El Tercer Lado

Di algo de izquierda

2012-03-08T16:53:00.001+01:00

La izquierda ya no dice cosas de izquierda y demasiados socialistas no tienen comportamientos socialistas

Raffaele Simone es un lingüista que lleva 40 años agitando la conciencia crítica de la izquierda italiana. El otro día aparecía en la contraportada de este periódico en un artículo donde se relataba la secuencia de una película de Nanni Moretti llamada Abril. En ella se veía al entonces primer ministro Berlusconi en un debate televisivo con el líder de la oposición Massimo d´Alema. El protagonista, viendo como transcurría el debate, le espeta a d´Alema a través del televisor: "Dile algo de izquierda".

Hace unos meses, en mitad de una larga conversación con un dirigente de izquierdas, le pregunté: ¿Qué le pasa al Partido Socialista? Y me contestó: "Te voy a dar una larga explicación, pero antes una respuesta rápida". Y dijo: "Al Partido Socialista le hacen falta socialistas". Demasiadas veces las cuestiones más difíciles tienen respuestas sencillas. Y la melancolía de la izquierda en España, también en la mayoría de los países de Europa, tiene un origen relativamente fácil: la izquierda ya no dice cosas de izquierda y demasiados socialistas no tienen comportamientos socialistas.

Rajoy ha iniciado su mandato haciendo una reforma del mercado de trabajo profundamente neoliberal y unas reformas en lo social tremendamente conservadoras. Eso no le ha impedido acometer varias medidas que tendría que haber hecho el Gobierno de Zapatero. Lo de intentar alcanzar un acuerdo con los bancos para resolver el drama de las familias que se quedan sin casa por no pagar la hipoteca, pero tienen que seguir pagando el préstamo. O el de poner un tope a los salarios e indemnizaciones de los banqueros cuyas entidades han recibido ayudas públicas. Se podría reprochar a Rajoy que ni el proyecto de la dación en pago ni los recortes de sueldos son suficientes. Pero resulta más reprochable todavía que un gobierno socialista no tomara medida alguna. Nadie le dijo, al parecer, a Zapatero: "Di algo de izquierda".

El caso de los ERE fraudulentos en Andalucía es choricero y queda aún por saber cuál es su verdadera dimensión. De lo que no existe duda alguna es que fueron nueve años los que el director general de Trabajo manejó a su antojo millones de euros destinados a empresas en crisis. Y que, durante ese largo período de tiempo, tuvo jefes que, en el mejor de los casos, ni descubrieron ni sospecharon sobre la vergonzante utilización que hacía de ese dinero público. Por eso, resulta un bochorno que nadie, a estas alturas de la investigación, haya decidido dimitir de sus cargos motu proprio, lo que hubiera sido imprescindible en cualquier dirigente. Más en un dirigente socialista que hace de ciertos valores su etiqueta ideológica.

La izquierda en Europa lleva una década preguntándose por el futuro de la izquierda en Europa. Y no deja de ser curioso que las respuestas que no han tenido ni los dirigentes progresistas europeos ni los grandes intelectuales, las tuvieran hace ahora casi un año miles de jóvenes acampados en plazas públicas reclamando una regeneración democrática que está aún por llegar. La crisis económica mantiene las arcas públicas exhaustas, por lo que va a empezar una campaña electoral donde lo importante no será conocer los proyectos y las promesas de los partidos para Andalucía, sino saber dónde van a meter las tijeras en un Estado de bienestar que empieza a desmoronarse. Y, también, qué nos proponen para cambiar un sistema que precisa de un reseteo: listas abiertas, una pulcra administración del dinero público, una vuelta a la ética y a la estética, acabar con la confusión entre lo público y lo privado, o entre partidos e instituciones. Pero, sobre todo, una respuesta contundente ante cualquier atisbo de corrupción, ya sea por acción u omisión. O sea, cuatro ideas de izquierda y un mínimo comportamiento ético. Una de las banderas de cualquier política progresista.

José Manuel Atencia. Diario El País, 5 marzo 2012

#primaveravalenciana: sólo información

2012-02-23T15:46:00.006+01:00

- Alumnos de instituto Luis Vives de Valencia protestan por los recortes en Educación (no tienen calefacción).

- Fuentes del centro informan que la calefacción funciona con absoluta normalidad.

- Se producen manifestaciones y cortes de la vía pública sin la preceptiva comunicación a la autoridad gubernativa.

- La policía reprime brutalmente las concentraciones de los bachilleres.

- Ninguno de los dieciséis heridos leves (once de ellos, policías) precisa hospitalización.

- Sólo uno de los cuarenta y cinco detenidos a lo largo de los disturbios es alumno del centro.

- Según el atestado, diecinueve de los veinticinco detenidos del lunes 20 (día de la represión) son mayores de edad.

- ¿Todos ellos alumnos “repetidores” del instituto Luis Vives? Ninguno.

- A raíz de la exagerada represión, la web #primaveravalenciana se convierte en trending topic mundial.

- La página web primaveravalenciana.com se anticipa a los acontecimientos: se crea dos días antes del conflicto por la misma persona que creó la del partido Compromis.

- El Jefe de la Policía represora, Antonio Moreno -el que niega información al “enemigo” y que aún no ha sido relevado del cargo- fue nombrado por el Ministro del Interior el 29 de julio de 2008.

- Ocho años después, vuelven a cercarse las sedes del partido del Gobierno en distintas capitales de provincias.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

¿Empezamos a pensar en los ciudadanos?

2012-02-20T10:23:00.009+01:00

La ley 1/2011 de reordenación del sector público en Andalucía ha monopolizado el debate de lo público prácticamente durante los dos últimos años, causando un notable perjuicio a la sociedad andaluza, entre otras, por las siguientes razones:

* No se han abordado ninguno de los graves problemas estructurales que disminuyen la eficacia de la Administración andaluza (no hemos solucionado los problemas de fondo).

* El debate se ha centrado sobre problemas creados por la propia reforma (hemos creado nuevos problemas de forma artificial: acusaciones cruzadas de enchufismo, defensa de privilegios, deterioro del clima laboral, desmotivación, desanimo, etc.).

* Los supuestos beneficiarios de la reordenación (trabajadores del sector público de la Junta) han resultado ser los mayores perjudicados por la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran en la actualidad (todos nos hemos visto perjudicados, nadie ha salido beneficiado).

La consecuencia de todo esto es que nos encontramos en una Administración “zombi”: paralizada, desmotivada y desorientada, en la que el funcionamiento de los servicios se ha deteriorado de una forma notable (no hemos mejorado nada, hemos empeorado bastantes cosas).

Partiendo de esta situación, se plantea una hipótesis de partida: la ley 1/2011 está funcional, jurídica y políticamente muerta, aunque esta situación no sea asumida por los actuales responsables de la Junta, dado el escenario preelectoral en que nos encontramos.

Las movilizaciones de los colectivos de empleados públicos y las actuaciones legales llevadas a cabo han desembocado en las recientes sentencias en contra de los distintos protocolos de integración del personal de las empresas públicas en los nuevos entes supone en la práctica la paralización de la norma. La exigencia por parte de los tribunales de la ejecución de las sentencias dictadas obligará a la Junta de Andalucía a tomar medidas con carácter inmediato. Estas medidas podrían tomarse al final de la presente legislatura (hipótesis poco probable) o al inicio de la siguiente (hipótesis más probable).

La derogación del Decreto no supone sino el primer paso de un largo camino de modernización y mejora de los servicios que la Administración debe prestar a ciudadanos y empresas. En este sentido, es urgente y prioritario alejar el foco del debate de una ley ya prácticamente muerta y encauzar las expectativas y las energías de los empleados públicos y la ciudadanía hacía un nuevo modelo de Administración orientado al ciudadano.

Este debate debería de centrarse en cómo debe de funcionar la Administración y no en qué debe de hacer la Administración, cuestión en la que las distintas opciones políticas tienen su ámbito natural de actuación.

Y deberemos realizar este proceso en un contexto de crisis (con la limitación de recursos materiales que esto implica), mirando hacia el futuro (sin revanchas, venganzas, ni cazas del enchufado), con afán de integración de todas las personas e ideas que enriquezcan el modelo, favoreciendo la participación y la transparencia de la ciudadanía y los empleados públicos y evitando el sufrimiento gratuito de “castigar” al funcionario con medidas efectistas que no mejoran la productividad (incremento de la jornada laboral).

Para avanzar en esta dirección y orientar el debate público al día después de la derogación de la ley 1/2011, es necesario diseñar una estrategia de modernización de la Administración, en coordinación con la Administración Central del Estado y las Administraciones locales, que contemple, entre otras las siguientes cuestiones: transparencia y participación ciudadana, reforma profunda de la Función Pública, profesionalización de altos cargos y personal directivo, administración electrónica, sistemas de información, simplificación y racionalización administrativa, gestión del cambio, entre otras cuestiones.

La lucha contra la reordenación ha marcado un hito en la creación de una conciencia de servicio publico y responsabilidad hacía la sociedad de los empleados públicos. Pero esa misma vocación de servicio público nos exige ahora que concentremos esfuerzos e ilusión en aportar ideas y propuestas para la mejora de esta Administración tan necesaria como vapuleada.

Marcelino Bilbao

Las opiniones difundidas son de la exclusiva responsabilidad de sus autores

El Tercer Lado apoya la convocatoria de actos contra la “reordenación”

2012-02-02T17:54:00.003+01:00

El Tercer Lado convoca a los empleados públicos andaluces a participar activamente en los actos convocados contra la mal llamada reordenación del sector público andaluz:

1.- Sábado, 4 de febrero: Concentración en el punto de celebración del Congreso del PSOE. Hotel Barceló Renacimiento (Isla de la Cartuja, Avda. Alonso Barba) de Sevilla: 11 a 15 horas.

2.- Sábado, 18 de febrero: Macromanifestación de empleados públicos de la Junta de Andalucía, a la que están invitados todos los ciudadanos andaluces

3.- Martes, 28 de febrero: Concentración en el lugar a donde nos dirija la agenda institucional del Día de Andalucía.

¡Tenemos otras citas con nuestro futuro, NO FALTES!

Montesquieu no estaba muerto

2012-01-25T18:06:00.004+01:00

Y no estaba muerto, no, no; tampoco tomando cañas, ni siquiera de parranda, como aseguraba la canción de Peret.

Según anunció ayer la Vicepresidenta del Gobierno en la Comisión Constitucional del Congreso, Montesquieu, al que –ejerciendo de “enterrador”- se encargó de echar la última palada de tierra Alfonso Guerra hace casi tres décadas, parece que, a lo sumo, ha estado hibernando y que se muestra dispuesto a despertar del letargo.

Ya ha llovido en todas las instancias judiciales desde 1985, cuando la infausta “Ley Ledesma”, contraviniendo el espíritu de la entonces joven Constitución, se encargó de acabar con la separación de poderes que consagra cualquier sistema democrático que se precie.

Decía –y continúa diciéndolo- el artículo 122.3 de nuestra Carta Magna: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Parece diáfano el mandato: de los veinte miembros, ocho han de ser elegidos por las Cámaras. Y resulta también un exceso de los políticos, cuando no una palmaria desidia permitida por un pastoreado Tribunal Constitucional, la interpretación de la remisión que hace a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los otros doce. Si los ponentes constitucionales hubieran deseado el resultado legal obtenido, les hubiera bastado con transcribir en lugar del texto anteriormente subrayado algo así como: “Todos ellos a propuesta de las Cortes Generales”.

Todo apunta a que la añorada reforma judicial no sólo provocará la “resurrección” del pensador francés, sino que irá acompañada de otras medidas legislativas tales como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad y el –esperemos- definitivo asentamiento del Tribunal Supremo como última instancia judicial.

Auténtica separación de poderes y justicia independiente: Democracia con mayúsculas. Si es así, bienvenida.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

El desprecio político al funcionariado

2012-01-16T23:14:00.003+01:00

Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública. Artículo de Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional. Sobran los comentarios:

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Reordenación del sector público andaluz: el extraño caso de la integración del supuesto personal de las UTEDLT en la Agencia SAE y sus irregularidades

2012-01-01T23:05:00.001+01:00

En el informe que se adjunta a este resumen, y que puede descargarse, se pone en evidencia la inseguridad jurídica creada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto a los más de 600 trabajadores procedentes de las UTEDLT, además de las numerosas irregularidades cometidas.

Por un lado, el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 27 de julio de 2010 por el que se aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía, se atribuyó una competencia que no tiene: la liquidación de los Consorcios locales “Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico” (UTEDLT) y la integración de sus recursos materiales y humanos en la Agencia SAE, invadiendo una competencia local, que en este caso corresponde a una entidad local de cooperación territorial, dado que en los mismos participan mayoritariamente entidades locales –Municipios-.

La propia Junta de Andalucía reconoce en la base de datos publicados en la página web de Hacienda que no pertenecen a su sector público (en una columna reconoce que no pertenecen, indicando NO), aunque en el citado Acuerdo de 27 de julio del Consejo de Gobierno los considera “entes instrumentales de la Junta de Andalucía”, sabiendo que no es cierto. Además, la propia Cámara de Cuentas, en todos sus informes sobre el Sector Público local, consideró como parte de éste a los Consorcios UTEDLT.

Para colmo, como se demuestra en el citado informe, el personal de las UTEDLT se había integrado desde 2009 en una fundación pública de la Junta de Andalucía denominada “Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza” -AEFPA- (antes denominada Fundación Red Andalucía Emprende), por lo que no era posible materialmente la integración de este personal desde los Consorcios locales de las UTEDLT, ni por sucesión de empresas, como ha establecido la regla cuarta del Protocolo de Integración de personal en la Agencia SAE ni por cualquier otra figura jurídica.

Incluso el propio Consejo de Gobierno autorizó la concesión de una subvención de 26 millones de euros a la citada fundación para gastos de nóminas del personal integrado procedente de las UTEDLT, y se denunciaron ante la autoridad laboral los convenios colectivos de este personal y el de la propia fundación, al coexistir ambos en el mismo ente empleador. ¿Por qué el Consejo de Gobierno ha ocultado este dato, dando a entender que el personal integrado en la Agencia SAE procede de las UTEDLT y no de la fundación AEFPA?

Consulta aquí el informe o descárgatelo

Luis Escribano del Vando, vocal de la Asociación El Tercer Lado

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

Felices Fiestas

2011-12-23T19:38:00.002+01:00

Desde El Tercer Lado os deseamos lo mejor en estas entrañables fiestas y que 2012 -esta vez sí o sí- venga cargado para todos nuestros amigos de salud, trabajo y condiciones dignas para su ejercicio.

