jueves, 14 de junio de 2012

Los recortes fáciles. La des-acción social de la Junta de Andalucía

Ilustrísimo Sr. Defensor del Pueblo, me dirijo a Vd. como único recurso de amparo institucional de alcance moral al que tiene acceso un simple ciudadano, al que ningún medio de comunicación u opinión daría voz para exponer su causa y la de muchos otros que como yo pertenecen al colectivo de funcionarios de la junta de andalucía y que además tienen un hijo discapacitado, disminuido o minusválido, como quieran llamarlos.

Nuestro gobierno andaluz, ha decidido recortar gastos para cumplir las condiciones de déficit que le han marcado. Una de las decisiones ha sido común a todos los que trabajamos en la administración de la Junta, el recorte de las retribuciones directamente de las nóminas. También ha decidido anular toda ayuda social o acción social ,también común a todos, relativas a las ayudas protésicas, odontológicas y de estudios. Pero además ha decido lo mismo con otra no común a todos los funcionarios o empleados públicos, que no es otra que suprimir la ayuda a los disminuidos, normalmente dirigidas a los hijos de estos empleados públicos que padecen autismo, sindrome de down, otros sindromes raros, paralísis cerebrales o diversos retrasos mentales o minusvalías físicas; y que desgraciadamente para ellos sus padres no tienen grandes recursos, sus padres son auxiliares administrativos, ordenanzas, titulados medios o jefes de servicio, da lo mismo, todos igualados por esta responsabilidad de atender directamente a los más débiles de nuestra sociedad. ¿Como los atendíamos hasta ahora? Con la ayuda de Accion social a disminuidos de la Junta de Andalucía, que como otras muchas empresas o entidades como Telefónica, Cruzcampo, y otras pequeñas empresas tambien, destinan fondos para sufragar los gastos de los trabajadores que tienen esta circunstancia (de los que conozco a más de uno). En concreto la acción social a disminuidos sufragaba el 70% del gasto de tratamientos que los diversos profesionales dan a nuestros hijos, hasta un máximo de 3.000 euros al año, siempre estos gastos eran pagados con antelación por los padres y siempre presentando después las facturas originales y con todos los requisitos legales para poder recibir la posterior ayuda.

Le expongo como ejemplo el caso de mi hijo Jesús que tiene Síndrome de Down. Desde los 4 años que termina la atención temprana ofrecida por los servicios sociales de nuestra comunidad, he procurado llevarlo siempre por las tardes dos días (tiempo, desplazamientos,etc.) al menos a 4 sesiones semanales de logopedía y atención temprana, y al menos otros dos días a natación con monitores para mejorar su atrofia muscular, el promedio de gasto de este esfuerzo por mejorar su calidad de vida y su integración ha rondado siempre los 500 euros mensuales, cuando acumulaba los 12 meses de facturas las presentaba y recibía la ayuda de acción social de 2.500 euros de media lo que me permitía ir cubriendo parte de los siguientes gastos para su atención, o reponer los números rojos de la cuenta corriente ya que mantenemos una hipoteca, a lo que añadimos la reducción de un tercio de jornada y sueldo de mi mujer (administrativa) que finalmente tuvo que pedir dicha reducción para poder llevarlo al colegio porque no podíamos descargar esa responsabilidad en otra persona.

Como puede comprobar, estoy “resignado” a aceptar que me rebajen el sueldo, nos recorten las ayudas generalistas de la acción social, en aras al esfuerzo que nos piden los políticos, pero a mí y a otros funcionarios con hijos discapacitados nos han cortado literalmente el alma, porque ya tendré que reducir las sesiones y actividades para Jesús, o tendré que triplicar el esfuerzo que hacen el resto de los empleados públicos para mantener a sus familias, así finalmente todos los que están en mi situación seremos penalizados en nuestros ingresos (hasta un –20% en algunos casos) por haber tenido hijos desiguales al resto. Esto además puede ser antieconómico porque daría lugar a que muchos que trabajan (jóvenes psicólogos, logopedas o fisioterapeutas) en la atención a los disminuidos pierdan trabajo.

Sí, definitivamente, la boca se nos llena de palabras como igualdad, no discriminación, integración, pero los hechos son contrarios a ellas y se convierten en verborrea ideológica de la clase política y de las exposiciones de motivos de leyes, decretos y reglamentos dictados por ellos.

