Por sus obras los conoceremos: servir vs. servirse

“Violadores por naturaleza (del Estado de Derecho, entiéndase), irresponsables y mentirosos (la mayoría), prevaricadores y malversadores de caudales públicos (algunos), ignorantes, inútiles y carentes de vergüenza... ”

Así los hemos calificado desde El Tercer Lado y así son conocidos porque ese ha sido su comportamiento. Esta ha sido la seña de identidad, la marca partidaria de un no escaso número de dirigentes políticos de la Junta de Andalucía... hasta ayer.

Hoy, novedosas investigaciones científicas y los recientes datos que de ellas se derivan anuncian el fin de tan repugnantes comportamientos. ¿Cuándo ocurrirá el cambio? Desde el mismo momento en que se produzca la previsible investidura de Susana Díaz, actual presidenta en funciones. Todo indica que ésta, con una adecuada “puesta a punto” y tras del “rodaje” de la anterior legislatura “en prácticas”, romperá con todo y con todos... hasta con la herencia recibida. Y para que apreciemos su firme voluntad “política”, naturalmente, a continuación se transcribe el decálogo de medidas que adoptará la Administración de la Junta de Andalucía a partir de ahora:

1.   Para ejercer cargo público no bastará con ser uno de los nuestros, familiar o persona de confianza del partido. Será necesario, además, acreditar que se está en posesión de las competencias y formación adecuadas para ejercer el puesto específico a desempeñar.

2.   Se acabó la ineficacia y con ella el despilfarro que supone. Se primará con la justa “productividad” -que será pública, naturalmente- la buena o mejor gestión. En concreto, la rapidez en la toma de decisiones tendrá especial repercusión (80%) en el montante total de la valoración del rendimiento.

3.   En el área de Personal se procederá a un profundo cambio de las estructuras (RPT y Catálogos), que irá acompañado de la adecuación de los recursos materiales y personales necesarios para ello, porque “nosotros” sí que somos conocedores de su adscripción y número. Es bien sabido que el hecho de que las organizaciones sindicales no hayan podido obtener documentación sobre la situación actual de la Función Pública a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, se debe a que no han sabido expresar con exactitud su demanda de información.

4.   Dado el absoluto desconocimiento que se tiene en el ámbito del Patrimonio, se procederá a elaborar un exhaustivo inventario que recoja tanto el mobiliario en uso, como los cientos y cientos de bienes muebles que actualmente se encuentran dispersos en almacenes guardamuebles, así como en garajes, sótanos, almacenes y otros locales de la propia administración andaluza, los cuales no reúnen las mínimas condiciones para su depósito. Simultáneamente se llevará a cabo una auditoría por personal funcionario dependiente de la Dirección General de Patrimonio, para tratar de averiguar por qué su número disminuye paulatinamente sin explicación alguna, coincidiendo o no con los distintos traslados de organismos que periódicamente se producen. Una vez elaborado este inventario se pondrá especial énfasis en dar un uso adecuado al “mobiliario de gran valor”, adquirido para decorar los despachos de los nuevos altos cargos y que, por “cuestión de gustos”, nunca fue utilizado. Esto mismo se hará con el mobiliario nunca usado y adquirido con el único fin de “ejecutar la totalidad del crédito presupuestado”.

5.   Los intereses generales primarán sobre los de partido y, de acuerdo con lo recogido en el apartado 1 de este decálogo, los dirigentes políticos a partir de ahora tendrán prohibido dar continuas muestras de ausencia de responsabilidad y de absoluta incompetencia. ¡Se acabó el clientelismo, concluyó el nepotismo, desaparecieron por fin los funcionarios desmotivados!

6.    Para la adjudicación de las plazas convocadas por “libre designación” (niveles 28 y 30) se penalizará hasta un 40% la evidenciada (natural o forzada) permisividad, la demostrada sumisión, la manifestada docilidad y el “mirar hacia otro lado” de los futuros solicitantes. Por contra, se primará a los que acrediten haber recurrido actos de la propia Administración de la Junta de Andalucía (1 punto por acto recurrido, hasta un máximo de 30 puntos).

