Nuestros hijos de puta (con perdón)

Se cuenta que el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo de Somoza (también Kissinger de Pinochet o, más recientemente, la diplomacia occidental respecto de Muammar Al-Gaddafi): “Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Definitivamente, el sectarismo instalado en nuestra sociedad sirve ahora más que nunca para reprochar las decisiones “de los otros” y elogiar las habilidades “de los míos”.

Viene a cuento esta reflexión en torno al histórico expolio y recortes de derechos económicos y sociales que venimos padeciendo los empleados públicos desde mayo de 2010 (a manos de Zapatero y Griñán) al julio actual en el que, sustituido el primero por Rajoy y añadido al segundo el apéndice de Valderas, resulta fácil convenir que los protagonistas de la embestida son los que son y los sujetos pasivos de sus decisiones los mismos de siempre.

La clase política, sin contemplar el interés general de la Nación, se pierde en peleas barriobajeras sobre quién recorta más, y con “más gracia” o “tira” de más demagogia, resumiéndose la discusión en un “¡y tú más... !” que sólo deja traslucir la escasez de ideas, su ayuno instructivo y su más que proverbial insuficiente erudición. Así:

- Quebrantando su programa de “no recorte”, y con el único fin de mantener su elefantiásica administración paralela, el Decreto-Ley 1/2012 del Gobierno de la Junta de Andalucía, publicado hace menos de un mes, disponía -en materia de personal del sector público (para el presente ejercicio y el próximo 2013 al menos) y tras una primera “marcha atrás” sin consecuencias del líder de IUCA- el saqueo de las pagas adicionales del complemento específico correspondientes a los meses de junio y diciembre, lo que nos supone entre un 5 y un 7% de los haberes anuales; reducción del 10% del complemento de productividad, recortazo del complemento por incapacidad transitoria; reducción del 10% de jornada y retribuciones del personal interino; aumento de la jornada semanal en dos horas y media sin incremento retributivo alguno, estableciendo un nuevo régimen horario; colorista reducción de los permisos y días de vacaciones; suspensión de las ofertas de empleo público, de la jubilación anticipada del personal laboral, de las ayudas de acción social, de los premios de permanencia, fidelidad y jubilación, etc., incluidas las resoluciones ya concedidas y no liquidadas. Ahora bien, a decir de los rectores autonómicos, tales medidas sólo obedecían a “forzosas imposiciones del Gobierno de Madrid”.

- Por su parte, contrariando su compromiso electoral, el Real Decreto-Ley 20/2012 del Gobierno del Estado, convalidado hoy en el Congreso, en lo referente a la reordenación de las Administraciones Públicas, obliga a un nuevo régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias y de prestaciones compensatorias -que habría que comenzar por alabar- para, a continuación, “meternos la mano” en el bolsillo a través de la supresión de la “paga de Navidad de 2012”, lo que supone entre un 6 y un 7% de nuestros haberes anuales. En esta ocasión la ira no sólo se descarga sobre los “malvados” funcionarios ya que la medida afecta también a todo el personal del artículo 22 de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado y, por ende, de todas las Administraciones y Organismos de ellas dependientes, así como de las sociedades mercantiles públicas y del resto de entidades públicas empresariales. De ahí la gran movida generada. Si los damnificados solamente fueran “esos funcionarios vagos e irresponsables de toda la vida” (imagen a la que todos hemos contribuido por no “haberle roto a tiempo los piños” al graciosillo de turno cuando contaba sus chistes), la movilización sería nimia si no inexistente. Ahora bien, “¿qué boda sin la tía Juana?”: nuestro cinturón sigue siendo el único que admite nuevos agujeros cada vez más cercanos a la hebilla y, para ello, nada mejor que reducirnos a la mínima expresión el régimen de permisos, de vacaciones y de prestaciones por incapacidad temporal.