Esperemos también que los responsables políticos vean llegado el momento de la responsabilidad, de la moralidad y de la legalidad en la gestión pública. Todo ello ha de llegar de la mano de la derogación de la Ley 1/2011, lo que, con toda seguridad, todos juntos, vamos a conseguir.

Pleno en los Tribunales ¡Suma y sigue!

2011-12-17T13:37:00.005+01:00

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía hemos conseguido paralizar provisionalmente en los Tribunales la pretendida y retorcida integración en las nuevas agencias creadas al amparo de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha sido el último en pronunciarse sobre también la última de las siete agencias recurridas. Con fecha 12 de diciembre, su titular ha anulado el protocolo de integración por el que se permitía a 1.852 empleados laborales desarrollar funciones de empleados públicos en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).

Recordemos que las agencias afectadas por la paralización, bien de los decretos o de los protocolos de las agencias, son siete: La Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya); la de Instituciones Culturales; la del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); la de Dependencia y Servicios Sociales; la de Obra Pública; la Agencia del Conocimiento y, la última, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). En todos los casos, a excepción de la Agencia del Conocimiento, la Justicia se ha pronunciado por la vía especial de derechos fundamentales.

Consulta aquí el Auto o descárgatelo.

Funcionarios andaluces, un éxito judicial

2011-12-03T16:08:00.005+01:00

Artículo de Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León y ex Decano de su Facultad de Derecho. Sobran los comentarios:

El Tribunal de Justicia de Andalucía dictó el día 2 de noviembre una sentencia notable que afecta a la función pública en el marco del procedimiento de protección de los derechos fundamentales. Se trata de un hito relevante en una polémica que viene de antiguo: la incorporación de personal en las nóminas de las Administraciones sin respetar el principio de mérito y capacidad. El asunto en el que se inscribe el pleito -muy bien llevado a mi entender por los abogados que han intervenido en él- había suscitado un gran revuelo. Tanto que llegó a la calle en forma de manifestaciones de funcionarios en Sevilla y a los medios de comunicación pues se publicaron artículos y análisis despiezando sus distintos elementos.

Veamos. La sentencia es la consecuencia de la demanda que interponen diecisiete empleados contra un Decreto de la Junta de Andalucía que contiene el estatuto de la Agencia andaluza de instituciones culturales. Argumento de la misma era la vulneración del derecho fundamental a acceder a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria, que son derechos reconocidos por los artículos 14 y 23 de la Constitución.

La Sala, tras rechazar las causas de inadmisibilidad opuestas por la representación letrada de la Junta de Andalucía, entra resueltamente en el fondo de la cuestión para hacer afirmaciones importantes. No se trata simplemente -dicen los magistrados- de “la huida del derecho administrativo” sino de algo bastante más inquietante: “es un desprecio al Estado de Derecho porque todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la Agencia han eludido el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad”. Y es que nada menos que 534 empleados se habían colocado bajo el calorcito de la nómina pública sin pasar prueba fiable alguna, invocando tan solo lazos de parentesco o entrañable amistad con tal o cual personaje, coincidencia con ellos en sus respectivos sueños políticos o cercanía en sus posiciones sindicales.

Si bien tales lazos son apreciables para la convivencia social pues constituyen una prueba de la humana solidaridad y del entendimiento entre vecinos, es claro que la función pública no puede edificarse sobre ellos al ser las Administraciones públicas unas organizaciones que están pensadas para servir con objetividad los intereses generales. Y no para cobijar intereses de clientelas por muy tiernos que sean o aparenten ser.

Estamos ante un notable éxito de unos funcionarios que no han dudado en afrontar los inconvenientes y gastos que genera el ejercicio de acciones legales ante los tribunales de justicia para defender principios que no solo son los constitucionales vigentes sino que, añado por mi parte, son los más “revolucionarios” que existen en la Constitución española al garantizar que a una remuneración estable pública solo se accede superando pruebas públicas, con un temario conocido y realizadas ante un tribunal integrado por personas con competencia profesional acreditada.

He calificado de hito a la sentencia y, en efecto, así es si tenemos en cuenta que el hito es una especie de mojón o poste que sirve para indicar la dirección o la distancia en los caminos o para delimitar terrenos. En este caso, la dirección es la de seguir avanzando para hacer una realidad sin fisuras el respeto a esos principios constitucionales enunciados. Sabiendo -pues no hemos de caer en la ingenuidad- que es un desiderátum, una aspiración siempre inacabada como la historia de la Administración pública y de la función pública nos demuestran. Pero estar en ese camino y no extraviarse en él es esfuerzo que merece la pena.

Peleamos por lo que queremos: ¡Marchando otra sentencia!

2011-11-18T19:45:00.014+01:00

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía hemos vuelto a ganar una nueva batalla, que nos conducirá inexorablemente a ganar la guerra, contra la fatal Ley de Reordenación del Sector Público.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha paralizado cautelarmente la integración del personal laboral de la Fundación Pública Andaluza Fondo y Formación y Empleo (FAFFE) y de los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la nueva agencia que vio la luz con la “Ley del Enchufismo”.

Vuelve a demostrarse que no estábamos tan parados y que -como se dice ahora- hemos peleado, y seguimos haciéndolo, por lo que queremos.

Consúltala aquí o descárgatela.

El sábado 12 de noviembre, otra vez en San Telmo

2011-11-09T18:01:00.005+01:00

SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE
A LAS 12:00

Los Emplead@s Públic@s de Andalucía
tenemos otra cita
A LAS PUERTAS DEL PALACIO DE SAN TELMO

Tras la última sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictada en el procedimiento de protección de derechos fundamentales nº 414/2011, estimando la petición subsidiaria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN «AL ANDALUS» DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, la Asociación DEFIENDO MI DERECHO Y LA GESTIÓN PÚBLICA y diecisiete empleados públicos contra el Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y en la que declara “la nulidad de su Disposición Adicional Segunda por vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española”, y después de los éxitos cosechados en las últimas concentraciones, el próximo sábado, 12 de noviembre de 2011, entre las 12:00 y las 13:00 horas, volvemos a estar citados ante el Palacio de San Telmo, situado en la Avenida de Roma en Sevilla, donde se encuentra la sede de la Consejería de la Presidencia de la Junta.

La concentración servirá para continuar mostrando nuestro rechazo a la reordenación del sector público andaluz, ahora respaldados por el Alto Tribunal andaluz con argumentos tan contundentes como que la actuación del ejecutivo andaluz supone “más que una huida del derecho administrativo (como declaraba la STS 29-11-2009, que estimó la nulidad del Decreto que aprobaba los estatutos de E.G.M.A.S.A.), un desprecio al Estado de Derecho, (…) porque todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la Agencia han eludido el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Antes, mañana jueves 10 de noviembre, entre las 14:00 y las 15:30 horas, en la avenida de la República Argentina, 25 de la capital de Andalucía, estaremos frente a la Inspección General de Servicios, a la que exigiremos -¡parecería mentira si no fuera bien cierto!- una actuación objetiva, neutral e imparcial.

Bombazo. El TSJA nos da la razón. La Sentencia

2011-11-02T20:23:00.007+01:00

Como acabamos de informar, hace escasos minutos acaba de darse a conocer por el Bufete de Mariano Aguayo la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la vía de los Derechos Fundamentales, FAVORABLE a nuestros derechos y en contra de la reordenación del Sector Público Andaluz.

Entre otras consideraciones, la sentencia valora la actuación administrativa del Gobierno Andaluz como de absoluto “desprecio del estado de derecho”.

No estábamos tan parados.

Consúltala aquí o descárgatela.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Nº 414/2011.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede en Sevilla, Sec. 1ª) ha dictado Sentencia en el procedimiento de protección de derechos fundamentales nº 414/2011, ESTIMANDO la petición subsidiaria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN «AL ANDALUS» DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, la Asociación DEFIENDO MI DERECHO Y LA GESTIÓN PÚBLICA y diecisiete empleados públicos contra el Decreto 103/2011, de 19 de abril (publicado en el BOJA nº 83, de 29 de abril), por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que declara “la nulidad de su Disposición Adicional Segunda por vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española.”

La Sala rechaza todas y cada una de las causas de inadmisibilidad del recurso opuestas por la Administración.

La Sala concluye que la Disposición Adicional Segunda “quiebra dicha igualdad” porque el personal que se integra de manera directa procedente de la empresa pública extinguida en la agencia pública empresarial “pasa a formar parte de ella como personal laboral de la Agencia”, siéndole de aplicación lo dispuesto en el EBEP, pero “sin respetar los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución, en el Estatuto Básico, en la Ley de Reordenación (art 70) y en el propio Decreto impugnado en cuyos Estatutos se establece para su personal, un sistema de selección que respetará las principios de publicidad, mérito y capacidad.”

Y añade que “ello supone más que una huida del derecho administrativo (como declaraba la STS 29-11-2009, que estimó la nulidad del Decreto que aprobaba los estatutos de E.G.M.A.S.A.), un desprecio al Estado de Derecho, (…) porque todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la Agencia han eludido el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad.”

Añade que con la Disposición Adicional Segunda, que tacha de “sistema excepcional de integración, carente de absoluta motivación”, se tratan de eludir los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que, lógicamente, tiene “una clara repercusión en los funcionarios y personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Andalucía.” Más aún cuando se deduce de la prueba documental practicada que al momento actual todo el personal de la agencia (534 empleados) ha accedido “ha accedido directamente a la misma, con quiebra absoluta del principio de igualdad y vulnerando el derecho de acceso en condiciones de igualdad, conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad.”

Primer bombazo. El TSJA nos da la razón

2011-11-02T19:47:00.004+01:00

Hace escasos minutos, acaba de darse a conocer por el Bufete de Mariano Aguayo la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la vía de los Derechos Fundamentales, FAVORABLE a nuestros derechos y en contra de la reordenación del Sector Público Andaluz.

Entre otras consideraciones, la sentencia valora la actuación administrativa del Gobierno Andaluz como de absoluto “desprecio del estado de derecho”.

No estábamos tan parados.

En unos instantes podrás consultarla aquí.

Funcionarios en la encrucijada

2011-10-21T21:20:00.010+02:00

No parecen genios pero tampoco aparentan ser unos idiotas capaces de ignorar a la mano que les da de comer. Siempre se han arrimado al calor de la mesa camilla que tantos beneficios les han reportado, aunque parece claro que tampoco cerrarán los ojos a los acontecimientos, pues los cambios se producen con rapidez.

La tuerca de la represión del “régimen” está llegando a su fin y ya no vale con reírle las gracias al político de turno: hay que continuar siendo ortodoxo y vivir de acuerdo con la ortodoxia si quieres estar en el reparto de las prebendas, así que, “o firmas o pierdes las regalías”.

¡Con lo mimados que hemos estado siempre por nuestro elitista público!, dirán algunos.

La mayoría colaboracionista se ha mostrado siempre comprometida hasta las cejas en la construcción de una Andalucía de juguete, repleta de títeres manejados por los hilos invisibles -ahora más evidentes y groseros- de un partido a punto de romperse y saturado de políticos sin escrúpulos, corruptos y cuasi totalitaristas.

Y como siempre ocurre con los codiciosos, cuando despierten ya será demasiado tarde: el monstruo que alimentaron en su inconsciencia, a costa del narcotizado pueblo andaluz, habrá crecido demasiado y acabará engulléndolos. Tiempo al tiempo.

Damos por supuesto que lo intentarán de nuevo porque no entienden de colores, sólo de prebendas. Ellos no pueden permitirse el lujo de perder sus privilegios.

Se anuncian nuevos tiempos con aires renovadores y, con toda seguridad, a estas alturas ya habrán encendido una vela al maligno y otra a la deidad que corresponda. Tanto que no les importaría hundirse con el barco en su empeño por salvarse para, sin solución de continuidad, ofrecer sus currículos y hasta el cuaderno de bitácora a los nuevos armadores que se vislumbran en los astilleros del poder.

Luis Escribano, vocal de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

¿Aguinaldo inmoral o cohecho pasivo impropio?

2011-08-09T16:15:00.010+02:00

Pese a la que sigue cayendo, pese al mayor recorte de derechos sociales de nuestra democracia y pese al tijeretazo al sueldo de los funcionarios, la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda del Gobierno de España, Elena Salgado, a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Real Casa de la Moneda) anunció en el BOE del pasado 2 de agosto –con nocturnidad y alevosía, aprovechando el descanso estival y coincidiendo con un récord histórico de nuestra prima de riesgo que superó los 400 puntos- la apertura del procedimiento abierto “para el suministro y distribución domiciliaria de los lotes de navidad para empleados, en la Comunidad de Madrid y la provincia de Burgos”, con un presupuesto de 638.750 euros.

Según el anexo, los empleados recibirán una cesta de navidad, tanto en las fiestas de 2011 como de 2012 que incluye todo tipos de productos. Entre los embutidos y quesos “el oferente deberá presentar documentación” garantizando un jamón de ibérico de recebo de peso medio no inferior a 7,250 kg (curado), con una “curación mínima de 24 meses, en cada pieza”. Además, la cesta deberá contener un chorizo ibérico de bellota extra de 1kg, un salchichón ibérico de bellota extra de 1 kg, un lomo ibérico de cebo de 0,6 a 0,7 kg, cuya “trazabilidad será de acuerdo con la norma de Calidad del Jamón Ibérico, Paleta Ibérica y Caña de lomo”. Como también un queso de oveja de 1,1 a 1,3 kg, de leche cruda de oveja y cuya curación estará entre 5 a 7 meses. Su presentación será en un “estuche de cartoncillo, con las dimensiones adecuadas al producto”.

En el apartado de bebidas no puede faltar una botella de vino blanco del Penedès, dos botellas de vino Rioja Gran Reserva de 1998 y otras dos botellas de Cava Brut Nature Reserva, todas ellas de “máxima calidad”. Sin que falte un frasco de lomos de bonito en aceite de oliva de 400 g, una lata de espárragos blancos “extra” 6/8 piezas, neto 660 g, una botella de vinagre balsámico de módena de 250 ml y aceite de oliva virgen extra monovarietal de 500 ml “recogidas al pie de los Montes de Toledo” –¡ojo que no vale de Jaén!-.

