Gallardón in love

Apareció anteayer en la revista digital Por Andalucía Libre y hoy se sirve aquí el último artículo de Max Estrella (*) -cesante de hombre libre-.

Todavía recuerdo –y me parto de risa- el día que Gallardón entró en la historia. Fue en abril del 2006, con ocasión de la presentación pública del retrato que le hizo Hernán Cortés (no podía ser menos; a tal señor, tal honor); y fue Esperanza Aguirre, que tomaba el relevo al frente de la Comunidad de Madrid, la que -dirigiéndose a los hijos del retratado: “vuestro padre entra en la historia”- lo decretó. La prensa, afortunadamente, estaba allí; y así, al día siguiente pudimos leer este titular en ABC: “Gallardón entra en la historia”. Ahí estaba: las piernas tan separadas como los pilares del puente del Quinto Centenario, las manos metidas en los bolsillos del pantalón, y el rictus desafiante, reflejando seguridad, dominio y, sobre todo, superioridad; disimulando, al mismo tiempo, el fastidio que le producía -a él, cuya esencia es el dinamismo- verse fijado en la inmovilidad del retrato.

Habría sustituido al pavo real como imagen simbólica de la vanidad, si no fuese porque el retrato era la mismísima alegoría del narcisismo; o, más exactamente, del onanismo; de ahí las manos en los bolsillos. Gabriel Albiac lo caló: “Gallardón autoerótico”. Es lo que suele ocurrir, desde los tiempos de Esopo, con los enamorados de sí mismos: quedan para la chanza y el sarcasmo.

A estas alturas, pues, ninguna decisión del Ministro de Justicia nos sorprenderá (ni siquiera aunque se adopte en contra de la opinión de jueces, fiscales, abogados, procuradores y justiciables, que es la denominación que nos dan a los ciudadanos cuando tenemos la desdicha de caer en sus garras), siendo como es, soberbiamente soberbio y pagado de sí mismo. Menos aun tratándose de un asunto -el de la brutal subida de las tasas judiciales- que se desenvuelve absolutamente, sin desviarse un ápice, conforme a la estrategia política del PP: acabar con la clase media. Zapatero la inició y su hermano menor, Mariano, la concluirá. Nadie en la historia de España habrá hecho tanto por el socialismo como ellos dos. En doce años, la eliminación de la clase media. Todos pobres.

No obstante, que el hecho no constituya sorpresa, no nos impedirá hacer un par de comentarios.

El principal efecto de esta siniestra ley será el incremento de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos. Sobre todo en los “pequeños asuntos”; es decir aquélla arbitrariedad que se comete contra el ciudadano en asuntos en los que el fuero es más costoso que el valor del huevo (como Abundio, habría que vender el coche para comprar la gasolina). Por ejemplo, las multas de tráfico; paradigma de la arbitrariedad suprema. Quienes servimos en la Administración Pública estamos hartos –dolorosamente hartos- de oír a los mandamases que toman las decisiones esa frase-mantra: “¡que recurra!, cuando se les señala que la resolución de un determinado asunto en perjuicio del interesado no se acomoda a la ley. Verdaderamente es un modo de actuar que da resultados. La mayoría de la gente no recurre; en primer lugar, porque han de valerse para ello de abogado y procurador, lo que por si mismo ya es bastante disuasorio, por muchos motivos (como decía un personaje en la película Tierra de audaces: “si han de prevalecer la Ley y el Orden en el Oeste, la primera medida es echar de las ciudades a los abogados…”). En segundo lugar, por la inexistencia de seguridad alguna respecto al resultado del pleito. Porque, ya se sabe, en este país lo que diga una ley, por claro que esté dicho, no vale para nada si hay que preguntárselo a un juez. Por eso decía Quevedo que no hay juez que no afirme que el entendimiento de la ley es el suyo; por eso hablaba de leyes torcidas que pudieran arder en un candil. Y, por si esos dos elementos no fuesen suficientes, añadimos ahora el factor Gallardón; que pretende que los ciudadanos nos traguemos sin rechistar, incluso agradecidos, los sapos de la arbitrariedad (o como dice un buen amigo mio, los gazapos; es decir, las crías de los sapos).

