La reforma del sector público no es un tema novedoso en España. Durante años, han sido varios los intentos de “modernización” de las Administraciones Públicas por parte de los poderes legislativos y ejecutivos, especialmente por los del Estado, que tiene atribuida la competencia de la legislación básica en esta materia.
El problema que han planteado todas las reformas radica en intentar modificar un modelo político-administrativo que tiene una tradición significativa y que actualmente viene definido por nuestra Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación administrativa. Cualquier reforma legislativa tiene el límite del bloque de constitucionalidad, y mientras este no se modifique, es muy complejo acometer reformas como las planteadas en estos últimos años, frecuentemente importadas de sistemas diferentes, como el anglosajón, o de ámbitos como el empresarial –privado-, que lo que están provocando son disfunciones en nuestro modelo, y por añadidura, mucha inseguridad jurídica acompañada de una huida del Derecho Administrativo con fines que, en muchos caso, se alejan de la defensa de los intereses generales, a la vista de la jurisprudencia (los jueces tienen la difícil labor de reinterpretar normas y actos) y de los informes de los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas. Y Andalucía no se queda al margen de este problema.
No es un tema baladí lo que está en juego. Es un mandato de la Constitución Española garantizar la neutralidad, imparcialidad y objetividad en las actuaciones de las Administraciones Públicas, y establecer para ello un régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 1.3.e del Estatuto Básico: “Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera”). ¿O es que se prefiere un sistema donde los dirigentes políticos pudieran utilizar los exorbitantes poderes de la Administración, como la expropiación, las sanciones, las subvenciones, la imposición de tributos, etc., de forma arbitraria, o no actuaran cuando debieran, como en los sistemas políticos dictatoriales o absolutistas, totalmente corruptos?
El Gobierno andaluz, con el apoyo “condicionado” de los sindicatos UGT y CCOO, con claros signos de dependencia de la “patronal”, que sin necesidad los riega con ayudas y subvenciones, se ha empeñado en sacar adelante un batiburrillo de medidas, fundamentadas en más que dudosas motivaciones, como queda probado en el documento que se presenta en este editorial, que no resuelven los actuales problemas del sector público, y ni por asomo contribuyen a disminuir el déficit público.
No somos los funcionarios los culpables de esta situación. ¿Acaso lo son los trabajadores de las empresas privadas que quiebran? ¿No serán los cargos directivos los responsables? En la Administración ocurre exactamente igual: son los cargos políticos los únicos responsables de la situación actual. Pero es fácil, demagógico y cobarde inundar a la opinión pública de mensajes tópicos, proclamando, con la ayuda de los medios “dependientes”, que los funcionarios son vagos, incompetentes, incapaces, ineficaces e ineficientes, y que la Administración funcionaría mejor si introducimos parámetros empresariales y otros propios del ámbito del Derecho privado, usando lemas tales como “lo privado funciona mejor que lo público”. No, no es cierto. ¿Acaso no quiebran las empresas privadas? Tenemos un reciente ejemplo con las empresas del que fuera presidente de la CEOE.
El problema se origina con el legislador, que utiliza el Derecho para intereses “partidistas”. Y es que muchos políticos han olvidado que el Derecho es el fundamento de los gobiernos constitucionales, al menos en un Estado de Derecho como el nuestro, y no un instrumento al servicio de los intereses de los partidos políticos y sus allegados.
El Plan de Reordenación del Sector Público que plantea el Gobierno andaluz, así como los Decretos-leyes 5/2010 y 6/2010 son un claro ejemplo de ello. En el documento que se presenta a continuación se aporta más luz sobre este Plan y las dos normas mencionadas, deduciendo su más que dudosa legalidad. Asimismo, desgrana la problemática que conllevan las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz, con la colaboración “cómplice” del Parlamento, y se prueba que los fundamentos de las mismas son diferentes a las que se proclaman en su contenido, y se alejan del principio de “buena administración”. ¿Puede un Acuerdo Gobierno-Sindicatos o un Convenio Colectivo vulnerar el ordenamiento jurídico, acordándose medidas de dudosa aplicación en un futuro? Porque no olvidemos que el trabajador amparado por el Derecho Laboral está más protegido que el funcionario con el Derecho Administrativo, esto último diseñado adrede por los poderes legislativo y ejecutivo para conseguir debilitar a los funcionarios ante las decisiones de sus jefes políticos. En el documento se explica con ejemplos como conseguirlo.
Asimismo, se hace mención a informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, así como de la Comisión Consultiva de Contratación de la Junta de Andalucía, que prueban la ineficacia e ineficiencia de los entes instrumentales que, de cualquier manera, quiere el Gobierno andaluz camuflarlos como “Agencias”, sin medir las consecuencias. Entre otras, multiplicar el gasto público con la problemática que se crearía de “cesión ilegal de trabajadores”, ya denunciada por el Tribunal de Cuentas.
En el mismo documento, por último, se proponen varias medidas que contribuirían definitivamente a la consecución de los fines que se plantean: mejorar la eficacia y eficiencia de nuestra Administración, así como disminuir el elevado déficit público, agravado con la actual situación de crisis económica.
Es fácil congelar pensiones y reducir sueldos a los funcionarios públicos, lo cual por cierto no ha ocurrido con los trabajadores de los entes instrumentales (empresas públicas, fundaciones, etc.), donde se han respetado los sueldos. Se recurre al más débil en el Estado para tapar los despilfarros de una política errática y mediatizada por intereses electorales, es decir, de permanencia en el poder, marginando los verdaderos intereses generales. Y la ciudadanía, cada vez más narcotizada y adormecida, no reacciona hasta que le tocan su bolsillo. Es necesario que despierte de su letargo para actuar responsablemente, si es que les interesa su futuro y el de sus hijos.
Los empresarios necesitan una Administración Pública profesionalizada, que actúe eficaz y eficientemente, con racionalidad, que les ayude en su difícil tarea de ser motores de la economía, sin necesidad de subvenciones y ayudas millonarias, por ejemplo, para formación para el empleo que, a la vista de cómo están las cifras del paro, son de dudosa utilidad.
Y nuestros gobernantes necesitan empacharse de ética, transparencia, democracia, imparcialidad, racionalidad y objetividad, muy ausentes en la vida pública. Esperamos que este documento que se presenta contribuya a inyectarlas a grandes dosis.
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