Y es aquí cuando “la casta” saca a relucir sus más “brillantes” armas, por ejemplo en boca del ni-ni Jiménez cuando, sin ruborizarse, exclama: “¡No vamos a consentir un doble castigo a los empleados públicos andaluces, por ello retiraremos nuestro plan!”.

De esta forma, los mismos que hasta hace cinco días se regodeaban de la puñalada trapera a los funcionarios -eso sí, “impuesto por Madrid” decían con tono circunspecto- se erigen ahora en sus defensores. Vamos a ver, “miarma”: si el Gobierno de la Junta de Andalucía (PSOE-IU) “vendió” públicamente, para saquearnos y aplicarnos una larga ristra de medidas restrictivas, que era el gobierno de Rajoy (PP) el que les obligaba a tal desmán, a una persona medianamente inteligente no debiera caberle duda de que el timo de la estampita de la nueva “marcha atrás” que ahora se anuncia sólo ha podido ser porque Rajoy ha devenido en arcángel y les “ha levantado” la obligación.

Y se trata de un nuevo timo de la estampita porque el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al parecer, presentará la próxima semana un nuevo decreto-ley que dejará "sin efecto" la aplicación de los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 24 del 1/2012, lo que sin duda supone una exigua parte de su salvaje plan de ajuste: la relativa a la eliminación de la paga adicional de julio -y quizá de diciembre, ya veremos- a los (y a “sus”) empleados públicos, según ha avanzado el portavoz del Ejecutivo andaluz.

Además, deberán explicar de dónde van a sacar ahora los 777 millones de euros a los que se han comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Forzosamente, siete lustros después y a la vista de la situación, hay que poner en su justo valor -¿se imaginan a los actuales?- la inmolación de los diputados a Cortes franquistas cuando se hicieron el harakiri, acabaron con el régimen, renunciaron a sus prebendas y dieron a luz una Constitución que, a estas alturas, ha mostrado su incapacidad, tanto política como económica, para asumir los designios de su título VIII. Parece llegado el momento (aún puede y debe impedirse) de certificar la absoluta ausencia de grandeza de nuestros dirigentes entretenidos en sus cuitas partitocráticas, ignorantes o -lo que es peor- conocedores de la gravísima situación que atravesamos: La crisis financiera mundial aliñada con las políticas de despilfarro e irresponsabilidad -¡sálvese quién pueda!- (papeles para todos, planes E, aeropuertos sin aviones, cajas de ahorro gestionadas por políticos y sindicalistas aficionados al Monopoly, corrupción al por mayor y al detal, “sistema financiero de Champions League”, “Renta Per Capita superior a Italia”, “Francia sintiendo nuestro aliento en el cogote”... ) han dado lugar a una deuda cercana a nuestro PIB, al billón de euros, la mitad generada en los últimos cuatro años, lo que supone un pago de 30.000 millones (casi 100 diarios) sólo de intereses.

La bancarrota llegó hace tiempo, la intervención ya venimos sufriéndola y el rescate está al caer. En sus manos está evitarlo: dígannos la verdad, gobierno y oposición, los que no cumplen su programa por motivos evidentes de una herencia envenenada -pero aceptada- y los que dejaron esto como un erial por circunstancias a estas alturas palmarias; cuéntennos la realidad, suscriban un pacto de estabilidad alrededor del modelo de responsabilidad que mostraron con la última modificación exprés de la Constitución o, por el contrario, refórmenla y reordenen de una vez por todas unas administraciones públicas insostenibles; no nos traten como incapaces, no imploramos su misericordia; pidan a todos un esfuerzo colectivo, sin engaños, realista; fijen un límite temporal y convénzanos de que el sacrificio dará los frutos perseguidos. En definitiva, con la escasa maniobra que les queda, eviten el rescate. Están a tiempo. Si no lo hacen los lamentos de hoy se convertirán en la antesala de los desgarradores gritos de terror de mañana “por la mañana”. Háganlo, si es preciso entre salvas de aplausos, “cueste lo que cueste y les cueste lo que les cueste”.