Y, ¡cómo no!, si hablamos de arbitrariedad no podía faltar la mano de Montoro, el inútil. Los funcionarios seremos los más perjudicados por esta medida; porque lo seremos en calidad de ciudadanos –perdón, quise decir súbditos justiciables-, como cualquier otro, y, también, por nuestra condición –que ya empieza a convertirse en fatalidad- de servidores públicos.

Esta ley de tasas –bajo argumentos que no merecen tal nombre; y que, por no resultar pesado, no voy a comentar- deroga el artículo de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que permitía a los funcionarios comparecer por sí mismos en los asuntos concernientes a su relación laboral que no implicasen separación del servicio. Montoro, el mentiroso, no para de desprestigiar a los funcionarios públicos, siempre bajo el mismo argumento: el de supuestos privilegios. Vuelve aquí a repetirlo. Ahora bien, es fácil poner en evidencia a un mentiroso.

Estos son los hechos:

1º. ¿Porqué, si el régimen jurídico de funcionarios y trabajadores ha de ser el mismo según Montoro (que no según la Constitución), no residencia las discrepancias laborales de cualquier clase en la Jurisdicción Social? ¿Por qué son distintas las jurisdicciones que conocen de los pleitos laborales de trabajadores y funcionarios?

2º ¿Porqué, si el régimen ha de ser el mismo, los funcionarios han de valerse ahora de abogado y procurador, en tanto que un trabajador puede comparecer en la jurisdicción social por sí mismo, o representado por su suegra, si le pete?

3º ¿Porqué las tasas de la segunda instancia (las de la primera están exentas para ambos colectivos) son prácticamente el doble para funcionarios que para trabajadores?

4º ¿Porqué, a pesar de lo anterior, a los funcionarios no se les aplica la exención de un 60% de las tasas en apelación y casación, como al resto de los trabajadores?

Señor mentiroso, ¿a qué igualdad se refiere cada vez que habla de igualdad?

El victimismo me resulta odioso, pero amo más la verdad que la opinión ajena. Por eso es necesario decir lo que otros no dicen y vilipendiar la mentira y al mentiroso. Esta ley -en un país donde la seguridad jurídica no existe, donde la arbitrariedad sólo es superada por la impunidad, y donde la justicia vale menos que el orín de los perros- es oprobiosa para los derechos y garantías propios de una sociedad democrática. Vaya por delante que lo digo más como desahogo que como lamento. Pues a estas alturas de lo leído, lo visto, lo oído y lo padecido mi descreimiento de la justicia es tal que no está en mis cálculos amargarme con ningún pleito; y aunque sé valorar las palabras de don Juan Manuel, personaje de unas novelas de Valle-Inclán, al decir “…cuando la razón está en su abono, sabe que no debe pedírsela a un juez. Pudiera acontecer que me la negase, y tener entonces que cortarle la diestra, para que no firmase más sentencias injustas”, no aspiro, sin embargo, a eso; aunque reconozco que sería un acto de justicia. Como soy de natural pacífico, me limito a rebelarme por medio de lo que, por ahora, no hemos sido despojados: la palabra.

Así las cosas, la imagen de esta justicia esquilmadora cada vez se me antoja más cercana al mono juez de la fábula francesa de la que Rubén Darío hizo una bella paráfrasis en “Un pleito” (que para “disfrutación” del lector curioso reproducimos íntegra en la sección poesía):

Diz que dos gatos de Angora

en un mesón se metieron

del cual sustraer pudieron

un rico queso de bola.

Como equitativamente

no lo pudieron partir,

acordaron recurrir

a un mono muy competente;

..........................
..........................

