miércoles, 25 de enero de 2012

Montesquieu no estaba muerto


Y no estaba muerto, no, no; tampoco tomando cañas, ni siquiera de parranda, como aseguraba la canción de Peret.

Según anunció ayer la Vicepresidenta del Gobierno en la Comisión Constitucional del Congreso, Montesquieu, al que –ejerciendo de “enterrador”- se encargó de echar la última palada de tierra Alfonso Guerra hace casi tres décadas, parece que, a lo sumo, ha estado hibernando y que se muestra dispuesto a despertar del letargo.

Ya ha llovido en todas las instancias judiciales desde 1985, cuando la infausta “Ley Ledesma”, contraviniendo el espíritu de la entonces joven Constitución, se encargó de acabar con la separación de poderes que consagra cualquier sistema democrático que se precie.

Decía –y continúa diciéndolo- el artículo 122.3 de nuestra Carta Magna: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Parece diáfano el mandato: de los veinte miembros, ocho han de ser elegidos por las Cámaras. Y resulta también un exceso de los políticos, cuando no una palmaria desidia permitida por un pastoreado Tribunal Constitucional, la interpretación de la remisión que hace a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los otros doce. Si los ponentes constitucionales hubieran deseado el resultado legal obtenido, les hubiera bastado con transcribir en lugar del texto anteriormente subrayado algo así como: “Todos ellos a propuesta de las Cortes Generales”.

Todo apunta a que la añorada reforma judicial no sólo provocará la “resurrección” del pensador francés, sino que irá acompañada de otras medidas legislativas tales como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad y el –esperemos- definitivo asentamiento del Tribunal Supremo como última instancia judicial.

Auténtica separación de poderes y justicia independiente: Democracia con mayúsculas. Si es así, bienvenida.

Francisco Romero, presidente de la Asociación El Tercer Lado.

Las opiniones difundidas en este apartado son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con las de "El Tercer Lado"

lunes, 16 de enero de 2012

El desprecio político al funcionariado

Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública. Artículo de Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional. Sobran los comentarios:

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

domingo, 1 de enero de 2012

Reordenación del sector público andaluz: el extraño caso de la integración del supuesto personal de las UTEDLT en la Agencia SAE y sus irregularidades

En el informe que se adjunta a este resumen, y que puede descargarse, se pone en evidencia la inseguridad jurídica creada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto a los más de 600 trabajadores procedentes de las UTEDLT, además de las numerosas irregularidades cometidas.

Por un lado, el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 27 de julio de 2010 por el que se aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía, se atribuyó una competencia que no tiene: la liquidación de los Consorcios locales “Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico” (UTEDLT) y la integración de sus recursos materiales y humanos en la Agencia SAE, invadiendo una competencia local, que en este caso corresponde a una entidad local de cooperación territorial, dado que en los mismos participan mayoritariamente entidades locales –Municipios-.

La propia Junta de Andalucía reconoce en la base de datos publicados en la página web de Hacienda que no pertenecen a su sector público (en una columna reconoce que no pertenecen, indicando NO), aunque en el citado Acuerdo de 27 de julio del Consejo de Gobierno los considera “entes instrumentales de la Junta de Andalucía”, sabiendo que no es cierto. Además, la propia Cámara de Cuentas, en todos sus informes sobre el Sector Público local, consideró como parte de éste a los Consorcios UTEDLT.

Para colmo, como se demuestra en el citado informe, el personal de las UTEDLT se había integrado desde 2009 en una fundación pública de la Junta de Andalucía denominada “Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza” -AEFPA- (antes denominada Fundación Red Andalucía Emprende), por lo que no era posible materialmente la integración de este personal desde los Consorcios locales de las UTEDLT, ni por sucesión de empresas, como ha establecido la regla cuarta del Protocolo de Integración de personal en la Agencia SAE ni por cualquier otra figura jurídica.

Incluso el propio Consejo de Gobierno autorizó la concesión de una subvención de 26 millones de euros a la citada fundación para gastos de nóminas del personal integrado procedente de las UTEDLT, y se denunciaron ante la autoridad laboral los convenios colectivos de este personal y el de la propia fundación, al coexistir ambos en el mismo ente empleador. ¿Por qué el Consejo de Gobierno ha ocultado este dato, dando a entender que el personal integrado en la Agencia SAE procede de las UTEDLT y no de la fundación AEFPA?

Consulta aquí el informe o descárgatelo


Luis Escribano del Vando, vocal de la Asociación El Tercer Lado


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