Mientras esa extraña invitada -la crisis económica y financiera, que hasta hace bien poco no existía, al decir de nuestros gobernantes- continúa cebándose con los más necesitados en forma de un desempleo que supera, otra vez, el 20% y que sitúa en 4.612.700 el número de parados (1.080.900 en Andalucía, con una tasa superior al 27%); mientras el Gobierno, negándose a sí mismo y a base de “decretazo”, recorta derechos a los de siempre, resulta que el Pleno del Senado se entretiene en tomar en consideración una propuesta de reforma de su Reglamento para convertirse en la primera cámara parlamentaria española que usará hasta cinco idiomas: todas las lenguas oficiales según los distintos estatutos (castellano, catalán, vasco, gallego y valenciano). Así, nos meten obscenamente la mano en el bolsillo para seguir contentando al nacionalismo sostenedor.
La propuesta, que ha partido de 34 senadores de mayoría nacionalista y que cuenta con el apoyo del grupo mayoritario de la cámara, requiere para su implantación un sistema de traducción simultánea que tendrá un costo inicial de entre uno y dos millones de euros (calderilla, comparada con la multimillonaria deuda acumulada de nuestra balanza de pagos, dirán todavía obscenamente) en el que una serie de intérpretes -¡manda huevos!- traducirán al resto de lenguas en tiempo real cada intervención en cualquier lengua distinta del castellano. O sea, el propio Parlamento Europeo o la mismísima ONU trasladados a la Cámara Alta en la que, curiosamente, nuestros senadores se toman el cafelito de turno –y de gañote, dicho sea de paso- hablando como cotorras en castellano para, entretiempos y si no les da por hacer novillos que esa es otra, colocarse el “pinganillo” en las Comisiones o en el Pleno para ponerse al corriente “oficialmente” de las ocurrencias que le quiere referir el “compi” con el que hasta hacía un momento se entendía en la cafetería (y hasta en los mismos escaños) a la perfección en una lengua común, la de todos, el castellano.
El artículo 3 de nuestra Constitución es tajante y no admite dobles lecturas cuando establece como única lengua española oficial del Estado al castellano, estableciendo la obligación de conocerlo y de usarlo a todos los españoles. Además, ordena que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
¿Tan difícil es de entender el mandato y el espíritu de nuestra Carta Magna? ¿Por qué retorcer hasta la incompetencia lo que resulta tan meridianamente claro? ¿A cuento de qué convertir, impúdicamente, en una Torre de Babel un lugar diseñado para el encuentro y las políticas comunes que aglutinen a los heterogéneos pueblos de España? ¿Para qué usar como arma arrojadiza nuestra lengua común, el instrumento que nos une y nos aglutina como Estado, junto a sus elementos esenciales, territorio, población, soberanía y gobierno?
Y, sobretodo, ¿por qué ahora, precisamente ahora, este despilfarro, fronterizo con la malversación, en momentos lacerantes de crisis, de caída libre del desempleo y de absoluta recesión de nuestra economía? ¡Ah, que es por eso… ustedes disculpen… ! O, mejor dicho, nada que disculpar: pónganse de una vez ante su propia responsabilidad, comiencen a llamar a los problemas por su nombre en pos de las soluciones y, sobretodo, comiencen a desconfiar, ya va siendo hora, de una sociedad hasta ahora narcotizada pero dispuesta a pedir responsabilidades tras alcanzar su oportuna y total rehabilitación.
Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.
La propuesta, que ha partido de 34 senadores de mayoría nacionalista y que cuenta con el apoyo del grupo mayoritario de la cámara, requiere para su implantación un sistema de traducción simultánea que tendrá un costo inicial de entre uno y dos millones de euros (calderilla, comparada con la multimillonaria deuda acumulada de nuestra balanza de pagos, dirán todavía obscenamente) en el que una serie de intérpretes -¡manda huevos!- traducirán al resto de lenguas en tiempo real cada intervención en cualquier lengua distinta del castellano. O sea, el propio Parlamento Europeo o la mismísima ONU trasladados a la Cámara Alta en la que, curiosamente, nuestros senadores se toman el cafelito de turno –y de gañote, dicho sea de paso- hablando como cotorras en castellano para, entretiempos y si no les da por hacer novillos que esa es otra, colocarse el “pinganillo” en las Comisiones o en el Pleno para ponerse al corriente “oficialmente” de las ocurrencias que le quiere referir el “compi” con el que hasta hacía un momento se entendía en la cafetería (y hasta en los mismos escaños) a la perfección en una lengua común, la de todos, el castellano.
El artículo 3 de nuestra Constitución es tajante y no admite dobles lecturas cuando establece como única lengua española oficial del Estado al castellano, estableciendo la obligación de conocerlo y de usarlo a todos los españoles. Además, ordena que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
¿Tan difícil es de entender el mandato y el espíritu de nuestra Carta Magna? ¿Por qué retorcer hasta la incompetencia lo que resulta tan meridianamente claro? ¿A cuento de qué convertir, impúdicamente, en una Torre de Babel un lugar diseñado para el encuentro y las políticas comunes que aglutinen a los heterogéneos pueblos de España? ¿Para qué usar como arma arrojadiza nuestra lengua común, el instrumento que nos une y nos aglutina como Estado, junto a sus elementos esenciales, territorio, población, soberanía y gobierno?
Y, sobretodo, ¿por qué ahora, precisamente ahora, este despilfarro, fronterizo con la malversación, en momentos lacerantes de crisis, de caída libre del desempleo y de absoluta recesión de nuestra economía? ¡Ah, que es por eso… ustedes disculpen… ! O, mejor dicho, nada que disculpar: pónganse de una vez ante su propia responsabilidad, comiencen a llamar a los problemas por su nombre en pos de las soluciones y, sobretodo, comiencen a desconfiar, ya va siendo hora, de una sociedad hasta ahora narcotizada pero dispuesta a pedir responsabilidades tras alcanzar su oportuna y total rehabilitación.
Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.
Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"
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