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viernes, 24 de junio de 2016

26-J: To es pa ná




El próximo domingo 26-J se celebran elecciones generales y los españoles estamos llamados a votar, que no decidir.

Votar, lo que se dice “votar”, votaremos mayoritariamente, tal y como hicimos el pasado 20-D, a favor del “cambio” y de la “estabilidad”. De eso no tengo dudas. Ahora bien, decidir, lo que se dice “decidir”, lo harán los mismos “políticos” que en los últimos meses se han preocupado más de sus intereses personales y partidistas que del interés general.

El PP sigue cansinamente instalado en el alarmismo y el catastrofismo (sin nosotros España “caerá”). Para los que componen esa formación prima la pasividad frente a la corrupción y entienden que la estrategia que supone el inmovilismo y el tacticismo de su cabeza de cartel “es una jugada maestra”. Cualquier cosa les vale, ya sea por acción u omisión, mientras ello suponga “rédito electoral”.

El PSOE no se encuentra. Para ellos no se debería haber llegado a esta situación. Su cabeza de cartel estaba (y así sigue) cuestionado dentro de su partido y sólo el paso atrás de Rajoy en la investidura pasada le revitalizó. Vio su oportunidad y la aprovechó. Pero no es un problema de programa ni de propuestas, que no le faltan ni uno ni otras, es más bien un problema de liderazgo. Y es que su líder no convence, no emociona, no ilusiona, to es pa ná.

Ciudadanos se mojó (y continúa). Y no es fácil. España necesita un Gobierno y por ello han trabajado y deben seguir trabajando. Pero sin ambigüedades y sin afán de protagonismo. Demostrando cintura política (Andalucía, Madrid) pero buscando un pacto de investidura, sin más.

Podemos (que no Unidos) es como Dr. Jekyll (prepotente, soberbio, insolente y soez) y Mr. Hyde (humilde, dialogante, comedido y respetuoso). La ocasión lo manda. Más pareciera que se toman la situación política actual como una temporada de “Juego de Tronos”, y como tal actúan. Aunque desde fuera parece que lo hacen (y mal) para una película con argumentos de ciencia ficción.

Hay que acometer una serie de reformas, algunas en profundidad (Constitución, ley electoral, ley de educación, reforma laboral, reforma fiscal); hay que legislar para acabar con la politización de la justicia, para que los políticos corruptos acaben todos en la cárcel y acabar también con las puertas giratorias; hay que poner en marcha una serie de planes necesarios y urgentes contra el paro, la pobreza, la exclusión social...

El PP debe presentar otro candidato. El actual, ni está ni se le espera. Sigue empeñado en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Dice que “él no es ningún obstáculo, son los otros, que algo tendrán que hacer”. No acepta que los españoles queremos cambios, y que lo que el rodillo aprobó no se puede mantener. Se necesita alguien capaz de entender que ha llegado el momento de la responsabilidad, de la generosidad, y de aceptar los sacrificios y renuncias que sean necesarios.

En el PSOE, si queda por detrás de Unidos Podemos, la noche del 26-J se espera la dimisión de su Secretario General. Después, en primer lugar debería ofrecer un pacto de investidura a dicha formación en cuestiones fundamentales con una sola condición previa a la negociación: la renuncia expresa por parte de Unidos Podemos al referéndum de independencia en Cataluña. En segundo lugar, si es rechazada esta condición, debería ofrecer un pacto de investidura al PP y C’s (con una corta legislatura) que ponga en marcha las reformas que la ciudadanía demanda.

Ciudadanos debe insistir en su mensaje y trabajar por el diálogo, el consenso y el acuerdo. Su función de partido bisagra es fundamental para facilitar la formación de un gobierno necesario, un gobierno honesto, un gobierno sin corrupción. Pero siempre teniendo en cuenta las reformas y cambios que tan necesarios son. Todo ello sin cambiar, manteniendo su identidad.

Y Unidos Podemos es la estrella, el actor protagonista (de una gran obra de teatro) que está llamado a emocionar a un público ansioso que asiste a la función convencido de que su actuación colmará todas las expectativas. No se entendería, pues, que con el público totalmente entregado abandone la obra antes de que baje el telón. Lo importante: las personas, sus problemas, sus necesidades.

Con todo esto quiero volver a manifestar que para mí la actual situación no es un problema, sigue siendo una oportunidad que no se puede desaprovechar. Es el momento de actuar.

Feliciano José Galán Merino, vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.
 

