Medidas anticrisis. Otras formas de combatirla

A principios de mayo, Europa y el Fondo Monetario Internacional advirtieron conjuntamente al Presidente del Gobierno y de turno de la Unión Europea que debía tomar medidas para recortar el elevado déficit público. Así, Zapatero compareció en el pleno del Congreso de los Diputados para anunciar los duros recortes que deberían contribuir a acelerar el proceso. El BOE publicó las medidas el pasado lunes, las rectificó el martes y el miércoles y fueron convalidadas el jueves en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del grupo mayoritario de la Cámara (169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones).

Europa acabó imponiendo a Zapatero recortes adicionales del gasto público hasta alcanzar los 5.000 millones de euros este año y los 10.000 millones en 2011. Entre las medidas adoptadas destacan la paralización casi absoluta de las inversiones, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé y el tijeretazo al sueldo de los empleados públicos hasta en un 7%, una amputación de derechos sociales sin precedentes.

Ante este atropello, los empleados públicos tenemos mucho que decir. No puede ser que las épocas de bonanza la disfruten todos los sectores a excepción de los trabajadores de la función pública y, en el momento de las vacas flacas, se revierta en nosotros la mayor parte del sacrificio. Ha llegado el momento de decir basta, no sólo al Gobierno sino al resto de cómplices de la situación actual.

Desde El Tercer Lado queremos hacer llegar a la opinión pública en general y a los empleados de las Administraciones Públicas en particular, nuestro total desacuerdo con una gran parte de las medidas adoptadas, al tiempo que pretendemos ofrecer, desde la experiencia de gestión de sus componentes en la Junta de Andalucía, una serie de medidas reales y positivas que paliarían excelsamente los efectos de la recesión económica.

El alcance de las medidas que proponemos va más allá del momento coyuntural de la crisis actual. Su implantación supondría no sólo el ahorro buscado en su inmediatez sino otra forma de gestionar los recursos ajenos desde los principios básicos de la eficacia y la eficiencia, viajando desde un enfoque todavía arraigado de que el dinero público no es de nadie al polo opuesto, a las antípodas, en el que los responsables políticos acaben reconociendo su rol, el de meros administradores de los intereses generales.

La lista de recomendaciones está abierta y sugerimos a todos nuestros compañeros, a nuestros lectores y seguidores que la misma sea sólo el comienzo de un amplio catálogo que ayude no sólo a superar el momento actual sino que suponga un cambio de signo hacia la gestión honesta que reclamábamos en nuestra carta de presentación. Ayúdanos desde tu experiencia a hacer crecer estas aportaciones:

PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA

1.- ALTOS CARGOS

1.1.- Supresión de la indemnización temporal tras el cese de los mismos.

1.2.- Supresión del complemento de destino de altos cargos por su permanencia en el puesto durante dos años.

1.3.- Reducción drástica de los cargos de Secretarios Generales, Directores Generales y Delegados Provinciales.

1.4.- Acceso a nombramiento de Director General o a cargos del mismo rango, única y exclusivamente por personal funcionario.

1.5.- Reducción drástica del parque móvil y utilización racional y austera de vehículos oficiales.

1.6.- Control exhaustivo de las incompatibilidades de cargos.

1.7.- Supresión de las retribuciones por pertenencia a Consejos de Administración en Empresas Públicas.

1.8.- Supresión inmediata de salarios y pensiones vitalicias por el hecho de su desempeño temporal.

2.- ORGANISMOS Y ENTIDADES INSTRUMENTALES

2.1.- Redefinición, reunificación y reducción de Consejerías.

2.2.- Agrupación de las Delegaciones Provinciales en cinco grandes áreas en la Junta de Andalucía: Política – Economía/Fomento – Educación – Salud/Bienestar – Medio Natural (con perspectiva a otras Autonomías).

2.3.- Revisión y drástica reducción de Fundaciones Públicas, Empresas Públicas y Agencias (Administración paralela).

