El imperio del derecho implica democracia constitucional y unos de los componentes esenciales de ese estado de derecho en una democracia constitucional es la neutralidad. Estamos inmersos en una estructura social en la que operan gobernantes y gobernados.
El político, por principio, debe ser una persona que actúa por vocación al servicio público, porque quiere aportar a la sociedad lo mejor de sí mismo, sin ningún tipo de interés personal ni económico.
El gobernante para la ejecución de sus decisiones y control, se decanta por buscar aliados en la organización administrativa. Se reduce la cuestión a localizar el perfil dentro de la organización, a reclutar ese funcionario de confianza y, coetáneamente, establecer un procedimiento de remoción en el caso de resistencia del elegido. Por otro lado y con respecto a ciertos grupos de presión, opta por reconducirlos otorgándoles parcelas de poder, subvenciones, concesiones en la negociación. En ambos casos, se olvida de la organización y se interesa sólo por potenciar su protagonismo.
La decisión llega desde el Gobierno a la fase burocrática y de aquí al ciudadano. Este tránsito de la política a la Administración se encauza, en esta fase, a través de los Jefes de Servicio. Para ello hay que buscar dentro de la estructura interna ese funcionario idóneo, a sabiendas de que habrá que hacer concesiones. Se materializa en otorgarles parcelas de autogestión, colaborar con él en cuestiones puntuales, ejercer un control laxo, ser permisivos en sus actuaciones, mejorar las retribuciones y ascensos. A cambio se le exige identificarse con sus decisiones y disciplina para llevarlas a efecto, por supuesto, sin cuestionarlas. Dicho con otras palabras, se les permite, desde la confianza, dirigir la Administración, ateniéndose, eso sí, a los mandatos del político. Asimismo, se les pide capacidad para asumir las responsabilidades de otros, aunque el sistema pondrá todo su esfuerzo para que éstas no puedan individualizarse, que ciertos asuntos no trasciendan y que otras cuestiones se aparten, se olviden. También se le hace llegar de forma clara que, a la hora de repartir ventajas políticas, siempre hay beneficiarios personales. Es decir, se les ofrece la posibilidad de trascender de la esfera burocrática a la política. En definitiva se produce en esta instancia el trueque “yo te doy, tú me das”.
Los Jefes de Servicio son los responsables de que la orden se cumpla y, en todo caso, evitar bloqueos y resistencias en instancias inferiores. Estos colaboradores necesitan de funcionarios subordinados para integrarlos en el circuito administrativo, a sabiendas que esta misión resulta compleja, toda vez que esos empleados deben defender cotidianamente la ejecución y el mantenimiento de la decisión, sin haber participado en su gestación que viene impuesta desde arriba. Además, soporta un gran gasto de energía en trámites innecesarios, escritos, etc., lo que desemboca, harto de presiones, dificultades y falta de apoyos, en el tedio, en la relajación. Asimismo, en esta relación funcionario superior-inferior, también se producen acuerdos, básicamente en el cumplimiento de la jornada y horarios de trabajos y, en menor medida, promociones profesionales y económicas. Por encima de todo hay que mantener un ambiente de trabajo relajado.
En este modelo, donde el gobierno defiende cierta disfuncionalidad y donde se produce una colaboración interesada “gobierno - funcionarios superiores”, el gran perjudicado es el funcionario “de base” que se siente utilizado y sufre la ira del ciudadano, básicamente cuando manifiesta su poder con eslóganes políticos universales sobre su actividad y buen hacer, perfectamente diseñados y publicitados, pero huecos de contenido o falto de disponibilidad económica en muchos casos.
Para colmo, en un “alarde de gran previsión” crean la figura de los Coordinadores, a los que se les encomienda como misión básica la unidad de acción en las distintas parcelas de los Centros Directivos, además de convertirse en interlocutores del responsable político. Consecuencia de ello, los Jefes de Servicio son relegados a un segundo plano, el idilio inicial con el directivo se va difuminando hasta dejar de existir el contacto personal. Sin ser percibido, comienza a gestarse una organización basada en el Directivo.
La nueva cuña produce los lógicos vaivenes en esta fase administrativa y las naturales fisuras en el control administrativo, cuestión que no se digiere bien. De forma más o menos sutil y con la intención de agotar al funcionario aliado, el político comienza a exigirle el cumplimiento de las decisiones sin prestarle la colaboración activa y los medios necesarios.