Y cuando del queso aquél

quedan tan pocos pedazos

que apenas mueven los brazos

de la balanza en el fiel,

el mono se guarda el queso

y a los gatos les responde:

—Esto, a mí me corresponde

por los gastos del proceso.

Que el lector, según su criterio y preferencias, le ponga cara al mono. Por mi parte, ahora que viene la época propicia, cuando me tome una copa de anís el mono, no será Darwin sino Montoro quien alivie mis pesares. Así servirá para algo.

(*)José Luis Roldán Murillo, 1953, Cabra (Córdoba). Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1976). Candidato al Congreso de los Diputados por el Frente Democrático de Izquierdas en las elecciones de 1977, y abogado laboralista de la clandestina CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) (1977-1978). Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) (1978), y desde 1983, Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Fue alto cargo de la Junta de Andalucía, director general de Administración Pública y director del Instituto de Administración Pública hasta su dimisión. Ha intervenido activamente en la lucha de los empleados públicos desde 2010 por su profesionalización, neutralidad política y consideración social frente a la Junta de Andalucía.

¡Extra, extra... Extremadura!

La pasada semana, el Gobierno popular de Extremadura, que lo es por el apoyo al menos implícito de Izquierda Unida, anunció que los empleados públicos de la Comunidad Autónoma recibirán finalmente la paga extra de Navidad que suprimió el Gobierno de Rajoy para el presente ejercicio, a través de los 240 millones que le reportará la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios.

Ayer mismo, el Gobierno socialista en funciones del País Vasco (recientemente derrotado en las urnas), en uso de su “soberanía”, se sumó a la iniciativa de Monago, lo que supondrá a las arcas vascongadas 207 millones de euros.

En la Comunidad Foral de Navarra, una ponencia parlamentaria estudia en estos momentos sólo la fórmula de su aplicación pues la decisión está tomada en el mismo sentido.

¿Y la Andalucía Imparable, qué dice al respecto? Ni se lo plantea. Con voz engolada el portavoz del Ejecutivo andaluz afirma que “la decisión de retirar la paga extra la tomó el Gobierno de la nación a través de un decreto, y entendemos que desde Andalucía no se puede regular en contra de esa norma”.

Lo que no dice el portavoz es que la medida se fijó sólo para 2012 y que el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2013 contempla su recuperación para todos los empleados públicos españoles, mientras que la Junta de Andalucía nos vuelve a castigar detrayendo para el próximo ejercicio, como hiciera el pasado junio, la paga adicional recientemente consolidada y convertida, por mor del destino, en flor de un día ya muy lejano.

Una de dos: o los dirigentes de Extremadura, País Vasco, Navarra, PPE, IUE, PSE y UPN, prevarican al por mayor y al detal o, por el contrario, los de Andalucía, PSOEA e IUA -felizmente instalados en la moqueta- se burlan de sus empleados públicos. Más parece lo segundo porque, igual que exhiben sus potestades para eliminar la paga adicional, ¿por qué no hacen uso de las mismas para crear un “complementodenosotroslosgüenos”, o similar, equivalente a la paga extra, en detrimento de otras secciones del presupuesto que apestan a nepotismo, amiguismo y corruptelas, valga la redundancia?

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

Noticiero incendiario - Invercaria o el hedor insportable

¡Están que lo tiran! ¡Dos por uno!

¡Desde el pasado sábado están en You Tube los últimos vídeos de Eduardo Maestre (Noticiero incendiario e Invercaria o el hedor insoportable)!

Un noticiero de los que no se ven y las verdades del caso Invercaria son el centro de atención de estas nuevas entrevistas a nuestro compañero Luis Escribano, vocal de El Tercer Lado.

NOTICIERO INCENDIARIO
 

 INVERCARIA O EL HEDOR INSOPORTABLE

 

La huelga de los Cónsules (II)

Aunque se publicó en la revista digital Por Andalucía Libre el pasado lunes, antes de la jornada del 14N a la que premonitoriamente se refiere, a continuación se transcribe la segunda parte del último artículo de Max Estrella (*) -cesante de hombre libre-.