2.4.- Reconsideración de la proliferación de entidades locales de nueva creación: Consorcios, Mancomunidades, etc.

3.- SUBVENCIONES Y AYUDAS

3.1.- Aprobación inmediata de un periodo transitorio de reducción de subvenciones a organizaciones empresariales, sindicatos y partidos políticos que culmine en la autofinanciación en el periodo de un lustro.

3.2.- Riguroso control en la concesión de subvenciones (necesidad, finalidad y justificación).

3.3.- Drástica reducción y elevación de las medidas de control y de justificación de las subvenciones a organizaciones de países totalitarios.

4.- PRESUPUESTO

4.1.- Reducción notoria del gasto en congresos, jornadas y seminarios.

4.2.- Transparencia, control, eficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto.

4.3.- Reducción de las partidas presupuestarias de gastos de protocolo y de representación, así como los de publicidad y propaganda, acompañada de un riguroso seguimiento y control.

4.4.- Supresión de arrendamientos de edificios administrativos y, en todo caso, acompañados de opción de compra.

4.5.- Reducción drástica de los gastos en campañas electorales e impulso de las nuevas tecnologías para su desarrollo.

4.6.- Supresión absoluta de las subvenciones a las televisiones y medios de comunicación públicos hasta la total autofinaciación en un periodo de tres años.

4.7.- Supresión de las subvenciones al cine, teatro y otras artes escénicas de un irrelevante fin social.

4.8.- Elevación de los tipos del IRPF a las rentas que superen los 63.000 euros anuales de 2010.

5.- PUESTOS DE TRABAJO

5.1.- Reducción de los puestos de Coordinadores a aquellas Direcciones Generales con cinco o más jefaturas de servicio.

5.2.- Retorno inmediato a su Administración de origen de los funcionarios que prestan servicios en la Comunidad Autónoma.

5.3.- Reducción y mayor control sobre abono de indemnizaciones, horas extras, horas presencia, dietas y locomoción

5.4.- Concentración de la jornada de tarde en dos días laborables fijos.

5.5.- Eventuales: Reducción de los Gabinetes de Consejeros/as y asimilados a un Jefe de Gabinete y un asesor y supresión del resto.

5.6.- Supresión drástica del número de liberados sindicales hasta alcanzar la cifra del cincuenta por ciento actual en un periodo de dos años.

5.7.- Establecimiento de un salario máximo en el sector público (no superior a 63.000 euros anuales de 2010).

P.S.- Insistimos en que la lista se deja abierta. Invitamos a nuestros compañeros, a nuestros lectores y seguidores, desde su experiencia, a que la misma no deje de crecer. Envía tus aportaciones haciendo clic al pie de este post en “comentarios” o a la dirección: contacta@eltercerlado.com. Serán publicadas en el apartado "Pitos y aplausos".

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¿Senado políglota? Obscenidad en medio del tijeretazo

Mientras esa extraña invitada -la crisis económica y financiera, que hasta hace bien poco no existía, al decir de nuestros gobernantes- continúa cebándose con los más necesitados en forma de un desempleo que supera, otra vez, el 20% y que sitúa en 4.612.700 el número de parados (1.080.900 en Andalucía, con una tasa superior al 27%); mientras el Gobierno, negándose a sí mismo y a base de “decretazo”, recorta derechos a los de siempre, resulta que el Pleno del Senado se entretiene en tomar en consideración una propuesta de reforma de su Reglamento para convertirse en la primera cámara parlamentaria española que usará hasta cinco idiomas: todas las lenguas oficiales según los distintos estatutos (castellano, catalán, vasco, gallego y valenciano). Así, nos meten obscenamente la mano en el bolsillo para seguir contentando al nacionalismo sostenedor.