Y los demás: exijamos esa responsabilidad, desoigamos proclamas como las del principio y -ya tuvimos bastante con el ¡vivan las “caenas”!- resistámonos a afirmar fanática y sectariamente aquello de que “éste o aquél servidor público es un truhán, pero es nuestro truhán”.

Francisco Romero y Luis Escribano, presidente y vocal de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

Una banda que desafina

Estamos en tiempos de crisis y la dirección, siempre necesaria, lo es más que nunca cuando se trata de abordar grandes tareas. En Andalucía tenemos un “director de orquesta” que ni sabe solfeo, ni rodearse de los músicos apropiados. Estos -dirigentes políticos- con alguna excepción, tan honrosa como exigua, los podemos clasificar en dos razas puras: “pastor alemán”, mayoritaria, de carácter tecnócrata, que sufre retención anal, y es por tanto irritable; y “caniche”, de nueva implantación, ideológico, enfocado a un objetivo específico y peculiar derivado de la muy particular forma en la que ve el mundo, excluyendo la evidencia científica, la experiencia práctica y el sentido común. El “director de orquesta”, por el contrario, no pertenece a ninguna raza pura, más bien resulta un cruce entre “pastor alemán” y “ratonero”, ya que además de su carácter tecnócrata, y del menoscabo producto de la irritabilidad, tiene enfoque propio y una necesidad insana de “mearlo” todo para marcar territorio.

Desconocemos las virtudes que adornan al actual “director de orquesta”, aunque podemos afirmar sin temor a equivocarnos que defectos tales como la demagogia, la manipulación y el desprecio, los manifiesta continuamente. En su discurso de investidura en el Parlamento Andaluz decía el Presidente: “Los dos valores que caracterizarán al futuro Gobierno de Andalucía serán ética y solvencia. Ética para considerar inaceptable cualquier forma de abuso o corrupción y solvencia en la gestión económica. Ética para saber que la igualdad de oportunidades es un bien supremo que forma parte del tuétano estatutario, del hecho diferencial de Andalucía. Mi Gobierno -decía- tendrá los pies en el suelo pero sabrá elevar la voz para denunciar los errores y los abusos de quienes tomen decisiones arbitrarias y lesivas para Andalucía y nuestra gente. Y cumplirá las leyes, faltaría más”. Se atreve a hablar de abuso, de corrupción, de solvencia en la gestión económica, de igualdad de oportunidades, de decisiones arbitrarias y lesivas, de cumplir las leyes. No puede haber mayor cinismo, hipocresía e incoherencia.

Lo que sí parece demostrado es que, con independencia de su raza, tanto el “director de orquesta” como la propia “banda” tienen la misma facultad: la de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y para muestra, algunos botones:

Dice el “ni-ni” Jiménez que “el Gobierno central intenta “asfixiar” económicamente a Andalucía a la que acosa con las cuentas del Estado”. ¿Se puede ser más insolente? ¡Si no hace falta que lo intente… Andalucía ya ha sido arruinada sin necesidad de ayuda externa! Y ello gracias a los nefastos políticos que han dirigido y dirigen las cuentas públicas de nuestra Comunidad.

Afirma la consejera Aguayo que “Andalucía está utilizando el margen que tiene para su ajuste manteniendo el máximo empleo público sin cerrar servicios públicos y sin privatizar”. ¡Será tramoyista! ¿Qué “empleo público” quiere mantener? Está claro que se refiere “al de ellos y al de los suyos”, al que continúa amparando sin que le importe que ello suponga un absoluto despilfarro con cargo a las depauperadas arcas de la Junta de Andalucía. Además, evidencia un cinismo descarado cuando añade “sin privatizar”, ya que, hoy, en nuestra Comunidad resulta difícil incrementar aún más la liberalización de servicios públicos porque el Gobierno andaluz se ha encargado, él solito, de privatizar muchos de ellos desde hace años: Centros de Menores, Servicio de Atención a las Víctimas, Centros Educativos, Centros Sanitarios, Verificación y Control de Fondos Europeos, Auditorías del Sector Público, Formación para el Empleo, y un largo etcétera que haría sonrojar a cualquier político decente de izquierdas.