Y de postre, dulces navideños: Tres tabletas de turrón -duro de Alicante, blando de Jijona y chocolate crujiente-, de “calidad suprema”, cuatro estuches de mazapán, marquesas, un surtido tradicional de polvorones y bombones.

Crisis... ¿qué crisis? Más de cien millones de las antiguas pesetas dilapidadas en contrataciones prescindibles que podrían haber contribuido a reducir, siquiera moralmente, el déficit público con el que nos tutela Bruselas. Parecería que han perdido definitivamente la vergüenza si no fuera porque –Carmen Calvo dixit- el “dinero público no es de nadie”.

Cestas de Navidad para los empleados públicos: ¿aguinaldo inmoral o cohecho pasivo impropio, o ambas cosas a la vez? No está de más recordar a nuestros compañeros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el artículo 426 de nuestro Código Penal: “La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

Mea culpa: de la ilusión a la regeneración pasando por la desmotivación

2011-06-28T16:11:00.011+02:00

A cuenta de la situación actual, casi sin pretenderlo, vienen a nuestra memoria aquellos esperanzadores años ochenta en los que se puso en marcha la Administración andaluza: se exaltaban valores como la ilusión, la motivación, la corresponsabilidad, el trabajo bien realizado, etc. Eran otros tiempos: nos sentíamos implicados y partes de un todo.

¿Quiénes éramos? Los mismos, si así podemos considerarnos con el bagaje de seis lustros transcurridos. ¿Cómo hacíamos las cosas? Con una ilusión tremenda. ¿Cómo eran los dirigentes políticos de entonces? De todo había pero, en general, el respeto a la ley, a las nuevas normas que necesariamente habían de surgir, estaba presente en las tomas de decisiones. Desde luego, nada que ver con los actuales.

En el recuerdo, casi con nostalgia, perdura la actuación de muchos de aquellos dirigentes: cómo por entonces, en general, se mantenía la línea indefectible marcada por la ley; incluso cómo acababan torciendo el brazo los que -con sus malos hábitos- proyectaban sin fundamento decisiones injustas o desordenadas, sin olvidar a aquellos políticos -también los había- que, tal y como aprobaban una determinada norma, pretendían saltársela “a piola”; pero con una diferencia con los actuales: bastaba para hacerles reaccionar un simple argumento: “la habéis aprobado vosotros; si no os gusta, o los resultados no han sido los apetecidos, basta con modificarla, podéis hacerlo”. Esa era por entonces la relación autoridad política – empleado público: éstos le hacían ver lo obvio a aquéllos que acababan entendiéndolo, no les quedaba otro remedio. Primaba el interés público. Cohabitábamos en la más absoluta normalidad, salvo algún que otro sobresalto. Se generó un respeto mutuo en ambas parcelas: la política y la administrativa. La clase política en esos momentos se nutría, con carácter mayoritario, de personas con una trayectoria profesional previa que les permitía retornar a la sociedad civil.

También entonces nos encontrábamos con algunos Jefes de Servicio que, ante una petición irregular o anómala del alto cargo, se desvivían por complacerlo. Bastaba también, para meterlos en vereda, con indicarles que legal, o reglamentariamente, la solución pretendida no era posible. Si insistían, la respuesta siempre era la misma: “el político estará en su cargo dos o tres meses, cuatro o siete años, pero nuestra función “pública” es para toda la vida y a ella nos debemos”.

Es decir, hubo un período en el que -y es lamentable ensalzar lo que debiera ser normal- en la mayoría de los servidores públicos primaba por encima de todo el cumplimiento de las normas, el ejercicio de nuestra responsabilidad... la cosa cambió cuando a un par de aquellos dirigentes se les dio manga ancha: arramplaron con todo, se bajó la guardia -salvo singulares excepciones- y todo se emponzoñó ¿Cuando ocurrió? Cuando el interés particular de los dirigentes políticos primó sobre el general ¿En qué consistía ese interés particular? En un ansia de poder desmedido y sin control, en hacer de la clase política una profesión y en la tropa de acólitos que les acompañaban. Además, no conocían una profesión fuera del mundo político ¿Y cómo había que articular este tránsito con el menor revuelo posible? Maniatando a los mandos superiores de la Administración con la provisionalidad en los puestos. Sólo interesaba personal sumiso, dócil y obediente ¿Y a dónde condujo todo ello? Al bloqueo, al caos, al sobredimensionamiento de las estructuras administrativas... ¿Y el personal dependiente de estos mandos, cómo actuó? Siendo permisivo, mirando hacia otro lado; en definitiva, colaborando en el proceso de deterioro.

Poco a poco, nos hicimos mayoritariamente copartícipes, comenzamos a relajarnos, bien fuera por la presión contínua del alto cargo o por ese poder omnímodo que asumía como propio el correspondiente Jefe de Servicio y que irradiaba a todo su entorno. Y ese instante de alivio lo aprovechó a su antojo esa nueva clase política para imponer su arbitraria voluntad y llegar hasta hoy: “da igual lo que diga la norma, lo manda el alto cargo”. Sin embargo, nosotros tenemos claro que no da igual, ni eso es lo normal, todo lo contrario… el criterio a seguir ha de ser siempre el mismo: la norma, sólo la norma.

Rememoramos ahora aquellos tiempos con el único afán de volverlos a poner en práctica, de recuperar su espíritu, de revivir aquellos gratificantes inicios de una Administración que, por culpa de casi todos, ha descendido al nivel de los sumideros. Que es una empresa difícil, lo sabemos; que será tremendamente penosa, también, porque los principales enemigos para conseguir el objetivo los tenemos en esa casta cada vez menos escasa -sálvese quien pueda, y honrosas excepciones conocemos- que componen los jefes de servicios y coordinadores o adjuntos que se nombran con escaso bagaje profesional, en puestos para los que no están capacitados y simplemente por ser familiares, amigos, conocidos y, sobretodo y finalmente, súbditos del “nombrador”; clan que nunca ofrecerá soluciones que contraríen al poder político de turno, porque su única pretensión es seguir disfrutando de la cuota de poder que tiene asignada para su exclusivo y particular interés.

En conclusión: nada hay perdido; todo depende de nosotros. Hoy se habla machaconamente de “regeneración política”; cuestión que –nosotros entendemos- hay que trasladarla a otros foros, parlamentos, procesos electorales, etc., a otros escenarios que no sean los de empleados públicos para empleados públicos. Nuestra obligación, y está en nuestras manos, es buscar otra regeneración: la “administrativa o funcionarial” que, necesariamente, contribuya a la conquista de la -también necesaria- regeneración política y para ello basta con recuperar aquel espíritu que ahora puede tildarse de “trasnochado”, aquella ilusión primitiva de crear una Administración moderna y eficaz en la que, cumpliendo con la legalidad, podamos sentirnos satisfechos y orgullosos de nosotros mismos. No podemos permanecer por más tiempo en la situación actual en la que, con un amargo sabor de boca, en vez de pronunciar un rotundo “NO”, nos callamos convirtiendo la indolencia en costumbre. Y sabemos el remedio para acabar con ellos: todos a una, encaminándonos a aquellos tiempos en los que la norma era el único faro de nuestras actuaciones, en los que, desde el jefe del servicio, hasta el auxiliar administrativo éramos un equipo, en los que las particulares situaciones económicas o personales se quedaban en casa y no repercutían en la vida de los ciudadanos, ni en la propia de la unidad administrativa.

Cada uno de nosotros es responsable de un área individual y en este ámbito debemos buscar soluciones. Hay que llamar a los empleados públicos no sólo a la rebelión contra los políticos incumplidores, sino también a la perenne revuelta contra nosotros mismos… porque no todo vale... porque continúan “pasando cosas”, claro que sí, y porque estamos obligados a denunciarlas. Ha llegado el momento en el que los PLD encuentren y sientan el apoyo que les supone conocer que el personal que está a su cargo en ningún momento va a aceptar como válida la decisión injustificada o desordenada de un alto cargo. Esa nueva situación les supondrá una exigencia extra respecto al puesto: el alto cargo no les tendrá “cogidos” y acabarán aceptando que el problema no es sólo del político, sino que también es de su responsabilidad cuando aceptan todo aún a sabiendas de las irregularidades ordenadas, es decir, cuando participan o colaboran en decisiones arbitrarias. Ha llegado el momento de que nuestros compañeros, en todos los niveles, no “traguen” más; de que, cuando les acucie una dificultad, sepan que no es sólo su problema, que estamos todos detrás y que nunca hay que esperar a que la presión resulte insoportable para denunciar públicamente la irregularidad urdida. Ha llegado también el momento de que, entre todos, encontremos el equilibrio para esa necesaria cooperación, para ventilar todas las estancias de una Administración cuyos dirigentes, mayoritariamente, continúan preocupándose sólo de sus intereses personales o partidistas y no de los generales.

Y estamos obligados, inexcusablemente, a recuperar ese espíritu, porque la dignidad parece que ya la hemos reconquistado: somos servidores públicos, no esbirros de los que manejan a su antojo lo público.

www.eltercerlado.com

“Creadores de caos”. Cómo entrar en un laberinto y no encontrar la salida

2011-06-22T17:19:00.005+02:00

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Desde que comenzó el proceso de reordenación del sector público implementado por el Consejo de Gobierno andaluz, aplaudido por los acólitos socialistas del Parlamento andaluz y bendecido con el cómplice silencio de los representantes de IU, muchos compañeros funcionaros y laborales hemos sido arrastrados al caos que actualmente impera en la Junta de Andalucía.

Desde nuestra ventana al mundo que es esta web, pretendemos ordenar parcialmente este caótico escenario, y contribuir en la medida de lo posible a traer un poco de luz, para que muchos de nosotros podamos situarnos y adoptar las medidas oportunas y judiciales, en su caso.

Para conseguirlo, debemos partir en nuestro análisis de una premisa fundamental: ni las Agencia de Régimen Especial (ARE) ni las Agencias Públicas Empresariales (APE) forman parte de la Administración de la Junta de Andalucía, como es fácil demostrar y veremos a continuación. Así, planteamos que cualquier funcionario o laboral de la Administración de la Junta de Andalucía que se adscriba a alguna de las ARE o APE se encontraría en una situación administrativa de excedencia, como veremos más adelante.

Lo primero a indicar es que, desde un principio, las normas sobre la reordenación han utilizado expresiones nuevas innovando conceptos que no existen -como “relación funcional” de los funcionarios-, y en ocasiones jugando a la confusión:

1) por ejemplo, a veces se usa la expresión “integrar” al personal funcionario en las ARE y APE entendiéndolo como trabajar bajo la dirección del personal directivo de las mismas sin perder la condición de funcionario, y otras veces se usa para indicar el cambio de la relación de servicio e integrándose como personal laboral de la agencia con un nuevo contrato laboral, pasando de la situación administrativa de servicio activo a la de excedencia;

2) también se juega con el término “potestades administrativas”, confundiendo la posibilidad de iniciar, instruir y resolver procedimientos administrativos con la obligación de cumplir determinadas especialidades establecidas en leyes administrativas, como la de Contratación del Sector Público (que la UE tuvo que imponer ante la huida escandalosa del Derecho Administrativo) o la Hacienda Pública, que nada tienen que ver con ejercer funciones públicas reservadas a funcionarios de carrera.

Lo segundo: creemos que el árbol no nos dejaba ver el bosque. Parece absurdo, pero nos encontramos con el típico caso en el que hay que demostrar lo que es evidente, porque es tan burda y salvaje esta esquizofrenia organizativa que se trata de implementar que no tenemos más remedio que hacer uso de las más simples teorías de la organización administrativa y de los principios del Derecho Administrativo, incluidos los de la Función Pública.

La discusión no radica en ver si los entes instrumentales son más eficaces que la Administración Pública en la prestación de servicios, o si el nuevo sistema es más racional desde el punto de vista económico y organizativo -que por supuesto no lo es- por mucho que intenten vendérnoslo para justificarlo, sino si el nuevo sistema tiene encaje constitucional y es conforme al ordenamiento jurídico. Y si no lo tiene, y quiere cambiarse el sistema, sería necesario plantear una modificación de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía (bloque de constitucionalidad) y no pretender cambiar las reglas de juego cuando el partido ha comenzado.

Y lo más importante de todo es no olvidar qué es la Administración Pública y cuál es su finalidad. Dice la exposición de motivos de la Ley 30 /1992: “El título II dedica su capítulo I a regular los principios generales del régimen de los órganos administrativos, derivados de los principios superiores de indisponibilidad de la competencia, jerarquía y coordinación, en el marco de lo previsto por el artículo 103 de la Constitución. Plenamente respetuosa con la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas, la Ley se limita a regular el núcleo estricto de lo que constituye la normativa básica de toda organización administrativa, cuya observancia tiene efectos directos sobre la validez y eficacia de los actos administrativos” (el subrayado y la negrita es nuestra). Las potestades exorbitantes del poder ejecutivo, por mandato constitucional y estatutario, no pueden salir de la organización de la Administración Pública: las potestades o funciones de expropiación, autorización, sanción, concesión de subvenciones y ayudas, liquidación y recaudación de tributos, detención y arresto policial, y demás funciones públicas, sólo pueden ser realizadas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos, y siempre dentro de la Administración Pública, pues de no ser así, tendría efectos sobre la validez y eficacia de los actos administrativos.

Tampoco podemos obviar que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y que la ley debe garantizar la imparcialidad de sus funcionarios públicos. ¿Acaso está garantizada la imparcialidad de los empleados laborales de un ente instrumental como las ARE y APE? Nunca podrá estarla, y sólo este hecho -además de otros igual de graves- quiebra el sistema organizativo que se ha inventado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con la única intención de salvar los controles de fiscalización previa y de sometimiento a los principios constitucionales y estatutarios que tiene establecida la Administración Pública.

Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía (constituida exclusivamente por las Consejerías y agencias administrativas, según el artículo 13 de la LAJA) sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico, y desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y periféricos. Además, todos los órganos encargados de la prestación de servicios o de la gestión de competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se integran en su Administración. (art.133 EA).

Por tanto, los entes instrumentales ARE y APE no son Administración de la Junta de Andalucía, sino entes al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. De ahí que las labores que desarrollen ambas no están sujetas a los mismos principios que la Administración andaluza y, por este motivo, no pueden ejercer ninguna función pública ni ninguna de las exorbitantes prerrogativas de las Administraciones Públicas. Por ejemplo, en ningún caso la Agencia de Servicios Sociales y de Dependencia podrá ejercer la potestad de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como ha establecido su Estatuto.