La propuesta, que ha partido de 34 senadores de mayoría nacionalista y que cuenta con el apoyo del grupo mayoritario de la cámara, requiere para su implantación un sistema de traducción simultánea que tendrá un costo inicial de entre uno y dos millones de euros (calderilla, comparada con la multimillonaria deuda acumulada de nuestra balanza de pagos, dirán todavía obscenamente) en el que una serie de intérpretes -¡manda huevos!- traducirán al resto de lenguas en tiempo real cada intervención en cualquier lengua distinta del castellano. O sea, el propio Parlamento Europeo o la mismísima ONU trasladados a la Cámara Alta en la que, curiosamente, nuestros senadores se toman el cafelito de turno –y de gañote, dicho sea de paso- hablando como cotorras en castellano para, entretiempos y si no les da por hacer novillos que esa es otra, colocarse el “pinganillo” en las Comisiones o en el Pleno para ponerse al corriente “oficialmente” de las ocurrencias que le quiere referir el “compi” con el que hasta hacía un momento se entendía en la cafetería (y hasta en los mismos escaños) a la perfección en una lengua común, la de todos, el castellano.

El artículo 3 de nuestra Constitución es tajante y no admite dobles lecturas cuando establece como única lengua española oficial del Estado al castellano, estableciendo la obligación de conocerlo y de usarlo a todos los españoles. Además, ordena que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

¿Tan difícil es de entender el mandato y el espíritu de nuestra Carta Magna? ¿Por qué retorcer hasta la incompetencia lo que resulta tan meridianamente claro? ¿A cuento de qué convertir, impúdicamente, en una Torre de Babel un lugar diseñado para el encuentro y las políticas comunes que aglutinen a los heterogéneos pueblos de España? ¿Para qué usar como arma arrojadiza nuestra lengua común, el instrumento que nos une y nos aglutina como Estado, junto a sus elementos esenciales, territorio, población, soberanía y gobierno?

Y, sobretodo, ¿por qué ahora, precisamente ahora, este despilfarro, fronterizo con la malversación, en momentos lacerantes de crisis, de caída libre del desempleo y de absoluta recesión de nuestra economía? ¡Ah, que es por eso… ustedes disculpen… ! O, mejor dicho, nada que disculpar: pónganse de una vez ante su propia responsabilidad, comiencen a llamar a los problemas por su nombre en pos de las soluciones y, sobretodo, comiencen a desconfiar, ya va siendo hora, de una sociedad hasta ahora narcotizada pero dispuesta a pedir responsabilidades tras alcanzar su oportuna y total rehabilitación.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

Modelos de organización y tránsito a la externalización

El imperio del derecho implica democracia constitucional y unos de los componentes esenciales de ese estado de derecho en una democracia constitucional es la neutralidad. Estamos inmersos en una estructura social en la que operan gobernantes y gobernados.

El político, por principio, debe ser una persona que actúa por vocación al servicio público, porque quiere aportar a la sociedad lo mejor de sí mismo, sin ningún tipo de interés personal ni económico.

El gobernante para la ejecución de sus decisiones y control, se decanta por buscar aliados en la organización administrativa. Se reduce la cuestión a localizar el perfil dentro de la organización, a reclutar ese funcionario de confianza y, coetáneamente, establecer un procedimiento de remoción en el caso de resistencia del elegido. Por otro lado y con respecto a ciertos grupos de presión, opta por reconducirlos otorgándoles parcelas de poder, subvenciones, concesiones en la negociación. En ambos casos, se olvida de la organización y se interesa sólo por potenciar su protagonismo.

La decisión llega desde el Gobierno a la fase burocrática y de aquí al ciudadano. Este tránsito de la política a la Administración se encauza, en esta fase, a través de los Jefes de Servicio. Para ello hay que buscar dentro de la estructura interna ese funcionario idóneo, a sabiendas de que habrá que hacer concesiones. Se materializa en otorgarles parcelas de autogestión, colaborar con él en cuestiones puntuales, ejercer un control laxo, ser permisivos en sus actuaciones, mejorar las retribuciones y ascensos. A cambio se le exige identificarse con sus decisiones y disciplina para llevarlas a efecto, por supuesto, sin cuestionarlas. Dicho con otras palabras, se les permite, desde la confianza, dirigir la Administración, ateniéndose, eso sí, a los mandatos del político. Asimismo, se les pide capacidad para asumir las responsabilidades de otros, aunque el sistema pondrá todo su esfuerzo para que éstas no puedan individualizarse, que ciertos asuntos no trasciendan y que otras cuestiones se aparten, se olviden. También se le hace llegar de forma clara que, a la hora de repartir ventajas políticas, siempre hay beneficiarios personales. Es decir, se les ofrece la posibilidad de trascender de la esfera burocrática a la política. En definitiva se produce en esta instancia el trueque “yo te doy, tú me das”.

