lunes, 9 de julio de 2012

Además de más justas, otras medidas son posibles


La grave crisis económica que afecta a todos los países “civilizados”, consecuencia del desplome del sistema financiero internacional, ha dado lugar a un interés desmesurado de los Gobiernos por controlar el déficit público, el gasto y, en definitiva, equilibrar las cuentas públicas.

En España, el Gobierno Central, mediante Acuerdos del Consejo de Ministros y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha revisado los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas Comunidades Autónomas, poniendo un límite de gasto a cada una de ellas. Para cumplir con este objetivo, la Comunidad Autónoma de Andalucía presentó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera un Plan Económico-Financiero de Reequilibrio para los años 2012-2014, que fue aprobado y que se ha materializado en el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Sin entrar en consideraciones de si la cantidad a recortar debiera ser mayor o menor, desde esta Asociación, entendiendo que el objetivo fundamental debe seguir siendo la defensa del servicio público en todos sus ámbitos, considerando el principio de solidaridad que debiera regir en las relaciones entre todos los trabajadores, entendiendo, igualmente, como trabajadores los Altos Cargos, queremos proponer algunas medidas que, a nuestro juicio, serían más equitativas y proporcionales que las recogidas en el citado Decreto-Ley 1/2012:

Gastos de Personal

1ª Eliminación de todas aquellas retribuciones que se abonan una vez destituido un Alto Cargo (complemento de alto cargo, pagas vitalicias, cesantías, etc.). Es un problema de justicia, moralidad y decencia ¿Acaso en tiempos de crisis, en los que cualquier despedido se encuentra con su parca y temporal prestación, puede mantenerse la vigencia de tal blindaje retributivo?

2ª Eliminación de las Relaciones de Puestos de Trabajo:

- Del 100% de los Subdirectores Generales y de los Coordinadores. Ya existen, como apoyo al Director, los Jefes de Servicio.

- Del 25 % de las Jefaturas de Servicio.

3ª Reducción, al menos en un tercio, de la estructura de Altos Cargos y de personal eventual. Es una realidad palmaria que sobra un elevado número de “profesionales” de la política.

4ª Disminución de las retribuciones del Presidente de la Junta de Andalucía, Consejeros, Viceconsejeros y personal asimilado, al menos en un 15%, Los políticos son los responsables de la crisis que padecemos, y ellos han de asumir los mayores recortes que la misma supongan.

5ª Eliminación de la práctica totalidad de la Administración Paralela y drástica supresión de las duplicidades de los entes públicos, equiparando las retribuciones de su personal, incluidos los directivos, al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. El ajuste deber ser ejemplar, sólo las entidades competitivas y de ventajosa eficacia probada en su prestación de servicios deben subsistir.

6ª Eliminación del complemento de productividad y asimilables a todo el personal que preste servicios en el ámbito del sector público de la Junta de Andalucía.

7ª Reducción de las horas extraordinarias, que se realizarán sólo para aquellas tareas y servicios imprescindibles, previo acuerdo motivado de su necesidad y urgencia por una Comisión formada por el Órgano Político, la Jefatura del Servicio y el Departamento correspondientes.

8ª Creación de retenes de trabajadores especiales para atender situaciones excepcionales en los distintos Departamentos, con carácter voluntario y con retribuciones superiores.

9ª Reducción en un 50% del número de liberados sindicales.

10ª Reducción a 8 del número de Consejerías. Suprimiendo además los puestos sin contenido que con la reciente, penosa, mentirosa y partidista reestructuración se mantienen.

11ª Reducción del absentismo. Para afrontar la solución, la primera medida sería publicar el que se produce en cada organismo, diferenciando cada tipo de incidencia que repercute en el mismo.

12ª Previo a la autorización por la Dirección General de Presupuestos de la contratación de personal a celebrar por los distintos entes de la Administración Autonómica Andaluza:

- obligatoriedad de informe positivo -disponibilidad económica, publicidad, idoneidad, etc.

- creación de un órgano de control y seguimiento: administración / sindicatos mesa sectorial.

13ª Movilidad funcional. Modificación RPT

- Redefinición de algunos puestos de nivel 25 en niveles 26 (posibilitaría la adscripción de los puestos de nivel 28 removidos y que fueran operativos en la estructuras). Esta creación de puestos iría con cargo a la supresión de puestos de Coordinador anteriormente planteada.

