Lo que se avecina

El pasado día 19 de abril, con la constitución del Parlamento y la elección de su presidente, dio comienzo en Andalucía la IX legislatura.

Ningún partido político tiene mayoría absoluta, por tanto, el próximo Presidente de la Junta de Andalucía tendrá que ser elegido en función de las posibles alianzas que conformen los distintos partidos políticos con representación parlamentaria y que, previsiblemente, serán las fuerzas de izquierda: PSOE-A e IU-CA.

Desde hace varias semanas, dirigentes de ambos partidos han venido negociando. Fruto de estas negociaciones es el “Acuerdo por Andalucía” firmado por ambas formaciones políticas. Y también la decisión de los dirigentes de IU-CA, ratificada por su militancia en referéndum del pasado 24 de abril, de participar en la formación del nuevo gobierno:

“Un gobierno fuerte y responsable, comprometido con la defensa de los derechos de los andaluces y andaluzas, comprometido con la creación de empleo, la protección social y los servicios públicos como prioridad absoluta, comprometido con la defensa del Estado del Bienestar y las políticas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades en un marco presupuestario de corresponsabilidad con el conjunto del país y comprometido con la austeridad y la ética en el ejercicio de lo público.

Un gobierno comprometido que reconoce que el paro es el principal problema de Andalucía. Que por ello plantea a corto plazo un gran acuerdo por el empleo con la aportación de recursos. Que para aliviar el problema de financiación de la actividad productiva va a crear el Instituto Público de Crédito Andaluz dotado con 1.500 millones de euros.

Un gobierno que mantendrá un compromiso con la austeridad presupuestaria y con eficiencia en la gestión y que apuesta por el equilibrio en las cuentas públicas a medio plazo.”

Un gobierno -esto ya lo decimos nosotros- obligado a destinar gran parte de los recursos a cuadrar las cuentas públicas. Estamos inmersos en una crisis económica y Andalucía ni puede ni debe quedar al margen de la cruda realidad. El próximo gobierno de la Junta de Andalucía deberá acometer necesariamente una serie de medidas que conllevará, quiéranse o no, recortes de gastos que permitan, además, destinar el máximo de recursos a los compromisos recogidos en el “Acuerdo por Andalucía” suscrito por ambos socios de gobierno, todo ello si se quiere iniciar con éxito la senda de la recuperación a través del equilibrio presupuestario. Y entre las medidas a adoptar, necesariamente, deben incluirse las siguientes:

1. Reestructuración de los órganos de la Administración y sus entes adscritos:

Reducción a 8-9 del número de Consejerías, eliminando los órganos directivos creados sin justificación ni necesidad, algunos sin estructura que los soporte, sólo para “cubrir cuotas” o como pago por los “servicios prestados”, eliminando, también, las duplicidades y solapamientos -por ejemplo la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales- que la irracional macroestructura actual provoca en todas las Consejerías.

Acometer la necesaria disminución de la Administración paralela y del ingente número de entes adscritos a las distintas Consejerías. Actualmente entre agencias, fundaciones, consorcios y otros órganos administrativos sin calificar existen 112 y el número de órganos colegiados (consejos, comités, comisiones y observatorios) asciende a 229. Todo ello sin contar los centros especializados agrarios y pesqueros ni las OCAS.

2. Reordenación del sector público andaluz:

Sólo pasa por su marcha atrás de la forma en que actualmente está planteada, acatando y cumpliendo las sentencias que contra la Ley 1/2011 quedan pendientes de ejecución, lo que ha provocado el vacío de competencias y funciones de cientos de funcionarios adscritos a los órganos directivos afectados por aquélla y cortando de raíz la sangría económica que, todos los meses, la misma supone.

3. Eliminación y reducción de partidas presupuestarias prescindibles:

Tales como prensa, revistas, libros y otras publicaciones, publicidad y propaganda, reuniones y conferencias, cursos, protocolo, arrendamientos, comunicaciones telefónicas, etc., sin olvidar la necesaria eliminación de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal.

El compromiso del próximo gobierno con la austeridad presupuestaria y su apuesta por el equilibrio en las cuentas públicas no sería creíble si estas medidas no se aplican y, además, de manera inmediata. Deben disminuir -y no aumentar- el número de los entes adscritos y de la Administración paralela -más de 400 actualmente, e innecesarios en muchos casos-. Han de recortarse considerablemente, como se dijo al principio, el número de Consejerías, posibilitando que los funcionarios afectados por la “reordenación” y por dicho recorte realicen las funciones que les corresponde por imperativo legal y que fueron otorgadas de facto a personal externo, funciones por las que el personal externo procedente de la Administración paralela cobra dos y tres veces más -las nóminas de este personal suponen un cáncer económico para las cuentas de la Comunidad-. Deben reducirse y eliminarse determinados gastos absolutamente prescindibles, y sobre todo, las “generosas” y cuantiosas subvenciones a sindicatos y patronal. Han de aplicarse necesariamente estos recortes y destinar el ahorro que los mismos suponen -cientos de millones de euros- a alcanzar el equilibrio presupuestario establecido en la Ley, y si, además, es posible, a cumplir los compromisos adquiridos por los futuros socios de gobierno, PSOE-A e IU-CA, que se recogen en el citado “Acuerdo por Andalucía”.

Estas medidas, junto con las recogidas en nuestra editorial del pasado 20 de mayo de 2010, y otras muchas que seguiremos ampliando y desarrollando, aportadas por quienes formamos parte de la Administración -y, por tanto, perfectos conocedores de los gastos superfluos, innecesarios y quasi delictivos, absolutamente prescindibles para el progreso adecuado de la sociedad a la que servimos- debieran convertirse en el punto de inflexión de unas cuentas públicas ahora mismo estancadas, cuando no en absoluto declive, hacia otras formas más dinámicas basadas en el adiós al derroche y en la confianza de los ciudadanos.

Por último, desde El Tercer Lado lamentamos la ausencia de compromiso de IU al “tragarse” el desarrollo reglamentario de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz sin pronunciarse sobre su derogación como, ante notario, firmó durante la pasada campaña electoral y entendemos que la transparencia, la lucha contra la corrupción y la ética en el ejercicio de lo público -en una palabra, la credibilidad que, junto a los recién llegados, los añejos dirigentes políticos de la Junta de Andalucía deben recuperar- pasan simplemente por cumplir y hacer cumplir las normas, por actuar con la firme voluntad de prevenir abusos apartando a los corruptos y llevándolos ante los tribunales y, principalmente, por la creación de una auténtica Comisión de Investigación del caso de los EREs en el Parlamento Andaluz -sin tener que esperar a la prometida reforma de su reglamento- alejada del paripé y con capacidad para emitir un informe final objetivo e imparcial fundado en derecho.

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