Los Jefes de Servicio son los responsables de que la orden se cumpla y, en todo caso, evitar bloqueos y resistencias en instancias inferiores. Estos colaboradores necesitan de funcionarios subordinados para integrarlos en el circuito administrativo, a sabiendas que esta misión resulta compleja, toda vez que esos empleados deben defender cotidianamente la ejecución y el mantenimiento de la decisión, sin haber participado en su gestación que viene impuesta desde arriba. Además, soporta un gran gasto de energía en trámites innecesarios, escritos, etc., lo que desemboca, harto de presiones, dificultades y falta de apoyos, en el tedio, en la relajación. Asimismo, en esta relación funcionario superior-inferior, también se producen acuerdos, básicamente en el cumplimiento de la jornada y horarios de trabajos y, en menor medida, promociones profesionales y económicas. Por encima de todo hay que mantener un ambiente de trabajo relajado.

En este modelo, donde el gobierno defiende cierta disfuncionalidad y donde se produce una colaboración interesada “gobierno - funcionarios superiores”, el gran perjudicado es el funcionario “de base” que se siente utilizado y sufre la ira del ciudadano, básicamente cuando manifiesta su poder con eslóganes políticos universales sobre su actividad y buen hacer, perfectamente diseñados y publicitados, pero huecos de contenido o falto de disponibilidad económica en muchos casos.

Para colmo, en un “alarde de gran previsión” crean la figura de los Coordinadores, a los que se les encomienda como misión básica la unidad de acción en las distintas parcelas de los Centros Directivos, además de convertirse en interlocutores del responsable político. Consecuencia de ello, los Jefes de Servicio son relegados a un segundo plano, el idilio inicial con el directivo se va difuminando hasta dejar de existir el contacto personal. Sin ser percibido, comienza a gestarse una organización basada en el Directivo.

La nueva cuña produce los lógicos vaivenes en esta fase administrativa y las naturales fisuras en el control administrativo, cuestión que no se digiere bien. De forma más o menos sutil y con la intención de agotar al funcionario aliado, el político comienza a exigirle el cumplimiento de las decisiones sin prestarle la colaboración activa y los medios necesarios.

La gestión del político, en muchos casos motivada por la incertidumbre de su permanencia en el cargo, se focaliza en su esfera de influencia, amistades, colegas profesionales, familia, etc. Se limita a estrechar relaciones con estamentos y personas relevantes e influyentes de su localidad de origen, al ser consciente, con buen criterio, que, tras su cese, retornarán a su puesto de trabajo, a su ciudad, por lo que les conviene hacer una política “complaciente” con esos intereses. En definitiva, su finalidad se centra en garantizar su retorno esperando el cumplimiento del “favor con favor se paga”. Dicho de otra manera, el beneficio personal se impone al general.

Ante las fisuras de este modelo, donde se cuestiona la tardanza en la resolución de expedientes, la resistencia y el bloqueo de la organización por los funcionarios, el político de turno se plantea reinventar otro en el que, en todo caso, el mantenimiento del poder, la ejecución, la seguridad y el control hayan de ser preservados, cueste lo que cueste. Así, felizmente, encuentra la “solución”: la creación de una Administración paralela, la externalización de los servicios administrativos, en definitiva se da la bienvenida a entidades instrumentales con formas jurídico privadas. Los pilares de este modelo resaltan burdamente: el reclutamiento del personal directivo, la eliminación de controles administrativos y el yacimiento de empleo para ex altos cargos destacan sobremanera.

