Mientras una gran mayoría de los empleados públicos andaluces se van de vacaciones -¡otra de gambas!-, los responsables de la Administración Andaluza, dan a luz en estos días a la anunciada “reordenación” de la ciclópea administración paralela, gestada por ellos mismos en los últimos años con el principal fin de medrar, a base de despotismo y de abuso, de mimo y de entusiasmo, de pretendida modernización y de ansiada organización, a partes iguales.
Se revalida así una organización concebida al margen de la Administración que, como las células tumorales, ha multiplicado sus tentáculos de forma errática, englobando áreas hasta hace nada reservadas a la administración pública y arrancándole competencias para, inminentemente, justo en la sima de la actual crisis económica, mostrarse en todo su “esplendor” en el BOJA.
Lejos de resolver la situación que la actual coyuntura sugiere, el gobierno nos vende la burra de esta necesaria remodelación del sector público, a través de una batería de medidas que dará comienzo con el Decreto Ley, por el que se Aprueban Medidas Urgentes en Materia de Reordenación del Sector Público, y que no hará otra cosa que consolidar y alimentar la ya de por sí deforme e ineficaz criatura, más propia de las pesadillas del doctor Frankenstein que de una organización del siglo XXI. Para ello, sólo de cara a la galería, reduce el número de estas entidades, que no de sus efectivos, ni del presupuesto, en un desaforado intento de huida hacia delante, de continuar apostando por el alejamiento del indudablemente rígido -y mejorable- control del derecho administrativo. Y -lo que es peor- de proseguir con la “colocación de amiguetes” en las Agencias resultantes, de la mano del personal funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para cosechar, finalmente, su desembarco dorado en la misma, una vez contrastados los negativos resultados de sus ímprobos esfuerzos por acomodar, en su día, a muchos de ellos como funcionarios interinos.
Mientras el número de “enchufados” (se estima en 28.000) designados a dedo en estas entidades, en puestos de máxima -y de no tanta- responsabilidad, continúa creciendo alarmantemente, tanto que algunas de ellas superan con creces el número de funcionarios de su Consejería matriz, lo que ahora se pretende, como queda esbozado, es unificar -aprovechando la coyuntura de la socorrida crisis- a funcionarios y laborales de la Administración General con “su” personal de empresas públicas, consorcios y otros entes instrumentales, trabajadores todos ellos contratados “digitalmente” por cuenta ajena e, incluso, por cuenta propia a través de Asistencias Técnicas.
Paradójicamente, en este batiburrillo, el personal más beneficiado es -cuál si no- el que proviene de esos organismos, contratado al margen del exhaustivo control del derecho administrativo y de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y lo es porque, en pureza, no sufre cambio alguno en su actual estatus, ya que mantendrá, no sólo su empleo sino su convenio original hasta que se negocie el del ente resultante; convenio que, por otra parte, lo pondrá en condiciones de igualdad con el sector más damnificado, que no es otro que el del personal laboral de la Junta de Andalucía que, forzosamente, acabe recalando en el mismo, y que sufrirá una drástica reducción de sus derechos, principalmente a la estabilidad en el empleo, al traslado y a la promoción profesional.
Algo parecido ocurre con el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, el cual, una vez transferido, no perderá su condición como tal (quedará en excedencia por servicios especiales), aunque penderá funcionalmente de la Agencia.
De esta manera, al primitivo monstruo se le inyecta “proteína funcionarial” y “hormona laboral” de la Administración para revestirlo y darle apariencia de “lo público”, cuando en realidad la situación es, sorprendentemente, la contraria: el maremágnum instituido desemboca en la privatización de un importante sector de la Administración Andaluza, al mezclar en una coctelera estamentos tan heterogéneos como son los funcionarios, los laborales y la plantilla “digitalizada” de estas entidades; personal éste que, como principal diferenciación, no ha “sufrido” ninguno de los procedimientos de selección previstos en la legislación de Función Pública (oposición, concurso, concurso-oposición). Además, en el momento de la integración, y con la inmediata aprobación del Convenio Unificado de la Agencia de que se trate, igualarán en derechos al personal laboral de la Administración General que –forzosamente- se integre y que acaba convirtiéndose en la gran víctima del proceso, al excluírsele del Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía y perder su vínculo con la Administración General.
El resultado final, lo vendan como lo vendan, es que la Junta acaba “privatizando” un significativo segmento de sus competencias, al tiempo que le permite “blanquear” el empleo amontonado en “su” administración paralela, mientras, de paso, “refresca” la memoria electoral a casi treinta millares de trabajadores a los que hay que sumar parientes y allegados. Y todo con un mayor coste para la tesorería autonómica, pues estos trabajadores que, en determinados casos, llegan a suplantar la autoridad y la potestad sancionadora de la que se reviste el funcionario, no han sufrido el tijeretazo salarial aplicado al sector público.
Seamos conscientes de que esto es sólo el inicio; con el tiempo, si permanecemos impasibles como hasta ahora, aplicarán las políticas de reducción de empleados públicos para liquidar a los funcionarios no adscritos al sector “estómagos agradecidos, jamás serán vencidos”.