La gestión del político, en muchos casos motivada por la incertidumbre de su permanencia en el cargo, se focaliza en su esfera de influencia, amistades, colegas profesionales, familia, etc. Se limita a estrechar relaciones con estamentos y personas relevantes e influyentes de su localidad de origen, al ser consciente, con buen criterio, que, tras su cese, retornarán a su puesto de trabajo, a su ciudad, por lo que les conviene hacer una política “complaciente” con esos intereses. En definitiva, su finalidad se centra en garantizar su retorno esperando el cumplimiento del “favor con favor se paga”. Dicho de otra manera, el beneficio personal se impone al general.
Ante las fisuras de este modelo, donde se cuestiona la tardanza en la resolución de expedientes, la resistencia y el bloqueo de la organización por los funcionarios, el político de turno se plantea reinventar otro en el que, en todo caso, el mantenimiento del poder, la ejecución, la seguridad y el control hayan de ser preservados, cueste lo que cueste. Así, felizmente, encuentra la “solución”: la creación de una Administración paralela, la externalización de los servicios administrativos, en definitiva se da la bienvenida a entidades instrumentales con formas jurídico privadas. Los pilares de este modelo resaltan burdamente: el reclutamiento del personal directivo, la eliminación de controles administrativos y el yacimiento de empleo para ex altos cargos destacan sobremanera.
A continuación se plantea la propaganda, la venta del “modelo panacea” al ciudadano. Para ello hay que elaborar una idea atractiva, que cale en la sociedad y, hay que reconocerlo, en esa labor se muestran como verdaderos expertos. Son habituales mensajes en estas direcciones: “mejoras del funcionamiento del servicio público”, “una Administración próxima y cercana”, “queremos tu opinión, que tú formes parte”. Se obvia, evidentemente, en el mensaje cuestiones tales como el coste del servicio, las retribuciones de los directivos, la duplicidad de los cargos, la selección del personal ajena a los objetivos principios de la Función Pública, las difuminadas responsabilidades, etc. En síntesis, se magnifica el bien común y se silencia el beneficio personal, piedra angular del nuevo modelo, y su exagerado coste económico.
El personal directivo de estas organizaciones debe cumplir un perfil muy definido, donde la lealtad, obediencia y disciplina queden fuera de toda duda, un personal politizado en la medida que se le exige una actitud política positiva.
En este marco creado “ad hoc”, integrado por directivos entregados a la causa, sin controles administrativos en la gestión, resulta más ágil y cómoda su actuación. Pero como en toda organización se producen disfunciones, a saber: definición opaca de las funciones y de la estructura y formación de mandos intermedios del ente, sede de la prestación del servicio… Amparada en motivos económicos, la prestación de su cometido por este personal se realiza en la propia sede de los Organismos Públicos Oficiales. Esta cohabitación del personal, funcionario y externos, provoca un ambiente hostil. Sus efectos son variados, con respecto al personal funcionario: unos optan por la pasividad y los menos se rebelan contra la medida, mientras que el externo del nuevo ente pretende asumir las funciones del puesto del funcionario, causa de su relación laboral. Se produce, de este modo, una usurpación de funciones.
Lejos de buscar una solución coherente al problema creado, los responsables políticos optan, para paliar el ambiente laboral hostil, por compensar al funcionario, a saber: ampliando las relaciones de puestos de trabajo, mejorando la retribución de los mismos y ofreciendo ofertas de empleo generosas para la promoción interna. Con ello pretenden acallar los brotes de insatisfacción de los empleados públicos y pacificar el círculo de trabajo. Dicho de otra manera: dulcifican el ambiente y la relación laboral, compensando la transferencia de las funciones de sus puestos de trabajo hacia el personal externo por un plato de lentejas en forma de promoción económica.
Este modelo innovador, y ya obsoleto, sólo sirve para mantener los puestos de trabajo de los directivos y para convertirse, al mismo tiempo, en coto cerrado de empleo para políticos cesados o ávidos de poder y para pagar la nómina del personal por ellos “colocado” ante la ausencia de unas mínimas normas de control.