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

martes, 2 de febrero de 2016

Una opinión más



 

En las pasadas elecciones generales del 20-D los españoles dijimos clara y rotundamente NO a la “continuidad” pero también NO a la “ruptura”. Votamos por el “cambio” pero también por la “estabilidad”. Lo que queremos mayoritariamente es “Cambios con Estabilidad”.

Hay que acometer una serie de reformas, algunas en profundidad (Constitución, ley electoral, ley de Educación, reforma laboral, reforma fiscal); hay que buscar una utilidad real y práctica al Senado cambiando sus funciones o, en su caso, proceder a su eliminación; hay que legislar para acabar con la politización de la justicia, para que los políticos corruptos acaben todos en la cárcel y acabar también con las puertas giratorias; hay que poner en marcha una serie de planes necesarios y urgentes contra el paro, la pobreza, la exclusión social…

Todo esto que es tarea de nuestros políticos sólo se puede conseguir con consenso, con acuerdos y siempre desde el diálogo. Y difícil está porque a día de hoy en lo único que coinciden es que todos “están dispuestos a jugar con la vida, el futuro y la tranquilidad de los españoles”.

Todo vale: desde el alarmismo y el catastrofismo en el que lleva instalado el PP estos últimos cuatro años (y sigue), al populismo y la actitud prepotente de los representantes de Podemos, pasando por la no concreción en hechos reales de los acuerdos y pactos planteados por Ciudadanos (y su manifiesta indefinición) hasta los desacuerdos internos del PSOE, olvidando que se presentaron “para cambiar las cosas”.

Y todo este proceso de cambio y regeneración requiere de quienes deben llevarlo a cabo grandes dosis de responsabilidad y capacidad. No es tarea fácil y “quizás sean necesarios sacrificios y renuncias”. Para empezar el PP debe valorar la posibilidad de presentar otro candidato, no es de recibo que el actual presidente en funciones ande instalado en la estrategia y el tacticismo, con el desprecio que esto supone para los ciudadanos. El PSOE tiene que dejar de parecer un patio de vecinos, gritando todos a la vez, y hacerlo con una sola voz, clara y rotunda, sin importar si se gobierna o no se gobierna, sino que sirva para cambiar las cosas. Podemos debe participar de los cambios que se demandan; no se entendería si así no fuera, pero dejando atrás los insultos, la soberbia y la insolencia. Y Ciudadanos debe “mojarse”, es el galán de moda pero tiene que decidirse por una de sus novias, no puede contentar a todas a la vez.

Para poner en marcha las necesarias reformas tiene que haber un Gobierno, y es obligación de los políticos conseguirlo, “con sacrificios, los que hagan falta; concesiones, las que sean necesarias”. El reto soberanista y la necesidad de poner en marcha las reformas que la ciudadanía demanda son las dos cuestiones fundamentales que sin demora deben afrontar los dirigentes políticos en este momento de una manera prioritaria.

Como muchos, tengo miedos, pero también esperanza de que por fin prime el interés general por encima del interés partidista o personal. Con todo ello creo que queda claro que para mí la actual situación no es un problema, es una oportunidad que no se puede desaprovechar.

PD. “En la vida y la política, que forma parte de la vida, no vale todo”. Mariano Rajoy. (Córdoba 23/01/2016).

Feliciano José Galán Merino, vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.



Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"


jueves, 26 de noviembre de 2015

¿Plan? ¿Qué plan?






Hablo, claro está, de la Administración de la Junta de Andalucía, donde no hay plan, ni nunca lo hubo, sencillamente porque no hay capacidad para elaborarlo.

Planificación requiere, sobretodo, organización y tampoco hay talento para ello. En la Junta de Andalucía no se ha visto nunca. Se ha ido siempre “a salto de mata”.

El día a día nos muestra una administración desnortada, sin objetivos, ni metas concretas y sin una estrategia definida. Una administración donde no hay visión ni a medio ni a largo plazo, donde cada consejería funciona como un reino de taifa independiente, donde las reglas son mudables, donde los programas, o no se ponen en marcha, o se incumplen al aplicarlos y donde los procedimientos, o no existen, o no son uniformes en su aplicación.

Una Administración donde lo urgente no deja paso a lo importante, donde el día a día lo marcan los titulares de la prensa, donde las tareas están en gran medida condicionadas por la Justicia y donde se está continuamente “apagando fuegos”, ocupados en cometidos que muchas veces nada tienen que ver con los objetivos últimos que se persiguen.

