Hasta la fecha, en vísperas de elecciones, todos los partidos políticos sin excepción han puesto en práctica el timo de la propaganda electoral: “político que no miente, no cosecha votos”.El gobierno de Mariano, que había guardado silencio durante la campaña de las elecciones generales, nos cuenta que los recortes sólo llegaron cuando comprobó la flagrante -o quasi delictiva- ocultación del gobierno de ZP de dos puntos y medio del déficit público. Tratara de engañarnos, o no, los ciudadanos contábamos por entonces con la generosa aportación del PSOE que nos ponía en guardia de que esas medidas llegarían, motivo que, sin duda, contribuyó a que en las recientes elecciones andaluzas los ciudadanos se decantaran por la formación de un gobierno de la izquierda cuyos representantes (Griñán-Valderas) prometían –y el último firmaba ante notario- que, votándolos a ellos, otra forma de gobernar y de afrontar la crisis eran posibles.
El engaño masivo de la coalición PSOE-IU se ha rebelado en todo su esplendor el 15M de 2012 -¡toma 15M!- diez días escasos después de la toma de posesión del nuevo gobierno. Sabíamos que los “malos” iban a recortar. Ya se encargaron los “buenos” de avisárnoslo convenientemente. Por eso a éstos había que votarlos y he aquí el resultado porque -¡distinguido público!- la Junta de Andalucía no recorta, sino que “reclasifica, reprograma, armoniza o, como mucho, limita”.
La conformación del Gobierno ha supuesto una burla a la ciudadanía y, especialmente, a los votantes de IU que fueron llamados a referéndum por unos dirigentes que se han limitado a constatar que han tocado pelo en forma de sillón y que les traen al pairo sus compromisos ante notario, como quedó dicho. Así, no sólo aceptan la dirección de unos Departamentos vaciados de contenido y adornados con una vicepresidencia en grado de prelación inferior a otra Consejería, sino que han acabado convirtiéndose en secuaces del atropello a los de siempre: A Gobernación sólo le queda el nombre y el edificio de Plaza Nueva que compartirá con otros organismos; a Turismo y Comercio, mano sobre mano, le basta y le sobra con su empresa pública de Málaga y con la caja vacía de las subvenciones; sin Ordenación del Territorio y con las telarañas presupuestarias, ¿en qué queda Fomento y Vivienda?
Sólo un día antes, la presidenta del PSOE-A garantizaba que “la armonización” no afectaría a los empleados públicos y se mostraba convencida de que el recorte de 2.700 millones de euros en el Presupuesto andaluz de este año se iba a llevar a cabo sin pasar las "líneas rojas" de los derechos sanitarios y educativos, de las prestaciones sociales y de las retribuciones básicas de los empleados públicos. ¡Sólo faltaba que estos incompetentes legislaran sobre materias en las que son claramente ídem!
Para “dar ejemplo”, los altos cargos del gobierno andaluz (violadores por naturaleza –del Estado de Derecho, entiéndase-; irresponsables, la mayoría; ladrones algunos y mentirosos todos) se bajan el 5% y anuncian que reducirán las subvenciones a los golfos apandadores en forma de sindicatos en un 4,16%, mientras que, para un numeroso grupo de funcionarios de la Administración General, docentes y sanitarios, el atraco alcanzará el 6,5%, sin olvidar que a los interinos y al personal laboral temporal le supondrá el 15.
Para colmo, las cesantías y el complemento de alto cargo –que sepamos- siguen en vigor. Ni se les ocurre suspenderlos. Nuestros graciosos dirigentes seguirán disfrutando del chocolate del loro que, tan ricamente, elaboran con mimo en las cocinas del poder. Para muestra, el botón de la última Resolución de asignación del complemento de productividad de Altos Cargos de la Consejería Economía, Innovación y Ciencia que puede consultarse aquí. ¡De vergüenza!
Quizá ahora tengamos al lado en las manifestaciones a UGT y CCOO como ya están postulando, ¿o no? Todo indica que la puesta en escena forma parte de la misma estrategia: la Administración Paralela -el fin realmente perseguido- sale prácticamente indemne del robo perpetrado con premeditación y alevosía en las últimas noches de San Telmo. PSOE/IU han acabado por reventar la Función Pública para mantener a sus enchufados a los que, de momento, no se les tocan sus retribuciones básicas, sólo algunos aspectos complementarios que, al tiempo, le acercan en deberes pero también en derechos al “corralito” de la Administración General.
El Plan Económico y Financiero 2012-2014 de la Junta de Andalucía que ha obtenido el aprobado por los pelos del Consejo de Política Fiscal y Financiera es, en general, un cántico a lo inocuo, amén de difícilmente realizable, salvo lo que se refiere al ahorro que, sí o sí, va a obtener a cuenta de los de siempre. Como muestra, cuatro botones de lo que supondrá a distintos grupos de funcionarios el penúltimo robo a mano armada de esta pandilla de impresentables:
La política de recortes es algo distinto a la obligada austeridad. Se continúa parcheando, sin ir al fondo del asunto: el problema principal es la racionalización de las plantillas. Existen multitud de centros directivos con servicios duplicados y hasta triplicados, otros no tienen razón de ser. Hay cientos y cientos de funcionarios sin competencias ni funciones: unos pendientes de una modificación de R.P.T. que nunca llega y otros viendo como su trabajo lo realizan externos que cobran dos y tres veces más. Con toda seguridad resultaría un ahorro más productivo la disminución de la carga de personal no funcionario, de asesores y de cargos políticos innecesarios o superfluos.
