29 de septiembre: El Tercer Lado apoya la convocatoria de Huelga General

29 DE SEPTIEMBRE: EL TERCER LADO APOYA LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL

La Asociación “El Tercer Lado”, constituida por trabajadores de la administración pública de la Junta de Andalucía, manifiesta públicamente su rechazo a las medidas que el Gobierno de la Nación ha impuesto y pretende imponer, sin ningún proceso de negociación con los agentes sociales, entre otras:

- Reforma laboral, incluyendo recortes sociales como la ampliación de las causas de despido, la reducción de los días de indemnización, etc.

- Retraso de la edad de jubilación, que pasaría de 65 a 67 años.

- Incremento del periodo de tiempo para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, que pasaría de 15 a 20 años, como vía para reducir su cuantía.

- Congelación de las pensiones.

- Posibles recortes en las prestaciones sanitarias; se habla incluso del copago.

- Recortes salariales a los trabajadores del sector público.

- Privatización progresiva del sector público, con recortes de derechos consolidados y pérdida de estabilidad en el empleo.

Algunas de estas medidas nos afectan directamente. Por este motivo, no debemos permanecer impasibles como si esto no fuera con nosotros, buscando las excusas que cada uno quiera encontrar. Quien calla, otorga.

Independientemente de quien convoque la huelga, nosotros como trabajadores de la administración pública de la Junta de Andalucía, debemos exigir nuestros derechos y luchar por el bienestar presente y futuro y por una administración independiente, manifestando nuestro rechazo a las medidas impuestas y participando activamente en todas las acciones reivindicativas que se celebren.

Por todo ello, manifestamos un SÍ rotundo a la huelga general convocada para el 29 de septiembre. En este caso el fin justifica los medios.

Reivindica tus derechos y participa. No trabajes el 29.

¡SÍ A LA HUELGA GENERAL!

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Enchufados de la Junta

«Todo está tan bien planificado que da miedo el silencio sepulcral de la sociedad andaluza»

Hay andaluces que no queremos volver a ser lo que fuimos. Ya sabemos que ese pasaje del himno recoge el imaginario de una Bética romana donde sus habitantes eran ciudadanos del Imperio, o el paradisíaco Al-Andalus que Blas Infante identificó con la armonía de tres culturas en convivencia pacífica y fructífera. No hay una Andalucía mítica, sino unas cuantas. Los bucles melancólicos nos llevan a rizar el rizo hasta componer ese crisol de culturas con que se ha identificado a Andalucía desde los tiempos de la autonomía. Un invento como otro cualquiera para sacarle el consiguiente rédito político.

Algunos andaluces no queremos volver a ser lo que fuimos, que rimaría con ese neo-caciquismo del que hemos hablado en más de una ocasión. Asistimos a una regresión democrática, a una vuelta a los orígenes de ese régimen caciquil que aquí ha cuajado en el Régimen con mayúscula que todo lo controla. Un Régimen que quiere perpetuarse a través de la ocupación de la Administración por si se produjera el cambio que vaticinan las encuestas. Si en el siglo XIX era habitual la figura del cesante que recogió Galdós en sus novelas, ahora se pretende darle la vuelta al personaje para convertirlo en el incesante.

El incesante sería el enchufado del Régimen que pasaría a formar parte del engranaje administrativo como si hubiera aprobado unas oposiciones y fuera funcionario de carrera. Desde la Junta se está preparando este desembarco que dejaría en dodotis al de Normandía. El ejército comandado por el general Griñán está ultimando la ofensiva para hacerse fuerte en los búnkeres de la burocracia ante la posibilidad de una derrota en las urnas. Para ello, nada mejor que igualar el terreno y convertir a funcionarios y enchufados en la misma categoría laboral. Camuflaje perfecto. Para que luego digan que no somos imparables.

Todo esto sucede ante los ojos cerrados de una sociedad civil adormecida, ante una clase empresarial que se limita a servir de subcontratistas de la Junta y a guardar ese silencio que tanto fruto da a la hora de llevarse la subvención al agua. ¿Los sindicatos? A ver qué hacen o que pueden hacer esos sindicalistas que están amarrados de pies y manos por los acuerdos de concertación. Los intelectuales callan salvo las honrosas excepciones de siempre. Quien abre la boca es tildado de enemigo de Andalucía. Como en los viejos tiempos.

El general Griñán está diseñando una operación que se parece demasiado a la retirada del ejército británico en Dunkerque. Una retirada a los puestos de la Administración para, desde allí, iniciar la reconquista del poder en caso de una derrota electoral. Todo está tan bien planificado que da miedo el silencio sepulcral de la sociedad andaluza. Está claro que queremos volver a ser lo que siempre fuimos. El general Griñán lo dejará todo enchufado y bien enchufado. ¿Le suena esto de algo?