No deje que le engañen, el gasto comprometido a obligaciones en esta partida presupuestaria en 2011 fué de algo más de 500.000 euros....(el 0,064% de los 777 millones del recorte fácil en capitulo I de personal, que significa directamente 1/3 parte del total exigido para reducir el déficit).. entonces...¿de donde se podía recortar para que nuestro agravio no fuera tan escandaloso?..., de otras subvenciones al exterior tan diversas como partidistas o colectivistas??...podría ser... o quizás de estudios o publicaciones que no se leen o que solo sirven para alimentar un contrato de alguna empresa normalmente no andaluza.?.. o de programas o proyectos informáticos sin fin que se abandonan o son infrautilizados? ....y finalmente se me ocurre también que quizás podría ser que se planteara a nuestros políticos y altos cargos (Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores y Gerentes de las 120 Empresas y Entes Públicos) de “a ver si pueden hacer el esfuerzo ético” de renunciar a la "otra acción social" (intocable hasta el momento) de la Junta de Andalucía y su gobierno que permite pagarles los gastos de alquiler (sin limite y no precisamente de 400 euros mensuales) en Sevilla u otro lugar de residencia por causa de su nombramiento aceptado voluntariamente, y los gastos (hasta 5.000 euros) de mudanzas en cambio de residencia y los continuos gastos de traslado y desplazamientos a veces varios días a la semana a sus ciudades o pueblos de origen , aparte de las cesantías de una anualidad sabática de sueldo que muchos están en estos momentos disfrutando . ¿ No le parece un poquito inmoral que no puedan hacer frente con sus sueldos y dietas a esos gastos, como los empleados públicos que se pagan de su sueldo los alquileres si son destinados en otras localidades o corren con los gastos diarios de ese desplazamiento?.

Serían capaces de ser solidarios este gobierno y el parlamento que lo sustenta de dar el paso a la ejemplaridad y salir del sopor ético y estético que les aleja como en este caso de la realidad y de los más débiles.

Por otro lado sobre estas ayudas tan específicas, en vez de desaparecer, se podrían arbitrar “¿dialogando?” reducciones del porcentaje de ayuda , otros límites máximos, etc.. porque así al menos este colectivo con hijos minusválidos podríamos consolarnos con que alguien más mira por sus hijos, los desiguales, en una sociedad política que difunde un pensamiento único igualitario pero que sólo lo practica en beneficio de su propia imagen o en lo superfluo.

Tengo algún conocimiento del área presupuestaria de la Junta de Andalucía, de su elaboración, sus modificaciones, y partidas de gasto corriente o capital. Podría hablar de Transferencias de financiación millonarias a Empresas y Entes Públicos, cuyo funcionamiento sigue siendo desde sus inicios deficitario y ahora claramente inútil debido a la crisis.

Parece ser que finalmente los que debemos pagar más agudamente en el sector público los desmanes anteriores somos aquellos que accedimos de la forma más auténticamente social desde la igualdad con otros, por oposición entre todos y gracias al mérito y esfuerzo individual, a una plaza en la administración pública, (yo por ejemplo soy hijo de un mecánico tornero y una auxiliar de enfermera del PPO) lo cual significó para ellos y significa hoy para mí ante todos, mi libre y autónoma promoción a cierto reconocimiento social (ya machacado publicitariamente); y digo libre porque no fué debido a lazos familiares, amistades, o por pertenencia grupal política o gremial, de la que tanto se nutre en estos tiempos el acceso a la administración y a la que nos encaminan los llamados defensores de lo público, que practican la privacidad de la privatización.

Ruego eleve ante el parlamento esta queja y consideraciones que atañen a un grupo de empleados públicos sometidos ya por la naturaleza a una limitación a veces superior a nuestras propias fuerzas, sirvan mis opiniones sin rencor para reflexión de los que mandan por voluntad del pueblo, con el deseo que en la comisión del parlamento que revisen las propuestas de recorte de la acción social, pueda enmendarse en el sentido descrito y finalmente desearía vivamente que fuera su voz, la del Defensor del Pueblo Andaluz, la que despertara en los políticos del gobierno y parlamento, la necesidad ejemplarizante de su renuncia a los privilegios o ventajas que ahora disfrutan por su condición de tales, re-utilizando dichos recursos, no sólo en el caso que expongo en mi queja, sino en aquellos otros posibles en los que los que se pueda atender a los más débiles, sé que no habrá para todos, pero espero que lo repartan presupuestariamente lo mejor que el sentido común les dicte.

Serán capaces?, sería un hito histórico en nuestra clase política...podría significar quizás su regeneración moral, frente a tanta corrupción pasada,... y retornar al origen de su misión, saber gobernar saber servir.

Agradecido por su atención y esperando que eleve ante la comisión parlamentaria correspondiente la presente queja, le saluda confiado en su labor un simple ciudadano.

Sevilla, 13 de junio de2012

Un padre andaluz

Las opiniones difundidaas son de la exclusiva responsabilidad de sus autores

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Deja tu comentario. Se publicará una vez moderado