Habría que diferenciar al político, del pseudopolítico y del transformado. El primero escasea: hombre que accede a la política por convicciones. El segundo, la gran mayoría: oportunista, paniaguado, aprendiz de todo y maestro de nada; segunda fila de organizaciones consolidadas constitucionalmente, eventuales de Gabinetes. Y el tercero: ¡uff, miedo da!; por significarlo suavemente, vendría a ser un híbrido de funcionario metido a político. Se erigen en mesías, iluminados, verdaderos gurús; créense expertos en estas lides de manejar masas. Para acabar de centrar a estos personajillos, y a modo de ejemplo, en este momento tenemos a varios en plena ebullición. Estos “ilustrados” se preguntan qué es eso que tanto cacarea la plebe: “el principio de legalidad, la negociación colectiva, los derechos adquiridos, etc.”.
Ellos, salvo contadas excepciones, generan el problema, para más tarde buscar la solución. Emplean estrategias de distracción cuando quieren conseguir algo, a saber: generan conflictos entre los empleados públicos y trasladan a la ciudadanía un argumentario en pro de un servicio público transparente, negociado, eficaz y eficiente; todo adornado en aras al interés general. Y en algunos momentos juegan con las emociones, la autoculpa y demás lindeces.
Definidos los sujetos y las técnicas para alcanzar su fin -la consolidación de su empleo- buscan aliados. Para ello optan por laboralizar la Administración Pública en contra del mandato constitucional recogido en el articulo 103.3, interpretado por la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, aplicable de conformidad con el artículo 15.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público y 12 de nuestra ley 6/1985. Con ello conculcan el principio “las tareas y funciones de lo público corresponden en exclusiva a los funcionarios”.
El personal directivo de los entes de la Administración paralela se nutre básicamente de excedentes de la política. Para su acomodo y mantenimiento, en una situación laboral estable, se crea eso que se ha dado en llamar Agencias Publicas (la huida del Derecho Administrativo). Con ello se ha aumentando el gasto público innecesariamente y se han vaciado de contenido diferentes órganos y puestos de trabajo. Además, las contrataciones de los entes instrumentales se realizan sin publicidad y la gestión de fondos no está sometida a control alguno.
Mención aparte, y complementaria de lo anterior, merecen los acólitos: allegados -personal contratado al margen de los principios constitucionales-, personalidades relevantes de distintos sectores a lo cuales se les compra o abduce, organizaciones sindicales y demás adláteres. Como prueba de ello sólo hay que comprobar el acuerdo alcanzado por las partes -Consejería de Hacienda y Administración Pública y las Organizaciones Sindicales, UGT Y CCOO de Andalucía, respecto del Decreto-Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público Andaluz- donde se confabulan en contra de la voluntad de la mayoría de los empleados públicos de Andalucía que exigimos la derogación del citado Decreto-Ley, sin negociaciones, ni apaños. Cabe preguntarse: ¿el apoyo de estos interlocutores privilegiados y exclusivos cuánto nos costará?
En definitiva, todo obedece a una actuación programada, con un único fin: la consolidación del empleo de directivos -reordenar a muchos ex altos cargos, eventuales, etc., que, al amparo del poder, están recolocando- y, por ende, del personal que arrastran. Pensemos que está en juego su futuro, dadas su falta de competencia y de esfuerzo para superar los procedimientos reglados de concurrencia competitiva.
Además a estos directivos les interesa no tener que soportar empleados públicos que controlen la legalidad de sus actos, mientras que el personal contratado directamente es más manejable al peligrar su continuidad en los entes instrumentales. Cabe preguntarse: ¿está, o no, en juego la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿por qué se resisten a profesionalizar estos puestos?
La situación se describe de la siguiente forma: gran excedente de pseudopolíticos que hay que ubicar, para lo cual hay que crear un espacio dentro de la organización administrativa, las agencias, y dotarlo de un personal naturalmente afin a estos órganos, por razones políticas y parentesco. Y mientras más, mejor. Hay que llegar a una situación irreversible: ahora toca buscar cómplices y quiénes mejor que el ciudadano y el citado personal dependiente y manejable que ha reclutado. Lo aliño con eslóganes como: “en defensa de lo público, simplificación de la Administración, disminución de su complejidad, armonización de su regulación, eficiencia y eficacia en la gestión pública”. Genero un debate al “mundo mundial”, más o menos así: “¿que opináis de las condiciones de los empleados públicos en estos momentos, del funcionamiento de los servicios públicos?”. Al mismo tiempo, negocio con personalidades relevantes para que formulen manifestaciones en el sentido de la necesidad de un cambio profundo en la Administración y las hago circular. Generado el conflicto, y mientras todos se enzarzan en el falso debate, yo me cuelo por detrás y consigo mi objetivo: mi estabilidad. Ahora sólo queda blindar los puestos, por si acaso.
