¿Que nos tienen que hacer para que reaccionemos? Menoscaban nuestros derechos, nos ningunean, nos apartan, nos discriminan, nos menosprecian, nos “clonan”...
Es evidente que a los dirigentes políticos no les interesa un personal independiente, incorporado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, todo lo contrario: quieren gente sumisa, dócil y manejable. En la ya pretérita época de bonanza económica, en lugar de regular una política preventiva y de futuro, sólo se han preocupado de consolidar el empleo de sus “ex altos cargos”, pregonando vilmente un interés general. Interés que predican pero que no aplican. En pos de su estabilidad han creado una gigantesca Administración paralela, huyendo de los principios de eficiencia y eficacia en la gestión de los fondos públicos, cuando no malversándolos. Han utilizado su poder en beneficio propio. En definitiva, y siendo precisos, no nos quieren; sólo se quieren a sí mismos.
En este momento en que la casa se está incendiando, lo primero y más urgente, es apagar el fuego. La chispa se ha originado en la Administración Andaluza con la inminente aplicación del Decreto-Ley 5/2010, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, que no es consecuencia de una política de ahorro, sino, todo lo contrario, de crear un aparato paraadministrativo para la gestión y prestación de cada vez más numerosas competencias.
Su aprobación supone el comienzo de la privatización progresiva de la Administración, atentando contra derechos consolidados, principalmente la estabilidad en el empleo de los empleados públicos. Pasamos de actores principales a papeles de secundarios, reservando aquellos al personal externo de fundaciones y empresas públicas que, en ningún caso, han accedido a sus puestos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Con el tiempo, a los funcionarios que todavía sobrevivan les afectará, por motivos de “interés general”, la movilidad geográfica, la reducción de jornada y de sueldo correspondiente, etc.
Es sabido que las organizaciones sindicales -todas- en mayor o menor medida, han actuado como cooperadores necesarios para tantos desmanes, pero no es menos cierto que nosotros hemos consentido esa situación. En consecuencia y, siendo justos, somos corresponsables.
Hoy por hoy tenemos difícil apagar el fuego, pero sí estamos en disposición de conseguir que el mismo no se extienda. Es hora de decir “hasta aquí hemos llegado”, caso contrario, ¡sálvese quien pueda! Mirémonos y tomemos una actitud activa; si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, parece claro que merecemos lo que tenemos.
Es evidente que a los dirigentes políticos no les interesa un personal independiente, incorporado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, todo lo contrario: quieren gente sumisa, dócil y manejable. En la ya pretérita época de bonanza económica, en lugar de regular una política preventiva y de futuro, sólo se han preocupado de consolidar el empleo de sus “ex altos cargos”, pregonando vilmente un interés general. Interés que predican pero que no aplican. En pos de su estabilidad han creado una gigantesca Administración paralela, huyendo de los principios de eficiencia y eficacia en la gestión de los fondos públicos, cuando no malversándolos. Han utilizado su poder en beneficio propio. En definitiva, y siendo precisos, no nos quieren; sólo se quieren a sí mismos.
En este momento en que la casa se está incendiando, lo primero y más urgente, es apagar el fuego. La chispa se ha originado en la Administración Andaluza con la inminente aplicación del Decreto-Ley 5/2010, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, que no es consecuencia de una política de ahorro, sino, todo lo contrario, de crear un aparato paraadministrativo para la gestión y prestación de cada vez más numerosas competencias.
Su aprobación supone el comienzo de la privatización progresiva de la Administración, atentando contra derechos consolidados, principalmente la estabilidad en el empleo de los empleados públicos. Pasamos de actores principales a papeles de secundarios, reservando aquellos al personal externo de fundaciones y empresas públicas que, en ningún caso, han accedido a sus puestos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Con el tiempo, a los funcionarios que todavía sobrevivan les afectará, por motivos de “interés general”, la movilidad geográfica, la reducción de jornada y de sueldo correspondiente, etc.
Es sabido que las organizaciones sindicales -todas- en mayor o menor medida, han actuado como cooperadores necesarios para tantos desmanes, pero no es menos cierto que nosotros hemos consentido esa situación. En consecuencia y, siendo justos, somos corresponsables.
Hoy por hoy tenemos difícil apagar el fuego, pero sí estamos en disposición de conseguir que el mismo no se extienda. Es hora de decir “hasta aquí hemos llegado”, caso contrario, ¡sálvese quien pueda! Mirémonos y tomemos una actitud activa; si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, parece claro que merecemos lo que tenemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario. Se publicará una vez moderado