Pero como el tiempo pone a cada cual en su sitio y la verdad se impone, ante los reveses de los Tribunales de Justicia por usurpación de funciones públicas, la precaria situación económica actual, la rebelada actitud del funcionario ante su relegación y la dilapidación de fondos públicos, se vuelve a replantear un nuevo modelo que tiene su origen en la insostenibilidad del actual y en una palpable alarma social.
Nuevamente, y en estado incipiente, desde las mismas mentes que nos han llevado a este desvarío, va surgiendo un modelo intermedio sustentado en la figura del Directivo Público, introducido como novedad por el Estatuto del Empleado Público de 2007, mediante la que podrán ocupar puestos de alta gestión personas ajenas a la Administración. Se deja vía libre a los nombramientos personalizados en el que la figura del técnico será sustituida, otra vez, por la del político. Así, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad quedan sustraídos una vez más por mor del interés del dirigente.
Estamos convencidos que puede existir una correspondencia más equilibrada en la relación políticos-funcionarios, donde nadie quede relegado, en la que converjan todos los esfuerzos hacia el ciudadano, educando en valores y principios al político y donde el interés general asuma todo su protagonismo; en la que se conciencie al funcionario de que, detrás de cada papel, formulando normas procedimentales eficaces, hay personas y expectativas que no pueden ser defraudadas.
Tienen que enterarse definitivamente los que toman las decisiones que la cuestión no es la sempiterna búsqueda del mejor modelo; la solución está en el interior de la propia organización, en ese recurso humano formado, capacitado, experimentado e independiente. El responsable político ha de canalizar su estrategia en motivar al empleado público e integrarlo en la organización, por el contrario no excluirlo o relegarlo; en definitiva hacerle partícipe de las decisiones, a la vez que se impulsen acciones específicas ágiles, modernas y flexibles, dejando atrás viejas maniobras de ocultación, descoordinación y desconfianza.
El político, por principio, debe ser una persona que actúa por vocación al servicio público, porque quiere aportar a la sociedad lo mejor de sí mismo, sin ningún tipo de interés personal ni económico.
El gobernante para la ejecución de sus decisiones y control, se decanta por buscar aliados en la organización administrativa. Se reduce la cuestión a localizar el perfil dentro de la organización, a reclutar ese funcionario de confianza y, coetáneamente, establecer un procedimiento de remoción en el caso de resistencia del elegido. Por otro lado y con respecto a ciertos grupos de presión, opta por reconducirlos otorgándoles parcelas de poder, subvenciones, concesiones en la negociación. En ambos casos, se olvida de la organización y se interesa sólo por potenciar su protagonismo.
La decisión llega desde el Gobierno a la fase burocrática y de aquí al ciudadano. Este tránsito de la política a la Administración se encauza, en esta fase, a través de los Jefes de Servicio. Para ello hay que buscar dentro de la estructura interna ese funcionario idóneo, a sabiendas de que habrá que hacer concesiones. Se materializa en otorgarles parcelas de autogestión, colaborar con él en cuestiones puntuales, ejercer un control laxo, ser permisivos en sus actuaciones, mejorar las retribuciones y ascensos. A cambio se le exige identificarse con sus decisiones y disciplina para llevarlas a efecto, por supuesto, sin cuestionarlas. Dicho con otras palabras, se les permite, desde la confianza, dirigir la Administración, ateniéndose, eso sí, a los mandatos del político. Asimismo, se les pide capacidad para asumir las responsabilidades de otros, aunque el sistema pondrá todo su esfuerzo para que éstas no puedan individualizarse, que ciertos asuntos no trasciendan y que otras cuestiones se aparten, se olviden. También se le hace llegar de forma clara que, a la hora de repartir ventajas políticas, siempre hay beneficiarios personales. Es decir, se les ofrece la posibilidad de trascender de la esfera burocrática a la política. En definitiva se produce en esta instancia el trueque “yo te doy, tú me das”.
Los Jefes de Servicio son los responsables de que la orden se cumpla y, en todo caso, evitar bloqueos y resistencias en instancias inferiores. Estos colaboradores necesitan de funcionarios subordinados para integrarlos en el circuito administrativo, a sabiendas que esta misión resulta compleja, toda vez que esos empleados deben defender cotidianamente la ejecución y el mantenimiento de la decisión, sin haber participado en su gestación que viene impuesta desde arriba. Además, soporta un gran gasto de energía en trámites innecesarios, escritos, etc., lo que desemboca, harto de presiones, dificultades y falta de apoyos, en el tedio, en la relajación. Asimismo, en esta relación funcionario superior-inferior, también se producen acuerdos, básicamente en el cumplimiento de la jornada y horarios de trabajos y, en menor medida, promociones profesionales y económicas. Por encima de todo hay que mantener un ambiente de trabajo relajado.