En la pasada huelga general del 29 de marzo vimos como por toda España los “piquetes informativos” (eufemismo con el que se pretende enmascarar las partidas de la porra sindicales) ejercieron su sacrosanto derecho a practicar el matonismo y la violencia sobre todo aquél que osó no secundar sus consignas. Además, para obtener rédito mediático de sus fechorías (que así es la humana estupidez), pusieron a la cabeza de algunas de esas cuadrillas a famosillos zejateros, mantenidos precisamente por los impuestos de sus víctimas.

Aquí abajo, en el paraíso del paro y la corrupción, donde se sienten especialmente fuertes y protegidos, el liderazgo de las bandas de sayones lo ejercieron los más altos mandatarios políticos y sindicales. Así pudimos ver al mismísimo jefe de la UGT, Patrañas el bienbesao, al frente de la camada de matones que atemorizó y agredió a indefensas funcionarias a las puertas de Torretriana; o al alcalde tempranillo, parlamentario del partido gobernante, practicando en colegios y supermercados la nueva técnica del parlamentarismo andalú: el asalto.

Me vienen a la memoria unas cuantas películas de mafiosos y no puedo eludir la asociación entre estos y aquellos. Con una diferencia a favor de la mafia, y es que la mafia por lo menos presta protección a sus cotizantes, en tanto que este sindicalismo extorsionador y violento además de sangrarnos los bolsillos nos agrede.

Aún me embarga la indignación recordando con que impunidad actuaron los matones.

Porque, no se olvide, impedir –o intentarlo- el acceso al trabajo, con insultos, amenazas, empujones, petardos, tachuelas, barricadas, o cualquier otro medio, está contemplado en nuestro vigente código penal como constitutivo de delitos diversos.

Por ejemplo, el artículo 315: “Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años…  los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.”

O el 172: “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años…”.

O el 208: “Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”
O el 385: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años…el que originare un grave riesgo para la circulación…colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables…”.

El 29M tuvimos noticia, directa o por la televisión, de la comisión de todos esos actos descritos como conductas delictivas en los artículos citados, y de algunos otros de la misma naturaleza. Y, sin embargo, ¿qué?, ¿alguna consecuencia para los presuntos delincuentes?, ¿ha ido alguien a la cárcel?

El ciudadano decente, contribuyente más que exprimido, ordeñado, se preguntará con razón: ¿no vio la policía lo que los demás vimos; no lo vieron las autoridades a las que corresponde velar por el orden público y garantizar los derechos de los ciudadanos; no lo vio la fiscalía, que tiene la obligación de perseguir los delitos? ¿Vale la Ley algo en este país?

Me gustaría saber que instrucciones dio el Ministerio del Interior, o la Delegada del Gobierno a la Policía. Muchos de los hechos delictivos tuvieron lugar ante las mismas narices de la policía, ¿acaso tenían instrucciones de no detener a los delincuentes y ni siquiera identificarlos? Y si no es así, ¿cuántos expedientes se abrieron a los mandos operativos policiales por no cumplir con su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos, impedir la comisión de delitos y perseguir a los delincuentes?

Y la Fiscalía, ¿qué instrucciones dio la Fiscalía, tan celosa con los controladores aéreos? ¿Cuántas diligencias abrió, a cuantos ha puesto ante los jueces?

¿Y los jueces?, bien. Gracias.

Todo esto ocurre no tanto porque haya canallas que lo hacen sino porque quienes tienen la obligación de impedirlo o castigarlo no se atreven a hacerlo. Todo esto ocurre porque los creadores de opinión –los manipuladores de opinión- lo consideran “normalidad democrática”, inoculándolo exitosamente en la conciencia colectiva.