¿Se imaginan a una ARE o APE expropiando o resolviendo subvenciones y ayudas públicas a través de su personal laboral? La imparcialidad no estaría garantizada, visto lo ocurrido con la Agencia IDEA y los ya famosos ERE's.

¿Se imaginan un juez o magistrado adscrito mediante ley y por decreto a un ente instrumental de la Administración de Justicia? ¿En qué situación administrativa quedaría?

Desde el principio se planteaba la cuestión como una integración de las Fundaciones y Empresas públicas (FAFFE, DAPSA, EGMASA, etc.) en la Administración de la Junta de Andalucía para ampararlas bajo el paraguas de la Administración, pero negamos la mayor: las ARE y APE no son Administración de la Junta de Andalucía. Entendemos que el planteamiento que se debe efectuar es otro: lo que se busca realmente es revestir con una apariencia de Administración Pública a las Fundaciones y Empresas públicas -como DAPSA, EGMASA O FAFFE- para perpetuar en el tiempo a su personal ante la imposibilidad de ejercer funciones públicas (el TSJA ha paralizado numerosas encomiendas de gestión por estos motivos). Para ello, se emplean varios artificios en los Decretos de los Estatutos y Protocolos de Integración:

1) Se otorgan funciones públicas -reservadas a funcionarios de carrera- a las nuevas ARE y APE, como puede verse en las competencias y funciones de los Estatutos.

2) Se adscriben funcionarios de carrera y laborales de la Administración de la Junta en las agencias, mezclándolos con el personal de los entes instrumentales. Esto creará muchas disfunciones, desde el punto de vista organizativo, y desigualdades, como la coexistencia de una RPT para funcionarios y laborales, y un Catálogo de puestos de trabajo para el personal restante. Como consecuencia, los funcionarios quedarían en una nueva situación administrativa: la de excedencia.

3) Asimilando puestos directivos de las ARE y APE a órganos administrativos, como Secretaría General, Viceconsejería o Dirección General (ejemplo: art. 15 del Estatuto de la AGAPA, que asimila la Gerencia con el órgano administrativo de Secretaría General). Incluso se hace coincidir a las personas titulares de los órganos administrativos de las Consejerías con las personas titulares de los órganos superiores de gobierno, dirección y ejecutivos de las ARE y APE. Además, para crear más confusión, se dice que los órganos superiores (Gerentes, por ejemplo) se nombrarán por Decreto del Consejo de Gobierno. Todo ello a efecto de tener cierto control político de los entes instrumentales (pueden ser cesados si no actúan conforme a las directrices del Gobierno), pero no por ello convierte estos órganos superiores directivos en órganos administrativos.

4) Lo más grave de todo: se consideran todas las decisiones de los órganos superiores de gobierno de las ARE y APE como actos administrativos (ejemplo, art. 44.2 del Decreto 99/2011, de la AGAPA), y por supuesto, ¡cómo no!, hasta pueden recurrirse, ¡faltaría más!

El resultado es una esquizofrenia organizativa. No por estos artificios un ente instrumental, como por ejemplo la nueva Agencia AGAPA -que es un entidad instrumental (Título III de la Ley 9/2007 LAJA) o institucional (art. 52.2 de la LAJA), vinculado o dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía- se convierte en Administración de la Junta de Andalucía. Y ello por varios motivos:

Según el art. 13 de la LAJA, sólo forman parte de la organización de la Administración de la Junta de Andalucía las Consejerías y las agencias administrativas, que son las únicas que se componen de órganos y unidades administrativas, que además están jerárquicamente ordenados –art. 2.2 LAJA-. Y todo ello conforme al art. 133.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, sin olvidar lo que dice el art. 158 del mismo texto legal sobre los entes instrumentales y el capítulo en el que se integra (“Economía”). Por lo tanto, las ARE y APE no pueden tener ni órganos ni unidades administrativas.

Las ARE y las APE tienen personalidad jurídica pública diferenciada (art. 51 de la LAJA). No tienen órganos ni unidades administrativas, ni los pueden tener. Y aunque los Decretos de Estatutos digan que en las Agencias habrá unidades administrativas con funcionarios de carrera que dependerán orgánicamente o se adscribirán “funcionalmente” (a nuestro entender ilegalmente como veremos más adelante), no por ello se convierten en Administración Pública (por cierto, no existe para los funcionarios ese concepto innovador de “relación funcional” en la legislación de Función Pública, sino sólo relación de servicio -activo, excedencia, etc.- y orgánica -en función del puesto de trabajo del órgano administrativo al que queda adscrito una vez nombrado en el puesto-). Véanse también los Protocolos de integración en la misma línea de ilegalidad.

A nuestros artífices de la reordenación parece no importarles lo establecido en la Ley 30/1992, de RJAPyPAC, de carácter básico. No hay más que leer los artículos 11 y siguientes para darse cuenta que los empleados públicos sólo pueden adscribirse y desempeñar sus funciones en las Consejerías y agencias administrativas, que son los únicos integrantes de la Administración Pública (art. 13 de la LAJA), con sus órganos y unidades administrativas. Los órganos administrativos son los únicos que pueden producir actos administrativos (arts. 53 y 55 de la Ley 30/1992), y las ARE y APE no los tienen, porque no son Administración de la Junta de Andalucía (art. 13 de la LAJA), aunque se diga en el Estatuto que algunas unidades administrativas pasan a depender “funcionalmente” de los órganos superiores de las Agencias o que haya funcionarios integrados orgánicamente (si fuera así, el funcionarío estaría en situación de excedencia). Y tiene su sentido si lo vemos desde el punto de vista del principio de jerarquía, que implica la posibilidad de sustitución: desde el inicio hasta la resolución de los procedimientos, así como en los recursos administrativos, sólo pueden participar los funcionarios de carrera y los titulares de los órganos administrativos de las Consejerías y Agencias administrativas. La sustituciones sólo están previstas para Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales, según el art. 109 -suplencias- de la LAJA, en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad, o en los Decretos de estructuras orgánicas, por ejemplo, en el art. 3 del Decreto 100/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA de 29 de abril).

¿Quién es el superior jerárquico de un puesto directivo de una ARE como la AGAPA, por ejemplo, de la Gerencia? ¿Qué órgano administrativo superior podría sustituirlo? Ninguno, obviamente, porque no existe jerarquía entre órganos de las ARE y los órganos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía.

Aunque el tema del personal directivo en las Administraciones Públicas forma parte de otro debate, apuntamos que el art. 13 sobre personal directivo del Estatuto Básico de los Empleados Públicos pudiera ser inconstitucional al permitir que en una estructura con órganos y unidades administrativas pueda nombrarse personal laboral -sin aclarar si se refiere a laborales fijos de la Administraciones Públicas o cualquier otro tipo de relación laboral-, en cuanto infringe los principios de jerarquía y de imparcialidad. A nuestro entender, dichos puestos directivos sólo pueden ser ocupados por funcionarios. Que los partidos políticos quieran colocar con fondos públicos a sus allegados (que actuarán obviamente con parcialidad si quieren mantenerse en sus puestos) no puede ser un motivo para quebrar el sistema político-administrativo inspirado por los principios y derechos de nuestra Constitución. La lucha contra las inmunidades del poder nunca deja de estar vigente.

Por el hecho de que sean los mismos titulares los que ocupen órganos administrativos de la Administración y de las ARE y APE (por ejemplo, el Presidente de la AGAPA es la titular de la Consejería de Agricultura), no se soluciona el incumplimiento del principio de jerarquía, ni se soluciona el problema de no ser un órgano administrativo, porque los titulares de las Consejerías o Viceconsejerías, por ejemplo, no están en las ARE y APE en calidad de órganos administrativos, sino para el control político de un ente instrumental que no es Administración Pública. Tampoco esta solución resuelve el problema de que las decisiones de los órganos superiores de gobierno de las agencias no sean actos administrativos.

Además, no procede la asimilación de los puestos de órganos directivos superiores de las ARE y APE a órganos administrativos (por ejemplo, art. 15 del Estatuto de la AGAPA), como bien dijo la Subdirección General de Organización del Ministerio de Administraciones Públicas, en un Informe de 6 de noviembre de 2007, sobre el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje, mencionado en el Dictamen del Consejo de Estado Nº 52/2008, aprobado el 31/01/2008. Dice el Dictamen respecto al citado informe: “Con relación al personal, concluye que la constitución de la Agencia supondrá la creación de un mínimo de 4 puestos directivos, a los que hay que añadir el puesto de Director de la Agencia. Sobre el rango de éste, se observa que no procede atribuirle rango de Director General (como hacía la primera versión del texto) puesto que la Ley de Agencias se separa del modelo organizativo general y se basa en puestos de trabajo -no órganos- de carácter directivo” (el subrayado es nuestro).

Una justificación clara del por qué han querido asimilar los puestos directivos de las Agencias a puestos orgánicos de la Administración la tenemos en el art. 87.1.c) del EBEP, porque permite que los funcionarios de carrera que se nombren en puestos directivos de las Agencias puedan pasar a la situación administrativa de servicio especiales, de manera que si no se hubieran asimilado, hubieran tenido que solicitar la situación de excedencia voluntaria (aquí todo se ha hecho a medida de los que han diseñado estos engendros de Agencias, por el simple hecho de que algunos funcionarios de carrera que han intervenido en el proceso ya han sido nombrados en puestos directivos de las ARE y APE).

Otro indicador de que las ARE y APE no son Administración Pública de la Junta es que, según la normativa aplicable, al personal laboral de las Empresas Públicas y Fundaciones Privadas se le aplicará la norma de sucesión de empresas (art. 44 RDL 1/1995 Estatuto Trabajadores) para integrarse en aquellas. Si las ARE y APE pertenecieran a la Administración de la Junta de Andalucía, no podría aplicarse tan fácilmente dicha norma del Estatuto de los Trabajadores, pues la jurisprudencia ha establecido unos límites: tiene que mantenerse la entidad económica y cumplirse el requisito de la identidad, y estos requisitos difícilmente pueden cumplirse si a los trabajadores de una Empresa los quisieran integrar en una Administración Pública (con funciones claramente diferenciadas). Por este motivo, es posible aplicar la sucesión de empresas, pues partimos de la base que las ARE y APE no son Administración de la Junta de Andalucía. Y esto implica que, por ejemplo, la FAFFE pueda integrarse en la ARE denominada Servicio Andaluz de Empleo, pero ésta no puede tener funcionarios ni laborales de la Administración. Por lo tanto, el resultado de la reordenación se limita a un mero cambio de la naturaleza del ente instrumental, o sea, del empleador: lo que antes era la FAFFE -una fundación- ahora es el SAE -una agencia de régimen especial-, es decir, todo sigue igual que antes, pero en medio de un caos jurídico artificiosamente creado, seguramente con toda la intención.

El tema del personal es punto y aparte, y es aquí donde en nuestra opinión, se vulneran derechos fundamentales:

1. El personal funcionario de carrera sólo tiene dos tipos de relación con la Administración: la relación de servicio, que une al funcionario con la Administración a través del cuerpo al que se adscribe, y se perpetúa, una vez ingresado hasta la jubilación, y la relación orgánica, que es la que vincula al funcionario con el órgano administrativo (a través del destino o cargo o puesto de trabajo) en que presta efectivamente sus servicios y las funciones públicas inherentes al puesto. Si el Decreto que aprueba el Estatuto de la ARE o APE, o el Protocolo de Integración, o cualquier otro acto de aplicación de los anteriores, obliga a un funcionario a ir a desempeñar su tarea a una Agencia, se está suspendiendo la relación orgánica con la Administración (ya no dependería de un órgano administrativo, sino de uno o varios órganos superiores de la Agencia que no forman parte de la Administración), y se le estaría obligando a que solicitara una excedencia voluntaria o automáticamente pasaría a una situación de excedencia forzosa, perdiendo la situación de servicio activo. Para entenderlo mejor, cualquier funcionario sabe que para ir a trabajar a una Empresa o Fundación pública, estaría obligado a solicitar la excedencia y firmar un contrato laboral. Es lo que inicial y legalmente se previó antes de las rebuscadas e incoherentes modificaciones legales de la reordenación del sector público). Si se le obliga a marcharse forzosamente, automáticamente cambiaría su situación administrativa. Cualquier funcionario en esta situación estaría obligado a recurrir los actos de cambios de adscripción y los derivados, resultando fundamental que se interponga el recurso y se solicite la suspensión cautelar lo antes posible para que la Junta de Andalucía no pueda alegar que se ha dejado transcurrir mucho tiempo en solicitar la suspensión y no se han producido, por tanto, perjuicios irreparables para el recurrente.

Y por cierto, consideramos ilegal que los Estatutos establezcan que los funcionarios que voluntariamente se integren como personal laboral de la Agencia pasan a la situación de servicios especiales, porque esto no está previsto en el EBEP, dado que el art. 87.1.c) sólo se aplica cuando se asimilan los puestos a los rangos administrativos de altos cargos, no para cualquier puesto de la Agencia, y el art. 85.2.b) del EBEP sólo prevé la posibilidad de crear nuevas situaciones administrativas -como ha ocurrido ahora- en leyes de Función Pública, no en una Ley como la 1/2011, de reordenación del sector público, que ni siquiera ha seguido el procedimiento previsto para las Leyes de Función Pública (iniciado como anteproyecto y con dictamen del Consejo Consultivo).

Para camuflar esta situación absolutamente ilegal, se habla de que el funcionario tendrá una dependencia orgánica o “funcional” en la Agencia (reiteramos que este último tipo de relación no existe en la legislación de Función Pública). Lo expuesto queda probado con los Protocolos de integración publicados en el BOJA.

Por tanto, se lesiona el art. 23.2 en relación al 103.3 CE en cuanto el derecho al cargo y a la permanencia en el puesto (la inamovilidad es un derecho que garantiza la imparcialidad de la Administración Pública), dado que con la obligación de pasar a depender de un órgano no administrativo se infringiría ese derecho fundamental, además del de igualdad del art. 14 CE, porque habría un trato desigual respecto a otros funcionarios de carrera o laborales de la misma Consejería u otras Consejerías.

También se vulnera el art. 14, a) del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), al constituirse la inamovilidad como un derecho individual del funcionario de carrera, como garantía del principio de imparcialidad de la Administración (por cierto, no sólo establecido en la CE, sino también en el art. 31 del Estatuto de Autonomía, que establece que los asuntos de los ciudadanos deben tratarse de manera objetiva e imparcial y esto se quiebra si las funciones públicas salen fuera del ámbito de la Administración).

