Reflexiones post electorales. Entre la esperanza y el escepticismo

El pasado día 25 de marzo se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía. Sin entrar en otras valoraciones, del resultado de las mismas se desprende que ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta. Eso significa que ya no habrá posibilidad de imponer el criterio del partido gobernante. Se vislumbra, por lo tanto, un posible acuerdo entre PSOE e IU, teniendo esta última formación mucho que decir en la obligada regeneración de las instituciones de la Administración Autonómica.

Regeneración a todas luces necesaria, dado que los actuales dirigentes políticos de la Junta de Andalucía no han sido honestos, ni austeros ni tampoco han sido un ejemplo de transparencia y buen gobierno, como proclaman. No sé si es que son unos irresponsables, o sólo han hecho un uso irresponsable de los recursos públicos, que a la postre es lo mismo. Lo que sí hay que reconocerles es que han sido solidarios, y mucho pero, eso sí, con ellos mismos y con los suyos -esto es lo único que de verdad les ha ocupado y preocupado-. Nunca han buscado el interés general, sólo han perseguido el beneficio de unos pocos.

Como ciudadano y empleado público deseo y confío en que los dirigentes políticos de Izquierda Unida, desde el poder o dando apoyos al mismo, sean partícipes de una Administración en la que se cumplan y se hagan cumplir las normas y donde el interés general asuma todo el protagonismo.

Todavía hoy, a pesar de mis años, quizás ingenuamente, sigo pensando que no hay partidos políticos corruptos, sino personas corruptas en los partidos políticos, pero echo de menos esa tolerancia cero frente a la corrupción que los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía tanto mencionan pero que jamás aplican. Y es que determinadas actuaciones que dan lugar a un uso fraudulento de los recursos públicos, no hubieran sido posibles en el pasado, no lo serían hoy y tampoco lo deberían ser en el futuro, si desde el poder existiera la firme voluntad de acabar con ellas.

Y el mejor ejemplo -no el único- de que dicha voluntad no ha existido en el pasado se refleja en el caso de los EREs. Llevo varios lustros prestando servicios en la Administración de la Junta de Andalucía, y puedo afirmar sin temor a equivocarme que nada ocurre en una Consejería sin que tenga conocimiento el Consejero de turno. Es más, nada se hace sin su absoluto consentimiento. Y ya no digamos si hablamos de procedimientos irregulares de concesión de ayudas que han sido ideados y puestos en marcha por los propios Consejeros bajo cuyos mandatos se han producido los hechos delictivos -malversación de fondos públicos- y que han dado lugar al citado y deleznable caso del “fondo de reptiles”. Y cuando hablamos de disposición de fondos, el fraude sólo puede haber ocurrido con la connivencia, por acción o dejación, de los responsables políticos de la Consejería de Hacienda. Y lo que es peor: ni nadie dimite, ni nadie es cesado.

Confío que con la nueva legislatura en el Parlamento Andaluz se cree la necesaria Comisión de Investigación de este escandaloso y vergonzoso caso, que no se convierta en un paripé y que se depuren las responsabilidades correspondientes.

Que la voluntad sigue sin existir hoy se pone de manifiesto con el empecinamiento en conservar algo que tiene fecha de caducidad, la ley 1/2011 o “del enchufismo”, contra la que se pronuncian día sí, día también, los Tribunales de Justicia. También en algo constatable y de público conocimiento, y es que todos los días siguen colándose familiares, allegados y afines por la puerta de atrás, contratándolos como siempre, con la preceptiva y fraudulenta autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Ninguna Consejería está libre de pecado, pero donde estos hechos se producen de una manera escandalosa, por el número y los apellidos de los afortunadamente “seleccionados”, es en la de Innovación, Ciencia y Empresa. Y desde el poder a nadie se le cae la cara de vergüenza.

Espero -y exijo- que con la nueva situación política se acaten y cumplan las sentencias que contra la ley 1/2011 hay pendientes de ejecución, y que ésta se modifique de manera que haya un único modelo de Agencia: la Pública Administrativa, tal y como recoge el programa electoral para las elecciones autonómicas de Izquierda Unida, firmado ante Notario.

Igualmente espero y confío que las ingentes e inminentes rescisiones de contratos del personal externo -las van a hacer, sí o sí- se realicen objetivamente, sin hacer excepciones, y sin tener en cuenta los nombres y apellidos de los afectados. También confío que el Plan de Eficacia y Transparencia Administrativa de Andalucía, que garantice el acceso y el derecho de los ciudadanos al Empleo Público bajo los criterios ¡ojo! -que no principios- de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, recogido en el programa electoral de Izquierda Unida, no suponga el mantenimiento dentro de una pretendida legalidad, de la situación expuesta anteriormente, es decir, de seguir colando por la puerta de atrás a más familiares, allegados y afines, ahora también de la nueva y citada fuerza política que lo propone.

Y por último, para el futuro hay que acabar con estas lacras. Hay que mejorar los mecanismos de fiscalización y control permanente del gasto público, reforzando su independencia funcional. Contra los políticos corruptos hay que instaurar procedimientos idénticos para supuestos iguales (subvenciones, ayudas, etc.) que aparten la discrecionalidad en su concesión. Y para los que propicien o hayan propiciado actuaciones corruptas, se debe exigir para ellos que respondan de sus actos en las instancias correspondientes, bien sean políticas o judiciales.

Es el momento de hacer lo que se dice, de cumplir con los compromisos, incluso los electorales. Ya está bien de palabras.

Feliciano José Galán Merino, vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.

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