La consejera Díaz nos pide a los empleados públicos, en un alarde de mezquindad, “un pequeño esfuerzo colectivo para mantener el empleo público”. ¿Qué entiende por tal? Hoy, miles de empleados públicos de la Junta de Andalucía permanecen ociosos, sin funciones ni competencias, en espera de la toma de unas decisiones que obligatoriamente han de adoptarse y que, irresponsablemente se demoran.

Afirma el Presidente Griñán que las medidas de Rajoy “hipotecan el futuro de los españoles”, que en Andalucía lo que se hace es “agudizar el ingenio para optimizar aún más los escasos recursos”, que sus dirigentes “en tiempos de bonanza, fueron capaces de ahorrar y de llevar a cabo una política eficaz de gestión de recursos”. ¡De cemento armado… a la espera de un inesperado ataque de aluminosis que, a la postre, resulte liberador! ¿A quiénes pretende engañar a estas alturas? Nos reiteramos: no puede haber mayor cinismo, hipocresía e incoherencia.

Alega el “señor vicepresidente” que “si el acuerdo entre el PSOE e IU fracasa, se entregarían las llaves del gobierno andaluz a la derecha, facilitando el despido masivo de funcionarios, el recorte de derechos y privatizaciones a todos los niveles”. ¿Se puede ser más demagogo y manipulador? Que sepamos -si no hay agendas ocultas, al margen del “Acuerdo”- IU no está obligada por el Pacto de Gobierno a aceptar ningún tipo de ajuste o recorte que hagan necesarias tales medidas. Como tampoco está obligada a contratar a familiares, allegados y afines, aceptando con ello el nepotismo -hasta hace dos meses criticado hasta la extenuación- instalado en la Junta de Andalucía desde hace décadas por su socio de gobierno.

La consejera Aguayo se queja: “¿Por qué el Gobierno de la Nación no deja endeudarse a las Comunidades Autónomas para financiar políticas de crecimiento?”… Vacuas palabras que insultan a la mediana inteligencia, motivo por lo que cabe exigirle menos retórica y más responsabilidad: Sin inversión no hay crecimiento, y ¿qué inversión puede acometerse si los sueldos públicos “se tragan” los ingresos?

Señala el portavoz de IU-A en la cámara autonómica que en Andalucía los recortes se han hecho “con ajustes medidos, intentando hacer el menor daño posible y sin despedir a nadie”. ¿Se confunde, se equivoca, o se enmaraña el discurso, para mentir? El problema no es que los empleados públicos estemos o no dispuestos a la rebaja de sueldo para que no se eche a ningún empleado público. La dificultad es otra, más grave y él lo sabe, de ahí su tremenda y quasi delictuosa responsabilidad: lo que existe es un exceso de empleo público, que no de empleados públicos.

Pero el premio a la “mayor viga en ojo propio de lo que va de legislatura” se lo lleva la novel consejera Díaz cuando dice que “ningún miembro del Consejo de Gobierno tuvo conocimiento de que se estuvieran cometiendo irregularidades o ilegalidades con los fondos de los EREs”. ¿Ignorancia o simplemente caradura?, y más teniendo en cuenta que el “fondo” en sí mismo nació irregular e ilegal y que el montaje o trile era conocido por toda la cúspide de la Administración Autonómica. ¿O es que, como “recién llegada”, desconoce que, en cuestiones económicas y en lo que a disposición de fondos se refiere, en la Junta de Andalucía no hay nada que se mueva sin conocimiento y consentimiento de la Consejería de Hacienda?