Además, en el día a día, ¿de qué forma y quién establecería las diferencias entre el trabajo a realizar por los funcionarios de carrera y los que no lo son, en las ARE y APE, en virtud de que se trate, o no, de funciones públicas? ¿Podrían negarse los funcionarios a realizar tareas que, formando parte de las funciones encomendadas a estas agencias, no le corresponden en principio por no tratarse de funciones públicas? La propia STC 99/1987 precisamente anuló la posibilidad de que fuera una decisión gubernativa la que delimitara la frontera entre funciones a desempeñar por funcionarios y laborales, entendiendo que eso infringiría la reserva legal en la regulación de la función pública. Los Estatutos de las Agencias no sólo no determinan esa frontera sino que, al silenciarlo, deja tal tarea en las manos de los órganos superiores de las Agencias. Además de resultar claramente inconstitucional, es tal la inseguridad jurídica creada que sólo cabe esperar la anulación de los Estatutos de estos engendros de Agencias.

2. Pero analicemos el tema desde otra óptica: supongamos como hipótesis que las ARE o las APE formaran parte de la Administración Pública, aunque no puedan. Los Estatutos de las ARE y APE han establecido que el personal de las Empresas públicas o Fundaciones sólo puede acceder a la condición de funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso. Sin embargo, si muchos de estos trabajadores (a los que se les aplicará el mismo Convenio Colectivo que el personal laboral de la Administración de la Junta), acudieran al orden jurisdiccional social, de carácter absolutamente tuitivo para el trabajador (los Tribunales de lo Social pueden amparar situaciones laborales en contra de los intereses generales, al primar los derechos de los trabajadores sobre los intereses públicos), acabarían siendo personal laboral indefinido (que no fijo) de la Junta, ocupando puestos creados “ad hoc” para ellos en las RPT como laborales, como está pasando con el personal contratado en muchas Consejerías tras una relación laboral de más de tres años en la Administración de la Junta -incumpliendo la legalidad-, o simplemente por el hecho de que los tribunales estimen que no puede existir dos tipos de laborales diferentes en el mismo ente, lo que daría paso inmediato al percibo de sus salarios del Capítulo I de los Presupuestos de la Junta de Andalucía.

El propio Tribunal de Cuentas ha recordado a la Administración, ante los masivos incumplimientos que la legislación de contratos públicos expresamente establece, que en la extinción de los contratos de servicios, “no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante” (art. 277.4 de la Ley de Contratos del Sector Público). Y en las Consejerías de Medio Ambiente, Gobernación y Justicia, en el Servicio Andaluz de Empleo, etc., hay mucho personal en esta situación, que han acudido a los Tribunales de lo Social y han ganado todos los recursos, a los que habría que añadir los de DAPSA, FAFFE, EGMASA, etc. Si ello se produjera, sería un disparate desde la óptica del principio de buena administración establecido en nuestro Estatuto de Autonomía (art. 31).

También tenemos un ejemplo de esto en el IFAPA. De nuevo la Cámara de Cuentas andaluza, en su Informe “Fiscalización de regularidad del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. 2007” ha puesto de manifiesto lo siguiente: “Otro hecho destacable, es el de los empleados eventuales que adquieren la condición de personal con carácter indefinido a través de recursos interpuestos ante los tribunales de justicia, lo que supone hacer frente a unos costes laborales superiores a los actuales, además de tener que pagar cantidades en concepto de diferencias salariales por los trabajos ya realizados.”

Asimismo, el Pleno del Tribunal de Cuentas de España aprobó, en su sesión del día 26 de febrero de 2009, una Moción proponiendo las medidas conducentes a evitar este riesgo. El Tribunal de Cuentas, asume que desde la perspectiva de la gestión de personal estos conflictos desembocan en incrementos de plantilla sin los correspondientes estudios de necesidad y oportunidad: “Evidentemente, no es lo deseable que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) vengan predeterminadas o, cuando menos, condicionadas por decisiones judiciales, en lugar de ser fijadas por los órganos competentes de la Administración por los procedimientos legalmente establecidos. Tampoco el otorgar carácter de indefinido a contratos laborales por la vía judicial es una forma idónea de seleccionar al personal, incluso aunque no llegue a adquirir la condición de fijo”.

3) Otro tema espinoso, suponiendo hipotéticamente que las ARE y APE “sean Administración”, es el siguiente: la posición singular de la Administración, en el caso concreto de la contratación de personal laboral, ha sido puesta de relieve por el Tribunal Constitucional, al declarar, en su Auto de 858/1988, de 4 de julio (fundamento jurídico segundo): “es evidente que la contratación de personal laboral para la Administración Pública no debe verse sujeta, por imperativo del artículo 14 de la Constitución Española, a las mismas reglas que la contratación entre particulares, pues tal carácter de Administración Pública es, por sí mismo, factor de diferenciación relevante en atención, precisamente, a otros mandatos constitucionales (artículos 23.2 y 103.3) y, en todo caso, a mandatos legales justificados por las exigencias de publicidad, libertad de concurrencia, mérito y capacidad en el ingreso como personal al servicio de la Administración”.

En los entes instrumentales FAFFE, DAPSA, EGMASA, etc. sistemáticamente se ha prescindido de la contratación de personal cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y en la mayoría de los caso sin la debida publicidad. Todo esto lo ha puesto de relieve permanentemente la Cámara de Cuentas en sus informes de fiscalización de los entes instrumentales. Si finalmente este personal quedara integrado, vía orden jurisdiccional social en la Administración, se estaría vulnerando el art. 14 CE en relación con el 23.2 CE, dado que el resto de ciudadanos no ha tenido la misma oportunidad de ingresar en la Administración. Y esa realidad resulta fácil de demostrar: la prueba recae en los expedientes de estas contrataciones que los Tribunales pueden constatar.

A la vista de todo lo anterior, debemos concluir diciendo que a los Tribunales de Justicia les queda mucho trabajo por hacer y a nuestros creadores de caos le reiteramos nuestro consejo: si entraron en un callejón sin salida, no sean tontos y salgan por donde entraron. La ciudadanía andaluza y los empleados públicos quedarían gratamente agradecidos por tan magnífica solución. ¿Confiamos? ¡Ilusos de nosotros... !

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Despatrimonialización de la Junta de Andalucía. “¿Enajenación o alienabilidad?”

2011-06-15T16:10:00.010+02:00

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La Junta de Andalucía tira la casa por la ventana y pone sus edificios de oficinas -bienes inmuebles- en venta. ¿Por el procedimiento de subasta? ¡No, claro que no! Nuestros gobernantes han huido una vez más del principio de transparencia y del control administrativo y están vendiéndolos de forma directa y sin publicidad.

¿Hablamos de bienes patrimoniales, de los que pueden venderse? No, no, hablamos de bienes de dominio público, los inembargables, imprescriptibles e inalienables según nuestra Constitución, y que son de todos los andaluces. Pero... ¿es esto posible? Para nuestros gobernantes -¿socialistas?- naturalmente que sí, dado el carácter residual que para ellos, visto lo visto, tiene nuestra Constitución.

Para encontrar respuestas podemos empezar consultando nuestra Historia, como si de un oráculo se tratara. La regla de la inalienabilidad encuentra su origen en la prohibición de la venta de bienes por la Corona, establecida como auténtica política social, para proteger los bienes y derechos de la Administración de una mala o fraudulenta gestión, y evitar así el despilfarro real que inevitablemente se traducía en subidas de impuestos para sus súbditos. Y nuestros gobernantes, aprovechando el estado catatónico del narcotizado pueblo andaluz, se empeñan una y otra vez en desempolvar figuras históricas que en nada nos benefician y que creíamos periclitadas: inmunidades del poder, tics absolutistas, desviación de poder, ...

Para lograr entender lo que se expone a cotinuación es necesario recordar algunos conceptos básicos sobre los bienes públicos, lo que, por otra parte, conllevará un irremediable recuerdo de pasados tiempos de oposiciones:

Los bienes de que disponen las Administraciones sirven a la satisfacción de los fines públicos que aquellas tienen asignados, y por este motivo no pueden disponer de ellos libremente. Así queda plasmado en nuestra Constitución (art. 128.1), que subordina “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad al interés general”, y contempla diversas clases de bienes cuyos titulares son Entes públicos: bienes reservados al sector público (art. 128.2), bienes de dominio público y comunales y los que integran el Patrimonio Nacional, así como los bienes patrimoniales (art. 132).

Ordena nuestra Constitución (art. 132.1) que el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación, se regularán por Ley.

Pero, ¿qué diferencia hay entre los bienes de dominio público y los bienes patrimoniales?

Son bienes de dominio público (también llamados bienes demaniales o dominiales) aquellos que siendo de titularidad pública están afectados a un uso público (calles, carreteras, ríos, playas, etc.), a un servicio público (por ejemplo, edificio de una Consejería o de una Facultad universitaria) o al fomento de la riqueza nacional -aguas, montes públicos catalogados, etcétera- (art. 339 C.C.).

Son bienes patrimoniales de las Administraciones, por el contrario, los que siendo propiedad de un Ente público, en ellos no concurre la circunstancia de la afectación a un uso o a un servicio público o a la riqueza nacional (art. 340 C.C.).

El cese de la demanialidad de un bien público se produce a través de la técnica de la desafectación, es decir, una vez cesado el destino del bien a un uso o servicio público, el bien demanial es convertido en un bien patrimonial, o sea, dejaría de ser un bien público para ser privativo de un Ente público (art. 341 C.C.). Esto permite a una Administración alienar o enajenar (vender) el bien con arreglo al procedimiento legalmente establecido.

Pero, por encima de todo, queremos destacar y remarcar especialmente en esta información la regla de la inalienabilidad de los bienes de dominio público establecida en nuestra Constitución, que es independiente del valor de los bienes y que encuentra su fundamento en el carácter extracomercial del “demanio” (conjunto de bienes demaniales), y que se traduce en la no disponibilidad del bien mientras esté afectado a un fin de utilidad pública, ni siquiera por ley (art. 132.1 CE). Esta inalienabilidad (prohibición de vender) hay que entenderla en sentido amplio, como obstáculo inseparable frente a todo tipo de disposición, salvo que deje de concurrir el requisito de la afectación para considerar el bien público como demanial.

Con arreglo al Derecho civil, cuando dicha regla se infringe propiamente, por ejemplo, en la transmisión de un bien de dominio público a particulares sin la previa desafectación, cabe considerar el acto como nulo de pleno derecho por falta de objeto, dada la extracomercialidad que le caracteriza. ¿Qué consecuencias tendría este precepto sobre las ventas que, en nuestro particular caso, realice la Administración andaluza?

Con esta introducción pretendemos explicar que tanto el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía como el Parlamento andaluz han actuado, en nuestra opinión, marginando la regla constitucional de la inalienabilidad de los bienes de dominio público. El primero, mediante las modificaciones de la Ley 4/1986 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, aprobadas mediante Decreto-Ley 5/2010 y Decreto-Ley 6/2010 (que no olvidemos, fueron ratificados por el Parlamento), y el segundo, mediante la modificación de la citada Ley de Patrimonio, aprobadas mediante la Ley 12/2010, de Presupuestos para 2011, y la Ley 1/2011, de Reordenación del Sector Público andaluz, que viene a reiterar lo dicho en los citados Decretos-Leyes, aunque la Ley 12/2010 introdujo nuevas “circunstancias”, que comentaremos a continuación.

Debemos remarcar que, si en un principio sólo se pretendía vender bienes inmuebles a dos empresas públicas de la Junta de Andalucía, a las que se autorizaba su endeudamiento, con la Ley 12/2010, de Presupuestos para 2011, y en virtud de sus disposiciones adicionales, se ha autorizado la venta a otras personas físicas o jurídicas privadas, lo cual necesita una urgente aclaración, porque no olvidemos que estamos hablando de bienes de todos los andaluces, que no son propiedad de nuestros gobernantes y que, por ende, les corresponde administrar, no dilapidar.

Es de destacar la escasa jurisprudencia sobre esta controversia, lo cual es lógico, dado que la Constitución de 1978 ha supuesto un límite infranqueable para este tipo de operaciones, sencillamente porque, hasta ahora, no ha habido “políticos” capaces de revivir los saqueos que los ya mencionados reyezuelos perpetraban en la antigüedad con los bienes públicos y que luego repercutían a sus súbditos con significativas subidas de impuestos.

¿Por qué planteamos la posible nulidad radical de estas ventas de bienes de dominio público?

En primer lugar, porque mediante normas de rango legal se autoriza la alienabilidad (venta) de inmuebles de la Junta de Andalucía que no han perdido su característica de dominio público, en cuanto que permanecen afectados a un servicio público. Ni siquiera se ha previsto su desafectación, sino que directamente la ley los considera alienables con la mera autorización del Consejo de Gobierno a la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que es la competente en materia de Patrimonio. Por cierto, ¿es casual que esta Consejería sea la misma que está ejecutando toda la reordenación del sector público andaluz? A estas alturas sólo creemos en causalidades.

Si la técnica empleada por el legislador -con mayoría socialista, hay que recordarlo- consiste en autorizar la venta de bienes de dominio público mediante ley, y convertirlos en bienes patrimoniales con la archiconocida justificación de la “racionalización del gasto público” (entiéndase despilfarro del partido gobernante), de la misma forma podría modificar las leyes reguladoras del régimen local y los bienes de las Entidades locales, y autorizar la venta o enajenación de todos los edificios donde se ubican los Ayuntamientos, las plazas o las calles públicas, para que éstos puedan hacer frente a las muchas deudas que les acucian; o, igualmente, podría reformar las leyes que regulan el Patrimonio Natural y vender las aguas, playas, etc.; o modificar la Ley de Patrimonio Histórico y convertir -algún jeque encontrarían- bienes de dominio público como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla en bienes patrimoniales y enajenarlos a empresas privadas. ¿Por qué no? Si de tirar la casa por la ventana se trata, la ley es el instrumento perfecto que usan nuestros gobernantes para hacer y deshacer a su capricho. Aunque, a la vista de tanta osadía, quizá sea mejor no dar ideas, por si acaso.