Una administración donde campan a sus anchas la ineficacia y la ineficiencia (ambas enemigas de la buena gestión “económica” del gasto), donde el interés partidista prima sobre el interés general, donde es llamativa, y a veces escandalosa, la tardanza en la toma de decisiones necesarias y urgentes y donde no hay -porque no interesa- una clara definición en las funciones de su personal.

Una administración donde un gran número de funcionarios que no sirven, sí que “se sirven”, ocupando puestos de confianza (PLD) en su beneficio personal, para, al grito de “lo manda el alto cargo”, servir al político de turno. Para ellos todo vale, lo fundamental es perpetuarse.

Una administración donde queda en entredicho permanente la integridad personal de muchos de sus dirigentes políticos, donde la mayoría de estos, inoperantes, también “se sirven”, donde muchos son los llamados y pocos los elegidos por su demostrada formación y capacidad, primándose una (in)competencia de saldo y donde diariamente queda cuestionada la profesionalidad de todos ellos porque, o no saben, o no quieren, o, lo que es peor, no les dejan hacer nada que sea sinónimo de organización, dirección, gestión o motivación.

Pues bien, parece ser que, felizmente, todo ello se acabó, o tiene fecha próxima de caducidad. Y es que para acallar a los maliciosos que puedan pensar que todo lo anteriormente dicho ha sido programado y no sobrevenido, y disipar cualquier tipo de duda, la Presidenta de la Junta de Andalucía ha decidido dedicar esta legislatura a resolver estos “pequeños inconvenientes” y, al parecer, ya está manos a la obra; incluso ha reconocido que todo ello le servirá para ampliar y mejorar su currículum personal. Y, lo que es mejor, todo ello no lo va a llevar a la práctica con las miras puestas en el Gobierno de la Nación (¡que se preparen!), sino única y exclusivamente en el interés y bienestar generales, desinteresadamente, tal cual es ella.

Nos ha pedido tiempo, más tiempo, porque preparada... ya lo está. ¡Por supuesto: tiempo ha tenido en estos dos últimos años! Y los que confiamos en ella, naturalmente que se lo vamos a dar porque, si no te fías de un animal político de primer orden, a quien “no le gusta perder ni al parchís”, que piensa siempre en los demás, que asume todo el liderazgo político e institucional que se le pida, sobrada de carisma y de integridad personal y con toda la visión de futuro que pueda uno imaginar, ¿en quién vas a confiar?

Y algunos vamos y nos lo creemos pensando, ¿por qué no? Ella es capaz de esto y más.


Feliciano José Galán Merino, vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

miércoles, 21 de octubre de 2015

La culpa fue del cha-cha-cha…




La gestión de personal y, en concreto, la convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna, así como la de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo, materializan entre otros, el derecho a la carrera profesional de los empleados y empleadas de la Junta de Andalucía.

         Este derecho del personal funcionario a la carrera administrativa se encuentra reconocido tanto en la propia Ley 7/2007, de 12 de abril, como en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se desarrolla en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma en el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, configurando un sistema de baremación de méritos que, no exento de controversia, se ha visto notoriamente judicializado durante los últimos años, con la consiguiente repercusión que ello ha tenido en el normal desarrollo de los procedimientos que estaban en curso.

         La antigüedad, como mérito baremable, ha constituido sin duda el centro del debate en los recientes procesos judiciales que han tenido como objeto los procedimientos de promoción interna y provisión de puestos de trabajo convocados en el seno de la Administración General de la Junta de Andalucía, procesos en los que Jueces y Tribunales han llegado a conclusiones contradictorias sobre el tratamiento que en este contexto ha de darse a los servicios prestados por el personal funcionario interino.

         Ni la administración ha encontrado una solución al problema en tiempo (ya que el próximo 15 de marzo del 2016 se cumplirán 5 años sin que se convoque un nuevo concurso de méritos), ni los sindicatos que, en teoría, representan los intereses de los trabajadores de la administración, se ponen de acuerdo en si solicitarán, o no, la suspensión de las posibles convocatorias de los procesos selectivos, tanto si se tienen en cuenta, como si no, los servicios prestados como personal interino.

         La situación descrita afecta a miles de funcionarios, y la parálisis de los procedimientos de gestión y planificación de personal descrita resulta dañina tanto para el normal funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, como para la carrera profesional del conjunto del personal funcionario, motivo por el que se hace necesario un cambio en la regulación existente que permita el reconocimiento de los servicios previos, a efectos de antigüedad, conforme a los principios establecidos en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, y en sintonía con la normativa aprobada por la generalidad de las Administraciones Públicas en España y en la Unión Europea.

