derecho Administrativo y asegurando la integración de los distintos empleados públicos para evitar que haya despidos. Todo ello, además, bendecido y certificado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos “de clase”, UGT y CC.OO, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno, del 7 de diciembre de 2010 (BOJA nº 251 del día 27), por el que todos los trabajadores de las Agencias pasan a considerarse “empleados públicos”.

Pues a pesar de todo ello, todavía “insiste” la Sra. Martínez Aguayo, titular de “la cosa”: “nadie cambiará su situación porque se funden dos empresas, simplemente no se va a echar a nadie”. Y es que se ha contradicho tanto, ha dado tantas vueltas, que ya ni lee lo que firma o, lo que es peor, no lo entiende. Alguien le debería explicar que ella misma, de su puño y letra, firmó un Acuerdo con los sindicatos -¡qué clase tienen!- por el que todos los trabajadores de las Agencias tendrán la consideración de “empleados públicos”. Así de fácil: basta la integración para que se produzca la automática conversión.

No le demos más vueltas. No coincidiremos en evaluar el coste del oprobio, pero seguro que convendremos que nuestro Presidente, don José Antonio Griñán, ha sabido rodearse de los políticos más ineptos e incapaces jamás conocidos; la mayoría de ellos, también, analfabetos funcionales en el ámbito político.

Si además, como se ha hecho público, conocidos dirigentes políticos de la Junta y del Parlamento de Andalucía, y también dirigentes sindicales de UGT y CC.OO., disfrutan de familiares favorecidos por el Decreto-Ley que con tanta fruición apoyan, lo ético y lo moral sería que se abstuvieran de participar en todo lo relativo a esta necesaria “reordenación” y dejaran semejante papel a otros interlocutores –descontaminados- sin intereses directos y particularísimos en el asunto.

Han de enterarse de una vez que todo esto es una gran irresponsabilidad, que no tienen título de propiedad sobre la Administración andaluza, que no es su cortijo. Nuestro compromiso ha de basarse en denunciar irregularidades manifiestas y acabar con el nepotismo instalado en la Junta de Andalucía.

Todo ello pasa por la derogación de los decretos-leyes 5 y 6/2010 y la retirada del proyecto de ley de “reordenación”. Ahí vamos a estar.

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