- “Pero, aparte de vulnerar la Constitución, ¿presenta algún otro problema?”, como diría nuestro gobernante-tipo. Respondamos a la pregunta analizando el farragoso proceso seguido, que incluso entra en contradicciones y presenta aristas absolutamente oscuras por no decir negras como el azabache:

En el BOJA del 26 de noviembre pasado se publicó el Acuerdo de 9 de noviembre de 2010 del Consejo de Gobierno, por el que se autorizaba la enajenación de 75 bienes inmuebles según su Anexo, y que, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda del Decreto-Ley 5/2010, de Reordenación del Sector Público andaluz (corroborado por el Decreto-Ley 6/2010), podía realizarse directamente por la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cualquiera que fuese su valor, a las empresas públicas "Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A." y "Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.". Además, dicho Decreto-Ley autoriza a éstas su endeudamiento para la operación, y la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años por la misma Consejería de los inmuebles previamente enajenados a aquellas.

La Ley 12/2010, de Presupuestos para 2011, en su disposición adicional sexta, reproduce el texto de dicho precepto, pero con dos innovaciones: se refiere a los inmuebles que autorice el Consejo de Gobierno en el año 2011, y autorizando también la venta a otras empresas privadas o públicas, personas físicas o jurídicas, sin que la norma revele el motivo de introducir al sector privado como adquirente, máxime teniendo en cuenta que hablamos de bienes de dominio público de la Comunidad andaluza.

El nuevo Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de marzo de 2011, publicado en el BOJA de 07/04/2011, autoriza la venta de los bienes incluidos en su Anexo, que incluye una serie de nuevos bienes inmuebles que no aparecían en el Acuerdo de 2010, en total 36. Además, reconoce que ya se han vendido por la citada Consejería 5 bienes inmuebles de los que aparecían en el Anexo del anterior Acuerdo. Sin embargo, nada dice de los 14 inmuebles que aparecían en el primer Anexo y que en el segundo no tienen reflejo.

Llegados a este punto, hemos de incidir en un aspecto que el legislador ha pasado por alto: en nuestra opinión, la correlación de la disposición derogatoria única y la disposición adicional segunda de la Ley 1/2011 deroga tácita y parcialmente la disposición sexta de la Ley 12/2010. Y decimos parcialmente en cuanto aquella se refiere a los bienes inmuebles autorizados por el Consejo de Gobierno en 2010, que no podrían venderse a personas o empresas privadas, aunque los recoja de nuevo el Anexo del Acuerdo de 2011.

No obstante, los ciudadanos deberíamos agradecer la citada derogación, intencionada o no, al no consentir, en principio, el traspaso de parte de lo bienes de dominio público a manos privadas.

Todo ello deja al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de marzo de 2011 en una nebulosa de incertidumbre jurídica y al legislador y al Consejo de Gobierno en una situación confusa para explicar sin sonrojos tantos y tan dispares cambios en tan pocos meses: primero se permite la enajenación a dos entes públicos, después también a privados, más tarde sólo a públicos, ahora de nuevo a privados... Y para colmo, y es nuestra opinión, infringiendo nuestra Constitución.

No acaban aquí los juegos malabares. Si ya las modificaciones de la Ley 4/1986, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma causan asombro, aún más rechina el hecho de que la autorización por parte del Consejo de Gobierno para la enajenación de los citados bienes les atribuye la condición de bienes patrimoniales y resultan alienables sin necesidad de previa declaración de alienabilidad. Legalmente, como hemos indicado, precisa la precedente desafectación, y para ello es necesario que cese previamente el uso para oficinas o servicios públicos. Hay que tener en cuenta que dichos inmuebles permanecen destinados a oficinas o servicios administrativos de la Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de Derecho Público y, por tanto, no se ha producido en ningún momento el cambio de uso de esos inmuebles, ni se tienen noticias de que se vaya a hacer, sino de todo lo contrario.

Para más inri, todo indica que ya está en fase de ejecutarse la enajenación de los bienes inmuebles -que siguen siendo de dominio público mientras no se desafecten- mediante la contratación de una empresa de servicios para realizar dichas ventas y el posible alquiler a empresas privadas, a través de operaciones conocidas como “Sale and Lease-Back”, una fórmula de financiación típica de las empresas privadas, consistente en la venta de un activo de la empresa a una sociedad de Leasing, realizando simultáneamente un contrato de arrendamiento financiero sobre el bien vendido. Por lo tanto la titularidad del bien se transmite a la sociedad de Leasing, mientras que la empresa vendedora sólo mantiene un derecho de uso sobre el mismo.

Pero, “a nuestro entender y tras beber durante años en las diversas fuentes del Derecho Administrativo”, la Administración de la Junta de Andalucía no es una empresa privada. Sin embargo, nuestros gobernantes, cegados por el ansia de dirigir la Administración bajo los principios del nepotismo, la parcialidad y la subjetividad, en una clara huida del Derecho Administrativo -entiéndase “reordenación del sector público andaluz”-, se empeñan una y otra vez en usar el Derecho para fines alejados del interés general.

Parece ser que a la empresa de servicios contratada, o que se va a contratar, sólo se le autorizará contactar con las empresas que le suministre la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la cual facilitará incluso los modelos de contrato. Si así es, ¿para qué se contrata una empresa de servicios? ¿Acaso la Dirección General de Patrimonio no cuenta con personal suficiente -asesores jurídicos, economistas, etc.- para llevar a buen término una operación de este tipo? ¿Quién ha realizado hasta ahora la compra de bienes inmuebles por parte de la Junta de Andalucía?

Lo realmente grave de este asunto es que se está realizando sin ninguna transparencia, y muy posiblemente la empresa que se contrate podrá cobrar comisiones por las operaciones de compraventa. Si así fuera, lógicamente, la Junta de Andalucía recibiría un importe menor del precio de venta porque parte del mismo iría a parar a las cuentas de la empresa intermediadora, es decir, habría una pérdida de beneficios para los andaluces, verdaderos dueños de todos los bienes, que redundaría en la empresa comisionista. Según parece, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública le parecen insuficientes los más de 60.000 euros que se le pagará por sus servicios a la empresa que se contrate.

Lo que está en juego, en resumen, además de la despatrimonialización, y por si no fuera poco, es una operación millonaria que beneficiará posiblemente a alguna o algunas empresas privadas, ya veremos si afín o no a nuestros gobernantes, pero que será ruinosa para los andaluces, como ocurría en la antigüedad cuando con los monarcas opresores dilapidaban a su antojo los bienes públicos.

Y es que algunos dirigentes olvidan que el Derecho es el fundamento de los gobiernos constitucionales, al menos en una sociedad democrática como la nuestra, y no un instrumento al servicio de los intereses del partido político de turno y de los de sus allegados.

El hecho de contratar un empresa para la venta de los inmuebles, desde nuestro punto de vista, es inadmisible: ¿cómo es posible que una empresa contratada por la Administración de la Junta de Andalucía, que debe cumplir el contrato en atención a los fines institucionales de carácter público que a través del mismo se tratan de realizar (art. 1 de la Ley 30/2007 -LCSP-), puede a su vez atender los fines particulares propios y el de las empresas que pretenden comprar los inmuebles? No podemos obviar que si están en juego comisiones por las ventas, habría un claro conflicto entre los intereses públicos de la Administración y los intereses particulares lucrativos de la empresa contratada y de las empresas compradoras. Insistimos en que la Junta de Andalucía cuenta con empleados públicos que podrían realizar esas funciones perfectamente.

Por otro lado, si para justificar la medida y la urgencia de las operaciones de “Sale and Lease-Back” se argumentó en el Decreto-Ley 5/2010 la mayor racionalización del gasto público con motivo de la crisis económica, no puede entenderse que pasados más de diez meses sólo se hayan enajenados 5 bienes inmuebles, tal como declara el Acuerdo más reciente del Consejo de Gobierno de 2011.

Llegados a este punto, no podemos dejar de plantear las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué se venden bienes de dominio público al margen de las reglas establecidas en nuestra Constitución? ¿Es, o no, un fraude de Ley, la venta de bienes de dominio público sin la previa desafectación del uso y posterior declaración de alienabilidad?

2. ¿Las citadas actuaciones se adecuan al principio de “buena administración” establecido en nuestro Estatuto de Autonomía? ¿Se trata quizá de un maquillaje financiero ante una pésima gestión económica y, de paso, de una operación millonaria para enriquecimiento de alguien en particular?

3. ¿Por qué motivo el Parlamento Andaluz ha autorizado la venta de bienes de dominio público de forma directa, sin mediar subasta pública, a empresas y personas privadas?

4. ¿Por qué la Ley 1/2011 deroga tácita y parcialmente lo ordenado en la Ley 12/2010, para los bienes autorizados en 2010 por el Consejo de Gobierno? ¿Por qué el Consejo de Gobierno adopta un nuevo Acuerdo en 2011 en base a un precepto tácita y parcialmente derogado por la Ley 1/2011?

5. Si se han vendido sólo cinco bienes del Anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2010, ¿qué ha pasado con los nueve bienes inmuebles restantes que ahora han desaparecido del Anexo del nuevo Acuerdo de 2011? ¿Dónde estaba la urgencia -según el Decreto Ley 5/2010- si sólo se han enajenado cinco bienes?

6. ¿Por qué en el nuevo Acuerdo de 2011 del Consejo de Gobierno aparecen 36 bienes inmuebles que se pretenden vender a empresas privadas, que no aparecían en el primitivo Acuerdo de 2010?

7. ¿Cuál ha sido el precio de enajenación de los 5 bienes vendidos a la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A., y en qué condiciones? ¿Han sido o pueden ser revendidos estos bienes por la citada empresa a otras?

8. ¿Cómo y quién establece el precio del alquiler de los bienes vendidos? ¿Qué precio estamos pagando por el alquiler de dichos bienes y en qué medio se publicita?

9. ¿A qué se debe la falta de transparencia en la venta de los bienes inmuebles y posterior alquiler? ¿Quién realiza su tasación?

10. ¿Es cierto que en estas operaciones de “Sale and Lease-Back” se ha previsto que el precio final incluya comisiones a determinadas personas físicas o jurídicas por la intermediación? ¿Por qué los andaluces hemos de renunciar a los beneficios que comportarían las comisiones previstas por las ventas que sólo enriquecerían a la empresa intermediadora?

La Administración de la Junta de Andalucía, con el beneplácito del legislador andaluz, ha optado sin rubor por la senda de la despatrimonialización, marginando nuestra Constitución, decisión que no podemos compartir de ninguna de las maneras. Si a ello añadimos la ausencia de transparencia, mecanismo que permite evitar la aparición de la corrupción y el fraude, y que la confianza en el Gobierno andaluz se encuentra bajo mínimos, se convierte en una obligación exigir la marcha atrás en esta loca carrera. No nos queda más salida, como ciudadanos y funcionarios comprometidos, que seguir atentos a estas tropelías y denunciar estas injustificadas prácticas.

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Presión política o independencia funcionarial; oscurantismo o transparencia

2011-06-08T15:55:00.011+02:00

Y sigue, sigue y sigue... y tiro porque me toca. Salta a la palestra otro caso que atufa, esta vez en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que es la “comidilla” de las Intervenciones y que corre de boca en boca entre los empleados de la Junta de Andalucía:

Se trataría de expedientes de pago a empresas -Delphi, ¿Santana Motor?, ¿alguna otra?- de unos 2.000.000 de euros cada uno, donde figuran como beneficiarios de “indemnizaciones” (45.000 euros de media por cabeza) personas que no cumplen los requisitos exigidos, con lo que, además de suponer un claro fraude, perjudicarían al resto de legítimos beneficiarios que sí los cumplen. Y es que en determinados casos no se correspondería la documentación aportada en los expedientes con los datos recabados de distintos sistemas de información.

Al parecer, a la vista de tales hechos, la Intervención Delegada puso objeciones para la fiscalización de los expedientes. A resultas de ello el Viceconsejero le habría comunicado al Interventor que esas objeciones resultaban inadmisibles, “recomendándole” que las retirara. El estado actual de los citados expedientes sería el de “fiscalización condicionada”.

Con los datos apuntados desconocemos si se trata de alguna irregularidad o ilegalidad, o si, por el contrario, todo es legal y sólo está mal documentado; así no sabemos si las indemnizaciones serían todas procedentes o, en algunos casos, improcedentes.

Lo que sí parece cierto es que, en relación con estos expedientes -lo que corrobora el tufillo que desprenden y con motivo de la presión recibida- el Interventor Delegado de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia habría presentado su renuncia al cargo.

La renuncia, en principio, parece no haber sido aceptada por la Interventora General y se desconoce al día de hoy la decisión final del referido Interventor Delegado.

¿El fin, otra vez, justifica los medios? ¿El tiempo podrá a cada uno en su lugar o nos levantaremos cada día con la incertidumbre de un nuevo escándalo?

Hora de despertar

2011-06-02T16:53:00.003+02:00

Artículo de Antonio Muñoz Molina, andaluz de Úbeda, funcionario, escritor y columnista. Sobran los comentarios:

He pensado desde hace muchos años, y lo he escrito de vez en cuando, que España vivía en un estado de irrealidad parcial, incluso de delirio, sobre todo en la esfera pública, pero no solo en ella. Un delirio inducido por la clase política, alimentado por los medios, consentido por la ciudadanía, que aceptaba sin mucha dificultad la irrelevancia a cambio del halago, casi siempre de tipo identitario o festivo, o una mezcla de los dos. La broma empezó en los ochenta, cuando de la noche a la mañana nos hicimos modernos y amnésicos y el gobierno nos decía que España estaba de moda en el mundo, y Tierno Galván -¡Tierno Galván!- empezó la demagogia del político campechano y majete proclamando en las fiestas de San Isidro de Madrid aquello de “¡ El que no esté colocao que se coloque, y al loro!” Tierno Galván, que miró sonriente para otro lado, siendo alcalde, cuando un concejal le trajo pruebas de los primeros indicios de la infección que no ha dejado de agravarse con los años, la corrupción municipal que volvía cómplices a empresarios y a políticos.

