Que la
corrupción es una práctica arraigada en nuestra sociedad a nadie cabe duda; que
se aferra a todos los niveles de las distintas administraciones, tampoco; que
afecta en mayor o menor medida a TODAS las personas ya comienza a discutirse. Para
demostrarlo basta un hecho absolutamente repugnante que publica Andalucía Información:
“El Juez cita a declarar a nueve imputados por un “amaño” de oposiciones a
bombero entre 2008 y 2009”.
Desde el
desdén más absoluto, a causa de prácticas cada vez más generalizadas sin el
correspondiente reproche penal de los tribunales, la noticia -que se valora por
sí sola- al tiempo que define a todos y cada uno de los asquerosos
protagonistas, dice así:
El
Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto una investigación a raíz
de una querella criminal que denuncia que las oposiciones al Cuerpo de Bomberos
de Córdoba celebradas entre los años
2008 y 2009 "estaban amañadas", al tiempo que han sido citados a
declarar en calidad de imputados un total de nueve de los presuntos
"ilegalmente beneficiados", que comparecerán el próximo 16 de
septiembre.
Así
se recoge en la querella, el auto y la citación, documentos a los que ha tenido
acceso Europa Press, y que detallan que el proceso selectivo, convocado en
noviembre de 2007, contó con "irregularidades" y las preguntas se
redactaron "de forma arbitraria", entre otras cuestiones. Dicho
proceso selectivo ya fue llevado
ante los tribunales de lo Contencioso en el año 2010, que se pronunciaron a
favor de los recurrentes, anulando el nombramiento de tres miembros del
tribunal. Esta causa, recurrida ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por no haberse ejecutado su
resolución, se encuentra paralizada ante las pesquisas que se han abierto por
la vía penal.
En
concreto, la querella, adelantada por el diario 'ABC', se dirige contra cinco bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba y un funcionario del Consistorio. Todos
formaron parte del tribunal encargado de seleccionar a los 25 aspirantes a entrar
en la plantilla del cuerpo.
Según
mantiene la denuncia, "determinados opositores, muchos de ellos hijos de
los querellados, conocían las preguntas de la prueba teórica con antelación y
se pergeñó un sistema ciertamente ingenioso para identificar sus exámenes y
eludir así el anonimato en el que los mismos debieron ser corregidos".
Aunque el escrito reconoce la dificultad para demostrar las acusaciones, alude
a una serie de circunstancias "que permiten hacer una imputación
sólida".
PREGUNTAS CON "RESPUESTAS IMPOSIBLES"
En este sentido, señala que muchas
de las preguntas "fueron ya planteadas y redactadas con enunciados
equívocos, respuestas imposibles o directamente erróneas. Era el presupuesto
necesario para que el éxito del examen no dependiera de los conocimientos de
los opositores", a ello se añade que dos de los querellados, miembros de
un sindicato, se integraron en el tribunal "como representantes de la
junta de personal, en contra de lo previsto en el artículo 60 del Estatuto
Básico del Empleado Público".
Además,
también se excluyeron del proceso
requisitos habituales en el acceso a plazas de bomberos que "no
concurrían en algunos de los hijos de los querellados". Al respecto, la
querella se refiere a la exigencia del carné de conducir tipo C, que permite el
manejo de camiones, "pero que era incompatible con la joven edad de alguno
de los hijos, sobrinos de bomberos, opositores en el proceso, que tenían recién
cumplidos los 18 años o frisaban los 19".
Igualmente,
según la querella, "se articuló un
sistema para identificar los exámenes de esos candidatos de la casa",
como es que "dejarían en blanco una pregunta en concreto, la 23, que era
de desarrollo, elemental y muy fácil, y quedaba, además, integrada en la parte
de la prueba en la que los errores no penalizaban; por eso es lógico pensar
que, incluso sin conocer a fondo el temario, merecía la pena cualquier tipo de
respuesta". Así, "siete opositores con notas más altas dejaron esa
cuestión sin contestar, y todo ellos están entre los aspirantes llamados de la
casa".
"VACANTES
PARA FAMILIARES" Y DELITO DE PREVARICACIÓN
Asimismo,
el escrito apunta que de las 25 plazas que se convocaron, "en al menos
diez de esos candidatos se observa un patrón común de respuestas; tanto en
aciertos, errores y preguntas en blanco", al tiempo que "cinco de esas vacantes fueron a parar a
familiares directos de sargentos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento".
Por
todo ello, la querella señala que los hechos serían constitutivos de un delito
de prevaricación que "se cometería
en la conformación y corrección de los exámenes", redactados
"intencionadamente de manera arbitraria y con la intención de alterar de
forma irregular el resultado de la selección para beneficiar a algunos",
además de que el conocimiento por parte de los opositores del contenido de las
prueba.
Y todavía, en
casos como éste, dirán algunos, hay que respetar la presunción de inocencia.
Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.
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Lado"
