La ley 1/2011 de reordenación del sector público en Andalucía ha monopolizado el debate de lo público prácticamente durante los dos últimos años, causando un notable perjuicio a la sociedad andaluza, entre otras, por las siguientes razones:
* No se han abordado ninguno de los graves problemas estructurales que disminuyen la eficacia de la Administración andaluza (no hemos solucionado los problemas de fondo).
* El debate se ha centrado sobre problemas creados por la propia reforma (hemos creado nuevos problemas de forma artificial: acusaciones cruzadas de enchufismo, defensa de privilegios, deterioro del clima laboral, desmotivación, desanimo, etc.).
* Los supuestos beneficiarios de la reordenación (trabajadores del sector público de la Junta) han resultado ser los mayores perjudicados por la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran en la actualidad (todos nos hemos visto perjudicados, nadie ha salido beneficiado).
La consecuencia de todo esto es que nos encontramos en una Administración “zombi”: paralizada, desmotivada y desorientada, en la que el funcionamiento de los servicios se ha deteriorado de una forma notable (no hemos mejorado nada, hemos empeorado bastantes cosas).
Partiendo de esta situación, se plantea una hipótesis de partida: la ley 1/2011 está funcional, jurídica y políticamente muerta, aunque esta situación no sea asumida por los actuales responsables de la Junta, dado el escenario preelectoral en que nos encontramos.
Las movilizaciones de los colectivos de empleados públicos y las actuaciones legales llevadas a cabo han desembocado en las recientes sentencias en contra de los distintos protocolos de integración del personal de las empresas públicas en los nuevos entes supone en la práctica la paralización de la norma. La exigencia por parte de los tribunales de la ejecución de las sentencias dictadas obligará a la Junta de Andalucía a tomar medidas con carácter inmediato. Estas medidas podrían tomarse al final de la presente legislatura (hipótesis poco probable) o al inicio de la siguiente (hipótesis más probable).
La derogación del Decreto no supone sino el primer paso de un largo camino de modernización y mejora de los servicios que la Administración debe prestar a ciudadanos y empresas. En este sentido, es urgente y prioritario alejar el foco del debate de una ley ya prácticamente muerta y encauzar las expectativas y las energías de los empleados públicos y la ciudadanía hacía un nuevo modelo de Administración orientado al ciudadano.
Este debate debería de centrarse en cómo debe de funcionar la Administración y no en qué debe de hacer la Administración, cuestión en la que las distintas opciones políticas tienen su ámbito natural de actuación.
Y deberemos realizar este proceso en un contexto de crisis (con la limitación de recursos materiales que esto implica), mirando hacia el futuro (sin revanchas, venganzas, ni cazas del enchufado), con afán de integración de todas las personas e ideas que enriquezcan el modelo, favoreciendo la participación y la transparencia de la ciudadanía y los empleados públicos y evitando el sufrimiento gratuito de “castigar” al funcionario con medidas efectistas que no mejoran la productividad (incremento de la jornada laboral).
Para avanzar en esta dirección y orientar el debate público al día después de la derogación de la ley 1/2011, es necesario diseñar una estrategia de modernización de la Administración, en coordinación con la Administración Central del Estado y las Administraciones locales, que contemple, entre otras las siguientes cuestiones: transparencia y participación ciudadana, reforma profunda de la Función Pública, profesionalización de altos cargos y personal directivo, administración electrónica, sistemas de información, simplificación y racionalización administrativa, gestión del cambio, entre otras cuestiones.
Marcelino Bilbao
Las opiniones difundidas son de la exclusiva responsabilidad de sus autores
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario. Se publicará una vez moderado