A continuación se plantea la propaganda, la venta del “modelo panacea” al ciudadano. Para ello hay que elaborar una idea atractiva, que cale en la sociedad y, hay que reconocerlo, en esa labor se muestran como verdaderos expertos. Son habituales mensajes en estas direcciones: “mejoras del funcionamiento del servicio público”, “una Administración próxima y cercana”, “queremos tu opinión, que tú formes parte”. Se obvia, evidentemente, en el mensaje cuestiones tales como el coste del servicio, las retribuciones de los directivos, la duplicidad de los cargos, la selección del personal ajena a los objetivos principios de la Función Pública, las difuminadas responsabilidades, etc. En síntesis, se magnifica el bien común y se silencia el beneficio personal, piedra angular del nuevo modelo, y su exagerado coste económico.

El personal directivo de estas organizaciones debe cumplir un perfil muy definido, donde la lealtad, obediencia y disciplina queden fuera de toda duda, un personal politizado en la medida que se le exige una actitud política positiva.

En este marco creado “ad hoc”, integrado por directivos entregados a la causa, sin controles administrativos en la gestión, resulta más ágil y cómoda su actuación. Pero como en toda organización se producen disfunciones, a saber: definición opaca de las funciones y de la estructura y formación de mandos intermedios del ente, sede de la prestación del servicio… Amparada en motivos económicos, la prestación de su cometido por este personal se realiza en la propia sede de los Organismos Públicos Oficiales. Esta cohabitación del personal, funcionario y externos, provoca un ambiente hostil. Sus efectos son variados, con respecto al personal funcionario: unos optan por la pasividad y los menos se rebelan contra la medida, mientras que el externo del nuevo ente pretende asumir las funciones del puesto del funcionario, causa de su relación laboral. Se produce, de este modo, una usurpación de funciones.

Lejos de buscar una solución coherente al problema creado, los responsables políticos optan, para paliar el ambiente laboral hostil, por compensar al funcionario, a saber: ampliando las relaciones de puestos de trabajo, mejorando la retribución de los mismos y ofreciendo ofertas de empleo generosas para la promoción interna. Con ello pretenden acallar los brotes de insatisfacción de los empleados públicos y pacificar el círculo de trabajo. Dicho de otra manera: dulcifican el ambiente y la relación laboral, compensando la transferencia de las funciones de sus puestos de trabajo hacia el personal externo por un plato de lentejas en forma de promoción económica.

Este modelo innovador, y ya obsoleto, sólo sirve para mantener los puestos de trabajo de los directivos y para convertirse, al mismo tiempo, en coto cerrado de empleo para políticos cesados o ávidos de poder y para pagar la nómina del personal por ellos “colocado” ante la ausencia de unas mínimas normas de control.

Pero como el tiempo pone a cada cual en su sitio y la verdad se impone, ante los reveses de los Tribunales de Justicia por usurpación de funciones públicas, la precaria situación económica actual, la rebelada actitud del funcionario ante su relegación y la dilapidación de fondos públicos, se vuelve a replantear un nuevo modelo que tiene su origen en la insostenibilidad del actual y en una palpable alarma social.

Nuevamente, y en estado incipiente, desde las mismas mentes que nos han llevado a este desvarío, va surgiendo un modelo intermedio sustentado en la figura del Directivo Público, introducido como novedad por el Estatuto del Empleado Público de 2007, mediante la que podrán ocupar puestos de alta gestión personas ajenas a la Administración. Se deja vía libre a los nombramientos personalizados en el que la figura del técnico será sustituida, otra vez, por la del político. Así, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad quedan sustraídos una vez más por mor del interés del dirigente.

Estamos convencidos que puede existir una correspondencia más equilibrada en la relación políticos-funcionarios, donde nadie quede relegado, en la que converjan todos los esfuerzos hacia el ciudadano, educando en valores y principios al político y donde el interés general asuma todo su protagonismo; en la que se conciencie al funcionario de que, detrás de cada papel, formulando normas procedimentales eficaces, hay personas y expectativas que no pueden ser defraudadas.