Visto lo visto, y como ya temíamos, la entrada de IU-A en el Gobierno Autonómico no ha supuesto cambio alguno y continúa funcionando -eso sí, apuntalándolo- cual régimen totalitario. Sus dirigentes se manifiestan ayunos de valores y principios tan básicos como la responsabilidad, la capacidad y la transparencia. No entienden de austeridad y menos de eficacia y eficiencia. Se han convertido hoy en los manijeros de antaño. Con ellos, los intereses de minorías y de partidos (ahora doblemente) continúan primando sobre los generales. Con sus actitudes y decisiones arbitrarias e irresponsables se confirma que cada vez hay más “socialistos” y menos socialistas -en ambos partidos- y que la mayoría no ha arribado a ellos por las ideas, sino por las ambiciones personales. Se muestran cínicos y mezquinos; nada que ver con los afiliados y militantes de base de esas organizaciones: idealistas, luchadores y demócratas.

Creemos que no es serio ni aceptable que el funcionario, en época de vacas flacas -también cuando pastaban lustrosas- se convierta en casi la única pata dispuesta a sostener el banco de los vaivenes de la economía y de las políticas nefastas, corruptas y despilfarradoras de unos dirigentes que no han sabido -o, lo que es peor, no han querido- gestionar adecuadamente, particularmente en España, los recursos públicos y la crisis global que asola a la vieja Europa.

Por ello, como funcionarios y empleados públicos, nos gustaría ver:

- Cómo se proponen -y aprueban- medidas que favorezcan que pague más el que más tiene, y no al contrario. ¿Para cuándo en España un impuesto que grave, como ocurre en Francia -impuesto de solidaridad de las grandes fortunas- y en Alemania -impuesto de la envidia-, los grandes patrimonios y las “altas” rentas?

- Cómo a los responsables del “despilfarro público” se les castiga. Desde la fulminante inhabilitación para cargo público hasta la consiguiente apreciación de la desviación de poder y de otros tipos penales, sin olvidar lo que continúa siendo un clamor: la devolución íntegra del importe despilfarrado.

- Cómo se persigue a los defraudadores, y no como se les amnistía. En este contexto de crecimiento negativo del PIB y de déficit en las cuentas públicas, la lucha contra el fraude cobra nueva importancia. Según un estudio de la Universidad Pública de Navarra, un punto de reducción en el fraude fiscal podría traducirse en dos puntos de aumento en el empleo.

- Cómo el presidente Griñán -así lo ha anunciado- revisa “una por una” las medidas ya adoptadas en la comunidad autónoma en relación con sus empleados públicos, para que “no se vean perjudicados doblemente”, tras el nuevo Real Decreto que vuelve a poner en el punto de mira a los de siempre.

Por último, asegurar, en fin, que, al igual que no estamos de acuerdo con las medidas de recortes adoptadas por el Gobierno del dúo Griñán-Valderas, tampoco lo estamos con las adoptadas -publicadas hoy en el BOE- por el Gobierno de Rajoy. En ambos casos aseguramos con rotundidad que hay otras alternativas. Y respecto de las últimas, naturalmente que ofreceremos nuestra opinión una vez estudiadas en profundidad.

Francisco Romero y Feliciano Galán, presidente y vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

Además de más justas, otras medidas son posibles

La grave crisis económica que afecta a todos los países “civilizados”, consecuencia del desplome del sistema financiero internacional, ha dado lugar a un interés desmesurado de los Gobiernos por controlar el déficit público, el gasto y, en definitiva, equilibrar las cuentas públicas.

