Los empleados públicos de la Junta de Andalucía hemos conseguido paralizar provisionalmente en los Tribunales la pretendida y retorcida integración en las nuevas agencias creadas al amparo de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha sido el último en pronunciarse sobre también la última de las siete agencias recurridas. Con fecha 12 de diciembre, su titular ha anulado el protocolo de integración por el que se permitía a 1.852 empleados laborales desarrollar funciones de empleados públicos en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).
Recordemos que las agencias afectadas por la paralización, bien de los decretos o de los protocolos de las agencias, son siete: La Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya); la de Instituciones Culturales; la del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); la de Dependencia y Servicios Sociales; la de Obra Pública; la Agencia del Conocimiento y, la última, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). En todos los casos, a excepción de la Agencia del Conocimiento, la Justicia se ha pronunciado por la vía especial de derechos fundamentales.
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