En este modelo, donde el gobierno defiende cierta disfuncionalidad y donde se produce una colaboración interesada “gobierno - funcionarios superiores”, el gran perjudicado es el funcionario “de base” que se siente utilizado y sufre la ira del ciudadano, básicamente cuando manifiesta su poder con eslóganes políticos universales sobre su actividad y buen hacer, perfectamente diseñados y publicitados, pero huecos de contenido o falto de disponibilidad económica en muchos casos.
Para colmo, en un “alarde de gran previsión” crean la figura de los Coordinadores, a los que se les encomienda como misión básica la unidad de acción en las distintas parcelas de los Centros Directivos, además de convertirse en interlocutores del responsable político. Consecuencia de ello, los Jefes de Servicio son relegados a un segundo plano, el idilio inicial con el directivo se va difuminando hasta dejar de existir el contacto personal. Sin ser percibido, comienza a gestarse una organización basada en el Directivo.
La nueva cuña produce los lógicos vaivenes en esta fase administrativa y las naturales fisuras en el control administrativo, cuestión que no se digiere bien. De forma más o menos sutil y con la intención de agotar al funcionario aliado, el político comienza a exigirle el cumplimiento de las decisiones sin prestarle la colaboración activa y los medios necesarios.
La gestión del político, en muchos casos motivada por la incertidumbre de su permanencia en el cargo, se focaliza en su esfera de influencia, amistades, colegas profesionales, familia, etc. Se limita a estrechar relaciones con estamentos y personas relevantes e influyentes de su localidad de origen, al ser consciente, con buen criterio, que, tras su cese, retornarán a su puesto de trabajo, a su ciudad, por lo que les conviene hacer una política “complaciente” con esos intereses. En definitiva, su finalidad se centra en garantizar su retorno esperando el cumplimiento del “favor con favor se paga”. Dicho de otra manera, el beneficio personal se impone al general.
Ante las fisuras de este modelo, donde se cuestiona la tardanza en la resolución de expedientes, la resistencia y el bloqueo de la organización por los funcionarios, el político de turno se plantea reinventar otro en el que, en todo caso, el mantenimiento del poder, la ejecución, la seguridad y el control hayan de ser preservados, cueste lo que cueste. Así, felizmente, encuentra la “solución”: la creación de una Administración paralela, la externalización de los servicios administrativos, en definitiva se da la bienvenida a entidades instrumentales con formas jurídico privadas. Los pilares de este modelo resaltan burdamente: el reclutamiento del personal directivo, la eliminación de controles administrativos y el yacimiento de empleo para ex altos cargos destacan sobremanera.
A continuación se plantea la propaganda, la venta del “modelo panacea” al ciudadano. Para ello hay que elaborar una idea atractiva, que cale en la sociedad y, hay que reconocerlo, en esa labor se muestran como verdaderos expertos. Son habituales mensajes en estas direcciones: “mejoras del funcionamiento del servicio público”, “una Administración próxima y cercana”, “queremos tu opinión, que tú formes parte”. Se obvia, evidentemente, en el mensaje cuestiones tales como el coste del servicio, las retribuciones de los directivos, la duplicidad de los cargos, la selección del personal ajena a los objetivos principios de la Función Pública, las difuminadas responsabilidades, etc. En síntesis, se magnifica el bien común y se silencia el beneficio personal, piedra angular del nuevo modelo, y su exagerado coste económico.
El personal directivo de estas organizaciones debe cumplir un perfil muy definido, donde la lealtad, obediencia y disciplina queden fuera de toda duda, un personal politizado en la medida que se le exige una actitud política positiva.