En España, el Gobierno Central, mediante Acuerdos del Consejo de Ministros y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha revisado los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas Comunidades Autónomas, poniendo un límite de gasto a cada una de ellas. Para cumplir con este objetivo, la Comunidad Autónoma de Andalucía presentó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera un Plan Económico-Financiero de Reequilibrio para los años 2012-2014, que fue aprobado y que se ha materializado en el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Sin entrar en consideraciones de si la cantidad a recortar debiera ser mayor o menor, desde esta Asociación, entendiendo que el objetivo fundamental debe seguir siendo la defensa del servicio público en todos sus ámbitos, considerando el principio de solidaridad que debiera regir en las relaciones entre todos los trabajadores, entendiendo, igualmente, como trabajadores los Altos Cargos, queremos proponer algunas medidas que, a nuestro juicio, serían más equitativas y proporcionales que las recogidas en el citado Decreto-Ley 1/2012:

Gastos de Personal

1ª Eliminación de todas aquellas retribuciones que se abonan una vez destituido un Alto Cargo (complemento de alto cargo, pagas vitalicias, cesantías, etc.). Es un problema de justicia, moralidad y decencia ¿Acaso en tiempos de crisis, en los que cualquier despedido se encuentra con su parca y temporal prestación, puede mantenerse la vigencia de tal blindaje retributivo?

2ª Eliminación de las Relaciones de Puestos de Trabajo:

- Del 100% de los Subdirectores Generales y de los Coordinadores. Ya existen, como apoyo al Director, los Jefes de Servicio.

- Del 25 % de las Jefaturas de Servicio.

3ª Reducción, al menos en un tercio, de la estructura de Altos Cargos y de personal eventual. Es una realidad palmaria que sobra un elevado número de “profesionales” de la política.

4ª Disminución de las retribuciones del Presidente de la Junta de Andalucía, Consejeros, Viceconsejeros y personal asimilado, al menos en un 15%, Los políticos son los responsables de la crisis que padecemos, y ellos han de asumir los mayores recortes que la misma supongan.

5ª Eliminación de la práctica totalidad de la Administración Paralela y drástica supresión de las duplicidades de los entes públicos, equiparando las retribuciones de su personal, incluidos los directivos, al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. El ajuste deber ser ejemplar, sólo las entidades competitivas y de ventajosa eficacia probada en su prestación de servicios deben subsistir.

6ª Eliminación del complemento de productividad y asimilables a todo el personal que preste servicios en el ámbito del sector público de la Junta de Andalucía.

7ª Reducción de las horas extraordinarias, que se realizarán sólo para aquellas tareas y servicios imprescindibles, previo acuerdo motivado de su necesidad y urgencia por una Comisión formada por el Órgano Político, la Jefatura del Servicio y el Departamento correspondientes.

8ª Creación de retenes de trabajadores especiales para atender situaciones excepcionales en los distintos Departamentos, con carácter voluntario y con retribuciones superiores.

9ª Reducción en un 50% del número de liberados sindicales.

10ª Reducción a 8 del número de Consejerías. Suprimiendo además los puestos sin contenido que con la reciente, penosa, mentirosa y partidista reestructuración se mantienen.

11ª Reducción del absentismo. Para afrontar la solución, la primera medida sería publicar el que se produce en cada organismo, diferenciando cada tipo de incidencia que repercute en el mismo.

12ª Previo a la autorización por la Dirección General de Presupuestos de la contratación de personal a celebrar por los distintos entes de la Administración Autonómica Andaluza:

- obligatoriedad de informe positivo -disponibilidad económica, publicidad, idoneidad, etc.

- creación de un órgano de control y seguimiento: administración / sindicatos mesa sectorial.

13ª Movilidad funcional. Modificación RPT

- Redefinición de algunos puestos de nivel 25 en niveles 26 (posibilitaría la adscripción de los puestos de nivel 28 removidos y que fueran operativos en la estructuras). Esta creación de puestos iría con cargo a la supresión de puestos de Coordinador anteriormente planteada.

- Movilidad de todos los puestos de una Consejería, a excepción de Jefaturas de Servicio y Secciones, previa resolución de la Dirección General de la Función Publica, oídas las organizaciones sindicales (se eliminarían las bolsas de funcionarios que se forman consecuencia de la supresión de Organismos o ante la inactividad de Unidades Administrativas).

Gastos Corrientes, Subvenciones, Transferencias de Financiación, Capital y otros

1ª Eliminación y reducción de multitud de gastos corrientes absolutamente prescindibles.