Todo esto ocurre porque la nuestra es una sociedad moralmente acomplejada, que ha aceptado el mito de la supremacía moral de la izquierda, sin someterlo al más mínimo análisis crítico. Y es por ello que acepta que el derecho de huelga es absoluto y sacrosanto y debe prevalecer sobre el derecho al trabajo, a la salud, a la integridad física y moral, a la dignidad. Y, lo que es aún peor, a costa de la libertad, que como dijo Don Quijote a Sancho, es el don más precioso que nos dieron los cielos, con la vida.

Y esto ocurre precisamente ahora (siempre hemos ido con retraso) cuando la izquierda ya no simboliza ninguno de los valores que en otros tiempos, ya lejanos, pretendió encarnar. La izquierda nacional desde que llegó al poder con Felipe González abandonó cualquier pretensión ética, como demostraron los hechos posteriores. Y no hablemos ya del zapaterismo que se volcó con empeño y dinero en arraigar en la sociedad el relativismo ético. Y de la ética de la izquierda andaluza mejor no hablar, sólo decir que Jean-François Revel parecía escribir pensando en ellos cuando dijo que tienen una idea tan alta de su propia moralidad que casi se creería, al oírlos, que vuelven honrada la corrupción cuando se entregan a ella, en vez de ser ella la que empaña su virtud cuando sucumben ante la tentación. Así se explica que el consejero Martín Soler, cuando estalló el escándalo de Paulita Chaves, dijera que era una injusticia atacar a un Cabeza de familia que miraba por el porvenir de sus hijos.

¿De qué supremacía hablamos, entonces? ¿Hay que tragarse las mentiras ideológicas izquierdistas como si fuesen hostias?

No. En cuestión de ética y de valores democráticos, esta izquierda no es ejemplo de nada; es más, curiosamente la única violencia política existente hoy en nuestro país viene de la izquierda.

Lamentablemente, nada cambiará, al menos con el pragmático acomplejado Mariano Zapatero. Mientras las autoridades, la policía, la fiscalía y los jueces, sean tan tolerantes –y tan cobardes- ante la violencia sindical, seguirá ocurriendo lo mismo. Ya lo digo, el 14N volveremos a ver la misma exhibición de violencia, matonismo y desvergüenza por parte de los mismos. Las víctimas, como siempre, serán doblemente vilipendiadas.

(*)José Luis Roldán Murillo, 1953, Cabra (Córdoba). Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1976). Candidato al Congreso de los Diputados por el Frente Democrático de Izquierdas en las elecciones de 1977, y abogado laboralista de la clandestina CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) (1977-1978). Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) (1978), y desde 1983, Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Fue alto cargo de la Junta de Andalucía, director general de Administración Pública y director del Instituto de Administración Pública hasta su dimisión. Ha intervenido activamente en la lucha de los empleados públicos desde 2010 por su profesionalización, neutralidad política y consideración social frente a la Junta de Andalucía.

La huelga de los Cónsules (I)

Desde el máximo respeto a los compañeros que harán huelga o trabajarán el 14N, a continuación se transcribe la lección magistral que el pasado domingo, Max Estrella (*) -cesante de hombre libre-, volvió a impartir sobre el Estatuto de Autonomía para Andalucía y que publicó la revista digital Por Andalucía Libre. Bien sabemos que tenemos todas las competencias pero... la culpa siempre será de los “otros”. El discurso victimista de siempre.

Veo a T & M -Toxo y Mocho, pronúnciese tocomocho- de gira por las televisiones promocionando el producto insignia de su factoría: la demagogia biliosa y cainita, y pienso que es cierto eso que dicen de que la historia es como la mala morcilla, que se repite. Los veo inseparables en la pantalla y en el ejercicio mancomunado de la propaganda y la mentira, y se me antoja que la espiral de la historia nos devuelve la vieja institución consular romana. Sólo que estos dos son cónsules de la mangancia, que viven del cuento; en nada parecidos a Cicerón, o a Cincinato, que dejó el consulado por el arado.