Tienen que enterarse definitivamente los que toman las decisiones que la cuestión no es la sempiterna búsqueda del mejor modelo; la solución está en el interior de la propia organización, en ese recurso humano formado, capacitado, experimentado e independiente. El responsable político ha de canalizar su estrategia en motivar al empleado público e integrarlo en la organización, por el contrario no excluirlo o relegarlo; en definitiva hacerle partícipe de las decisiones, a la vez que se impulsen acciones específicas ágiles, modernas y flexibles, dejando atrás viejas maniobras de ocultación, descoordinación y desconfianza.

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Ética: La relación ciudadano-funcionario y el bloqueo de la organización

"No todo lo que parece es lo que es"

Todo está predeterminado; nada es casual sino causal. Verdaderos estudiosos dirigen nuestros pensamientos, comportamientos, canalizan nuestro ego… A veces se llega incluso a generar el problema para más tarde buscar la solución, eso sí, orientada y envuelta en la idea de que se sirve al ciudadano, cuando realmente se sirven de él.

Es por ello que la ética debiera ser un carácter primordial de todo individuo cuyo cargo público y nivel de responsabilidad hagan que sus decisiones repercutan en una comunidad global o en un sector de población determinado.

La ética es un acto de conciencia voluntaria del hombre, derivada de su formación moral, social, religiosa, política o académica. Y al igual que existe una jerarquía de valores en la conciencia individual, también existe una primacía de valores en los entes públicos que permite la aplicación preferente de unos sobre otros o la primacía del bien común sobre los intereses individuales. Entendida así la ética, como estado de conciencia individual pero también como condición de la existencia de la sociedad del Estado, debemos analizar al individuo en el ejercicio de una función pública, es decir, cuando participa en forma personal, efectiva, directa y concreta como titular de un órgano.

La Administración se concentra en el ciudadano -eje central-, teniendo como partícipe al equipo de gobierno y al funcionariado, vocablo referido siempre en términos generales a los empleados públicos. El Gobierno establece las ideas y propone el modelo organizativo, señala objetivos, procedimientos y medios materiales y económicos. Se establecen tres órdenes: el político, el burocrático y el ciudadano. Asimismo, dentro de la estructura administrativa hay una parcela de dirección y planificación y otra de gestión.

Descritos de forma breve los sujetos de la relación, nuestra intención es proponer un enfoque nuevo en el cual tengan cabida todas las partes, sin exclusiones ni sacrificios de intereses. De otra manera no sería viable un cambio de conciencia de los interlocutores, haciendo impensable ideas y formas de actuación nuevas. Se trata de posibilitar la aceptación e integración de ideas nuevas, pero siempre identificándolas desde la realidad.

Por ello, se hace preciso describir la situación actual sin hostilidad, manipulación o rebeldía; en definitiva, sin conflicto. Y donde se producen relaciones internas entre el Gobierno y la Administración y externas, entre ambas y el ciudadano, el primero toma las decisiones y planifica y el segundo gestiona, convirtiéndose en la imagen que percibe el tercero.

El ciudadano, eslabón básico de la cadena, espera de la Administración que gestione mejor los objetivos que tiene a su cargo dentro de los cauces legales. Pero la realidad es que -por inacción, separación de la realidad, o descoordinación en la organización administrativa- nos grita monótonamente, manifestando su disconformidad de maneras diversas. Así, el único receptor de la ira del ciudadano es el funcionario, al cual esta situación le genera un conflicto interno y externo, una impotencia. Ante esto, cabe preguntarse: ¿quién es el responsable? ¿ese estado de opinión del ciudadano por quién es promovida? ¿por qué se permite? ¿qué respaldo y apoyo tiene el empleado público?

El funcionario, no habiendo participado en la toma de decisiones, en la adopción de las formas de gestionar, acaba viéndose señalado y desprotegido.