Por un azar de la vida me encontré en la Expo de Sevilla en 1992 la noche de su clausura: en una terraza de no sé qué pabellón, entre una multitud de políticos y prebostes de diversa índole que comían gratis jamón de pata negra mientras estallaban en el horizonte los fuegos artificiales de la clausura. Era un símbolo tan demasiado evidente que ni siquiera servía para hacer literatura. Era la época de los grandes acontecimientos y no de los pequeños logros diarios, del despliegue obsceno de lujo y no de administración austera y rigurosa, de entusiasmo obligatorio. Llevar la contraria te convertía en algo peor que un reaccionario: en un malasombra. En esos años yo escribía una columna semanal en El País de Andalucía, cuando lo dirigía mi querida Soledad Gallego, a quien tuve la alegría grande de encontrar en Buenos Aires la semana pasada. Escribía denunciando el folklorismo obligatorio, el narcisismo de la identidad, el abandono de la enseñanza pública, el disparate de un televisión pagada con el dinero de todos en la que aparecían con frecuencia adivinos y brujas, la manía de los grandes gestos, las inauguraciones, las conmemoraciones, el despilfarro en lo superfluo y la mezquindad en lo necesario. Recuerdo un artículo en el que ironizaba sobre un curso de espíritu rociero para maestros que organizó ese año la Junta de Andalucía: hubo quien escribió al periódico llamándome traidor a mi tierra; hubo una carta colectiva de no sé cuantos ofendidos por mi artículo, entre ellos, por cierto, un obispo. Recuerdo un concejal que me acusaba de “criminalizar a los jóvenes” por sugerir que tal vez el fomento del alcoholismo colectivo no debiera estar entre las prioridades de una institución pública, después de una fiesta de la Cruz en Granada que duró más de una semana y que dejó media ciudad anegada en basuras.

El orgullo vacuo del ser ha dejado en segundo plano la dificultad y la satisfacción del hacer. Es algo que viene de antiguo, concretamente de la época de la Contrarreforma, cuando lo importante en la España inquisitorial consistía en mostrar que se era algo, a machamartillo, sin mezcla, sin sombra de duda; mostrar, sobre todo, que no se era: que no se era judío, o morisco, o hereje. Que esa obcecación en la pureza de sangre convertida en identidad colectiva haya sido la base de una gran parte de los discursos políticos ha sido para mí una de las grandes sorpresas de la democracia en España. Ser andaluz, ser vasco, ser canario, ser de donde sea, ser lo que sea, de nacimiento, para siempre, sin fisuras: ser de izquierdas, ser de derechas, ser católico, ser del Madrid, ser gay, ser de la cofradía de la Macarena, ser machote, ser joven. La omipresencia del ser cortocircuita de antemano cualquier debate: me critiacan no porque soy corrupto, sino porque soy valenciano; si dices algo en contra de mí no es porque tengas argumentos, sino porque eres de izquierdas, o porque eres de derechas, o porque eres de fuera; quien denuncia el maltrato de un animal en una fiesta bárbara está ofendiendo a los extremeños, o a los de Zamora,o de donde sea; si te parece mal que el gobierno de Galicia gaste no sé cuántos miles de millones de euros en un edificio faraónico es que eres un rojo; si te escandalizas de que España gaste más de 20 millones de euros en la célebre cúpula de Barceló en Ginebra es que eres de derechas, o que estás en contra del arte moderno; si te alarman los informes reiterados sobre el fracaso escolar en España es que tiene nostalgia de la educación franquista.

He visto a alcaldes y a autoridades autonómicas españolas de todos los colores tirar cantidades inmensas de dinero público viniendo a Nueva York en presuntos viajes promocionales que solo tienen eco en los informativos de sus comarcas, municipios o comunidades respectivas, ya que en el séquito suelen o solían venir periodistas, jefes de prensa, hasta sindicalistas. Los he visto alquilar uno de los salones más caros del Waldorf Astoria para “presentar” un premio de poesía. Presentar no se sabe a quién, porque entre el público solo estaban ellos, sus familiares más próximos y unos cuantos españoles de los que viven aquí. Cuando era director del Cervantes el jefe de protocolo de un jerarca autonómico me llamó para exigirme que saliera a recibir a su señoría a la puerta del edificio cuando él llegara en el coche oficial. Preferí esperarlo en el patio, que se estaba más fresco. Entró rodeado por un séquito que atascaba los pasillos del centro y cuando yo empezaba a explicarle algo tuvo a bien ponerse a hablar por el móvil y dejarnos a todos, al séquito y a mí, esperando durante varios minutos. “Era Plácido”, dijo, “que viene a sumarse a nuestro proyecto”. El proyecto en cuestión calculo que tardará un siglo en terminar de pagarse.

Lo que yo me preguntaba, y lo que preguntaba cada vez que veía a un economista, era cómo un país de mediana importancia podía permitirse tantos lujos. Y me preguntaba y me pregunto por qué la ciudadanía ha aceptado con tanta indiferencia tantos abusos, durante tanto tiempo. Por eso creo que el despertar forzoso al que parece que al fin estamos llegando ha de tener una parte de rebeldía práctica y otra de autocrítica. Rebeldía práctica para ponernos de acuerdo en hacer juntos un cierto número de cosas y no solo para enfatizar lo que ya somos, o lo que nos han dicho o imaginamos que somos: que haya listas abiertas y limitación de mandatos, que la administración sea austera, profesional y transparente, que se prescinda de lo superfluo para salvar lo imprescindible en los tiempos que vienen, que se debata con claridad el modelo educativo y el modelo productivo que nuestro país necesita para ser viable y para ser justo, que las mejoras graduales y en profundidad surgidas del consenso democrático estén siempre por encima de los gestos enfáticos, de los centenarios y los monumentos firmados por vedettes internacionales de la arquitectura.

Y autocrítica, insisto, para no ceder más al halago, para reflexionar sobre lo que cada uno puede hacer en su propio ámbito y quizás no hace con el empeño con que debiera: el profesor enseñar, el estudiante estudiar haciéndose responsable del privilegio que es la educación pública, el tan solo un poco enfermo no presentarse en urgencias, el periodista comprobando un dato o un nombre por segunda vez antes de escribirlos, el padre o la madre responsabilizándose de los buenos modales de su hijo, cada uno a lo suyo, en lo suyo, por fin ciudadanos y adultos, no adolescentes perpetuos, entre el letargo y la queja, miembros de una comunidad política sólida y abierta y no de una tribu ancestral: ciudadanos justos y benéficos, como decía tan cándidamente, tan conmovedoramente, la Constitución de 1812, trabajadores de todas clases, como decía la de 1931.

Lo más raro es que el espejismo haya durado tanto.

http://antoniomuñozmolina.es/2011/05/hora-de-despertar/

14M: Suma y sigue a 40ºC

2011-05-14T22:39:00.023+02:00

Con 40 grados en las calles de Sevilla, miles de empleados públicos de la Junta de Andalucía continúan sumando en pos de la meta. Ya hace tiempo avisamos que lo acontecido sólo era el comienzo. Hoy seguimos corroborándolo.

SEVILLA, 14 DE MAYO DE 2011

MANIFESTACIÓN DE CIUDADANOS-EMPLEADOS PUBLICOS, OPOSITORES…

Vídeo de la lectura del manifiesto

MANIFIESTO

Los años 2010 y 2011, en España, serán históricamente recordados por el acontecimiento de varios hechos cruciales. Y entre ellos, por su singularidad, ha de destacarse nuestra movilización y protesta que, por ser pionera y casi unánime, supondrá un hito en la Historia de este país.

Este movimiento surgió como consecuencia de un proceso perverso de deterioro de nuestra Administración Pública y de una clara vulneración del orden constitucional ejecutada por los gobernantes andaluces del PSOE, con la abstención de IU en el Parlamento, la participación de los dirigentes sindicales de UGT y CC.OO. y de la complicidad, en el necesario proceso de aprobación de las normas, de asesores jurídicos de la misma Administración y del Consejo Consultivo.

Nuestros gobernantes han dejado claro que, con la reordenación planteada, no pretenden la disminución del déficit público que pregonan. Lo que buscan es el blanqueo de empleo negro y el blindaje de sus puestos. Estamos convencidos de que la decidida apuesta que hacen por el despilfarro está motivada únicamente por el nepotismo, la ineptitud y la incompetencia que les adorna.

Nuestra actuación, inimaginable hace unos años, ha sorprendido a muchos sectores de nuestra sociedad: empleados públicos, medios de comunicación, grupos políticos, sindicatos, profesionales de otras administraciones, colegios oficiales y demás organizaciones, así como a la ciudadanía en general.

Han significado meses de reivindicaciones de derechos fundamentales, de lucha contra las inmunidades del poder público, de pretensiones de restablecimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho, y de defensa de lo público.

Han sido días de asambleas y de reuniones interminables, jornadas de movilizaciones y protestas en la calle, con calor, bajo la lluvia o el frío, semanas soportando las mentiras e insultos de dirigentes sindicales y políticos, meses sufriendo el rodillo del poder ejecutivo con denuncias policiales y expedientes disciplinarios infundados, tiempos padeciendo el inexplicable abandono por parte de instituciones básicas como los Defensores del Pueblo Andaluz y Estatal, el Ministerio Fiscal, la Cámara y el Tribunal de Cuentas.

Han sido días para digerir la irresponsabilidad y la falta de solidaridad de algunos compañeros nuestros, conocedores de las consecuencias nefastas de este proceso, semanas de manipulaciones y de padecimiento de la presión de los medios de comunicación afines al gobierno andaluz, meses de compañeros que han dado mucho de su tiempo y de sí mismos y de otros compañeros que se han quedado en el camino (nuestro agradecimiento a todos ellos), dando ejemplo de tenacidad, coraje y valor, para conseguir la única salida que tiene este proceso absurdo e insensato -que nada tiene que ver con los objetivos que nuestros gobernantes dicen perseguir de ahorro económico, disminución del déficit público y eficacia del sector público– y que no es otra que la derogación de todas las normas relacionadas con este esquizofrénico proceso de reordenación del sector público andaluz.

Pero existe también, y es lo realmente importante, un lado valiosamente positivo en todo este movimiento: hemos conseguido informar, sensibilizar y concienciar a muchos sectores de nuestra sociedad que desconocían los oscuros objetivos de los gobernantes políticos. En este sentido, hemos contado con el apoyo de asociaciones, otros sindicatos y partidos políticos, de varios colegios oficiales y de la ciudadanía en general, que han abierto los ojos y descubierto las verdaderas pretensiones de estos gobernantes y dirigentes sindicales de pacotilla.

Hemos recorrido mucho trayecto juntos, y aunque nos han puesto demasiadas piedras en el camino, nos encontramos en un momento trascendental: hemos activado los resortes del único poder público que puede poner freno a este proceso destructivo del gobierno andaluz: el Poder Judicial. ¡¡Y tenemos fundadas esperanzas de que lo vamos a conseguir!!

No es el momento de ponerse a dudar si debemos seguir adelante, porque nuestros gobernantes, con su actitud arbitraria, insolente, prepotente, altanera y aplastante, no han vacilado ni un instante en seguir con la reordenación, desoyendo nuestras voces y pisoteando nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, con una total irresponsabilidad y falta de respeto a la ciudadanía, algo inconcebible para el que dispone de un mínimo de valores y de ética.

Por todo ello, nos planteamos los inevitables interrogantes: ¿Estamos, o no estamos ante un auténtico expolio de la Comunidad? ¿Supone, o no, una “alta traición” a los cimientos del Estado de Derecho y a los ciudadanos? ¿Qué cotas de irresponsabilidad han de alcanzarse para que las instituciones competentes pongan fin a este saqueo del erario público? ¿Ninguna institución pública tiene nada que decir y que hacer? ¿Cuántas subidas de impuestos -directos e indirectos- y de precios tendremos que sufrir de nuevo los ciudadanos para costear esta Andalucía hipotecada y por cuánto tiempo? ¿Cuántas prestaciones sociales más habrán de recortarse?

La ciudadanía debe reaccionar ante la apropiación y despojo de “sus bienes”, los públicos, porque cuesta digerir este latrocinio, y cuesta entender aún más las acciones y omisiones de demasiados políticos, funcionarios y ciudadanos, que participan o colaboran en el proceso.

Por todo ello, los empleados públicos, los opositores y la ciudadanía andaluza salimos de nuevo a manifestarnos hoy en Sevilla:

-Contra la corrupción y el despilfarro en la Administración.

-Contra el enchufismo.

-Contra la Administración Paralela, que escapa del control administrativo y de fiscalización previa de la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

-Contra los sindicatos que no nos representan y que nos han vendido por un puñado de subvenciones.

-Contra los que vulneran la Constitución y la Ley.

-Contra la desordenación del sector público y la politización de los servicios públicos.

Luchamos y seguiremos luchando:

-Por una Administración eficaz, transparente, imparcial, profesional, objetiva y no politizada.

-Por el acceso al empleo público bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

-Por nuestros derechos como ciudadanos, empleados públicos y opositores, y en defensa del interés general, que es de todos y cada uno de nosotros.

-Por la dignidad del empleado público y porque se valore su fundamental papel en la sociedad.

-Por el respeto y el cumplimiento de la legalidad.

-Por una Administración pública de calidad y al servicio de la ciudadanía.

-Por nuestro futuro y el de las generaciones venideras de Andalucía.

Lo decimos y lo vamos a seguir proclamando alto y claro:

¡NO, a la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público en Andalucía! ¡NO, a las Agencias!

Así lo ha visto la prensa:

ABC

DIARIO DE CÓRDOBA

EL CONFIDENCIAL

EL CORREO DE ANDALUCÍA

EL IDEAL

EL MUNDO 1

EL MUNDO 2

EL PAIS

EUROPA PRESS 1

EUROPA PRESS 2

LA RAZÓN

POR ANDALUCIA LIBRE

14 de mayo: otra vez en las calles de Sevilla

2011-05-10T16:21:00.006+02:00

MANIFESTACIÓN CONTRA LA SECTARIA “REORDENACIÓN” DEL SECTOR PÚBLICO

CONVOCAN:

· Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA)

· Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía Asociación

· El Tercer Lado

· Defiendo Mi Derecho y La Gestión Pública

· Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía

· Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSI-F)

· Confederación General del Trabajo-Andalucía (CGT-Andalucía)

· Unión Sindical Obrera-Andalucía (USO-Andalucía)

· Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA)

· Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA)

· Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)

· Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA)

· Asociación Sindical PIENSA VOLENS

· Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA)

El próximo sábado 14 de mayo a las 12 horas, celebramos una nueva manifestación en Sevilla, a la que están convocados todos los empleados públicos y opositores de la Junta de Andalucía, así como a la ciudadanía andaluza, en protesta por la promulgación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público en Andalucía, también conocida como “Ley del Enchufismo”, así como por la aprobación, el pasado 19 de abril (en plena Semana Santa), de los Decretos de Creación de las nuevas Agencias por el Consejo de Gobierno.

La manifestación transcurrirá desde la Plaza Nueva, pasará por la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo y finalizará en la Plaza de España.