         Cuando la administración esperaba solventar el problema con la promulgación por parte del Consejo de Gobierno del Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras medidas urgentes, y por motivos puramente políticos, es cuando se lleva el “batacazo” por parte de Ciudadanos e IU al abstenerse en la votación en la mesa del Parlamento, y votar en contra del Decreto-ley tanto el PP como Podemos, derogándose dicho Decreto-ley e imposibilitando su aplicación.

         Ya no queda más salida que llegar a un entendimiento entre los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria y, si hay voluntad entre ellos, la consecuente tramitación de una Proposición no de Ley de forma urgente para que, tras la presentación de una por parte de Podemos, se tramite  a  través del “procedimiento de lectura única”, lo que permitiría el desbloqueo de la situación jurídica en la que se encuentra la convocatoria del Concurso de Méritos del Personal Funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía, quedando garantizada la seguridad jurídica en su resolución.

Basta ya de utilizar al funcionario como moneda de cambio, ya no vale decir si la culpa es de unos o de otros y si no sale adelante, será porque “la culpa fue del Cha-Cha-Cha…”. Mientras tanto, la Administración debería tomar en consideración que este “árbol no está dejando ver el bosque”, así que lo que debe hacer la Junta ya es una nueva Ley de Función Pública adaptada al Estatuto Básico, tarea que han desarrollado la mayoría de las Comunidades Autónomas y aún en esta no se ha materializado porque la vía de la negociación en las Mesas de la Función Pública no han funcionado. A una de las partes, la Administración, que a su vez actúa de mediadora, le ha importado un "pimiento" llegar a acuerdos con la otra parte, los sindicatos. Y en estos ha primado más el interés individual -pasta y liberados- que el colectivo. No se ha buscado la pacificación del conflicto, y se han olvidado de buscar soluciones que aborde entre otros, la provisión de puestos, la promoción profesional, la movilidad, las retribuciones, el acceso, las potestades administrativas, etc.

Rafael Hinojosa, secretario de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

viernes, 14 de junio de 2013

Bomberos-toreros y golfos



Que la corrupción es una práctica arraigada en nuestra sociedad a nadie cabe duda; que se aferra a todos los niveles de las distintas administraciones, tampoco; que afecta en mayor o menor medida a TODAS las personas ya comienza a discutirse. Para demostrarlo basta un hecho absolutamente repugnante que publica Andalucía Información: “El Juez cita a declarar a nueve imputados por un “amaño” de oposiciones a bombero entre 2008 y 2009”.

Desde el desdén más absoluto, a causa de prácticas cada vez más generalizadas sin el correspondiente reproche penal de los tribunales, la noticia -que se valora por sí sola- al tiempo que define a todos y cada uno de los asquerosos protagonistas, dice así:

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto una investigación a raíz de una querella criminal que denuncia que las oposiciones al Cuerpo de Bomberos de Córdoba celebradas entre los años 2008 y 2009 "estaban amañadas", al tiempo que han sido citados a declarar en calidad de imputados un total de nueve de los presuntos "ilegalmente beneficiados", que comparecerán el próximo 16 de septiembre.

Así se recoge en la querella, el auto y la citación, documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, y que detallan que el proceso selectivo, convocado en noviembre de 2007, contó con "irregularidades" y las preguntas se redactaron "de forma arbitraria", entre otras cuestiones. Dicho proceso selectivo ya fue llevado ante los tribunales de lo Contencioso en el año 2010, que se pronunciaron a favor de los recurrentes, anulando el nombramiento de tres miembros del tribunal. Esta causa, recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por no haberse ejecutado su resolución, se encuentra paralizada ante las pesquisas que se han abierto por la vía penal.

En concreto, la querella, adelantada por el diario 'ABC', se dirige contra cinco bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba y un funcionario del Consistorio. Todos formaron parte del tribunal encargado de seleccionar a los 25 aspirantes a entrar en la plantilla del cuerpo.

Según mantiene la denuncia, "determinados opositores, muchos de ellos hijos de los querellados, conocían las preguntas de la prueba teórica con antelación y se pergeñó un sistema ciertamente ingenioso para identificar sus exámenes y eludir así el anonimato en el que los mismos debieron ser corregidos". Aunque el escrito reconoce la dificultad para demostrar las acusaciones, alude a una serie de circunstancias "que permiten hacer una imputación sólida".