El desencanto se manifiesta mediante una resistencia pasiva, lo que, por ende, produce un bloqueo de la organización. El político, lejos de buscar soluciones en aras del interés público, consiente esa actitud de desviación y paralización ¿Interesa desviar la atención?

El ciudadano capta parte de la situación. Está confuso, no confía. Percibe a la Administración y a sus trabajadores como tiranos que hacen y deshacen a su antojo. Cabría plantearse qué ocurriría si este último destinatario de las decisiones, harto de perjuicios innecesarios, decide rebelarse contra el sistema. Todo ello nos lleva a buscar soluciones concretas, realistas y suficientes que, sin menoscabar el protagonismo del ciudadano, sea sustentada en un poder equilibrado, a fin de evitar un conflicto difícil de manejar.

En esta Administración, rutinaria, concebida para actuaciones repetitivas, es pieza básica el funcionario. Pero este funcionario cada día mas formado, tanto desde el conocimiento técnico como desde las relaciones interpersonales, ya no se conforma con el aspecto material de la relación -estabilidad en el empleo y sueldo-, sino que aspira a una mejor prestación del servicio público y se cuestiona el legado que va a transmitir. El funcionario de hoy, contrariamente a lo interesadamente publicitado, quiere sentirse útil.

Está percibiendo la necesidad de un cambio, donde la escala de valores y la conciencia sean innegociables para el presente y el devenir. Se siente desprotegido, marioneta en algunos casos y, lo que es peor, sin chance alguno en las posibles soluciones. Además, soporta un gran gasto de energía en trámites innecesarios, lo que desemboca, harto de presiones, dificultades y falta de apoyos, en el tedio, en la relajación.

No obstante lo anterior, el funcionario debe ser concebido como capital humano, como valor, no como un gasto en el presupuesto.

Finalmente, la otra parte, el Gobierno, lo que persigue es el mantenimiento de su situación de poder, seguridad en el cargo, ejecución de sus decisiones y control de la situación. Bajo estas premisas se precisa organizar un aparato administrativo que le garantice su pretensión. Se encuentra con dos obstáculos: por un lado, el personal (formado, independiente, no reclutado por él, estable en el empleo) que ha de materializar su decisión y, por otro lado, una legislación difícil de sortear. Esta situación le suscita miedo e inseguridad, no sólo por el cumplimiento del interés general, sino también por la tendencia a mantenerse en esa posición dominante en el sistema. Y, lejos de buscar la solución dentro, adopta posturas fuera de él, externalizando sus servicios.

Ante este estado de la situación, sólo tenemos dos opciones: vivir “mejor”, ignorando la realidad, siendo conocedores de las desigualdades e injusticias (“las cosas son como son y hay que aceptarlas como vienen”) o luchar por cambiar hacia un modelo que conduzca a una optimización de la actividad y de los recursos de las Administraciones Públicas y del desarrollo profesional de sus empleados.

La satisfacción de las demandas de la ciudadanía debe convertirse en la esencia y en la finalidad de todo servicio público. Alcanzar un nivel de desarrollo deseable y exigido por nuestra sociedad con un mejor aprovechamiento de los recursos es la meta demandada. En definitiva, que la prestación de ese servicio tenga lugar en las mejores condiciones técnicas, materiales y profesionales posibles para alcanzar la agilidad y pronta respuesta que exige cualquier ciudadano. Objetivo inmediato debe ser disponer de un instrumento que, desde su impulso coordinado, permita una ejecución eficiente, ágil, moderna y evaluable en aras del interés general, siendo nuestra pretensión convertirnos en un canal de ideas dentro de un marco en el que todos tengan cabida.

Estamos convencidos de que puede existir una correspondencia más equilibrada en la relación políticos-funcionarios, donde nadie quede relegado, en la que converjan todos los esfuerzos hacia el ciudadano, educando en valores y principios al político y donde el interés general asuma todo su protagonismo; en la que se conciencie al funcionario de que detrás de cada papel hay personas y expectativas que no pueden ser defraudadas.

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