A los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía, las críticas les resbalan. Son tan incompetentes que sólo saben imponer normas, incapaces de argumentarlas. Durante años, buscando dulcificar los controles de legalidad de sus actos y pasando de los empleados públicos, han creado un monstruo -la “Administración paralela”- donde hacinar los excedentes de la política: ex altos cargos, pseudosindicalistas, compañeros “del Partido”, familiares y afines.
Con la “reordenación” del sector público andaluz, dadas su falta de competencia y de esfuerzo para superar los procedimientos reglados de concurrencia competitiva, nuestros dirigentes sólo buscan asegurarse su futuro y el de los suyos. Tienen asumido que Andalucía es un cortijo y ellos los manijeros que pretenden seguir imponiendo decisiones arbitrarias y partidistas.
Muestra de que esto es así, y que sólo se preocupan de sí mismos y de los suyos, es el reciente nombramiento del nuevo Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta, Rafael Blanco Perea, premiado con la reubicación, tras su “renuncia” a enfrentarse en primarias al candidato oficial “del Partido” a la alcaldía de Córdoba.
Pero el ejemplo más vergonzante se produce, a diario, en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, donde se autoriza todo, todo y todo, a pesar de la opinión contraria o del informe desfavorable de los funcionarios responsables. Da igual que se trate de una ilegalidad o no. Basta que la solicitud venga apadrinada por “alguien de arriba”.
En tal sentido, con la aprobación de dicha Consejería, de forma irregular, ilegal -¿e ilícita?-, ¿pudiera ser que se estén promoviendo traspasos de personal externo, de unos entes instrumentales a otros? ¿de DAPSA a EXTENDA, acaso? ¿algunos otros, quizá… ?
¿Por qué se continúan autorizando ilegalmente prórrogas de contratos de obras y servicios y de otros tipos, así como nuevas contrataciones? Esto sólo se entiende si los que mandan ahora también quieren encajar a los suyos. ¿Qué buscan? Lo mismo de siempre, el blindaje de esos puestos una vez se integren en las Agencias.
Especialmente sangrante es el caso de la FAFFE. ¿Tendrá algo que ver la originaria relación con dicha Fundación de la actual Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo?
En alguna otra fundación, dependiente de Igualdad, los nuevos contratos se materializan en base a los “extraordinarios” currículos que, sin publicidad, aportan los “bien informados” aspirantes, hijos/as, sobrinos/as y demás afines de dirigentes “del Partido”, sindicatos y cargos de la propia Consejería. Es de suponer que si ocurre en este caso, sucederá lo mismo en todos los entes instrumentales y, por añadidura, en todas las Consejerías.
De una vez y para siempre, hemos de dignificar la condición de empleado público denunciando todas las decisiones arbitrarias que vulneren la legalidad. Plantemos cara a quienes sólo buscan su interés, a estos pancistas que sólo se preocupan de sí mismos y de los suyos. No podemos seguir mirando para otro lado, tenemos que hacer frente a los que, con sus decisiones, de forma partidista, vulneran la legalidad establecida. No hacerlo significaría convertirnos en cómplices, compinches por resignación y dejación, de algo que buscan denodadamente, cual carroñeros: acabar con los únicos garantes de la legalidad, esa especie en extinción que conforman los funcionarios.
En defensa de nuestra dignidad y de nuestra Comunidad, gritemos alto y claro: ¡Andalucía, de los andaluces!
Todo ello pasa por la derogación de los decretos-leyes 5 y 6/2010 y la retirada del proyecto de ley de “reordenación”. Ahí vamos a estar.