En este marco creado “ad hoc”, integrado por directivos entregados a la causa, sin controles administrativos en la gestión, resulta más ágil y cómoda su actuación. Pero como en toda organización se producen disfunciones, a saber: definición opaca de las funciones y de la estructura y formación de mandos intermedios del ente, sede de la prestación del servicio… Amparada en motivos económicos, la prestación de su cometido por este personal se realiza en la propia sede de los Organismos Públicos Oficiales. Esta cohabitación del personal, funcionario y externos, provoca un ambiente hostil. Sus efectos son variados, con respecto al personal funcionario: unos optan por la pasividad y los menos se rebelan contra la medida, mientras que el externo del nuevo ente pretende asumir las funciones del puesto del funcionario, causa de su relación laboral. Se produce, de este modo, una usurpación de funciones.
Lejos de buscar una solución coherente al problema creado, los responsables políticos optan, para paliar el ambiente laboral hostil, por compensar al funcionario, a saber: ampliando las relaciones de puestos de trabajo, mejorando la retribución de los mismos y ofreciendo ofertas de empleo generosas para la promoción interna. Con ello pretenden acallar los brotes de insatisfacción de los empleados públicos y pacificar el círculo de trabajo. Dicho de otra manera: dulcifican el ambiente y la relación laboral, compensando la transferencia de las funciones de sus puestos de trabajo hacia el personal externo por un plato de lentejas en forma de promoción económica.
Este modelo innovador, y ya obsoleto, sólo sirve para mantener los puestos de trabajo de los directivos y para convertirse, al mismo tiempo, en coto cerrado de empleo para políticos cesados o ávidos de poder y para pagar la nómina del personal por ellos “colocado” ante la ausencia de unas mínimas normas de control.
Pero como el tiempo pone a cada cual en su sitio y la verdad se impone, ante los reveses de los Tribunales de Justicia por usurpación de funciones públicas, la precaria situación económica actual, la rebelada actitud del funcionario ante su relegación y la dilapidación de fondos públicos, se vuelve a replantear un nuevo modelo que tiene su origen en la insostenibilidad del actual y en una palpable alarma social.
Nuevamente, y en estado incipiente, desde las mismas mentes que nos han llevado a este desvarío, va surgiendo un modelo intermedio sustentado en la figura del Directivo Público, introducido como novedad por el Estatuto del Empleado Público de 2007, mediante la que podrán ocupar puestos de alta gestión personas ajenas a la Administración. Se deja vía libre a los nombramientos personalizados en el que la figura del técnico será sustituida, otra vez, por la del político. Así, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad quedan sustraídos una vez más por mor del interés del dirigente.
Estamos convencidos que puede existir una correspondencia más equilibrada en la relación políticos-funcionarios, donde nadie quede relegado, en la que converjan todos los esfuerzos hacia el ciudadano, educando en valores y principios al político y donde el interés general asuma todo su protagonismo; en la que se conciencie al funcionario de que, detrás de cada papel, formulando normas procedimentales eficaces, hay personas y expectativas que no pueden ser defraudadas.
Tienen que enterarse definitivamente los que toman las decisiones que la cuestión no es la sempiterna búsqueda del mejor modelo; la solución está en el interior de la propia organización, en ese recurso humano formado, capacitado, experimentado e independiente. El responsable político ha de canalizar su estrategia en motivar al empleado público e integrarlo en la organización, por el contrario no excluirlo o relegarlo; en definitiva hacerle partícipe de las decisiones, a la vez que se impulsen acciones específicas ágiles, modernas y flexibles, dejando atrás viejas maniobras de ocultación, descoordinación y desconfianza.
Me alegro que haya nacido una asociación como la vuestra y os apoyo a que sigáis con la labor de favorecer un debate sereno sobre lo que es la Administración, lo que será y debiera ser.
ResponderEliminarLa organización de la administración pasa porque la dirección este formada por un Directivo profesional que vele por el interés general y no por el particular y este rodeado de verdaderos profesionales de la administración en el que la voz del funcionario sea oída a la hora de tomar decisiones que afecte a la pluralidad de la ciudadanía y donde sobran la mitad de los altos cargos (entendiendo como tal a Directores Generales, Viceconsejeros, Consejeros, Secretarios Generales, Subdirectores, coordinadores y eventuales.