PREGUNTAS CON "RESPUESTAS IMPOSIBLES"
En este sentido, señala que muchas de las preguntas "fueron ya planteadas y redactadas con enunciados equívocos, respuestas imposibles o directamente erróneas. Era el presupuesto necesario para que el éxito del examen no dependiera de los conocimientos de los opositores", a ello se añade que dos de los querellados, miembros de un sindicato, se integraron en el tribunal "como representantes de la junta de personal, en contra de lo previsto en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público".

Además, también se excluyeron del proceso requisitos habituales en el acceso a plazas de bomberos que "no concurrían en algunos de los hijos de los querellados". Al respecto, la querella se refiere a la exigencia del carné de conducir tipo C, que permite el manejo de camiones, "pero que era incompatible con la joven edad de alguno de los hijos, sobrinos de bomberos, opositores en el proceso, que tenían recién cumplidos los 18 años o frisaban los 19".

Igualmente, según la querella, "se articuló un sistema para identificar los exámenes de esos candidatos de la casa", como es que "dejarían en blanco una pregunta en concreto, la 23, que era de desarrollo, elemental y muy fácil, y quedaba, además, integrada en la parte de la prueba en la que los errores no penalizaban; por eso es lógico pensar que, incluso sin conocer a fondo el temario, merecía la pena cualquier tipo de respuesta". Así, "siete opositores con notas más altas dejaron esa cuestión sin contestar, y todo ellos están entre los aspirantes llamados de la casa".

"VACANTES PARA FAMILIARES" Y DELITO DE PREVARICACIÓN
Asimismo, el escrito apunta que de las 25 plazas que se convocaron, "en al menos diez de esos candidatos se observa un patrón común de respuestas; tanto en aciertos, errores y preguntas en blanco", al tiempo que "cinco de esas vacantes fueron a parar a familiares directos de sargentos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento".

Por todo ello, la querella señala que los hechos serían constitutivos de un delito de prevaricación que "se cometería en la conformación y corrección de los exámenes", redactados "intencionadamente de manera arbitraria y con la intención de alterar de forma irregular el resultado de la selección para beneficiar a algunos", además de que el conocimiento por parte de los opositores del contenido de las prueba.

Y todavía, en casos como éste, dirán algunos, hay que respetar la presunción de inocencia.


Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

viernes, 15 de marzo de 2013

¡Verdaderos disparates!

En el recuerdo mi profesora de Francés en el Instituto San Fernando de Constantina, hace la friolera de 40 largos años, cuando doña Robledo -que así se llamaba- rebatió con esas palabras la reclamación sobre mis primeras incursiones en la lengua de Victor Hugo.

De antemano, siempre es bueno preguntarse qué se pretende, cuáles son los oscuros intereses que se ocultan tras conocerse la “antología del disparate” que -en el apartado de cultura general de las oposiciones al Cuerpo de Maestros correspondientes a 2011- ha hecho pública la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid:
Sean cuales sean, siempre habrá quien afirme que no puede generalizarse, que se trata de casos aislados, que de todo hay en la Viña del Señor, que todo el monte no es orégano... pero -¡ojo!- que el índice de aprobados se situó en un paupérrimo 13%, lo que evidencia, sin posible discusión, que un sistema educativo capaz de "cosechar" aunque fuese un solo titulado universitario capaz de tamaños dislates, merece una profunda revisión y que mejorarlo no debe convertirse en una misión imposible.

Claro, siempre que ese esfuerzo común no se vea “lastrado” con la siempre recurrente referencia a la dictadura que, de modo caduco, “enseñaba y preguntaba” por dónde pasaban los ríos e, incluso, -¡qué barbaridad!- sus lugares de nacimiento y desembocadura, como, sin ruborizarse, afirma la ex ministra Trujillo en su twitter a resultas de la noticia: "En España, a diferencia de otros países, todavía se sigue enseñando y preguntando x donde pasan los ríos... como en la dictadura franquista" [sic].

El futuro de las generaciones actuales y venideras está en juego: Doña Robledo se encontró con un atrevido preadolescente, la Inspección Educativa madrileña con titulados universitarios dispuestos a coger la tiza o, mejor, el puntero de la pizarra electrónica. ¡Qué repelús!

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.


