miércoles, 9 de noviembre de 2011

El sábado 12 de noviembre, otra vez en San Telmo

SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE
A LAS 12:00

Los Emplead@s Públic@s de Andalucía
tenemos otra cita
A LAS PUERTAS DEL PALACIO DE SAN TELMO

Tras la última sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictada en el procedimiento de protección de derechos fundamentales nº 414/2011, estimando la petición subsidiaria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN «AL ANDALUS» DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, la Asociación DEFIENDO MI DERECHO Y LA GESTIÓN PÚBLICA y diecisiete empleados públicos contra el Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y en la que declara “la nulidad de su Disposición Adicional Segunda por vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española”, y después de los éxitos cosechados en las últimas concentraciones, el próximo sábado, 12 de noviembre de 2011, entre las 12:00 y las 13:00 horas, volvemos a estar citados ante el Palacio de San Telmo, situado en la Avenida de Roma en Sevilla, donde se encuentra la sede de la Consejería de la Presidencia de la Junta.

La concentración servirá para continuar mostrando nuestro rechazo a la reordenación del sector público andaluz, ahora respaldados por el Alto Tribunal andaluz con argumentos tan contundentes como que la actuación del ejecutivo andaluz supone “más que una huida del derecho administrativo (como declaraba la STS 29-11-2009, que estimó la nulidad del Decreto que aprobaba los estatutos de E.G.M.A.S.A.), un desprecio al Estado de Derecho, (…) porque todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la Agencia han eludido el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Antes, mañana jueves 10 de noviembre, entre las 14:00 y las 15:30 horas, en la avenida de la República Argentina, 25 de la capital de Andalucía, estaremos frente a la Inspección General de Servicios, a la que exigiremos -¡parecería mentira si no fuera bien cierto!- una actuación objetiva, neutral e imparcial.

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