La huelga de los Cónsules (I)

Desde el máximo respeto a los compañeros que harán huelga o trabajarán el 14N, a continuación se transcribe la lección magistral que el pasado domingo, Max Estrella (*) -cesante de hombre libre-, volvió a impartir sobre el Estatuto de Autonomía para Andalucía y que publicó la revista digital Por Andalucía Libre. Bien sabemos que tenemos todas las competencias pero... la culpa siempre será de los “otros”. El discurso victimista de siempre.

Veo a T & M -Toxo y Mocho, pronúnciese tocomocho- de gira por las televisiones promocionando el producto insignia de su factoría: la demagogia biliosa y cainita, y pienso que es cierto eso que dicen de que la historia es como la mala morcilla, que se repite. Los veo inseparables en la pantalla y en el ejercicio mancomunado de la propaganda y la mentira, y se me antoja que la espiral de la historia nos devuelve la vieja institución consular romana. Sólo que estos dos son cónsules de la mangancia, que viven del cuento; en nada parecidos a Cicerón, o a Cincinato, que dejó el consulado por el arado.

Los veo, pues, como un eructo de los tiempos, una flatulencia histórica. Con toda su pestilencia.

Nos llaman a secundar la huelga del segundo trimestre (no piense el lector que desvarío: el año sindical, cuando no es sabático, como los siete anteriores, no tiene la misma extensión temporal que el año natural); y, con motivo de tan heroico acontecimiento revolucionario, no quiero dejar pasar la ocasión de expresar lo que pienso sobre tirios y troyanos -sobre tibios y tiranos.

Comencemos por los convocantes (es decir, la hidra de cuatro cabezas PSOE, IU, UGT y CCOO, que gobierna Andalucía) y sus motivos. Dicen que el paro, los desahucios, los recortes en educación, investigación, sanidad, servicios sociales, etc., justifican sobradamente una huelga general contra el Gobierno de la Nación. Bien, pudiera ser, si el Gobierno de la Nación fuera el responsable.

Pero ¿quién es aquí, en Andalucía, el responsable de la política económica, de empleo, de vivienda, de urbanismo, de educación, de investigación, de sanidad, de servicios sociales?

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dice que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la educación (artículo 52), la investigación (art. 54), la sanidad (art. 55), los servicios sociales (art. 61), la vivienda y el comercio referido a la vivienda, su regulación y las medidas de protección del comprador (art.56).

Por tanto, ¿qué o quién les impide aumentar el número de profesores, o de colegios, o de comedores escolares, o de rutas de transporte y no cobrar por usar los servicios educativos. Quién les impide bajar las tasas universitarias, o eliminarlas, o eliminar las que cobran a los profesores en paro -o a los médicos, o a los barrenderos- por presentarse a las oposiciones?

¿Quién o qué les impide aumentar el número de facultativos, de centros de salud, de camas hospitalarias, o de otros servicios sanitarios?

¿Quién, sino ellos, determinan el presupuesto destinado a investigación en Andalucía?

¿A quién sino a ellos les corresponde aprobar medidas de protección de los compradores de viviendas -por ejemplo, frente a los desahucios injustos- tal como fija el artículo 56 del Estatuto?

En definitiva, ¿qué les impide hacer que los andaluces tengamos mejores servicios; o que los que tenemos se mantengan y no se recorten?

Yo me pregunto entonces, ¿es verdad o es mentira lo que dice el Estatuto? ¿Es verdad que tenemos un parlamento y un gobierno para ocuparse de lo que la ley les encomienda, o sólo están para cobrar y disfrutar de privilegios? Porque si nada tienen que ver con ello ¿para qué los necesitamos y los mantenemos a cuerpo de rey?

Así pues, si existen recortes en los servicios, sabemos que no es culpa de Rajoy, que no gobierna aquí, sino de Griñán y de Valderas, y de sus respectivas sanguijuelas sindicales. Si faltan profesores, o médicos o investigadores; si en un barrio no hay colegio o centro de salud, si los profesionales están mal pagados o si se cobran tasas abusivas por los servicios, sabemos quienes son los responsables: los que gobiernan aquí, no los que gobiernan en Pekín.

