Tras arduo debate en el seno de su Junta Directiva, la Asociación “El
Tercer Lado”, constituida por empleados públicos de la Junta de Andalucía, en
decisión adoptada por mayoría, manifiesta públicamente su rechazo a la Huelga
General convocada para el próximo 29 de marzo por los sindicatos
“mayoritarios”.
Desde el absoluto respeto a la decisión de cada trabajador/a,
entendemos que:
1º) Sin perjuicio del limitado alcance que la reforma laboral presenta
para el sector público, al que pertenecemos los miembros de esta Asociación,
consideramos inoportuna la convocatoria ante la grave situación económica que
atraviesa el país, y particularmente Andalucía, con una de las tasas de paro
más elevadas de Europa y con un sector público sobredimensionado. Consideramos
que las repercusiones de la Huelga generan más inconvenientes que ventajas a
los efectos de mejorar la situación actual.
2º) A priori, consideramos que tanto las medidas positivas (que las
hay, como la relativa a la extinción por desistimiento del empresario de los
contratos mercantiles y de alta dirección), como las negativas (sobretodo las
relativas a las causas del despido) recogidas en la reforma laboral aprobada
por RD-Ley 3/2012, presentan una excesiva generalidad, amplitud e imprecisión
que, en nuestra opinión, para conocer su verdadero alcance, necesitan de una
mayor concreción en la inmediata tramitación que -como proyecto de ley- se
llevará a efecto en las Cortes Generales.
3º) Resultaría incoherente apoyar una Huelga convocada por las
organizaciones sindicales corresponsables de la situación actual, que han
apoyado la reordenación del sector público del Gobierno andaluz en contra de
los derechos e intereses de los ciudadanos y de los trabajadores públicos
andaluces y que renuncian a adoptar las medidas que la ciudadanía les exige (financiación
exclusiva con las cuotas de sus afiliados, con expresa renuncia a subvenciones
millonarias o al negocio de comisiones por la participación en la gestión de
los ERE, disminución del número de liberados, entre otras).
4º) Corresponde a las autoridades, y por ende a ellas exigimos su
cumplimiento, garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de los
trabajadores a la huelga y al trabajo para que la jornada se desarrolle por
cauces de absoluta normalidad.
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