7.   Se paralizará la creación de nuevos “entes” cuya única finalidad consista en emplear políticos en decadencia, amortizados o a punto de jubilarse. Paralelamente se procederá a evaluar, respecto de su posible supresión, los entes “problemáticos” e incontrolados en el gasto que han tenido como única función fagocitar al conjunto de la Administración andaluza. Además, en todos los casos, los órganos responsables cumplirán con la obligación de controlar y evaluar el funcionamiento de las entidades ya creadas, poniéndose especial énfasis en comprobar la ejecución de las políticas y servicios encomendados.

8.   La transparencia y la lucha contra la corrupción serán la marca de identidad del nuevo gobierno. Para ello, también en línea con la voluntad de incentivar la mejora continua, se procederá a la elaboración de manuales de procedimientos y a la simplificación de los ya existentes, tanto en los servicios generales como en los sectoriales. Se acabaron las islas, islotes y reinos de taifas. La realización de las mismas tareas requerirá la utilización de idénticos procedimientos. Con la implantación y obligatoriedad de utilizar los procedimientos que se establezcan en cada caso, además de prestarse un mejor servicio, conseguiremos un importante ahorro.

9.   Como reconocimiento al buen hacer y profesionalidad de los miles de empleados públicos -gracias a los cuales la Administración de la Junta de Andalucía ha funcionado y funciona todavía con unos mínimos de calidad, incluso con un gobierno en funciones, o quizá por ello- se paralizará, de forma inmediata la contratación de nuevas Asistencias Técnicas y otros tipos de contratos cuyas tareas puedan ser desempeñadas por aquéllos. En esta línea de reducción del despilfarro y como un ejemplo de los cientos que hasta ayer se producían, las tareas relacionadas con la informática y las nuevas tecnologías serán encomendadas a esos miles de funcionarios que, poseyéndola como área funcional, por culpa de la decidida y errónea apuesta por la externalización de los gobiernos anteriores, tienen actualmente pocas o ninguna carga de trabajo.

10.  La formación y capacitación de los empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía serán prioritarias en la nueva legislatura. Para ello se pondrán en marcha las herramientas necesarias que permitan el acceso en modo de teleformación sin excepciones ni agravios comparativos. Bastará solicitar un curso para tener acceso a él, pudiéndose, como ya ocurre en alguna consejería, realizar más de una actividad formativa al mismo tiempo. Igualmente, con la resolución de los concursos de traslados se tendrá acceso a recibir “en línea” el apoyo y formación necesarios para desarrollar las nuevas tareas asignadas. Se crearán “equipos” organizados por materias que serán los responsables del contenido de las actividades formativas que se impartan y también de resolver cuantas cuestiones se planteen respecto de las nuevas tareas asignadas por cambio de puesto del trabajo.

Todo apunta a que éstas no serán las únicas medidas que se adopten por la señora Díaz si, finalmente, es investida Presidenta de la Junta de Andalucía. Ha avanzado muchas más, aunque bien es verdad que no se han podido recoger en este decálogo al precisar de más tiempo para su desarrollo y puesta en marcha. Valgan dos ejemplos: el primero, el sistema GIRO, y es que -según la presidenta en funciones- “adecuar la actual normativa a dicho sistema” lleva mucho tiempo, motivo por el que después ya se decidirá si se emplean más recursos en mejorarlo o se dan los primeros pasos para inaugurar lo que sería “la segunda modernización”: el GIRO 2.0, que necesariamente tendrá en cuenta al ciudadano/administrado cuyas necesidades son las que realmente hay que satisfacer. El segundo, las potestades administrativas, y es que su propósito es acabar con la vorágine de personal que sin ser personal funcionario de la Junta de Andalucía tiene acceso a datos públicos cuya tramitación debiera corresponder tan sólo a quiénes reúnan esa cualidad. Para ello tiene previsto recabar de forma urgente un informe vinculante que será elaborado conjuntamente por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

A la vista de todo ello, desde El Tercer Lado permanecemos tranquilos y esperanzados: si por fin la cabeza (presidenta) funciona bien, es más fácil que las extremidades (consejeros) hagan lo propio.

Para terminar, la duda perenne: ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?

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