Los veo, pues, como un eructo de los tiempos, una flatulencia histórica. Con toda su pestilencia.

Nos llaman a secundar la huelga del segundo trimestre (no piense el lector que desvarío: el año sindical, cuando no es sabático, como los siete anteriores, no tiene la misma extensión temporal que el año natural); y, con motivo de tan heroico acontecimiento revolucionario, no quiero dejar pasar la ocasión de expresar lo que pienso sobre tirios y troyanos -sobre tibios y tiranos.

Comencemos por los convocantes (es decir, la hidra de cuatro cabezas PSOE, IU, UGT y CCOO, que gobierna Andalucía) y sus motivos. Dicen que el paro, los desahucios, los recortes en educación, investigación, sanidad, servicios sociales, etc., justifican sobradamente una huelga general contra el Gobierno de la Nación. Bien, pudiera ser, si el Gobierno de la Nación fuera el responsable.

Pero ¿quién es aquí, en Andalucía, el responsable de la política económica, de empleo, de vivienda, de urbanismo, de educación, de investigación, de sanidad, de servicios sociales?

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dice que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la educación (artículo 52), la investigación (art. 54), la sanidad (art. 55), los servicios sociales (art. 61), la vivienda y el comercio referido a la vivienda, su regulación y las medidas de protección del comprador (art.56).

Por tanto, ¿qué o quién les impide aumentar el número de profesores, o de colegios, o de comedores escolares, o de rutas de transporte y no cobrar por usar los servicios educativos. Quién les impide bajar las tasas universitarias, o eliminarlas, o eliminar las que cobran a los profesores en paro -o a los médicos, o a los barrenderos- por presentarse a las oposiciones?

¿Quién o qué les impide aumentar el número de facultativos, de centros de salud, de camas hospitalarias, o de otros servicios sanitarios?

¿Quién, sino ellos, determinan el presupuesto destinado a investigación en Andalucía?

¿A quién sino a ellos les corresponde aprobar medidas de protección de los compradores de viviendas -por ejemplo, frente a los desahucios injustos- tal como fija el artículo 56 del Estatuto?

En definitiva, ¿qué les impide hacer que los andaluces tengamos mejores servicios; o que los que tenemos se mantengan y no se recorten?

Yo me pregunto entonces, ¿es verdad o es mentira lo que dice el Estatuto? ¿Es verdad que tenemos un parlamento y un gobierno para ocuparse de lo que la ley les encomienda, o sólo están para cobrar y disfrutar de privilegios? Porque si nada tienen que ver con ello ¿para qué los necesitamos y los mantenemos a cuerpo de rey?

Así pues, si existen recortes en los servicios, sabemos que no es culpa de Rajoy, que no gobierna aquí, sino de Griñán y de Valderas, y de sus respectivas sanguijuelas sindicales. Si faltan profesores, o médicos o investigadores; si en un barrio no hay colegio o centro de salud, si los profesionales están mal pagados o si se cobran tasas abusivas por los servicios, sabemos quienes son los responsables: los que gobiernan aquí, no los que gobiernan en Pekín.

Y respecto a la política económica y social, reconocen que es su responsabilidad (¡su logro!), y se jactan de que la política económica y social la hace el gobierno (PSOE e IU) de acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO; y presumen de que esa forma de gobernanza es un referente básico. El propio Presidente Pepe II lo ha dicho hace unos meses: “en Andalucía hemos aprendido a abordar los problemas desde el diálogo y el espíritu de colaboración. De este modo, hemos hecho, de la concertación… el instrumento más eficaz para elaborar nuestras políticas económicas y sociales...” (Discurso del 28 de Febrero de 2012).