Y respecto a la política económica y social, reconocen que es su responsabilidad (¡su logro!), y se jactan de que la política económica y social la hace el gobierno (PSOE e IU) de acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO; y presumen de que esa forma de gobernanza es un referente básico. El propio Presidente Pepe II lo ha dicho hace unos meses: “en Andalucía hemos aprendido a abordar los problemas desde el diálogo y el espíritu de colaboración. De este modo, hemos hecho, de la concertación… el instrumento más eficaz para elaborar nuestras políticas económicas y sociales...” (Discurso del 28 de Febrero de 2012).

Y en el vigente Acuerdo de Concertación Social de Andalucía (2010-2013), puede leerse: “…desde el año 1993, los sucesivos ejecutivos andaluces han puesto en marcha y desarrollado una forma de gobierno basada en la negociación y la búsqueda del acuerdo con los agentes económicos y sociales más representativos…cuyo principal resultado ha sido una serie de cambios estructurales que han contribuido de manera decisiva a alcanzar una senda de crecimiento económico sin precedentes en la historia de Andalucía. Esta forma de gobernar ha sido recogida en distintos preceptos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que vienen a consagrar la concertación como un referente básico en la gobernanza de Andalucía…”.

Es decir, ellos mismos declaran que son los autores y responsables de las políticas económicas y sociales que se hacen en Andalucía. Ahora bien, la cuestión es que frente a ese “crecimiento económico sin precedentes en la historia de Andalucía” que dicen haber conseguido con su gestión, la realidad nos muestra otra cosa.

Veamos, por ejemplo, cual es la situación respecto al principal problema de Andalucía, que supera la categoría de problema para convertirse en verdadero drama social: el desempleo. Cuando se firmó el vigente Acuerdo de Concertación -24 de noviembre de 2009-, la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa (EPA) era en Andalucía de un 26,33%; y el número de desempleados superaba la escalofriante cifra de un millón (exactamente, 1.034.000). Hoy, transcurridos tres años de vigencia del Acuerdo, los resultados de su magnífica política son –según la EPA del tercer trimestre de 2012- una tasa de paro del 35,42% y un número de desempleados que llega a la estratosférica cifra de 1.424.200.

Es decir, en los últimos tres años, el PSOE, IU, UGT y CCOO, han conseguido aumentar la tasa de paro en 9 puntos porcentuales, incrementando el número de desempleados en 400.000; o sea casi un 40%.

Si a ello unimos que el Acuerdo de Concertación nos ha costado a los contribuyentes 19.000 millones de euros, de los que buena parte han ido a parar al cofre del tesoro de los sindicatos (“la Junta de Andalucía desvió entre 2006 y 2010 más de 2 millones de euros a cinco empresas tapadera de ámbito estatal detrás de las que estaban los sindicatos UGT y Comisiones Obreras; La Razón, 28 marzo 2012), o a los bolsillos de los sindicalistas (como Juan Lanzas, dirigente de la UGT, o Juan Antonio Florido García, dirigente de CCOO de Andalucía ambos investigados por la juez Mercedes Alaya), o directamente a los estómagos de los dirigentes socialistas (“el expresidente de INVERCARIA gastó, sólo en 2009, 24.264,62 euros en restaurantes”; El Mundo, 6 de noviembre 2012), ¿no tendríamos motivos sobrados, no ya para una huelga, sino para una revolución?

Lo expuesto pone de manifiesto que la huelga del 14N no es sino un acto más en la estrategia antidemocrática de una izquierda que no acepta las reglas del juego; que deslegitima a quien gobierna, cuando no es ella; y que pretende conseguir por otros medios lo que las urnas le han negado. Siempre ha sido así, desde los tiempos de la república.

No obstante, yo veo con buenos ojos que el “gobierno andalú de pogreso” huelgue. Es más, lo imploro: hagan huelga señorías; los hechos demuestran que su desidia es menos dañina que su cuidado.

(*)José Luis Roldán Murillo, 1953, Cabra (Córdoba). Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1976). Candidato al Congreso de los Diputados por el Frente Democrático de Izquierdas en las elecciones de 1977, y abogado laboralista de la clandestina CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) (1977-1978). Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) (1978), y desde 1983, Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Fue alto cargo de la Junta de Andalucía, director general de Administración Pública y director del Instituto de Administración Pública hasta su dimisión. Ha intervenido activamente en la lucha de los empleados públicos desde 2010 por su profesionalización, neutralidad política y consideración social frente a la Junta de Andalucía.