Diga lo que diga el artículo 14 de la Constitución, se lo pasan por el forro. Queda patente que el poder se obtiene para repartirlo entre los amigos: “¿Y quiénes son estos funcionarios, a los que ni siquiera he colocado yo?”.
Igualitos, igualitos que la CEOE...
Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.
Se revalida así una organización concebida al margen de la Administración que, como las células tumorales, ha multiplicado sus tentáculos de forma errática, englobando áreas hasta hace nada reservadas a la administración pública y arrancándole competencias para, inminentemente, justo en la sima de la actual crisis económica, mostrarse en todo su “esplendor” en el BOJA.
Lejos de resolver la situación que la actual coyuntura sugiere, el gobierno nos vende la burra de esta necesaria remodelación del sector público, a través de una batería de medidas que dará comienzo con el Decreto Ley, por el que se Aprueban Medidas Urgentes en Materia de Reordenación del Sector Público, y que no hará otra cosa que consolidar y alimentar la ya de por sí deforme e ineficaz criatura, más propia de las pesadillas del doctor Frankenstein que de una organización del siglo XXI. Para ello, sólo de cara a la galería, reduce el número de estas entidades, que no de sus efectivos, ni del presupuesto, en un desaforado intento de huida hacia delante, de continuar apostando por el alejamiento del indudablemente rígido -y mejorable- control del derecho administrativo. Y -lo que es peor- de proseguir con la “colocación de amiguetes” en las Agencias resultantes, de la mano del personal funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para cosechar, finalmente, su desembarco dorado en la misma, una vez contrastados los negativos resultados de sus ímprobos esfuerzos por acomodar, en su día, a muchos de ellos como funcionarios interinos.
Mientras el número de “enchufados” (se estima en 28.000) designados a dedo en estas entidades, en puestos de máxima -y de no tanta- responsabilidad, continúa creciendo alarmantemente, tanto que algunas de ellas superan con creces el número de funcionarios de su Consejería matriz, lo que ahora se pretende, como queda esbozado, es unificar -aprovechando la coyuntura de la socorrida crisis- a funcionarios y laborales de la Administración General con “su” personal de empresas públicas, consorcios y otros entes instrumentales, trabajadores todos ellos contratados “digitalmente” por cuenta ajena e, incluso, por cuenta propia a través de Asistencias Técnicas.
Paradójicamente, en este batiburrillo, el personal más beneficiado es -cuál si no- el que proviene de esos organismos, contratado al margen del exhaustivo control del derecho administrativo y de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y lo es porque, en pureza, no sufre cambio alguno en su actual estatus, ya que mantendrá, no sólo su empleo sino su convenio original hasta que se negocie el del ente resultante; convenio que, por otra parte, lo pondrá en condiciones de igualdad con el sector más damnificado, que no es otro que el del personal laboral de la Junta de Andalucía que, forzosamente, acabe recalando en el mismo, y que sufrirá una drástica reducción de sus derechos, principalmente a la estabilidad en el empleo, al traslado y a la promoción profesional.
Algo parecido ocurre con el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, el cual, una vez transferido, no perderá su condición como tal (quedará en excedencia por servicios especiales), aunque penderá funcionalmente de la Agencia.
De esta manera, al primitivo monstruo se le inyecta “proteína funcionarial” y “hormona laboral” de la Administración para revestirlo y darle apariencia de “lo público”, cuando en realidad la situación es, sorprendentemente, la contraria: el maremágnum instituido desemboca en la privatización de un importante sector de la Administración Andaluza, al mezclar en una coctelera estamentos tan heterogéneos como son los funcionarios, los laborales y la plantilla “digitalizada” de estas entidades; personal éste que, como principal diferenciación, no ha “sufrido” ninguno de los procedimientos de selección previstos en la legislación de Función Pública (oposición, concurso, concurso-oposición). Además, en el momento de la integración, y con la inmediata aprobación del Convenio Unificado de la Agencia de que se trate, igualarán en derechos al personal laboral de la Administración General que –forzosamente- se integre y que acaba convirtiéndose en la gran víctima del proceso, al excluírsele del Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía y perder su vínculo con la Administración General.
El resultado final, lo vendan como lo vendan, es que la Junta acaba “privatizando” un significativo segmento de sus competencias, al tiempo que le permite “blanquear” el empleo amontonado en “su” administración paralela, mientras, de paso, “refresca” la memoria electoral a casi treinta millares de trabajadores a los que hay que sumar parientes y allegados. Y todo con un mayor coste para la tesorería autonómica, pues estos trabajadores que, en determinados casos, llegan a suplantar la autoridad y la potestad sancionadora de la que se reviste el funcionario, no han sufrido el tijeretazo salarial aplicado al sector público.
Seamos conscientes de que esto es sólo el inicio; con el tiempo, si permanecemos impasibles como hasta ahora, aplicarán las políticas de reducción de empleados públicos para liquidar a los funcionarios no adscritos al sector “estómagos agradecidos, jamás serán vencidos”.
Diga lo que diga el artículo 14 de la Constitución, se lo pasan por el forro. Queda patente que el poder se obtiene para repartirlo entre los amigos: “¿Y quiénes son estos funcionarios, a los que ni siquiera he colocado yo?”.
Igualitos, igualitos que la CEOE...
Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.
Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"
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