Mal gobierno, despilfarro y corrupción. ¿Sin orden ni concierto, o batuta ejecutora?

Diríase que la situación económica no está bien: hay que reducir el déficit público por imperativo de la U.E. y tenemos que cumplir como sea con los criterios de convergencia. Además, las comunidades autónomas también tienen que ajustar sus presupuestos y reducir el gasto. Esta es la justificación que utilizan nuestros gobernantes para limitar nuestros derechos.

Centrándonos en los nuestros, los de la Junta de Andalucía: siguen despilfarrando y se muestran incapaces de gestionar el dinero público; han demostrado ser unos golfos, además de carecer de vergüenza y siguen dando sobradas muestras de su irresponsabilidad manifiesta. Tanta que ni les importa el despilfarro que, con la aplicación de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, supondrá para la Administración Autonómica la creación de las Agencias que en ella se prevén. Reforman para empeorar. ¿Qué clase de políticos y personas son, que anteponen el interés propio al general?

Con la reordenación del sector público planteada se deja sin trabajo a muchos funcionarios y se aumenta el gasto público exponencial e innecesariamente. Como ejemplo de ello, aunque extrapolable a todas, nos centraremos en la futura Agencia de Régimen Especial SAE, en la se integrará el personal de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE), dependiente de la Consejería de Empleo, que se constituyó en 2004 para un objetivo concreto ya superado en el tiempo, y en cuya creación participaron activamente los actuales y futuros -judicialmente- protagonistas de los famosos EREs:

- Actualmente, la nómina de FAFFE asciende a un importe considerable, comparable con la propia nómina del SAE, que -es necesario recordar- está centralizada y comprende al personal de los servicios centrales, las direcciones provinciales y las oficinas de empleo del SAE de toda Andalucía... unos cuantos millones de euros todos los meses.

- La mayoría de los contratos del personal de la FAFFE lo son por obras y servicios. Estos contratos, la mayoría innecesarios, están financiados con cargo a programas y fondos europeos. Por su parte, los contratos del personal de las UTEDLT -que también se integrarán en la futura Agencia- están financiados con cargo a subvenciones finalistas del Estado.

- En el momento de la aprobación de sus estatutos como Agencia de Régimen Especial, todo el personal de la FAFFE y de las UTEDLT se integrarán en el SAE y a partir de ese momento dichos contratos dejarán de estar financiados por la Unión Europea y por el Estado, respectivamente, y sus retribuciones serán con cargo al capítulo I -Personal- del Presupuesto de Gastos de la Comunidad, asumiendo la Junta de Andalucía el coste de los mismos, ya sin financiación externa. No cabe otra fórmula porque ¿no sucederá que el SAE se vaya a conceder subvenciones a sí mismo para financiar a este personal que ya es de la propia Agencia? Esto, además de ilegal, no cuela. Y, paralelamente, los fondos europeos con que se financiaban estos contratos se utilizarán para otros fines, lo que conlleva una evidente duplicación del gasto. Sensu contrario, se tendrán que devolver si no se justifican adecuadamente.

- ¿Que ocurrirá después con estos contratos por obras y servicios cuando finalice el objeto de los mismos? ¿se extinguirán? ¿se procederá al despido de los contratados? Nada de ello, hoy la pretensión de los directivos de FAFFE es que todos estos contratos se reconviertan en indefinidos antes de su integración en la Agencia, blindando de antemano su estabilidad, situación que ha sido denunciada por el Tribunal de Cuentas del Estado (Resolución de 27 de octubre de 2010, en BOE de 18/01/2011). ¿Lo conseguirán? Posiblemente, sí. Políticos para ordenar una irregularidad o una ilegalidad más, sobran. Si aún no lo han hecho es por la opinión contraria y los informes negativos de los funcionarios responsables, y quizás también ante el temor de una previsible denuncia por prevaricación.

- El coste en arrendamientos de las sedes de la FAFFE supone más de 4 millones de euros anuales, según respuesta parlamentaria referida a 37 sedes. Pero, curiosamente, en la página Web de FAFFE el número de sedes asciende a 52.

