Transparencia: una moda, que no un modo

El Tercer Lado, después de un tiempo, camino ya de los dos años, de apatía, abulia y ostracismo tras lo que resultó ser una lucha desgastadora e imposible contra la degeneración y la corrupción, en un quimérico intento de conseguirlo, retoma su contacto con el mundo exterior (¡toc, toc!, ¿hay vida?) coincidiendo con el inicio de la X Legislatura del Parlamento Andaluz.

Susana Díaz, como candidata del partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas se enfrentará en los próximos días a una ceremonia de investidura, más bien de la confusión, en la que no tiene nada claro su nombramiento como presidenta electa de la Junta de Andalucía.

Si el vocablo estabilidad ha sido la clave durante la precampaña, durante la campaña y tras los comicios las palabras transparencia y justicia, sobretodo la primera, se han convertido en anagramas de su discurso: “la transparencia es fundamental para recuperar el prestigio de la política y la confianza en las instituciones, es el mejor antídoto y la mejor lejía que tiene la corrupción”…  “cuando la gente se salta la ley pasa lo que pasa, y lo que tiene que hacer la Justicia es actuar”… “lo positivo es que se detecte, que se actúe y que los culpables lo paguen cuanto antes”… “cuanta más luz y más transparencia haya en todos los contratos, subvenciones y ayudas, cuanta más transparencia tengan las actuaciones, va a ser mucho más difícil que se den casos de corrupción”…

Parole, parole, parole… porque en seguida nos preguntamos si en su anterior etapa como heredera de la más alta institución de Andalucía, además de serlo, también ejerció como presidenta; si, de igual forma, este tiempo atrás ha estado de invitada, de testigo o de mera observadora del devenir regional. Sus palabras evidencian que, o no se entera del habitual funcionamiento de la Administración Andaluza, o no le interesa admitir, para a continuación enmendar, los graves casos de corrupción, muchos ya judicializados, que se han perpetrado y aún hoy se siguen cometiendo.

Y es que habla y presume de transparencia en una administración donde son mayoría las Asistencias Técnicas, y otros muchos tipos de contratos, cuyas tareas pueden ser realizadas por el personal propio de la administración, sin sobrecoste alguno. ¿Por qué esa decidida apuesta de los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía -qué ocultos intereses los motivan- por la externalización, por el despilfarro y, en definitiva, por el saqueo de las arcas públicas, que es su consecuencia? ¿Por qué son siempre las mismas empresas y personas físicas las que, repetitivamente, figuran como beneficiarias de dichos contratos?

Y es que habla y presume de transparencia en las subvenciones y ayudas en una administración donde se evidencia -mientras se mira para otro lado- que el uso de las cuantías concedidas se utilizan para fines distintos de los que motivaron dicha concesión, lo que viene siendo norma habitual en la mayoría de consejerías y agencias de la Junta de Andalucía, entre las que destaca de forma especial la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y su administración paralela.

Y es que habla y presume de transparencia en las actuaciones en unos departamentos donde se niega el trabajo y también el acceso a la información a sus funcionarios; donde la propia gestión y las justificaciones de las ayudas públicas se verifican contra legem, no por personal funcionario, sino por personal contratado o interino, necesariamente menos instruido y, sobretodo, más maleable, como gustan a los Jefes al Servicio del poder político; donde a algún que otro responsable último de la verificación y control de la legalidad de los procesos se le costea un Master con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía, gastos de desplazamientos quincenales a Madrid incluidos. ¿Por fin se han descongelado las ayudas de Acción Social? En la citada consejería seguro que sí, siquiera parcialmente.

Ya que nunca se produjo, y aún sabedores de que puede convertirse en un enésimo intento, estéril y baldío, desde el Tercer Lado soñamos, ilusos y románticos nosotros, con que este momento de inicio de una nueva legislatura suponga un punto de inflexión que permita corregir y superar los “males” que históricamente asolan a la Administración de la Junta de Andalucía, donde, de verdad, se aplique la transparencia como un modo de funcionar y no como una moda; donde se apruebe de una vez por todas una ley reguladora del ejercicio de altos cargos, en el que la austeridad, los comportamientos ejemplares y la vocación de servicio público sean la norma, la continua exigencia y no la excepción.

Medidas todas ellas que, junto a otras que viene reclamando la ciudadanía, como la aprobación de una Ley del Estatuto Básico del Empleado Público delimitadora de las potestades administrativas, dificultarían y reducirían la podredumbre y la sangría de fondos públicos que supone la corrupción. Eliminarla es una quimera; combatirla, una necesidad.

La implantación de estas medidas no es más que un problema de voluntad. Y hasta ahora ésta no ha existido, ni siquiera a través del Acuerdo por Andalucía PSOE-A e IULV-CA en el que se contemplaba. Ha llegado la hora (ya vamos con enorme retraso) no solo de exigir la responsabilidad que corresponda a los gestores políticos que propicien actuaciones corruptas y a sus colaboradores necesarios, sino también a los que las hayan facilitado en el pasado.

En definitiva, doña Susana: llegado el caso, menos hablar y más actuar.

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