Por otro lado, creo que la externalización de algunos de los servicios administrativos, a través de las diferentes entidades instrumentales con formas jurídico privadas (como fundaciones, organismos autónomos, empresas publicas, etc…), son necesarias y seria eficaces si se hiciera un buen estudio y planificación de las necesidades reales, la no duplicidad de prestación de servicios, un estudio real de la necesidad de los recursos humanos, el coste económico y por supuesto considerar que los altos cargos no pertenezcan a los órganos de adminsitracion de los mismos.
Coincido con vosotros plenamente de que debe existir una correspondencia más equilibrada en la relación políticos-funcionarios, donde nadie quede relegado, en la que converjan todos los esfuerzos hacia el ciudadano, en donde el interés general asuma todo su protagonismo; en la que se conciencie al funcionario de que, detrás de cada papel, formulando normas procedimentales eficaces, hay personas y expectativas que no pueden ser defraudadas y de que la solución está en el interior de la propia organización, en ese recurso humano formado, capacitado, experimentado e independiente. El responsable político ha de canalizar su estrategia en motivar al empleado público e integrarlo en la organización, por el contrario no excluirlo o relegarlo; en definitiva hacerle partícipe de las decisiones, a la vez que se impulsen acciones específicas ágiles, modernas y flexibles, dejando atrás viejas maniobras de ocultación, descoordinación y desconfianza.
Mis primeras palabras para felicitar a los fundadores de la asociación, por el esfuerzo demostrado en ofrecer un lugar de encuentro de calidad, y por asumir la siempre difícil tarea de tratar de acercar a los profanos la realidad de la situación de los empleados públicos, verdaderos “desconocidos” para quienes no lo son, así como de hilar contenidos que a todos nos afectan aunque muchos miren para otro lado.
ResponderEliminarSoy funcionaria, que ello no conlleva formar parte de la Administración andaluza, desde 1992, y desde entonces he tenido ocasión de ver mucha agua correr. Y ese torrente nos arrastra a todos. He llegado a la enojosa conclusión de que hoy por hoy ser funcionario es estar en el último peldaño de la estructura material, que no jerárquica, de la Administración. Y es que no me considero parte de una Administración para la que soy un elemento más del decorado de la oficina, una Administración donde sólo cuentan contigo para encontrar soluciones heroicas a problemas avisados pero ya sin posibilidad de resolución, donde sólo tu jefe inmediato conoce tu nombre y tu trabajo pero no el alto cargo del que depende tu puesto de trabajo, que se cruza contigo pero desconoce que esa persona que le da los buenos días se corresponde con la que rubrica las propuestas e informes que después pasan a formar parte de sus engalanadas estadísticas de eficiencia administrativa. Ellos no conocen el entorno físico en el que prestas tus servicios, desconocen los medios materiales con los que trabajas, van y vienen en coches oficiales, ocupan despachos con luz natural, sin cables suicidas y con espacio para incluso desayunar sin coste.
Desde que se difundieron las nuevas medidas del Gobierno, entre ellas, la tan debatida reducción del salario de los funcionarios públicos, me he planteado muchas preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Por qué se dejan el aliento en hablar constantemente de funcionarios públicos?, ¿qué ocurre con el personal laboral, los eventuales y el personal contratado por las empresas públicas?, ¿cuánto ahorraríamos si a todos estos colectivos también les redujesen los salarios?, ¿para qué necesitamos altos cargos tan altamente retribuidos que por estar tan altos necesitan de varios coordinadores (también altos cargos), directores y más subdirectores (por supuesto altísimos cargos) para llegar a la realidad, que no al ejercicio, de las competencias que les corresponden?, ¿no será que nos sobra alguno de tan alta lista?, ¿no será que si sólo se dedican a la política mejor que no formen parte de la Administración?. Yo os propongo una medida más: a los que sean funcionarios o laborales se les ofrece un puesto de trabajo acorde con sus derechos legalmente reconocidos, y a trabajar. Y los que no lo sean un puesto de trabajo de interino o personal laboral temporal (para cuyo desempeño no tendrán problema por sus altos conocimientos administrativos) y a participar en la próxima oferta de empleo público para ganarse el derecho a formar parte “para siempre” de la Administración. Y todos en su conjunto a participar año tras año en los sucesivos concursos para, si tienen suerte, conseguir dentro de diez años un puesto de trabajo de dos niveles superiores (creo que me quedo corta en los años, pero no vamos a desanimarlos tan pronto), y así poder cobrar un poquito más y no notar tanto el recorte.