viernes, 4 de febrero de 2011

Mensaje en una botella: Aguayo, cuéntame un cuento



Con la “reordenación” del sector público andaluz lo que se intenta es legalizar situaciones irregulares. Pretenden que las potestades administrativas sean ejercidas por personas dependientes, sumisas y en defensa de un interés propio. Convierten directamente en Administración Pública a fundaciones, consorcios y empresas mercantiles, cuyos directivos pasarán a ser altos cargos o jefes de las Agencias creadas, produciendo una consecuencia inmediata y no menos deseada: la adquisición, al igual que todo su personal, de la condición de empleado público. Este hecho que conculca los principios de acceso a la Función Pública de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, conforme al artículo 23.2 de la Constitución Española, vuelve a reafirmar, para estos dirigentes, que el fin justifica los medios.

Calificando esta actitud de inmoral e irresponsable, quizás nos quedemos cortos. No es más que una nueva prueba de anteponer el interés propio al interés general. Nada les importa: ni los ciudadanos, ni los ideales de la formación que los acoge. Solo se quieren a sí mismos.


¿Y cómo se regulará después de la integración? Pues los Estatutos de las Agencias recogerán como requisitos de acceso el de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Sí, exactamente, hablamos de los mismos principios constitucionales que ahora no se quieren respetar. ¿Cuántos ciudadanos han tenido conocimiento previo de las contrataciones de personal que se han hecho en las empresas y fundaciones públicas, y con qué méritos, y si los “elegidos” contaban siquiera con la titulación necesaria? Falta transparencia y sobra oscurantismo.


En conclusión el “decretazo” es un coladero se mire por donde se mire. ¿Quién manipula entonces? ¿A quién quieren engañar? Dicho de otra manera: una vez que los privilegiados adquieran estabilidad, se cierra la puerta y se establece condiciones restrictivas y limitativas para el futuro acceso, para los opositores.


Y esto del blindaje no lo decimos nosotros, que “estamos mal informados y manipulados”, lo dice Mario Jiménez, portavoz del PSOE-A en el Parlamento Andaluz: “tenemos que defender a todos los trabajadores que están en la administración, tengan la condición de funcionario o no”. Lo asegura también Pedro Vaquero, portavoz adjunto de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, al proponer la agrupación de las empresas públicas en un único tipo de agencia que se rija por el Derecho Administrativo y asegurando la integración de los distintos empleados públicos para evitar que haya despidos. Todo ello, además, bendecido y certificado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos “de clase”, UGT y CC.OO, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno, del 7 de diciembre de 2010 (BOJA nº 251 del día 27), por el que todos los trabajadores de las Agencias pasan a considerarse “empleados públicos”.


Pues a pesar de todo ello, todavía “insiste” la Sra. Martínez Aguayo, titular de “la cosa”: “nadie cambiará su situación porque se funden dos empresas, simplemente no se va a echar a nadie”. Y es que se ha contradicho tanto, ha dado tantas vueltas, que ya ni lee lo que firma o, lo que es peor, no lo entiende. Alguien le debería explicar que ella misma, de su puño y letra, firmó un Acuerdo con los sindicatos -¡qué clase tienen!- por el que todos los trabajadores de las Agencias tendrán la consideración de “empleados públicos”. Así de fácil: basta la integración para que se produzca la automática conversión.


No le demos más vueltas. No coincidiremos en evaluar el coste del oprobio, pero seguro que convendremos que nuestro Presidente, don José Antonio Griñán, ha sabido rodearse de los políticos más ineptos e incapaces jamás conocidos; la mayoría de ellos, también, analfabetos funcionales en el ámbito político.


Si además, como se ha hecho público, conocidos dirigentes políticos de la Junta y del Parlamento de Andalucía, y también dirigentes sindicales de UGT y CC.OO., disfrutan de familiares favorecidos por el Decreto-Ley que con tanta fruición apoyan, lo ético y lo moral sería que se abstuvieran de participar en todo lo relativo a esta necesaria “reordenación” y dejaran semejante papel a otros interlocutores –descontaminados- sin intereses directos y particularísimos en el asunto.


Han de enterarse de una vez que todo esto es una gran irresponsabilidad, que no tienen título de propiedad sobre la Administración andaluza, que no es su cortijo. Nuestro compromiso ha de basarse en denunciar irregularidades manifiestas y acabar con el nepotismo instalado en la Junta de Andalucía.


Todo ello pasa por la derogación de los decretos-leyes 5 y 6/2010 y la retirada del proyecto de ley de “reordenación”. Ahí vamos a estar.

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