¿Qué podemos esperar de unos dirigentes políticos que han dado muestras inequívocas de su absoluta incapacidad e irresponsabilidad, que han gestionado los recursos en buena parte de las ocasiones para fines que nada tienen que ver con los verdaderamente públicos? Dirigentes que han despilfarrado el dinero de todos creando Fundaciones y organismos inútiles para financiar operaciones incomprensibles, en muchos casos al margen de la ley como vienen asegurando los Tribunales, o para justificar gastos y subvenciones improcedentes aprovechando modelos claros de corrupción. Dirigentes que han colocado a amigos, compañeros de partido y afines en puestos inventados. Dirigentes a los que reducir la retribución de los funcionarios les resulta más sencillo que eliminar organismos inútiles y recortar subvenciones a sindicatos y otras organizaciones al servicio del partido de turno en el poder. Dirigentes que sólo buscan la desaparición de la categoría de “empleados públicos” en todas aquellas parcelas –y no sólo en ellas- donde no sea imprescindible el ejercicio de autoridad, sustituyéndolos por “empleados políticos”.
En resumen, para mantener a sus enchufados y allegados, y ya sabemos a donde va parte del dinero, nos quitan aún más, para ahorrarse lo que nos llevan robando años con la promesa de que llegará el momento de la compensación. Nos llaman gilipollas e imbéciles en nuestra cara y permanecemos impasibles.
Hemos de exigir algún tipo de responsabilidad no sólo penal, también civil que quizá resulte más importante, a los cargos públicos cuando sus decisiones causen graves perjuicios al interés general. El despilfarro público ha de castigarse penalmente cuando se trate de una conducta rayana con los tipos de la malversación, de la prevaricación, del tráfico de influencias o de la desviación de poder. Como poco, la pena en los casos menores debería alcanzar la inhabilitación perpetua para administrar fondos públicos, además –es lo que más les duele- de la obligatoria devolución del importe de la defraudación incrementado con multa proporcional.
Por todo ello: Ha llegado otra vez la hora de salir a la calle y gritar: ¡Basta ya!
¡Convoquemos manifestaciones urgentes y masivas de todos los funcionarios andaluces: policías, bomberos, médicos, enfermeros, administración general, profesores... !
¡Si admitimos esta barbaridad y no les paramos los pies a estos violadores del Estado de Derecho, será porque, definitivamente, no tenemos dignidad! ¡Que nos cuelguen directamente!
¿Qué podemos esperar de unos dirigentes políticos que han dado muestras inequívocas de su absoluta incapacidad e irresponsabilidad, que han gestionado los recursos en buena parte de las ocasiones para fines que nada tienen que ver con los verdaderamente públicos? Dirigentes que han despilfarrado el dinero de todos creando Fundaciones y organismos inútiles para financiar operaciones incomprensibles, en muchos casos al margen de la ley como vienen asegurando los Tribunales, o para justificar gastos y subvenciones improcedentes aprovechando modelos claros de corrupción. Dirigentes que han colocado a amigos, compañeros de partido y afines en puestos inventados. Dirigentes a los que reducir la retribución de los funcionarios les resulta más sencillo que eliminar organismos inútiles y recortar subvenciones a sindicatos y otras organizaciones al servicio del partido de turno en el poder. Dirigentes que sólo buscan la desaparición de la categoría de “empleados públicos” en todas aquellas parcelas –y no sólo en ellas- donde no sea imprescindible el ejercicio de autoridad, sustituyéndolos por “empleados políticos”.
En resumen, para mantener a sus enchufados y allegados, y ya sabemos a donde va parte del dinero, nos quitan aún más, para ahorrarse lo que nos llevan robando años con la promesa de que llegará el momento de la compensación. Nos llaman gilipollas e imbéciles en nuestra cara y permanecemos impasibles.
Hemos de exigir algún tipo de responsabilidad no sólo penal, también civil que quizá resulte más importante, a los cargos públicos cuando sus decisiones causen graves perjuicios al interés general. El despilfarro público ha de castigarse penalmente cuando se trate de una conducta rayana con los tipos de la malversación, de la prevaricación, del tráfico de influencias o de la desviación de poder. Como poco, la pena en los casos menores debería alcanzar la inhabilitación perpetua para administrar fondos públicos, además –es lo que más les duele- de la obligatoria devolución del importe de la defraudación incrementado con multa proporcional.
Por todo ello: Ha llegado otra vez la hora de salir a la calle y gritar: ¡Basta ya!
¡Convoquemos manifestaciones urgentes y masivas de todos los funcionarios andaluces: policías, bomberos, médicos, enfermeros, administración general, profesores... !
¡Si admitimos esta barbaridad y no les paramos los pies a estos violadores del Estado de Derecho, será porque, definitivamente, no tenemos dignidad! ¡Que nos cuelguen directamente!
P.S.- Y la cosa no acaba ahí: cuatro días antes del 15M, fecha para la historia del último atraco, otra Resolución de asignación del complemento de productividad de Altos Cargos de la ahora denominada Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que puede consultarse aquí.
La solución, insistimos, pasa únicamente por el redimensionamiento de la Administración parelela. Mientras tanto, los dirigentes políticos, en otra actuación irresponsable, continúan situando los intereses de partido por encima de los de los ciudadanos, posponiendo insensatamente las medidas urgentes que, necesariamente, van a adoptar una vez finalizados los inminentes congresos regionales. Por aquello de que "el que se mueve no sale en la foto... " ¿Recuerdan?
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