Desvergüenza: recortes y despilfarro

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado viernes día 22 de junio publicaba el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. De su aprobación hay un único y exclusivo responsable: el Gobierno Andaluz. Además, las medidas aprobadas recogidas en el citado Decreto-Ley podrían haber sido más equitativas y proporcionales -motivo de nuestro próximo editorial- y debieran haberse tomado hace tiempo atendiendo a la situación de extrema gravedad que padece nuestra Comunidad Autónoma.

En relación con los recortes de derechos aprobados, El Tercer Lado quiere hablar hoy de despilfarro. Para vergüenza propia y ajena quiere dar a conocer someramente, que queda mucho, la nómina de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que con la aprobación de la Ley de reordenación del sector público de Andalucía se integró en la Agencia de Régimen Especial Servicio Andaluz de Empleo, con efectos de 3 de mayo de 2011.

Antes de pasar a su análisis y como apunte previo, tres observaciones: 1ª) La cúpula y la mayoría de directivos de la extinta FAFFE fueron despedidos e indemnizados en el verano del pasado año 2011. Desde entonces no ha habido más despidos. 2ª) A continuación, en un segundo escalón se encontraban los mandos superiores, los cuales tenían asumido su previsto despido para, como muy tarde, el otoño del pasado año 2011. 3ª) Desde su integración en el Servicio Andaluz de Empleo, los contratos vinculados a programas que han ido finalizando no han sido ejecutados.

La nómina de la FAFFE, además de una desvergüenza, es un auténtico despilfarro, donde:

- Se recogen salarios netos mensuales por encima de los 3.200 euros (por ejemplo, Marcial Cañadilla Gómez y Aurelio Crespo Mérida, antiguos directores de FAFFE que desde hace muchos años mantienen sueldos de Director sin las correspondientes responsabilidades del cargo, o Antonio Torres García, paseante y ex alcalde de Lebrija, con sueldo de Director aunque nunca haya ejercido como tal, o Anna Vals Roc, nombrada liquidadora de la fundación, y que meses después de su liquidación sigue cobrando como si continuara vigente, etc.).

- El sueldo neto mensual de los “mantenidos” mandos superiores (un total de 55) se sitúa entre los 2.200 y 2.800 euros. Para entenderlo baste saber que se trata de personas con una filiación y cercanía determinadas (por ejemplo, ex gerentes -Granada y Sevilla-, subdirectoras, sobrino de ex consejero de Gobernación, esposas de ex Directores Generales, asesor de Gabinete electoral de candidato socialista, etc., etc., etc.).

- El sueldo neto mensual de los mandos intermedios supera, en todos los casos, los 1.800 euros (Con honrosas excepciones, que las hay, la mayoría lo son gracias a determinados “apoyos”, que no por su formación y aptitudes profesionales).

- Pero lo mejor son los “complementos” y “sobresueldos” -de 1.000 euros en muchos casos- que tienen asignados, por mandato del cargo político de turno, un elevado número de personal que con la categoría de “técnico” o de inferior categoría, sin más trabajo que poner la mano a fin de mes, llega a cobrar un sueldo neto mensual superior a los 2.000 euros. Hablamos de ex alcaldes (Montellano, Coria del Río); ex concejales (Guadix, Adamuz, Palma del Río, Aguilar de la Frontera); ex miembros de distintas ejecutivas provinciales del PSOE y la UGT, y de toda la parentela -hijos, hermanos, sobrinos, primos, cuñados y conocidos- de la alta alcurnia psoeística, cuya relación próximamente publicaremos junto a sus respectivos padrinos. En este apartado incluimos el personal que bajo una cesión ilegal de trabajadores han estado prestando servicios en el Gabinete del ex Consejero de Empleo y otros, que mantienen las mismas retribuciones que tenían anteriormente. Estos “complementos” y “sobresueldos” claro está que no se recogen en sus contratos.

- La plantilla actual en nómina de la extinta FAFFE asciende aproximadamente a 1.200 personas. El personal fijo de “estructura” no supera los 350 (para comprender el porqué de esta diferencia y el que no se haya ejecutado ningún contrato finalizado vinculado a programas, baste saber que en la mayoría de sus titulares existe una relación afectiva y familiar, paterno/materno/filial, con jefes/as de servicio, coordinadores/as, directores/as generales, consejeros/as, etc., cuando no con representativos dirigentes sindicales y políticos).

