Y no estaba muerto, no, no; tampoco tomando cañas, ni siquiera de parranda, como aseguraba la canción de Peret.
Según anunció ayer la Vicepresidenta del Gobierno en la Comisión Constitucional del Congreso, Montesquieu, al que –ejerciendo de “enterrador”- se encargó de echar la última palada de tierra Alfonso Guerra hace casi tres décadas, parece que, a lo sumo, ha estado hibernando y que se muestra dispuesto a despertar del letargo.
Ya ha llovido en todas las instancias judiciales desde 1985, cuando la infausta “Ley Ledesma”, contraviniendo el espíritu de la entonces joven Constitución, se encargó de acabar con la separación de poderes que consagra cualquier sistema democrático que se precie.
Decía –y continúa diciéndolo- el artículo 122.3 de nuestra Carta Magna: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
Parece diáfano el mandato: de los veinte miembros, ocho han de ser elegidos por las Cámaras. Y resulta también un exceso de los políticos, cuando no una palmaria desidia permitida por un pastoreado Tribunal Constitucional, la interpretación de la remisión que hace a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los otros doce. Si los ponentes constitucionales hubieran deseado el resultado legal obtenido, les hubiera bastado con transcribir en lugar del texto anteriormente subrayado algo así como: “Todos ellos a propuesta de las Cortes Generales”.
Todo apunta a que la añorada reforma judicial no sólo provocará la “resurrección” del pensador francés, sino que irá acompañada de otras medidas legislativas tales como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad y el –esperemos- definitivo asentamiento del Tribunal Supremo como última instancia judicial.
Auténtica separación de poderes y justicia independiente: Democracia con mayúsculas. Si es así, bienvenida.
Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.
Según anunció ayer la Vicepresidenta del Gobierno en la Comisión Constitucional del Congreso, Montesquieu, al que –ejerciendo de “enterrador”- se encargó de echar la última palada de tierra Alfonso Guerra hace casi tres décadas, parece que, a lo sumo, ha estado hibernando y que se muestra dispuesto a despertar del letargo.
Ya ha llovido en todas las instancias judiciales desde 1985, cuando la infausta “Ley Ledesma”, contraviniendo el espíritu de la entonces joven Constitución, se encargó de acabar con la separación de poderes que consagra cualquier sistema democrático que se precie.
Decía –y continúa diciéndolo- el artículo 122.3 de nuestra Carta Magna: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
Parece diáfano el mandato: de los veinte miembros, ocho han de ser elegidos por las Cámaras. Y resulta también un exceso de los políticos, cuando no una palmaria desidia permitida por un pastoreado Tribunal Constitucional, la interpretación de la remisión que hace a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los otros doce. Si los ponentes constitucionales hubieran deseado el resultado legal obtenido, les hubiera bastado con transcribir en lugar del texto anteriormente subrayado algo así como: “Todos ellos a propuesta de las Cortes Generales”.
Todo apunta a que la añorada reforma judicial no sólo provocará la “resurrección” del pensador francés, sino que irá acompañada de otras medidas legislativas tales como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad y el –esperemos- definitivo asentamiento del Tribunal Supremo como última instancia judicial.
Auténtica separación de poderes y justicia independiente: Democracia con mayúsculas. Si es así, bienvenida.
Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.
Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"
Hace tiempo un compañero, y sin embargo amigo, comentaba entre sus compañeros que la separación de poderes que propugna nuestra constitución había que hacerla realidad, que había que devolver la independencia al poder judicial que nunca debió de perder, y algunos, los más preclaros le respondían: cómo va a ser eso, los jueces tienen sus inclinaciones políticas y devolverles la independencia sería muy peligroso, hay jueces muy de “derechas”, a lo que este compañero respondía: eso significa no creer en el sistema del que nos hemos dotado, un juez lo es por oposición igual que cualquier funcionario y aunque tenga su inclinación política propia eso no debe de interferir en la aplicación de la ley en la que ha de ser imparcial y objetivo y velar por cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico, por cierto, obligación que compele al resto de los funcionarios y cuyo cumplimiento brilla por su ausencia.
ResponderEliminarPues bien, dos o tres años después de que esos comentarios se produjeran, un gobierno ha decidido dar el paso y volver a lo que había antes de que Gonzalez y Guerra decidieran que Montesquieu había muerto, y que por cierto Aznar dejó en el ataúd, devolver la independencia al Poder Judicial, ya que el tiempo ha demostrado que la muerte de Montesquieu suponía la politización de todo el sistema (o partidización como dirían los preclaros), sigue no obstante la falsa progresía con su sempiterna soflama diciendo que se ha roto el pacto constitucional al devolver la independencia al Poder Judicial.
Esta medida que antes criticaban ahora esos compañeros, y sin embargo amigos, la ven laudable. SIGUE...
Pues bien, ahora el compañero menos preclaro, comenta entre sus compañeros que la independencia del Poder Judicial ha sido la primera de una serie de controles que el sistema prevé y que hay que liberar de la politización (el poder político domina y extiende sus ramificaciones a todos y cada unos de los cientos de sistemas de control recíprocos tanto externos como internos que el sistema prevé), empezando por devolver la independencia a la Administración Pública y que ésta cumpla la misión importantísima para la que el Sistema la diseñó: CONTROLAR A LA CLASE POLÍTICA, es decir que ningún funcionario sea designado políticamente para ningún cargo, que todos los funcionarios sin excepción (en eso no estoy de acuerdo con la Sentencia del TS que adjunto abajo) cumplan la promesa o juramento que hicieron al tomar posesión de su condición de funcionarios de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, único motivo y justificación por la que existe el funcionario: evitar las cesantías de principios del siglo XX en las que un gobierno tomaba el poder y nombraba a 40.000 acólitos, cuando salía del poder el entrante cesaba a esos 40.000 y nombraba a otros 40.000 afines, para evitar esas cesantías y garantizar el funcionamiento objetivo e independiente de los órganos administrativos independientemente del color político de la casta gobernante se creo la Función Pública como sistema de control de dicha casta y garantía de la aplicación del ordenamiento jurídico al servicio del interés general, del ciudadano.
ResponderEliminarPues bien, esta misión reservada al funcionario no es que la desconozcan los políticos, cosa natural, es que hasta las nuevas hornadas de funcionarios le comentas esta promesa o juramento que hicieron al tomar posesión de su condición de funcionarios de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y se ríen irónicamente comentando: esa promesa ya no se hace (sin saber que se ha sustituido por un modelito que firman entre los muchos que firman al tomar posesión) a tal nivel ha llegado el nivel de paripé del Sistema y tal el grado de falta de preparación del funcionariado que hasta desconocen cuál es su razón de existir en el sistema.
Tal es así, que comentas que la despolitización de la Administración es muy fácil y todo el que esté en ella por muy tiempo que lleve trabajando dentro sabe cuál es el paso a dar: jefes de servicio provistos por concurso de méritos, ni uno sólo por libre designación, porque las consecuencias de este sistema de PLD que se previó con carácter excepcional y ahora se ha generalizado y además sin ningún tipo de requisitos, ya sabemos cuál es: administración totalmente politizada, los asuntos de “relevancia política” están reservados exclusivamente a los jefes de servicio, los funcionarios que informan de acuerdo con la Ley tachados de Talibanes y “aparcados”. Pues bien ahora los compañeros preclaros comentan: cómo va a ser eso, si provees por concurso las Jefaturas de Sº se te puede meter cualquiera. Lo que duele no es la afirmación en sí misma, es quien la hace.
Hace tiempo un compañero, y sin embargo amigo, comentaba…