- Nadie sabe con seguridad la deuda que arrastra la FAFFE. Cuando se produzca su integración en el SAE, éste se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la FAFFE. No sabemos de ningún informe ni estudio sobre la citada deuda; tampoco del resto de fundaciones y empresas públicas a integrar. A lo peor, ni existen, y si los hay, son secretos. Pero, al parecer, no importa hipotecar aún más el futuro de Andalucía. Nuestros dirigentes políticos siguen adelante, erre que erre (ere que ere, más bien). Parece que tuvieran otro macabro objetivo en el horizonte: el enriquecimiento de unos pocos que nos conduzca irremisiblemente al rescate por parte de Europa.

- En la futura Agencia SAE tampoco quieren funcionarios: en la Relación de Puestos de Trabajo no piensan crear una estructura de Secretaría General (Presupuestos, Contratación, Administración General, Personal, etc.). Está muy claro, y así lo manifiestan todos los días, que “sobran externos para hacer dicho trabajo”. Y, además, tampoco quieren tener controles -de legalidad, hablamos-. Les estorbamos.

- Huir de los controles, insistimos, es otro de los objetivos perseguidos, puesto que en la futura Agencia de Régimen Especial SAE, con la que está cayendo, tampoco existirá una Intervención Delegada que fiscalice el gasto a priori, habiendo optado por el Control Financiero Permanente. Y, lo que es peor, dicho light-control lo efectuará la Intervención General -la “nuestra”, la que no sabe lo que es intervenir, ni controlar, ni auditar, “ni ordenar planes de actuación”, aunque sí podar, y muy bien, los informes anuales; ¡prohibido molestar a los políticos, aunque éstos se salten la legalidad!,- a través de muestreos “aleatorios”. Parece evidente que lo que buscan es seguir saltándose los controles legales y reglamentarios a que están sometidos los órganos de la Administración Pública.

- Por tener, la FAFFE tiene hasta una Brigada “X” o “Fantasma”; como otras de quienes todos hemos oído hablar. No sabíamos quienes eran, no les poníamos cara, sólo aparecían en ocasiones especiales como, por ejemplo, a la hora de recoger la cartilla militar (el día de la licencia). En la FAFFE la componen ex altos cargos y otros políticamente jubilados que sólo aparecen para cobrar su sueldo de Director General -generalmente por no hacer nada, y algunos hasta con despacho-. Los trabajadores de la fundación, los que “curran” de verdad, tampoco los conocen, no saben quienes son, sólo saben que existen. Algunos ya los han sufrido, por ejemplo al serles renovado el contrato viendo cómo sus retribuciones han sido disminuidas, porque -como el trabajo tiene que salir, y cada vez hay más gorrones- hay que apretarse el cinturón y siempre les toca a los mismos.

- Queda claro, pues, que con la reordenación planteada, los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía no pretenden la disminución del déficit público que pregonan. Lo que buscan es el blanqueo de empleo negro y el blindaje de sus puestos. Estamos convencidos de que la decidida -y mañana judicialmente imputable- apuesta que hacen por el despilfarro está motivada únicamente por el nepotismo, la ineptitud y la incompetencia que les adorna. Es más, y aunque no todos así opinan, algunos siguen resistiéndose a creer que la masiva incorporación a la FAFFE y al resto de fundaciones y empresas públicas de los citados ex altos cargos -y otros políticamente jubilados o afines- tenga algo que ver con asuntos de financiación irregular. Y menos aún que ello suponga fraude o malversación alguna.

Por todo ello, nos planteamos los inevitables interrogantes: ¿Estamos, o no, ante un auténtico expolio de la Comunidad? ¿Supone, o no, una “alta traición” a los cimientos del Estado de Derecho y a los ciudadanos? ¿Qué cotas de irresponsabilidad han de alcanzarse para que las instituciones competentes pongan fin a este saqueo del erario público? ¿Ninguna institución pública tiene nada que decir y que hacer? ¿Cuántas subidas de impuestos -directos e indirectos- y de precios tendremos que sufrir de nuevo los ciudadanos para costear esta Andalucía hipotecada y por cuánto tiempo? ¿Cuántas prestaciones sociales más habrán de recortarse? ¿Por qué la ciudadanía sigue sin reaccionar ante la apropiación y despojo de “sus bienes”, los públicos?

Cuesta digerir este latrocinio, y cuesta entender aún más las acciones y omisiones de demasiados políticos, funcionarios y ciudadanos, que participan o colaboran en el proceso.

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