- Movilidad de todos los puestos de una Consejería, a excepción de Jefaturas de Servicio y Secciones, previa resolución de la Dirección General de la Función Publica, oídas las organizaciones sindicales (se eliminarían las bolsas de funcionarios que se forman consecuencia de la supresión de Organismos o ante la inactividad de Unidades Administrativas).

Gastos Corrientes, Subvenciones, Transferencias de Financiación, Capital y otros

1ª Eliminación y reducción de multitud de gastos corrientes absolutamente prescindibles.

2ª Limitación drástica de las ayudas, además de a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales y reconsideración de las subvenciones actuales, en cuanto no se dirijan a sectores productivos de riqueza. ¡Basta ya de utilizar las subvenciones como actividades políticas de propaganda, captoras de votos, o de clientelismo o amiguismo puro y duro! ¡Son cientos las empresas creadas al sólo efecto de percibir la mamandurria!

3ª Absoluta transparencia en las formas de empleo del dinero público, con un mayor control y exigencia de responsabilidad en los contratos públicos, especialmente de los contratos menores que han acabado convertidos en grietas del despilfarro por donde se pierde el dinero.

4ª Eliminación y prohibición de las asistencias técnicas contratadas con personas y empresas que multiplican el coste de las prestaciones si esa labor se realizara por funcionarios, siendo necesario para futuras contrataciones el informe positivo de un órgano de control -de nueva creación- (administración / sindicatos mesa sectorial) que recoja la necesidad de aquellas y siempre que las tareas encomendadas no puedan ser desempeñadas por funcionarios.

5ª Anulación de todos los gastos suntuarios y de representación incompatibles con la situación de crisis que se vive en este momento. Incluidos caprichos particularísimos y regalos -no estamos para dispendios-, por no hablar de facturas que se “cuelan” como dietas o con cargo a protocolo en días festivos o en las que aparecen menús infantiles. El café de los altos cargos, que lo tomen en casa o en el bar (como cualquier hijo de vecino) y, naturalmente -¡qué barbaridad que haya que aclararlo!- a cuenta de su peculio.

6ª Suspensión del uso y disfrute de “coches oficiales” -sólo para viajes con motivos institucionales-. Disponer de una flota de vehículos de incidencias, en lugar de uno por cargo.

7ª Restricción general de las llamadas de fijo a móvil -previo control, reducción del número y restricción de los móviles corporativos-. Y supresión de los “kits de bienvenida” de altos cargos.

8ª Supresión inmediata del Acuerdo que establece la concesión de indemnización específica por gastos de vivienda y alojamiento y del Decreto de indemnización por traslado y pagos de alquiler a altos cargos. Cuando, además, se generan gastos por desplazamientos de estos a su localidad de origen: dietas de conductores, gastos de gasolina, etc.

9ª Rapidez en la toma de decisiones. Incluida la reubicación del personal afectado por la citada reestructuración de Consejerías. Las ineficiencias producen más gasto.

10ª Reversión inmediata a los funcionarios de las competencias y funciones usurpadas que legalmente les corresponde. El mantenimiento de una Administración sobredimensionada supone despilfarro. Y este es inaceptable cuando se piden sacrificios.

Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público

- Definición y enumeración, con carácter básico y de modo exhaustivo y preciso, de aquellas funciones y tareas que, por implicar la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos; asimismo, enumeración de las funciones que, con carácter excepcional puedan ser ejercidas por el personal laboral de las mismas.

Evidentemente, en estas medidas no se recogen todas las que debieran ser ni son todas las que debieran estar, por lo que apelamos al espíritu constructivo de todos los empleados públicos para que pongan de manifiesto las aportaciones oportunas al respecto.

Con ellas, El Tercer Lado proclama que las retribuciones de los empleados públicos se pueden mantener, que existen otros conceptos y partidas absolutamente prescindibles donde recortar, en la mayoría de los casos de forma definitiva, en algunos otros de forma provisional hasta que se produzca -¡ojalá más pronto que tarde!- una reversión de la situación económica, y ello sin merma en la calidad de los servicios públicos.

Todo ello sin olvidar que la ética y la profesionalidad han de estar siempre presente en el desempeño del servicio público, tanto a nivel de dirigente como de prestador del mismo. La exigencia de responsabilidades por su defectuoso desempeño, incluso penales, debiera convertirse en una reivindicación colectiva, también nuestra.

www.eltercerlado.com

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