Esta convocatoria es fruto del acuerdo adoptado en la reunión de empleados públicos andaluces, celebrada en Antequera del pasado 16 de marzo, y a ella concurrirán, además de las Plataformas y Asociaciones de Empleados Públicos, Opositores y Funcionarios, las organizaciones sindicales más representativas del Sector Público Andaluz en todos sus ámbitos y que no han actuado en connivencia con la Junta de Andalucía, para consumar la aprobación de una ley, a todas luces, inconstitucional.

Hagamos un nuevo esfuerzo: La corrupción, el despilfarro y el enchufismo, lo pagamos todos. Agencias NO.

Nuestro futuro está en nuestras manos. ¡Y entre todos lo vamos a ganar!

2011-04-30T13:27:00.002+02:00

Desde esta tribuna nos vemos comprometidos a hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los empleados públicos de Andalucía, y pedir la urgente actuación en este momento crucial que, directa o indirectamente, nos obliga a todos si realmente nos importan el sector público, al que nos debemos, nuestros derechos, nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones.

Los años 2010 y 2011, en España, serán históricamente recordados por el acontecimiento de varios hechos cruciales. Y entre ellos, por su singularidad, ha de destacarse la movilización y protesta de un numeroso grupo de empleados públicos de la Administración Pública Andaluza, que, por ser pionera y casi unánime, supondrá un hito en la Historia de este país.

Este movimiento surgió como consecuencia de un proceso perverso de deterioro de nuestra Administración Pública y de una clara vulneración del orden constitucional ejecutada por los gobernantes andaluces del PSOE, con la colaboración silenciosa de los gobernantes de IU, la participación de los dirigentes sindicales de UGT y CCOO, y de la complicidad, en el necesario proceso de aprobación de las normas, de asesores jurídicos de la misma Administración y del Consejo Consultivo.

Han significado meses de reivindicaciones de sagrados derechos fundamentales, de lucha contra las inmunidades del poder público, de pretensiones de restablecimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho y de defensa de lo público.

Han sido días de asambleas y de reuniones interminables, jornadas de movilizaciones y protestas en la calle, bajo la lluvia y el frío, semanas soportando las mentiras e insultos de dirigentes sindicales y políticos, meses de sufrir el rodillo del poder político con denuncias policiales y expedientes disciplinarios infundados, tiempos de sufrir el inexplicable abandono por parte de instituciones básicas como los Defensores del Pueblo Andaluz y Estatal, el Ministerio Fiscal, la Cámara y el Tribunal de Cuentas.

Han sido días para digerir la irresponsabilidad y la falta de solidaridad de algunos compañeros nuestros, conocedores de las consecuencias nefastas de este proceso, semanas de manipulaciones y de padecimiento de la presión mediática de medios de comunicación afines al gobierno andaluz, meses de compañeros que han dado mucho de su tiempo y de sí mismos y de otros que se han quedado en el camino (nuestro agradecimiento a todos), dando ejemplo de tenacidad, coraje y valor, para conseguir la única salida que tiene este proceso absurdo e insensato que nada tiene que ver con los objetivos que nuestros gobernantes dicen perseguir de ahorro económico, disminución del déficit público y eficacia del sector público: la derogación de todas las normas relacionadas con este proceso de reordenación del sector público andaluz.

Pero, y es lo realmente importante, existe también un lado valiosamente positivo en todo este movimiento: la consecución de la información, de la sensibilización y de la concienciación de muchos sectores de nuestra sociedad que desconocían los oscuros objetivos de los gobernantes políticos. En este sentido, hemos contado con el apoyo de asociaciones, sindicatos, grupos políticos y de la ciudadanía en general, que han abierto los ojos y descubierto las verdaderas pretensiones de estos figurantes sindicales y gobernantes de pacotilla.

Hemos recorrido mucho camino juntos, y aunque nos han puesto demasiadas piedras en el camino, nos encontramos en el preciso lugar y en el momento trascendental en los que hemos de activar los resortes del único poder público que puede poner freno a este proceso destructivo del gobierno andaluz: el Poder Judicial. Y tenemos fundadas esperanzas de que lo vamos a conseguir.

Como sabéis, está en marcha la presentación de varios recursos judiciales para conseguir la suspensión y anulación de los Decretos que aprueban los Estatutos de las Agencias, publicados en el BOJA el viernes, 29 de abril. Para ello, y con el fin de aumentar las probabilidades de éxito, vamos a contar con dos prestigiosos bufetes de abogados, cuyos honorarios debemos sufragar entre todos.

En el brevísimo plazo de 10 días han de presentarse los recursos por vía de protección de derechos fundamentales, por lo que la actuación urgente de todos resulta fundamental. En estos días se darán a conocer datos de las cuentas bancarias donde ingresar nuestra módica aportación, de las que se hará la correspondiente publicidad de los ingresos y gastos, para que no haya lugar a dudas.

Somos conscientes que, para muchos de nosotros, supone un sacrificio económico importante, pero entendemos que no es el momento de ponerse a pensar si debo o puedo colaborar, porque ¡están en juego nuestro más inmediato presente y nuestro futuro laboral y económico, además del de nuestros hijos!

Si actuáramos individualmente, supondría una ruina cierta. Nos guste o no, hemos de actuar unidos, sin fisuras, contando con el apoyo económico de todos. No nos queda otra salida, si tenemos un mínimo de sensatez y responsabilidad. Las movilizaciones son importantes, pero, como hemos visto, no son suficientes para el poder arbitrario, soberbio, prepotente, altanero y aplastante de nuestros gobernantes, que no han dudado ni un instante en seguir adelante, aún pisoteando nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, con una total irresponsabilidad y falta de respeto a la ciudadanía, algo inconcebible para el que dispone de un mínimo de valores y de ética.

¡AHORA, EN ESTE TRASCENDENTAL MOMENTO, TODOS UNIDOS!

¡NO ES MOMENTO DE DUDAS, SINO DE ACCIÓN!

¡NO ES MOMENTO DE SER AVESTRUCES, SINO VALIENTES Y TENACES, COMO LOS COMPAÑEROS QUE NO HAN PARADO DE TRABAJAR POR

TODOS NOSOTROS Y LOS QUE PERDIMOS EN EL CAMINO!

¡NO VACILEMOS EN SACRIFICAR ALGÚN GASTO PERSONAL!

¡SEAMOS RESPONSABLES!

Mal gobierno, despilfarro y corrupción. ¿Sin orden ni concierto, o batuta ejecutora?

2011-04-15T16:30:00.004+02:00

Diríase que la situación económica no está bien: hay que reducir el déficit público por imperativo de la U.E. y tenemos que cumplir como sea con los criterios de convergencia. Además, las comunidades autónomas también tienen que ajustar sus presupuestos y reducir el gasto. Esta es la justificación que utilizan nuestros gobernantes para limitar nuestros derechos.

Centrándonos en los nuestros, los de la Junta de Andalucía: siguen despilfarrando y se muestran incapaces de gestionar el dinero público; han demostrado ser unos golfos, además de carecer de vergüenza y siguen dando sobradas muestras de su irresponsabilidad manifiesta. Tanta que ni les importa el despilfarro que, con la aplicación de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, supondrá para la Administración Autonómica la creación de las Agencias que en ella se prevén. Reforman para empeorar. ¿Qué clase de políticos y personas son, que anteponen el interés propio al general?

Con la reordenación del sector público planteada se deja sin trabajo a muchos funcionarios y se aumenta el gasto público exponencial e innecesariamente. Como ejemplo de ello, aunque extrapolable a todas, nos centraremos en la futura Agencia de Régimen Especial SAE, en la se integrará el personal de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE), dependiente de la Consejería de Empleo, que se constituyó en 2004 para un objetivo concreto ya superado en el tiempo, y en cuya creación participaron activamente los actuales y futuros -judicialmente- protagonistas de los famosos EREs:

- Actualmente, la nómina de FAFFE asciende a un importe considerable, comparable con la propia nómina del SAE, que -es necesario recordar- está centralizada y comprende al personal de los servicios centrales, las direcciones provinciales y las oficinas de empleo del SAE de toda Andalucía... unos cuantos millones de euros todos los meses.

- La mayoría de los contratos del personal de la FAFFE lo son por obras y servicios. Estos contratos, la mayoría innecesarios, están financiados con cargo a programas y fondos europeos. Por su parte, los contratos del personal de las UTEDLT -que también se integrarán en la futura Agencia- están financiados con cargo a subvenciones finalistas del Estado.

- En el momento de la aprobación de sus estatutos como Agencia de Régimen Especial, todo el personal de la FAFFE y de las UTEDLT se integrarán en el SAE y a partir de ese momento dichos contratos dejarán de estar financiados por la Unión Europea y por el Estado, respectivamente, y sus retribuciones serán con cargo al capítulo I -Personal- del Presupuesto de Gastos de la Comunidad, asumiendo la Junta de Andalucía el coste de los mismos, ya sin financiación externa. No cabe otra fórmula porque ¿no sucederá que el SAE se vaya a conceder subvenciones a sí mismo para financiar a este personal que ya es de la propia Agencia? Esto, además de ilegal, no cuela. Y, paralelamente, los fondos europeos con que se financiaban estos contratos se utilizarán para otros fines, lo que conlleva una evidente duplicación del gasto. Sensu contrario, se tendrán que devolver si no se justifican adecuadamente.

- ¿Que ocurrirá después con estos contratos por obras y servicios cuando finalice el objeto de los mismos? ¿se extinguirán? ¿se procederá al despido de los contratados? Nada de ello, hoy la pretensión de los directivos de FAFFE es que todos estos contratos se reconviertan en indefinidos antes de su integración en la Agencia, blindando de antemano su estabilidad, situación que ha sido denunciada por el Tribunal de Cuentas del Estado (Resolución de 27 de octubre de 2010, en BOE de 18/01/2011). ¿Lo conseguirán? Posiblemente, sí. Políticos para ordenar una irregularidad o una ilegalidad más, sobran. Si aún no lo han hecho es por la opinión contraria y los informes negativos de los funcionarios responsables, y quizás también ante el temor de una previsible denuncia por prevaricación.

- El coste en arrendamientos de las sedes de la FAFFE supone más de 4 millones de euros anuales, según respuesta parlamentaria referida a 37 sedes. Pero, curiosamente, en la página Web de FAFFE el número de sedes asciende a 52.

- Nadie sabe con seguridad la deuda que arrastra la FAFFE. Cuando se produzca su integración en el SAE, éste se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la FAFFE. No sabemos de ningún informe ni estudio sobre la citada deuda; tampoco del resto de fundaciones y empresas públicas a integrar. A lo peor, ni existen, y si los hay, son secretos. Pero, al parecer, no importa hipotecar aún más el futuro de Andalucía. Nuestros dirigentes políticos siguen adelante, erre que erre (ere que ere, más bien). Parece que tuvieran otro macabro objetivo en el horizonte: el enriquecimiento de unos pocos que nos conduzca irremisiblemente al rescate por parte de Europa.

- En la futura Agencia SAE tampoco quieren funcionarios: en la Relación de Puestos de Trabajo no piensan crear una estructura de Secretaría General (Presupuestos, Contratación, Administración General, Personal, etc.). Está muy claro, y así lo manifiestan todos los días, que “sobran externos para hacer dicho trabajo”. Y, además, tampoco quieren tener controles -de legalidad, hablamos-. Les estorbamos.

- Huir de los controles, insistimos, es otro de los objetivos perseguidos, puesto que en la futura Agencia de Régimen Especial SAE, con la que está cayendo, tampoco existirá una Intervención Delegada que fiscalice el gasto a priori, habiendo optado por el Control Financiero Permanente. Y, lo que es peor, dicho light-control lo efectuará la Intervención General -la “nuestra”, la que no sabe lo que es intervenir, ni controlar, ni auditar, “ni ordenar planes de actuación”, aunque sí podar, y muy bien, los informes anuales; ¡prohibido molestar a los políticos, aunque éstos se salten la legalidad!,- a través de muestreos “aleatorios”. Parece evidente que lo que buscan es seguir saltándose los controles legales y reglamentarios a que están sometidos los órganos de la Administración Pública.

- Por tener, la FAFFE tiene hasta una Brigada “X” o “Fantasma”; como otras de quienes todos hemos oído hablar. No sabíamos quienes eran, no les poníamos cara, sólo aparecían en ocasiones especiales como, por ejemplo, a la hora de recoger la cartilla militar (el día de la licencia). En la FAFFE la componen ex altos cargos y otros políticamente jubilados que sólo aparecen para cobrar su sueldo de Director General -generalmente por no hacer nada, y algunos hasta con despacho-. Los trabajadores de la fundación, los que “curran” de verdad, tampoco los conocen, no saben quienes son, sólo saben que existen. Algunos ya los han sufrido, por ejemplo al serles renovado el contrato viendo cómo sus retribuciones han sido disminuidas, porque -como el trabajo tiene que salir, y cada vez hay más gorrones- hay que apretarse el cinturón y siempre les toca a los mismos.

- Queda claro, pues, que con la reordenación planteada, los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía no pretenden la disminución del déficit público que pregonan. Lo que buscan es el blanqueo de empleo negro y el blindaje de sus puestos. Estamos convencidos de que la decidida -y mañana judicialmente imputable- apuesta que hacen por el despilfarro está motivada únicamente por el nepotismo, la ineptitud y la incompetencia que les adorna. Es más, y aunque no todos así opinan, algunos siguen resistiéndose a creer que la masiva incorporación a la FAFFE y al resto de fundaciones y empresas públicas de los citados ex altos cargos -y otros políticamente jubilados o afines- tenga algo que ver con asuntos de financiación irregular. Y menos aún que ello suponga fraude o malversación alguna.

Por todo ello, nos planteamos los inevitables interrogantes: ¿Estamos, o no, ante un auténtico expolio de la Comunidad? ¿Supone, o no, una “alta traición” a los cimientos del Estado de Derecho y a los ciudadanos? ¿Qué cotas de irresponsabilidad han de alcanzarse para que las instituciones competentes pongan fin a este saqueo del erario público? ¿Ninguna institución pública tiene nada que decir y que hacer? ¿Cuántas subidas de impuestos -directos e indirectos- y de precios tendremos que sufrir de nuevo los ciudadanos para costear esta Andalucía hipotecada y por cuánto tiempo? ¿Cuántas prestaciones sociales más habrán de recortarse? ¿Por qué la ciudadanía sigue sin reaccionar ante la apropiación y despojo de “sus bienes”, los públicos?

Cuesta digerir este latrocinio, y cuesta entender aún más las acciones y omisiones de demasiados políticos, funcionarios y ciudadanos, que participan o colaboran en el proceso.