jueves, 15 de noviembre de 2012

La huelga de los Cónsules (II)



Aunque se publicó en la revista digital Por Andalucía Libre el pasado lunes, antes de la jornada del 14N a la que premonitoriamente se refiere, a continuación se transcribe la segunda parte del último artículo de Max Estrella (*) -cesante de hombre libre-.
En la pasada huelga general del 29 de marzo vimos como por toda España los “piquetes informativos” (eufemismo con el que se pretende enmascarar las partidas de la porra sindicales) ejercieron su sacrosanto derecho a practicar el matonismo y la violencia sobre todo aquél que osó no secundar sus consignas. Además, para obtener rédito mediático de sus fechorías (que así es la humana estupidez), pusieron a la cabeza de algunas de esas cuadrillas a famosillos zejateros, mantenidos precisamente por los impuestos de sus víctimas.

Aquí abajo, en el paraíso del paro y la corrupción, donde se sienten especialmente fuertes y protegidos, el liderazgo de las bandas de sayones lo ejercieron los más altos mandatarios políticos y sindicales. Así pudimos ver al mismísimo jefe de la UGT, Patrañas el bienbesao, al frente de la camada de matones que atemorizó y agredió a indefensas funcionarias a las puertas de Torretriana; o al alcalde tempranillo, parlamentario del partido gobernante, practicando en colegios y supermercados la nueva técnica del parlamentarismo andalú: el asalto.

Me vienen a la memoria unas cuantas películas de mafiosos y no puedo eludir la asociación entre estos y aquellos. Con una diferencia a favor de la mafia, y es que la mafia por lo menos presta protección a sus cotizantes, en tanto que este sindicalismo extorsionador y violento además de sangrarnos los bolsillos nos agrede.

Aún me embarga la indignación recordando con que impunidad actuaron los matones.

Porque, no se olvide, impedir –o intentarlo- el acceso al trabajo, con insultos, amenazas, empujones, petardos, tachuelas, barricadas, o cualquier otro medio, está contemplado en nuestro vigente código penal como constitutivo de delitos diversos.

Por ejemplo, el artículo 315: “Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años…  los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.”

O el 172: “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años…”.

O el 208: “Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”
O el 385: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años…el que originare un grave riesgo para la circulación…colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables…”.

El 29M tuvimos noticia, directa o por la televisión, de la comisión de todos esos actos descritos como conductas delictivas en los artículos citados, y de algunos otros de la misma naturaleza. Y, sin embargo, ¿qué?, ¿alguna consecuencia para los presuntos delincuentes?, ¿ha ido alguien a la cárcel?

El ciudadano decente, contribuyente más que exprimido, ordeñado, se preguntará con razón: ¿no vio la policía lo que los demás vimos; no lo vieron las autoridades a las que corresponde velar por el orden público y garantizar los derechos de los ciudadanos; no lo vio la fiscalía, que tiene la obligación de perseguir los delitos? ¿Vale la Ley algo en este país?

Me gustaría saber que instrucciones dio el Ministerio del Interior, o la Delegada del Gobierno a la Policía. Muchos de los hechos delictivos tuvieron lugar ante las mismas narices de la policía, ¿acaso tenían instrucciones de no detener a los delincuentes y ni siquiera identificarlos? Y si no es así, ¿cuántos expedientes se abrieron a los mandos operativos policiales por no cumplir con su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos, impedir la comisión de delitos y perseguir a los delincuentes?

Y la Fiscalía, ¿qué instrucciones dio la Fiscalía, tan celosa con los controladores aéreos? ¿Cuántas diligencias abrió, a cuantos ha puesto ante los jueces?

¿Y los jueces?, bien. Gracias.

Todo esto ocurre no tanto porque haya canallas que lo hacen sino porque quienes tienen la obligación de impedirlo o castigarlo no se atreven a hacerlo. Todo esto ocurre porque los creadores de opinión –los manipuladores de opinión- lo consideran “normalidad democrática”, inoculándolo exitosamente en la conciencia colectiva.

Todo esto ocurre porque la nuestra es una sociedad moralmente acomplejada, que ha aceptado el mito de la supremacía moral de la izquierda, sin someterlo al más mínimo análisis crítico. Y es por ello que acepta que el derecho de huelga es absoluto y sacrosanto y debe prevalecer sobre el derecho al trabajo, a la salud, a la integridad física y moral, a la dignidad. Y, lo que es aún peor, a costa de la libertad, que como dijo Don Quijote a Sancho, es el don más precioso que nos dieron los cielos, con la vida.

Y esto ocurre precisamente ahora (siempre hemos ido con retraso) cuando la izquierda ya no simboliza ninguno de los valores que en otros tiempos, ya lejanos, pretendió encarnar. La izquierda nacional desde que llegó al poder con Felipe González abandonó cualquier pretensión ética, como demostraron los hechos posteriores. Y no hablemos ya del zapaterismo que se volcó con empeño y dinero en arraigar en la sociedad el relativismo ético. Y de la ética de la izquierda andaluza mejor no hablar, sólo decir que Jean-François Revel parecía escribir pensando en ellos cuando dijo que tienen una idea tan alta de su propia moralidad que casi se creería, al oírlos, que vuelven honrada la corrupción cuando se entregan a ella, en vez de ser ella la que empaña su virtud cuando sucumben ante la tentación. Así se explica que el consejero Martín Soler, cuando estalló el escándalo de Paulita Chaves, dijera que era una injusticia atacar a un Cabeza de familia que miraba por el porvenir de sus hijos.

¿De qué supremacía hablamos, entonces? ¿Hay que tragarse las mentiras ideológicas izquierdistas como si fuesen hostias?

No. En cuestión de ética y de valores democráticos, esta izquierda no es ejemplo de nada; es más, curiosamente la única violencia política existente hoy en nuestro país viene de la izquierda.

Lamentablemente, nada cambiará, al menos con el pragmático acomplejado Mariano Zapatero. Mientras las autoridades, la policía, la fiscalía y los jueces, sean tan tolerantes –y tan cobardes- ante la violencia sindical, seguirá ocurriendo lo mismo. Ya lo digo, el 14N volveremos a ver la misma exhibición de violencia, matonismo y desvergüenza por parte de los mismos. Las víctimas, como siempre, serán doblemente vilipendiadas.



(*)José Luis Roldán Murillo, 1953, Cabra (Córdoba). Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1976). Candidato al Congreso de los Diputados por el Frente Democrático de Izquierdas en las elecciones de 1977, y abogado laboralista de la clandestina CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) (1977-1978). Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) (1978), y desde 1983, Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Fue alto cargo de la Junta de Andalucía, director general de Administración Pública y director del Instituto de Administración Pública hasta su dimisión. Ha intervenido activamente en la lucha de los empleados públicos desde 2010 por su profesionalización, neutralidad política y consideración social frente a la Junta de Andalucía.

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