Nuestro futuro está en nuestras manos. ¡Y entre todos lo vamos a ganar!

Desde esta tribuna nos vemos comprometidos a hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los empleados públicos de Andalucía, y pedir la urgente actuación en este momento crucial que, directa o indirectamente, nos obliga a todos si realmente nos importan el sector público, al que nos debemos, nuestros derechos, nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones.

Los años 2010 y 2011, en España, serán históricamente recordados por el acontecimiento de varios hechos cruciales. Y entre ellos, por su singularidad, ha de destacarse la movilización y protesta de un numeroso grupo de empleados públicos de la Administración Pública Andaluza, que, por ser pionera y casi unánime, supondrá un hito en la Historia de este país.

Este movimiento surgió como consecuencia de un proceso perverso de deterioro de nuestra Administración Pública y de una clara vulneración del orden constitucional ejecutada por los gobernantes andaluces del PSOE, con la colaboración silenciosa de los gobernantes de IU, la participación de los dirigentes sindicales de UGT y CCOO, y de la complicidad, en el necesario proceso de aprobación de las normas, de asesores jurídicos de la misma Administración y del Consejo Consultivo.

Nuestra actuación, inimaginable hace unos años, ha sorprendido a muchos sectores de nuestra sociedad: empleados públicos, medios de comunicación, grupos políticos, sindicatos, profesionales de otras administraciones, colegios oficiales, etcétera.

Han significado meses de reivindicaciones de sagrados derechos fundamentales, de lucha contra las inmunidades del poder público, de pretensiones de restablecimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho y de defensa de lo público.

Han sido días de asambleas y de reuniones interminables, jornadas de movilizaciones y protestas en la calle, bajo la lluvia y el frío, semanas soportando las mentiras e insultos de dirigentes sindicales y políticos, meses de sufrir el rodillo del poder político con denuncias policiales y expedientes disciplinarios infundados, tiempos de sufrir el inexplicable abandono por parte de instituciones básicas como los Defensores del Pueblo Andaluz y Estatal, el Ministerio Fiscal, la Cámara y el Tribunal de Cuentas.

Han sido días para digerir la irresponsabilidad y la falta de solidaridad de algunos compañeros nuestros, conocedores de las consecuencias nefastas de este proceso, semanas de manipulaciones y de padecimiento de la presión mediática de medios de comunicación afines al gobierno andaluz, meses de compañeros que han dado mucho de su tiempo y de sí mismos y de otros que se han quedado en el camino (nuestro agradecimiento a todos), dando ejemplo de tenacidad, coraje y valor, para conseguir la única salida que tiene este proceso absurdo e insensato que nada tiene que ver con los objetivos que nuestros gobernantes dicen perseguir de ahorro económico, disminución del déficit público y eficacia del sector público: la derogación de todas las normas relacionadas con este proceso de reordenación del sector público andaluz.

Pero, y es lo realmente importante, existe también un lado valiosamente positivo en todo este movimiento: la consecución de la información, de la sensibilización y de la concienciación de muchos sectores de nuestra sociedad que desconocían los oscuros objetivos de los gobernantes políticos. En este sentido, hemos contado con el apoyo de asociaciones, sindicatos, grupos políticos y de la ciudadanía en general, que han abierto los ojos y descubierto las verdaderas pretensiones de estos figurantes sindicales y gobernantes de pacotilla.

Hemos recorrido mucho camino juntos, y aunque nos han puesto demasiadas piedras en el camino, nos encontramos en el preciso lugar y en el momento trascendental en los que hemos de activar los resortes del único poder público que puede poner freno a este proceso destructivo del gobierno andaluz: el Poder Judicial. Y tenemos fundadas esperanzas de que lo vamos a conseguir.

Como sabéis, está en marcha la presentación de varios recursos judiciales para conseguir la suspensión y anulación de los Decretos que aprueban los Estatutos de las Agencias, publicados en el BOJA el viernes, 29 de abril. Para ello, y con el fin de aumentar las probabilidades de éxito, vamos a contar con dos prestigiosos bufetes de abogados, cuyos honorarios debemos sufragar entre todos.

En el brevísimo plazo de 10 días han de presentarse los recursos por vía de protección de derechos fundamentales, por lo que la actuación urgente de todos resulta fundamental. En estos días se darán a conocer datos de las cuentas bancarias donde ingresar nuestra módica aportación, de las que se hará la correspondiente publicidad de los ingresos y gastos, para que no haya lugar a dudas.

Somos conscientes que, para muchos de nosotros, supone un sacrificio económico importante, pero entendemos que no es el momento de ponerse a pensar si debo o puedo colaborar, porque ¡están en juego nuestro más inmediato presente y nuestro futuro laboral y económico, además del de nuestros hijos!

Si actuáramos individualmente, supondría una ruina cierta. Nos guste o no, hemos de actuar unidos, sin fisuras, contando con el apoyo económico de todos. No nos queda otra salida, si tenemos un mínimo de sensatez y responsabilidad. Las movilizaciones son importantes, pero, como hemos visto, no son suficientes para el poder arbitrario, soberbio, prepotente, altanero y aplastante de nuestros gobernantes, que no han dudado ni un instante en seguir adelante, aún pisoteando nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, con una total irresponsabilidad y falta de respeto a la ciudadanía, algo inconcebible para el que dispone de un mínimo de valores y de ética.

¡AHORA, EN ESTE TRASCENDENTAL MOMENTO, TODOS UNIDOS!

¡NO ES MOMENTO DE DUDAS, SINO DE ACCIÓN!

¡NO ES MOMENTO DE SER AVESTRUCES, SINO VALIENTES Y TENACES, COMO LOS COMPAÑEROS QUE NO HAN PARADO DE TRABAJAR POR

TODOS NOSOTROS Y LOS QUE PERDIMOS EN EL CAMINO!

¡NO VACILEMOS EN SACRIFICAR ALGÚN GASTO PERSONAL!

¡SEAMOS RESPONSABLES!