Creada esta situación, si hay cambio político, se ha consolidado una situación de tal envergadura que va a costar económicamente más despedir a este personal que mantenerlos. Y si continúo en el gobierno... pues he abonado un espacio para recoger a pesudopolíticos afines de otros confines. Si en un momento puntual la dotación económica fuera insuficiente, se propondría aminorar las retribuciones de unos para pagar a otros.
Finalmente para acallar y diluir la situación creada en este marco, se aprueban, de manera inmediata y más aún ante la proximidad de las elecciones, medidas electoralistas, a saber: cese de algún político, ayudas de acción social específicas, una oferta de empleo generosa, etc.
En El Tercer Lado creemos que todo este entramado administrativo, generado para el fin descrito y sin aparente necesidad, es perfectamente asumible por el empleado público. Apelamos a que estas Agencias desaparezcan, tras una evaluación profunda, y que ese recurso revierta a la esfera privada a través de medidas de fomento.
... Por la eficacia y eficiencia en la Administración a través de lo propios recursos de que dispone.
... Por un servicio público objetivo, imparcial, transparente, independiente, planificado y de calidad.
... Por un control del gasto público.
... Por el acceso a la Función Publica en condiciones de igualdad.
Ellos, salvo contadas excepciones, generan el problema, para más tarde buscar la solución. Emplean estrategias de distracción cuando quieren conseguir algo, a saber: generan conflictos entre los empleados públicos y trasladan a la ciudadanía un argumentario en pro de un servicio público transparente, negociado, eficaz y eficiente; todo adornado en aras al interés general. Y en algunos momentos juegan con las emociones, la autoculpa y demás lindeces.
Definidos los sujetos y las técnicas para alcanzar su fin -la consolidación de su empleo- buscan aliados. Para ello optan por laboralizar la Administración Pública en contra del mandato constitucional recogido en el articulo 103.3, interpretado por la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, aplicable de conformidad con el artículo 15.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público y 12 de nuestra ley 6/1985. Con ello conculcan el principio “las tareas y funciones de lo público corresponden en exclusiva a los funcionarios”.
El personal directivo de los entes de la Administración paralela se nutre básicamente de excedentes de la política. Para su acomodo y mantenimiento, en una situación laboral estable, se crea eso que se ha dado en llamar Agencias Publicas (la huida del Derecho Administrativo). Con ello se ha aumentando el gasto público innecesariamente y se han vaciado de contenido diferentes órganos y puestos de trabajo. Además, las contrataciones de los entes instrumentales se realizan sin publicidad y la gestión de fondos no está sometida a control alguno.
Mención aparte, y complementaria de lo anterior, merecen los acólitos: allegados -personal contratado al margen de los principios constitucionales-, personalidades relevantes de distintos sectores a lo cuales se les compra o abduce, organizaciones sindicales y demás adláteres. Como prueba de ello sólo hay que comprobar el acuerdo alcanzado por las partes -Consejería de Hacienda y Administración Pública y las Organizaciones Sindicales, UGT Y CCOO de Andalucía, respecto del Decreto-Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público Andaluz- donde se confabulan en contra de la voluntad de la mayoría de los empleados públicos de Andalucía que exigimos la derogación del citado Decreto-Ley, sin negociaciones, ni apaños. Cabe preguntarse: ¿el apoyo de estos interlocutores privilegiados y exclusivos cuánto nos costará?
En definitiva, todo obedece a una actuación programada, con un único fin: la consolidación del empleo de directivos -reordenar a muchos ex altos cargos, eventuales, etc., que, al amparo del poder, están recolocando- y, por ende, del personal que arrastran. Pensemos que está en juego su futuro, dadas su falta de competencia y de esfuerzo para superar los procedimientos reglados de concurrencia competitiva.
Además a estos directivos les interesa no tener que soportar empleados públicos que controlen la legalidad de sus actos, mientras que el personal contratado directamente es más manejable al peligrar su continuidad en los entes instrumentales. Cabe preguntarse: ¿está, o no, en juego la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿por qué se resisten a profesionalizar estos puestos?