Francisco Robles. ABC 20/09/10

El Tercer Lado apoya las actuaciones de asociaciones y sindicatos en defensa del sector público

La Junta Directiva de la asociación “El Tercer Lado” aprobó entre otros asuntos, en su reunión del pasado 14 de septiembre, el Reglamento de Régimen Interno y la apertura del plazo de inscripción de nuevos socios, una vez transcurrido el periodo de seis meses fijados en sus estatutos.

Asimismo, aprobó mostrar su más enérgico y rotundo rechazo a la batería de medidas regresivas adoptadas por el Gobierno Andaluz que dio comienzo con el Decreto Ley 2/2010, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, que continuó con el Decreto Ley 5/2010 de medidas urgentes de reordenación del sector público andaluz y con el Acuerdo de 27 de julio que aprueba el Plan de Reordenación y que se presentan a estas alturas como sólo el principio de una serie más amplia de recortes de derechos de los empleados públicos andaluces.

Por dicho motivo, El Tercer Lado manifiesta expresamente su apoyo a las actuaciones que las distintas asociaciones de empleados públicos, plataformas y organizaciones sindicales realizan en defensa del languideciente Sector Público Andaluz, al tiempo que entiende como conveniente la unidad de acción en actuaciones venideras.

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La Junta se privatiza

Mientras una gran mayoría de los empleados públicos andaluces se van de vacaciones -¡otra de gambas!-, los responsables de la Administración Andaluza, dan a luz en estos días a la anunciada “reordenación” de la ciclópea administración paralela, gestada por ellos mismos en los últimos años con el principal fin de medrar, a base de despotismo y de abuso, de mimo y de entusiasmo, de pretendida modernización y de ansiada organización, a partes iguales.

Se revalida así una organización concebida al margen de la Administración que, como las células tumorales, ha multiplicado sus tentáculos de forma errática, englobando áreas hasta hace nada reservadas a la administración pública y arrancándole competencias para, inminentemente, justo en la sima de la actual crisis económica, mostrarse en todo su “esplendor” en el BOJA.

Lejos de resolver la situación que la actual coyuntura sugiere, el gobierno nos vende la burra de esta necesaria remodelación del sector público, a través de una batería de medidas que dará comienzo con el Decreto Ley, por el que se Aprueban Medidas Urgentes en Materia de Reordenación del Sector Público, y que no hará otra cosa que consolidar y alimentar la ya de por sí deforme e ineficaz criatura, más propia de las pesadillas del doctor Frankenstein que de una organización del siglo XXI. Para ello, sólo de cara a la galería, reduce el número de estas entidades, que no de sus efectivos, ni del presupuesto, en un desaforado intento de huida hacia delante, de continuar apostando por el alejamiento del indudablemente rígido -y mejorable- control del derecho administrativo. Y -lo que es peor- de proseguir con la “colocación de amiguetes” en las Agencias resultantes, de la mano del personal funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para cosechar, finalmente, su desembarco dorado en la misma, una vez contrastados los negativos resultados de sus ímprobos esfuerzos por acomodar, en su día, a muchos de ellos como funcionarios interinos.

Mientras el número de “enchufados” (se estima en 28.000) designados a dedo en estas entidades, en puestos de máxima -y de no tanta- responsabilidad, continúa creciendo alarmantemente, tanto que algunas de ellas superan con creces el número de funcionarios de su Consejería matriz, lo que ahora se pretende, como queda esbozado, es unificar -aprovechando la coyuntura de la socorrida crisis- a funcionarios y laborales de la Administración General con “su” personal de empresas públicas, consorcios y otros entes instrumentales, trabajadores todos ellos contratados “digitalmente” por cuenta ajena e, incluso, por cuenta propia a través de Asistencias Técnicas.

Paradójicamente, en este batiburrillo, el personal más beneficiado es -cuál si no- el que proviene de esos organismos, contratado al margen del exhaustivo control del derecho administrativo y de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y lo es porque, en pureza, no sufre cambio alguno en su actual estatus, ya que mantendrá, no sólo su empleo sino su convenio original hasta que se negocie el del ente resultante; convenio que, por otra parte, lo pondrá en condiciones de igualdad con el sector más damnificado, que no es otro que el del personal laboral de la Junta de Andalucía que, forzosamente, acabe recalando en el mismo, y que sufrirá una drástica reducción de sus derechos, principalmente a la estabilidad en el empleo, al traslado y a la promoción profesional.

Algo parecido ocurre con el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, el cual, una vez transferido, no perderá su condición como tal (quedará en excedencia por servicios especiales), aunque penderá funcionalmente de la Agencia.

De esta manera, al primitivo monstruo se le inyecta “proteína funcionarial” y “hormona laboral” de la Administración para revestirlo y darle apariencia de “lo público”, cuando en realidad la situación es, sorprendentemente, la contraria: el maremágnum instituido desemboca en la privatización de un importante sector de la Administración Andaluza, al mezclar en una coctelera estamentos tan heterogéneos como son los funcionarios, los laborales y la plantilla “digitalizada” de estas entidades; personal éste que, como principal diferenciación, no ha “sufrido” ninguno de los procedimientos de selección previstos en la legislación de Función Pública (oposición, concurso, concurso-oposición). Además, en el momento de la integración, y con la inmediata aprobación del Convenio Unificado de la Agencia de que se trate, igualarán en derechos al personal laboral de la Administración General que –forzosamente- se integre y que acaba convirtiéndose en la gran víctima del proceso, al excluírsele del Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía y perder su vínculo con la Administración General.