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lunes, 11 de febrero de 2013

La perversión del lenguaje



Aprendimos en su día que son funcionarios de carrera los que, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

Pero hete aquí que no todos piensan lo mismo. La perversión del lenguaje es el principal indicador de que esto se desploma:

Primero fueron los responsables políticos -de la Junta de Andalucía, de los partidos que, entonces y ahora, sostenían y sostienen al Gobierno, de los sindicatos de clase- los que, aprovechando el tótum revolútum de los Decretos -y la posterior Ley- de Reordenación del Sector Público de Andalucía, mimetizaron infamemente las diversas definiciones que del personal funcionario y laboral, y de sus relaciones funcionales, habían elaborado durante siglos las Leyes, la Jurisprudencia y la Doctrina.

Ha sido ahora el dirigente popular, Carlos Floriano, quien, dejando en pañales a los anteriores, se ha referido como un “funcionario del PP” al exmarido de la ministra de Sanidad, Jesús Sepúlveda, que sigue en la nómina del partido a pesar de su imputación en la trama Gürtel: “Tras su salida forzosa de la alcaldía del municipio madrileño reclamó su puesto en el partido y el PP se vio en la obligación de readmitirle en la plantilla porque tenía una excedencia tras haberse presentado a las elecciones y haber sido elegido alcalde de Pozuelo”. Es decir, “inamovible”, sin remoción posible y se queda tan pancho.

Claro que nada comparado con las afirmaciones del más conocido comunicador deportivo del siglo XX, José María García, que, degenerando, como apuntó Juan Belmonte, se refería a Raimundo Saporta (q.e.p.d.) como un “alto funcionario” del Real de Madrid.

Y es que el que no se consuela es porque no quiere.

P.S.-
Acabo de leer que “el funcionario” Jesús Sepúlveda acaba de ser despedido. ¡Mundo cruel! ¿Previo expediente?

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

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sábado, 19 de enero de 2013

Otra nación es posible




Pergeño esta reflexión desde el estupor más absoluto tras el escándalo desvelado por el diario El Mundo en su edición de ayer. Mejor dicho, tras la respuesta en forma de quasi escandaloso silencio de la cúpula del Partido Popular a lo que se afirma con rotundidad en su portada: “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”.

Cada segundo que pasa sin dar la información necesaria (a lo sumo se han afanado en negar “su” sobre) es una puñalada en el corazón de la nación. A escasas horas del misil dirigido por el “fuego amigo” a la línea de flotación del partido en el Gobierno y, lo que es peor, del propio sistema, la apreciación general sobre la tibia respuesta de sus responsables va más por el camino de que “el que calla otorga” que de por el de “todo el mundo es inocente hasta que no demuestre lo contrario”. Ahora intentarán aclararlo, incluso su versión podría ser creíble, pero es demasiado tarde. Las réplicas han de ser contundentes e inmediatas y, aunque las querellas sólo han de anunciarse tras ser presentadas en el juzgado de guardia, debiera haberse evidenciado al menos una clara intención de interponerlas.

Ante su pasividad, y como viene siendo habitual, los “indignados” una vez más le han vuelto a coger la delantera, movilizándose en la calle Génova, blandiendo el diario El Mundo como estandarte de guerra, haciendo ostentación de “superioridad” moral los mismos que, fanática y sectariamente, lo queman en la hoguera de su particular ira, distinguiéndolo como el “sindicato del crimen”, cuando el “aquelarre” de sus portadas apunta a la calle Ferraz o al carrer de Còrsega .

 
El asunto amenaza con convertirse en el golpe de verduguillo esperado por los que ven en la organización que nos dimos mayoritariamente, en 1978, el principal inconveniente de los males del país. Está claro que el sistema hace aguas y amenaza con hundirse llevándose por delante a tirios y troyanos, inocentes y culpables, principal motivo por el que no podemos permitirlo.

Nos las ingeniamos a las mil maravillas para señalar rápida -y arbitrariamente- a los dirigentes corruptos, cuidándonos muy mucho de preservar nuestro “buen” nombre (siempre son los otros), pero nos mostramos incapaces de entonar nuestro particular mea culpa: Todos hemos contribuido (por acción y/o por omisión) a la situación actual. Hemos sonreído y silenciado -no denunciado como estamos obligados- las gracietas, por ejemplo, de nuestros más íntimos defraudadores de la Hacienda Pública, de las facturas sin IVA, del fraude del “pensionista” en las recetas médicas, de jubilados a los 45, del acopio de medicamentos en alacenas organizadas cual rebotica, de los falsos informes médicos que han facilitado la pensión de invalidez a personas tan sanas de cuerpo y de mente como enfermas de solidaridad… Hemos dilapidado el dinero público como si, efectivamente, “no fuera de nadie”, creyendo en las bondades de la máquina de imprimir billetes, desconocedores inconscientes de que los vencimientos del préstamo harían su aparición más pronto que tarde, para que, llegado el momento de asimilar la lección, nuestros dirigentes evidencien cualidades tan groseras, o más, que su propia incompetencia.