La situación se describe de la siguiente forma: gran excedente de pseudopolíticos que hay que ubicar, para lo cual hay que crear un espacio dentro de la organización administrativa, las agencias, y dotarlo de un personal naturalmente afin a estos órganos, por razones políticas y parentesco. Y mientras más, mejor. Hay que llegar a una situación irreversible: ahora toca buscar cómplices y quiénes mejor que el ciudadano y el citado personal dependiente y manejable que ha reclutado. Lo aliño con eslóganes como: “en defensa de lo público, simplificación de la Administración, disminución de su complejidad, armonización de su regulación, eficiencia y eficacia en la gestión pública”. Genero un debate al “mundo mundial”, más o menos así: “¿que opináis de las condiciones de los empleados públicos en estos momentos, del funcionamiento de los servicios públicos?”. Al mismo tiempo, negocio con personalidades relevantes para que formulen manifestaciones en el sentido de la necesidad de un cambio profundo en la Administración y las hago circular. Generado el conflicto, y mientras todos se enzarzan en el falso debate, yo me cuelo por detrás y consigo mi objetivo: mi estabilidad. Ahora sólo queda blindar los puestos, por si acaso.
Creada esta situación, si hay cambio político, se ha consolidado una situación de tal envergadura que va a costar económicamente más despedir a este personal que mantenerlos. Y si continúo en el gobierno... pues he abonado un espacio para recoger a pesudopolíticos afines de otros confines. Si en un momento puntual la dotación económica fuera insuficiente, se propondría aminorar las retribuciones de unos para pagar a otros.
Finalmente para acallar y diluir la situación creada en este marco, se aprueban, de manera inmediata y más aún ante la proximidad de las elecciones, medidas electoralistas, a saber: cese de algún político, ayudas de acción social específicas, una oferta de empleo generosa, etc.
En El Tercer Lado creemos que todo este entramado administrativo, generado para el fin descrito y sin aparente necesidad, es perfectamente asumible por el empleado público. Apelamos a que estas Agencias desaparezcan, tras una evaluación profunda, y que ese recurso revierta a la esfera privada a través de medidas de fomento.
... Por la eficacia y eficiencia en la Administración a través de lo propios recursos de que dispone.
... Por un servicio público objetivo, imparcial, transparente, independiente, planificado y de calidad.
... Por un control del gasto público.
... Por el acceso a la Función Publica en condiciones de igualdad.
TODO ESTRO CAMBIARIA SI LOS POLITICOS FUERAN PROFESINALES DE LA ADMINISTRACION.
ResponderEliminar¿SE ATREVERÍAN LOS CREADORES DEL DECRETO LEY 5/2010 A TENER UN DEBATE PÚBLICO (EN TV) CON REPRESENTANTES DE FUNCIONARIOS (NO DE UGT NI CCOO), COMO LOS DE ESTA ASOCIACIÓN, Y CONTESTAR A LAS PREGUNTAS CLAVES QUE SE LE HICIERAN? SIN MÁSCARAS, SIN CARETAS, CON LOS DATOS REALES. SI TODO ESTÁ TAN BIEN HECHO, NO CREO QUE RECHACEN LA PROPUESTA. Y SI NO LO HACEN, ES QUE TIENEN ALGO QUE ESCONDER.
ResponderEliminarEstoy de acuerdo con el post, deberiamos de hacer borrón y cuenta nueva. Empezar de cero, pero para ello sería necesario echar a calle tambien a muchos funcionarios que entraron a ocupar su puesto de aquella manera y ahora son los primeros en salir a sujetar la pancarta en una manifestación que evite que otros hagan lo que ellos hicieron años atrás.
ResponderEliminarQue poca memoria histórica.
De todas formas valoro muy positivamente la unión mostrada y apoyo todas las iniciativas que se abanderan desde el sector público, sus intereses, sus salarios, pero no que ataquen a otros colectivos que, por el simple hecho de no ser funcionario o laboral, nos califican de "enchufados". No es justo, máxime cuando ninguno de esos trabajadores contratados por la Junta llegará a ser funcionario sin el lógico pase por oposiciones, en cuyo caso esperamos que sean tan "fáciles" como las que aprobaron en su día algunos de los que ahora tanto reclaman y critican.
PORQUE DESDE EL 2005 EN MALAGA LA ANTIGUA CONFEDERACION, HOY AGENCIA DEL AGUA SE NOS ESTA QUITANDO LAS COMPETENCIAS, LA FISCALIA ESTA LLENA DE DENUNCIAS, Y TODOS LOS EXPEDIENTES ESTAN FUERA DEL EDIFICIO EN LA EMPRESA TRAGSA" DEL PARTIPO POPULAR" Y TODO LOS POLITICOS QUIEREN METER LA MANO EN LA ADMINISTRACION Y HECHARSE LA PELOTA DE UNOS A OTROS PARA ENTRETENERNOS, TODOS NO ROBAN.. Y LOS COMITES DE EMPRESA LO SABEN DESDE HACE 20 AÑOS...AHORA NO NOS VAMOS A CALLAR
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