El resultado final, lo vendan como lo vendan, es que la Junta acaba “privatizando” un significativo segmento de sus competencias, al tiempo que le permite “blanquear” el empleo amontonado en “su” administración paralela, mientras, de paso, “refresca” la memoria electoral a casi treinta millares de trabajadores a los que hay que sumar parientes y allegados. Y todo con un mayor coste para la tesorería autonómica, pues estos trabajadores que, en determinados casos, llegan a suplantar la autoridad y la potestad sancionadora de la que se reviste el funcionario, no han sufrido el tijeretazo salarial aplicado al sector público.

Seamos conscientes de que esto es sólo el inicio; con el tiempo, si permanecemos impasibles como hasta ahora, aplicarán las políticas de reducción de empleados públicos para liquidar a los funcionarios no adscritos al sector “estómagos agradecidos, jamás serán vencidos”.

Diga lo que diga el artículo 14 de la Constitución, se lo pasan por el forro. Queda patente que el poder se obtiene para repartirlo entre los amigos: “¿Y quiénes son estos funcionarios, a los que ni siquiera he colocado yo?”.

Igualitos, igualitos que la CEOE...

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

ARTÍCULOS APARECIDOS POSTERIORMENTE EN PRENSA QUE CORROBORAN LO AQUÍ EXPRESADO

2010-09-13. Diario de Cádiz: La reforma del sector público andaluz (ver o bajar artículo) Ir a Diario de Cádiz
2010-09-07. El Confidencial: El novio de Bibiana Aído cobra 3.000 euros al mes al frente de un 'organismo fantasma'
2010-07-29. El Mundo: Funcionarios "inundan" los juzgados con pleitos contra la Junta por el "tijeretazo" (ver o bajar artículo)
2010-08-28. El Mundo: Clientelismo por decreto (ver o bajar artículo)
2010-07-28. Libertad Digital: Griñán recoloca a sus fines en el sector público andaluz
2010-07-28. La Razón: La Junta blinda a los 22.000 "puestos a dedo" en las empresas públicas
2010-07-28. Diario de Sevilla: Menos organismos y más eficientes
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2010-07-27. El Mundo: CSIF: Las fusiones de empresas que planea la Junta son inconstitucionales (ver o bajar artículo)

2010-07-16. Libertad Digital: Griñán blanquea el empleo negro de las empresas públicas

Sindicatos y “heterofobia”

La gente de Madrid soporta estos días la huelga del suburbano de la capital. No entraremos a valorar la procedencia de las reivindicaciones -a todas luces justas- de los huelguistas, centradas en la natural reacción de apartar la mano que la Administración, al igual que ha hecho con los estoicos funcionarios, se empeña en meterles en sus bolsillos.

Si la media del recorte ultraliberal que el presidente del Gobierno ha producido en nuestro salario ha alcanzado hasta el 7%, la empresa pública Metro de Madrid pretende una reducción para sus empleados de en torno al 2, en aplicación –lo que resulta curioso e irritante- del “tijeretazo monclovita”.

Libres son estos trabajadores de defender lo suyo –es más, de ellos deberíamos aprender-; otra cosa son las formas y, sobretodo, la injusta y feroz negativa a prestar los servicios mínimos marcados por ley. El artículo 10 del preconstitucional Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, establece que “Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas”. Así, el exigible principio de cumplimiento de los servicios mínimos camina en paralelo con el derecho a la huelga.

Se estiman en dos millones diarios de usuarios, de trabajadores y desempleados, de nacionales y extranjeros, de sanos y enfermos, de heteros y homosexuales, los que se han visto afectados por la total paralización del suburbano madrileño. Sin embargo, la consumada violación de la privación de los servicios mínimos alcanza su mayor grado de vileza cuando, en palabras del comité de huelga, se afirma que “el fin de semana no vamos a convertirnos en homófobos y no habrá huelga para respetar el día del orgullo gay”. O sea, para entendernos, durante la semana “jodemos” a todo bicho viviente mientras el “finde”, en frenética bacanal de “heterofobia” (*), salimos disfrazados del armario para abrazamos al lobby de moda... no sea que “nos pase factura”.

Mientras, el Nerón del régimen (**) -al que compete asegurar el funcionamiento de los servicios- con el arpa de la propaganda entre sus dedos, entre sonrisa y silbido, contempla extasiado, además de los efectos de sus incendiarias medidas, a “sus” sumisos, mansos y obedientes sindicatos que continúan cocinándole un particularísimo y sabrosísimo caldo gordo.

(*) Neologismo inminente: “Aversión obsesiva hacia las personas heterosexuales”.

(**) Gobierno o bombero-pirómano, para los no iniciados.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"