Y en el vigente Acuerdo de Concertación Social de Andalucía (2010-2013), puede leerse: “…desde el año 1993, los sucesivos ejecutivos andaluces han puesto en marcha y desarrollado una forma de gobierno basada en la negociación y la búsqueda del acuerdo con los agentes económicos y sociales más representativos…cuyo principal resultado ha sido una serie de cambios estructurales que han contribuido de manera decisiva a alcanzar una senda de crecimiento económico sin precedentes en la historia de Andalucía. Esta forma de gobernar ha sido recogida en distintos preceptos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que vienen a consagrar la concertación como un referente básico en la gobernanza de Andalucía…”.

Es decir, ellos mismos declaran que son los autores y responsables de las políticas económicas y sociales que se hacen en Andalucía. Ahora bien, la cuestión es que frente a ese “crecimiento económico sin precedentes en la historia de Andalucía” que dicen haber conseguido con su gestión, la realidad nos muestra otra cosa.

Veamos, por ejemplo, cual es la situación respecto al principal problema de Andalucía, que supera la categoría de problema para convertirse en verdadero drama social: el desempleo. Cuando se firmó el vigente Acuerdo de Concertación -24 de noviembre de 2009-, la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa (EPA) era en Andalucía de un 26,33%; y el número de desempleados superaba la escalofriante cifra de un millón (exactamente, 1.034.000). Hoy, transcurridos tres años de vigencia del Acuerdo, los resultados de su magnífica política son –según la EPA del tercer trimestre de 2012- una tasa de paro del 35,42% y un número de desempleados que llega a la estratosférica cifra de 1.424.200.

Es decir, en los últimos tres años, el PSOE, IU, UGT y CCOO, han conseguido aumentar la tasa de paro en 9 puntos porcentuales, incrementando el número de desempleados en 400.000; o sea casi un 40%.

Si a ello unimos que el Acuerdo de Concertación nos ha costado a los contribuyentes 19.000 millones de euros, de los que buena parte han ido a parar al cofre del tesoro de los sindicatos (“la Junta de Andalucía desvió entre 2006 y 2010 más de 2 millones de euros a cinco empresas tapadera de ámbito estatal detrás de las que estaban los sindicatos UGT y Comisiones Obreras; La Razón, 28 marzo 2012), o a los bolsillos de los sindicalistas (como Juan Lanzas, dirigente de la UGT, o Juan Antonio Florido García, dirigente de CCOO de Andalucía ambos investigados por la juez Mercedes Alaya), o directamente a los estómagos de los dirigentes socialistas (“el expresidente de INVERCARIA gastó, sólo en 2009, 24.264,62 euros en restaurantes”; El Mundo, 6 de noviembre 2012), ¿no tendríamos motivos sobrados, no ya para una huelga, sino para una revolución?

Lo expuesto pone de manifiesto que la huelga del 14N no es sino un acto más en la estrategia antidemocrática de una izquierda que no acepta las reglas del juego; que deslegitima a quien gobierna, cuando no es ella; y que pretende conseguir por otros medios lo que las urnas le han negado. Siempre ha sido así, desde los tiempos de la república.

No obstante, yo veo con buenos ojos que el “gobierno andalú de pogreso” huelgue. Es más, lo imploro: hagan huelga señorías; los hechos demuestran que su desidia es menos dañina que su cuidado.

(*)José Luis Roldán Murillo, 1953, Cabra (Córdoba). Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1976). Candidato al Congreso de los Diputados por el Frente Democrático de Izquierdas en las elecciones de 1977, y abogado laboralista de la clandestina CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) (1977-1978). Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) (1978), y desde 1983, Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Fue alto cargo de la Junta de Andalucía, director general de Administración Pública y director del Instituto de Administración Pública hasta su dimisión. Ha intervenido activamente en la lucha de los empleados públicos desde 2010 por su profesionalización, neutralidad política y consideración social frente a la Junta de Andalucía.

El INE y sus maniobras orquestales

Bien sabemos, y trascendencia ha tenido, que los telediarios llevaron a su portada el pasado 24 de octubre una “precisa” información sobre los salarios en España a resultas de una encuesta (http://www.ine.es/prensa/np741.pdf) del Instituto Nacional de Estadística (INE), permitiéndose proclamar a los cuatro vientos que los salarios de los funcionarios y empleados públicos en general superaban un 30,8% la media de los del sector privado.