2ª Limitación drástica de las ayudas, además de a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales y reconsideración de las subvenciones actuales, en cuanto no se dirijan a sectores productivos de riqueza. ¡Basta ya de utilizar las subvenciones como actividades políticas de propaganda, captoras de votos, o de clientelismo o amiguismo puro y duro! ¡Son cientos las empresas creadas al sólo efecto de percibir la mamandurria!

3ª Absoluta transparencia en las formas de empleo del dinero público, con un mayor control y exigencia de responsabilidad en los contratos públicos, especialmente de los contratos menores que han acabado convertidos en grietas del despilfarro por donde se pierde el dinero.

4ª Eliminación y prohibición de las asistencias técnicas contratadas con personas y empresas que multiplican el coste de las prestaciones si esa labor se realizara por funcionarios, siendo necesario para futuras contrataciones el informe positivo de un órgano de control -de nueva creación- (administración / sindicatos mesa sectorial) que recoja la necesidad de aquellas y siempre que las tareas encomendadas no puedan ser desempeñadas por funcionarios.

5ª Anulación de todos los gastos suntuarios y de representación incompatibles con la situación de crisis que se vive en este momento. Incluidos caprichos particularísimos y regalos -no estamos para dispendios-, por no hablar de facturas que se “cuelan” como dietas o con cargo a protocolo en días festivos o en las que aparecen menús infantiles. El café de los altos cargos, que lo tomen en casa o en el bar (como cualquier hijo de vecino) y, naturalmente -¡qué barbaridad que haya que aclararlo!- a cuenta de su peculio.

6ª Suspensión del uso y disfrute de “coches oficiales” -sólo para viajes con motivos institucionales-. Disponer de una flota de vehículos de incidencias, en lugar de uno por cargo.

7ª Restricción general de las llamadas de fijo a móvil -previo control, reducción del número y restricción de los móviles corporativos-. Y supresión de los “kits de bienvenida” de altos cargos.

8ª Supresión inmediata del Acuerdo que establece la concesión de indemnización específica por gastos de vivienda y alojamiento y del Decreto de indemnización por traslado y pagos de alquiler a altos cargos. Cuando, además, se generan gastos por desplazamientos de estos a su localidad de origen: dietas de conductores, gastos de gasolina, etc.

9ª Rapidez en la toma de decisiones. Incluida la reubicación del personal afectado por la citada reestructuración de Consejerías. Las ineficiencias producen más gasto.

10ª Reversión inmediata a los funcionarios de las competencias y funciones usurpadas que legalmente les corresponde. El mantenimiento de una Administración sobredimensionada supone despilfarro. Y este es inaceptable cuando se piden sacrificios.

Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público

- Definición y enumeración, con carácter básico y de modo exhaustivo y preciso, de aquellas funciones y tareas que, por implicar la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos; asimismo, enumeración de las funciones que, con carácter excepcional puedan ser ejercidas por el personal laboral de las mismas.

Evidentemente, en estas medidas no se recogen todas las que debieran ser ni son todas las que debieran estar, por lo que apelamos al espíritu constructivo de todos los empleados públicos para que pongan de manifiesto las aportaciones oportunas al respecto.

Con ellas, El Tercer Lado proclama que las retribuciones de los empleados públicos se pueden mantener, que existen otros conceptos y partidas absolutamente prescindibles donde recortar, en la mayoría de los casos de forma definitiva, en algunos otros de forma provisional hasta que se produzca -¡ojalá más pronto que tarde!- una reversión de la situación económica, y ello sin merma en la calidad de los servicios públicos.

Todo ello sin olvidar que la ética y la profesionalidad han de estar siempre presente en el desempeño del servicio público, tanto a nivel de dirigente como de prestador del mismo. La exigencia de responsabilidades por su defectuoso desempeño, incluso penales, debiera convertirse en una reivindicación colectiva, también nuestra.

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