Enderecemos el sistema, reformémoslo, exijamos aptitudes y actitudes distintas a nuestros dirigentes, combatamos –todos- la corrupción, regeneremos las estructuras de las formaciones políticas, demandemos una mínima formación a nuestros representantes, reivindiquemos la elección directa en listas abiertas. La solución no está en criticar ferozmente a los partidos sino en desmochar el exagerado poder de sus mandamases. En definitiva, demandemos más Democracia, sin duda el mejor de todos los sistemas conocidos, y luchemos por hacer absolutamente accesibles los impermeables cauces de participación política actuales.

La corrupción es consustancial al ser humano, nunca se acabará, pero jamás deben bajarse los brazos en la permanente ofensiva contra ella. Desde los primeros casos de Filesa, Matesa y Time-Export o de Juan Guerra, denunciados por los mismos periodistas independientes, a los más recientes de Gürtel, Campeón, Durán y Lleida, Pujol, o los EREs andaluces, la Democracia ha sufrido sus embates pero, finalmente, ha vencido, o está en la senda de hacerlo. Ése es el único camino a seguir y para ello es más necesario que nunca una sociedad civil involucrada y exigente, naturalmente alejada de sus “pequeñas” corruptelas, cuyo montante económico, de conocerse, dejaría en pañales el volumen de lo defraudado por los mediáticos casos por todos conocidos.

Plenamente convencido, he rechazado la idea que machaconamente me repiten: “Todos los políticos son iguales”. No puedo aceptarlo, de la misma manera que no existen dos personas iguales. Tal afirmación es una injusticia y, por tanto, mentira. Sigo creyendo que no, que la gran mayoría de políticos y de ciudadanos es –somos- gente honrada, con afán de cumplir y de servir, pero a los que ahora se les exige –se nos exige- un paso más: la pública denuncia de los que no son –no somos- como ellos. Si permanecen –permanecemos- impasibles y no luchan –luchamos- en primera línea del frente, merecerán –mereceremos- el mayor de los repudios de las generaciones venideras a las que habremos esquilmado impunemente.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.


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miércoles, 28 de noviembre de 2012

¡Extra, extra... Extremadura!



La pasada semana, el Gobierno popular de Extremadura, que lo es por el apoyo al menos implícito de Izquierda Unida, anunció que los empleados públicos de la Comunidad Autónoma recibirán finalmente la paga extra de Navidad que suprimió el Gobierno de Rajoy para el presente ejercicio, a través de los 240 millones que le reportará la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios.

Ayer mismo, el Gobierno socialista en funciones del País Vasco (recientemente derrotado en las urnas), en uso de su “soberanía”, se sumó a la iniciativa de Monago, lo que supondrá a las arcas vascongadas 207 millones de euros.

En la Comunidad Foral de Navarra, una ponencia parlamentaria estudia en estos momentos sólo la fórmula de su aplicación pues la decisión está tomada en el mismo sentido.

¿Y la Andalucía Imparable, qué dice al respecto? Ni se lo plantea. Con voz engolada el portavoz del Ejecutivo andaluz afirma que “la decisión de retirar la paga extra la tomó el Gobierno de la nación a través de un decreto, y entendemos que desde Andalucía no se puede regular en contra de esa norma”.

Lo que no dice el portavoz es que la medida se fijó sólo para 2012 y que el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2013 contempla su recuperación para todos los empleados públicos españoles, mientras que la Junta de Andalucía nos vuelve a castigar detrayendo para el próximo ejercicio, como hiciera el pasado junio, la paga adicional recientemente consolidada y convertida, por mor del destino, en flor de un día ya muy lejano.

Una de dos: o los dirigentes de Extremadura, País Vasco, Navarra, PPE, IUE, PSE y UPN, prevarican al por mayor y al detal o, por el contrario, los de Andalucía, PSOEA e IUA -felizmente instalados en la moqueta- se burlan de sus empleados públicos. Más parece lo segundo porque, igual que exhiben sus potestades para eliminar la paga adicional, ¿por qué no hacen uso de las mismas para crear un “complementodenosotroslosgüenos”, o similar, equivalente a la paga extra, en detrimento de otras secciones del presupuesto que apestan a nepotismo, amiguismo y corruptelas, valga la redundancia?