Necesariamente surgen las preguntas: ¿La nómina de la FAFFE que se contabiliza mensualmente por la Intervención, se fiscaliza con documentación adjunta o sin ella? En cualquier caso, ¿de quién es la responsabilidad de que haya infinidad de personas embolsándose “complementos” o “sobresueldos” al margen de los contratos? Si el personal de la FAFFE no está integrado -que no lo está-, ¿cómo es que se incumple lo recogido en el Convenio de aplicación? ¿Aparecerá algún responsable o, como siempre, se continuará mirando para otro lado? ¿Ni siquiera la Intervención General ha tenido jamás conocimiento de estos hechos? ¿Para qué está entonces?

Si con motivo de distintas resoluciones judiciales, la integración del personal de la FAFFE no se ha podido llevar a efecto, no pudiendo ejercer funciones que supongan ejercicio de potestades administrativas -estando la mayoría a verlas venir-: ¿Cuánto cuesta mantener los puestos de los mandos superiores absolutamente innecesarios? ¿Cuánto cuestan los sueldos del personal cuyos contratos han finalizado y no han sido despedidos? ¿Cuánto cuesta la no adecuación de los exagerados sueldos a la responsabilidad actual? ¿A esta situación se ha llegado a través de decisiones irresponsables o ha sido por falta de decisión? Con seguridad no lo sabemos, pero nos tememos que, si hay algún responsable, que naturalmente lo hay, será… “el Gobierno de España”.

Lo que sí es cierto que ha habido, y continúa habiéndolo, es un absoluto despilfarro. Y éste, en el caso de la FAFFE (sólo desde la aprobación del Decreto-Ley 5/2010) se puede cuantificar en varias decenas de millones de euros -más de 50-, que se habría ahorrado la Comunidad Autónoma simplemente tomando las decisiones adecuadas y no demorando su aplicación.

Extrapolando este oprobio de la extinta FAFFE, a todas las fundaciones y empresas públicas que se han integrado en las distintas Agencias creadas a raíz de la aprobación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía, y al resto de entes instrumentales de la Administración Autónoma Andaluza, afirmamos rotundamente que el despilfarro en gastos de personal, sólo en los dos últimos años, supera con creces el recorte efectuado a los derechos de los empleados públicos a través del Decreto-Ley 1/2012.

El Tercer Lado, una vez más, rechaza y denuncia el despilfarro público. Basándose en él se piden sacrificios por quienes son los únicos responsables de una Administración pública que dedica el triple de recursos a pagar nóminas que a prestar servicios básicos. Dirigentes que, saltándose a la torera sus promesas electorales, imponen el sacrificio a los de siempre. Dirigentes que no deberían demorar la toma de decisiones necesarias y urgentes, y asumir la responsabilidad de los despidos que ya debieran haberse producido. Su obligación pasa por gestionar los escasos recursos públicos con austeridad y, además, hacerlo bien.

Los empleados públicos somos trabajadores de la Administración, no somos Administración. Somos tan trabajadores por cuenta ajena como los del sector privado. ¿Por qué tenemos que pagar por los errores y desmanes de los políticos? ¿Por qué tenemos que sufrir los recortes provocados por el nepotismo y el partidismo en la Junta de Andalucía? ¿Por qué el rescate financiero no puede ir a los hombros de los trabajadores y los recortes del des-gobierno andaluz sí? ¿Por qué las líneas cambian de color según el gobierno que las traspase? En todo caso, siguen con el chocolate del loro.

En Andalucía es verdad que hay mucho empleo público pero no muchos empleados públicos. Lo que sobra es un elevado número de personas dedicadas exclusivamente a la política a la que han convertido en su profesión, que sólo viven de ella, cobrando con cargo al presupuesto de la Comunidad. Lo que sobran son los dirigentes políticos responsables de la actual situación. Lo que sobra es una estructura insostenible, creada de modo arbitrario y con fines espurios, que necesariamente tiene que desaparecer para mantener en la medida de lo posible el Estado del Bienestar. Su mantenimiento en estos tiempos críticos supone un auténtico despilfarro que no hay presupuesto público ni deuda pública que lo resista.

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