Pronto -la caza no ha hecho sino comenzar- se publicará una estadística sobre el absentismo laboral en el sector público. En definitiva, el caldo de cultivo perfecto para manipular a la opinión pública de cara a la adopción de nuevas medidas de recorte, que nos afectarán directamente, entre el aplauso generalizado o el silencio cómplice como mal menor.

Tal revuelo ha creado la especie propagada que el propio INE, dos semanas después, ha emitido una nota explicativa sobre los resultados de la Encuesta Salarial 2010, cuya información más significativa se aprecia en el siguiente gráfico:

En este mini-estudio se vislumbra con meridiana claridad que los datos facilitados por el INE, aún tras la aclaración, están sólo "algo" sesgados y que para conocer con rigor el salario medio de un funcionario en la administración pública sólo hace falta saber cuántos funcionarios somos, a cuánto asciende la suma de los salarios brutos anuales y proceder a una simple división, cosa no tan inmediata por lo que ya conocemos...

Así que, necesariamente, partimos de la investigación facilitada por la propia encuesta. “Información” que, si no tendenciosa, sí al menos sectaria, merece de entrada unos pocos comentarios:

La misma está referida a 2010, es decir, antes de que se abriera la veda de los recortes. Por tanto, lo mínimamente correcto sería decir que "El salario anual en 2010, antes de los recortes, en el sector público fue un 30,81% más alto que el salario medio". Ello, reconociendo la propia encuesta que no incluye a funcionarios adscritos a mutualidades y sí a los empleados de empresas públicas, con su determinante influencia en los resultados finales en contra de los efectos de la pretendida “información”.

Pero la afirmación no sería del todo correcta: Si se analizan los resultados por secciones de la página 7, resulta que en el apartado "O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria", que sería el más "aproximado", el salario medio fue de 28.001,68 euros que, comparado con el salario medio total (22.790,20 euros), resultaría que en 2010 el salario en el citado sector fue superior en un 22,87% al de la media. Así que ya vamos encajando un poco los datos.

Sin embargo no del todo porque en el apartado "Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales" de la misma página 7 se aprecia que el salario en 2010 fue de 26.331,24 euros, es decir, un 15,54% superior al de la media. Este dato hay que complementarlo desde la base de que en el sector privado de la Sanidad se cobra (bastante) más que en el público, aunque para ser justos habría que decir que también se “curra” (bastante) más. Continuamos, pues, encajando datos.

Finalmente, la verdadera dimensión se aprecia, en la reiterada página 7, en el apartado "P. Educación" donde en 2010 el salario medio era de 21.751,87 euros, es decir un salario medio inferior en un 4,56% al de la media. Este dato debería ser completado con los salarios del sector privado de la Educación y del sector concertado que (como puede corroborarse aquí) son más o menos parejos a los de la Educación Pública.

En conclusión:

Si en la Junta de Andalucía nuestro capítulo I es de 9.768 millones de euros (M€) y, dentro de él, el correspondiente a Sanidad (SAS: 4.061 M€, incluidos incentivos) y a Educación (4.153 M€) representan un 84,10% de la totalidad del capítulo, podríamos hacer una media ponderada (grosera) con los datos anteriores y concluir que en el sector público andaluz, en 2010 y antes de los recortes, los salarios en estas dos actividades fueron un 5,5% superior a la media.

Si a lo anterior se añade que en la Administración General de la Junta de Andalucía los salarios medios son algo inferiores a los de Sanidad y Educación, entonces ¿qué nos queda tras los recortes de 2010 y de 2012? La respuesta sólo puede ser: “una ruina para, encima, sacar de la crisis (ojalá fuera sólo de valores) a los que en ella nos zambulleron”.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"