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

martes, 6 de noviembre de 2012

El INE y sus maniobras orquestales



Bien sabemos, y trascendencia ha tenido, que los telediarios llevaron a su portada el pasado 24 de octubre una “precisa” información sobre los salarios en España a resultas de una encuesta (http://www.ine.es/prensa/np741.pdf) del Instituto Nacional de Estadística (INE), permitiéndose proclamar a los cuatro vientos que los salarios de los funcionarios y empleados públicos en general superaban un 30,8% la media de los del sector privado.

Pronto -la caza no ha hecho sino comenzar- se publicará una estadística sobre el absentismo laboral en el sector público. En definitiva, el caldo de cultivo perfecto para manipular a la opinión pública de cara a la adopción de nuevas medidas de recorte, que nos afectarán directamente, entre el aplauso generalizado o el silencio cómplice como mal menor.

Tal revuelo ha creado la especie propagada que el propio INE, dos semanas después, ha emitido una nota explicativa sobre los resultados de la Encuesta Salarial 2010, cuya información más significativa se aprecia en el siguiente gráfico:


En este mini-estudio se vislumbra con meridiana claridad que los datos facilitados por el INE, aún tras la aclaración, están sólo "algo" sesgados y que para conocer con rigor el salario medio de un funcionario en la administración pública sólo hace falta saber cuántos funcionarios somos, a cuánto asciende la suma de los salarios brutos anuales y proceder a una simple división, cosa no tan inmediata por lo que ya conocemos...

Así que, necesariamente, partimos de la investigación facilitada por la propia encuesta. “Información” que, si no tendenciosa, sí al menos sectaria, merece de entrada unos pocos comentarios:

La misma está referida a 2010, es decir, antes de que se abriera la veda de los recortes. Por tanto, lo mínimamente correcto sería decir que "El salario anual en 2010, antes de los recortes, en el sector público fue un 30,81% más alto que el salario medio". Ello, reconociendo la propia encuesta que no incluye a funcionarios adscritos a mutualidades y sí a los empleados de empresas públicas, con su determinante influencia en los resultados finales en contra de los efectos de la pretendida “información”.

Pero la afirmación no sería del todo correcta: Si se analizan los resultados por secciones de la página 7, resulta que en el apartado "O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria", que sería el más "aproximado", el salario medio fue de 28.001,68 euros que, comparado con el salario medio total (22.790,20 euros), resultaría que en 2010 el salario en el citado sector fue superior en un 22,87% al de la media. Así que ya vamos encajando un poco los datos.

Sin embargo no del todo porque en el apartado "Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales" de la misma página 7 se aprecia que el salario en 2010 fue de 26.331,24 euros, es decir, un 15,54% superior al de la media. Este dato hay que complementarlo desde la base de que en el sector privado de la Sanidad se cobra (bastante) más que en el público, aunque para ser justos habría que decir que también se “curra” (bastante) más. Continuamos, pues, encajando datos.

Finalmente, la verdadera dimensión se aprecia, en la reiterada página 7, en el apartado "P. Educación" donde en 2010 el salario medio era de 21.751,87 euros, es decir un salario medio inferior en un 4,56% al de la media. Este dato debería ser completado con los salarios del sector privado de la Educación y del sector concertado que (como puede corroborarse aquí) son más o menos parejos a los de la Educación Pública.

En conclusión:

Si en la Junta de Andalucía nuestro capítulo I es de 9.768 millones de euros (M€) y, dentro de él, el correspondiente a Sanidad (SAS: 4.061 M€, incluidos incentivos) y a Educación (4.153 M€) representan un 84,10% de la totalidad del capítulo, podríamos hacer una media ponderada (grosera) con los datos anteriores y concluir que en el sector público andaluz, en 2010 y antes de los recortes, los salarios en estas dos actividades fueron un 5,5% superior a la media.

Si a lo anterior se añade que en la Administración General de la Junta de Andalucía los salarios medios son algo inferiores a los de Sanidad y Educación, entonces ¿qué nos queda tras los recortes de 2010 y de 2012? La respuesta sólo puede ser: “una ruina para, encima, sacar de la crisis (ojalá fuera sólo de valores) a los que en ella nos zambulleron”.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"